Joseph Irving Martínez Díaz
Expediente 1028/2019 tramitado ante el Juzgado Decimoctavo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa. 4 actuaciones registradas, la última del 12 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1028/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 12/12/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Decimoctavo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa · Veracruz
Partes del expediente
- Joseph Irving Martínez Díaz
Actuaciones
- Principal
Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, con sede en Boca del Río, Veracruz, informa que se declaró infundado el recurso de queja interpuesto por la parte quejosa; archívese como asunto totalmente concluido; susceptible de destrucción.
- Principal
Parte quejosa interpone recurso de queja contra el auto de seis de noviembre del año en curso, por el que se desechó la demanda de amparo, se da trámite, ES CIERTO EL ACTO IMPUGNADO, remítase copia certificada de todo lo actuado junto con el original y copia del escrito de expresión de agravios a la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Penal del Séptimo Circuito, para su substanciación.
- Principal
SE DESECHA DE PLANO DEMANDA; se actualiza causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo.
- Principal
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCION I, INCISO B) DE LA LEY DE AMPARO, NOTIFICO POR LISTA DE ACUERDOS A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO QUE DICE: "... ".Xalapa, Veracruz, seis de noviembre de dos mil diecinueve. Vista la demanda de amparo promovida por Joseph Irving Martínez Díaz, contra actos del Fiscal Once de la Unidad Integral de Procuración de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad; fórmese expediente, captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y anótese en el Libro de Gobierno con el número de juicio 1028/2019, que le corresponde. ANÁLISIS INTEGRAL DE LA DEMANDA DE AMPARO Analizada la demanda de amparo origen de este juicio, se considera procedente efectuar el siguiente pronunciamiento. El artículo 113 de la Ley de Amparo prevé que el Juez de Distrito, ante todo, examinará la demanda de amparo y, en caso de que encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, deberá desecharla de plano. Así, debe tenerse en cuenta que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del líbelo y lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto. De tal modo, que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Tal consideración encuentra sustento, por identidad de razón, en la jurisprudencia I.1o.A. J/4, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 890, mayo de 1998, tomo VII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 196196, de rubro siguiente: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. Dicho lo anterior, se observa que los actos reclamados por la parte promovente, se hacen consistir, en: "La dilación del procedimiento y violación a mi Justicia Pronta y Expedita que se traduce en la violación a mis derechos establecida en el artículo 17 de la Carta Magna, pues desde la fecha 24 de agosto de este año, en que se decidió girar exhorto al Estado de Tlaxcala para que la Fiscalía General de Justicia del Estado, a su vez girara instrucciones al Homologo Fiscal de la Unidad Integral Procuración de Justicia de la Ciudad de Apizaco, Tlaxcala, llevara a cabo en auxilio de esta mencionada Autoridad, la ENTREVISTA O DECLARACIÓN DEL DENUNCIADO en la carpeta de Investigación Exp.- UIPJ/D-XI/4411/2019 del índice de la Fiscalía de la Autoridad Responsable y que sin embargo hasta esta fecha 3 de noviembre de esta anualidad aún no consta el exhorto diligenciado antes precisado, cuando al caso ya han transcurrido MÁS DE DOS MESES SIN QUE ESTO OCURRA". En relatadas circunstancias, quien este asunto provee considera que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que disponen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. [.] C. De los derechos de la víctima o del ofendido: (.) VII. Impugnar ante autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal o suspensión del procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño (.). De igual forma, los ordinales 133, fracción I, en relación con el 109, fracción XXI, del Código Nacional de Procedimientos Penales, prevén: Artículo 133. Competencia jurisdiccional. Para los efectos de este Código, la competencia jurisdiccional comprende a los siguientes órganos: Juez de control, con competencia para ejercer las atribuciones que este Código le reconoce desde el inicio de la etapa de investigación hasta el dictado del auto de apertura a juicio; (.). Artículo 109. Derechos de la víctima u ofendido En los procedimientos previstos en este Código, la víctima u ofendido tendrán los siguientes derechos: (.) XXI. A impugnar por sí o por medio de su representante, las omisiones o negligencia que cometa el Ministerio Público en el desempeño de sus funciones de investigación, en los términos previstos en este Código y en las demás disposiciones legales aplicables; (.). La interpretación de los artículos trascritos revela que el Juez de Control tiene competencia para ejercer las atribuciones desde el inicio de la etapa de investigación hasta el dictado del auto de apertura a juicio. Asimismo, toda víctima u ofendido tiene derecho a impugnar por sí, o por medio de su representante, ante la autoridad judicial, las omisiones o negligencias que cometa el Ministerio Público en el desempeño de sus funciones de investigación de delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal o suspensión del procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño. Acorde con el marco normativo citado, al estar reconocido a favor de las víctimas u ofendidos, el derecho de impugnar las omisiones en que incurra el Ministerio Público en el ejercicio de su facultad de investigación, lo que se traduce en un no hacer, un no actuar o una abstención de realizar. En ese contexto, el acto reclamado debe reclamarse ante el Juez de Control correspondiente, en términos del artículo 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con la fracción XXI del artículo 109, en relación con el diverso 133, fracción I, ambos del Código Nacional de Procedimientos Penales. No pasa desapercibido para este órgano de control constitucional, que el artículo 107, fracción VII de la Ley de Amparo, prevé la procedencia del juicio de amparo contra las omisiones del Ministerio Publico en la investigación de los delitos; empero, conforme al principio de definitividad, se estatuye que el juicio de amparo únicamente será procedente cuando contra el acto reclamado se hayan agotado previamente todos los recursos ordinarios que señale la ley que rija el acto que se reclame, salvo las excepciones que la misma establezca. En ese orden, si el juicio de amparo indirecto es improcedente cuando el acto reclamado pueda ser combatido mediante juicio, recurso o medio de defensa legal, por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, lo cual encuentra su explicación en el hecho de que conforme con los principios fundamentales que rigen el juicio de amparo, mismos que están previstos en el artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tal procedimiento debe procurar siempre el régimen de seguridad jurídica y la preservación de los derechos fundamentales de la persona. Por tanto, Joseph Irving Martínez Díaz, tiene a su alcance un medio de impugnación eficaz para impugnar la dilación que reclama de la autoridad responsable, por tanto, debe agotarlo previamente a la promoción del juicio de amparo, a fin de dar cumplimiento al principio de definitividad que rige en esta instancia constitucional. Así, se actualiza la hipótesis prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sirve de apoyo a lo anterior, la contradicción de tesis 233/2018, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, resuelta el dieciocho de abril de dos mil dieciocho, pendiente de publicar, de rubro siguiente: SISTEMA PENAL ACUSATORIO. LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, SON IMPUGNABLES ANTE EL JUEZ DE CONTROL A TRAVÉS DEL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. En las relatadas circunstancias, al actualizarse la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los citados numerales de la Constitución Federal; en consecuencia, procede DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO, en términos del artículo 113, de la Ley de Amparo. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Como lo solicita el quejoso, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones, el que indica en el proemio de su demanda, de conformidad con el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo. Asimismo, se tienen como sus autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a Mario Matías Segura Santaella y Francisco Padilla Pérez debido a que cuentan con cédula registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Cédulas Profesionales de Abogados Postulantes acreditados ante el Poder Judicial de la Federación. Y en términos del artículo 24 de la Ley de Amparo a Cesar Martínez Bielma y Francisco Javier Aguilar Mejía debido a que no cuentan con cédula registrada en dicho sistema..."
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