Josefina Villa Rodríguez

Expediente 90/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 28 actuaciones registradas, la última del 30 de junio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
90/2022
Año
2022
Actuaciones
28
Última actuación
30/06/2023

Partes del expediente

  • Agente del Ministerio Público de la Federación Adscrito
  • Director General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, ciudad
  • Josefina Villa Rodríguez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 28.

  1. Principal

    Auto. Hermosillo, Sonora, veintinueve de junio de dos mil veintitrés. I. Estado de autos. De la certificación que antecede y el estado que guardan los autos, se advierte que feneció el plazo otorgado a la parte quejosa para manifestar lo relativo al cumplimiento de la ejecutoria; por lo tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo se procede a verificar el acatamiento dado a dicha resolución. II. Relación de constancias. Consta en autos que el cuatro de abril de dos mil veintidós, se dictó sentencia en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa. Los efectos para los que se emitió dicha sentencia fue para que la responsable, dentro del ámbito de sus atribuciones realizara lo siguiente: "1. La autoridad responsable desincorpore de la esfera jurídica de la parte quejosa la obligación contenida en ese precepto legal, de aportar una cuota del (4%) cuatro por ciento del monto de su pensión por concepto de servicio médico, y no se le aplique en el presente ni en el futuro, mientras se encuentre vigente. 2. Devuelva a la parte quejosa, de forma actualizada, en una sola exhibición, las cantidades que le fueron descontadas por concepto de servicio médico con apoyo en la norma declarada inconstitucional, a partir de que se ostentó sabedor del acto de individualización en su perjuicio - seis de enero de dos mil veintidós -, hasta el último descuento que haya realizado." No obstante, inconformes con dicho fallo, dos de las autoridades responsables interpusieron recurso de revisión de los cuales correspondieron conocer al Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito, en donde se radicaron con el número de amparo en revisión administrativa ********************, en el cual los magistrados integrantes del tribunal dictaron sentencia el catorce de abril de dos mil veintitrés, en la que por una parte desecharon el recurso de revisión interpuesto por el Instituto responsable, y por otra confirmaron la sentencia que concedió el amparo y protección de la Justicia de Unión. Por auto de dos de mayo de dos mil veintitrés, se tuvo por recibido el mencionado oficio, por lo que se ordenó requerir al Instituto responsable por el cumplimiento de la ejecutoria de mérito. III. Constancias exhibidas por la responsable. En contestación a dicho requerimiento el jefe de la Unidad Jurídica, y el subdirector de Finanzas, ambos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, remitieron los oficios ******************** y ********************, recibidos en este juzgado el diecisiete de mayo y dieciséis de junio del año en curso, respectivamente, mediante los cuales, con el primer oficio informó las gestiones encaminadas al cumplimiento de la ejecutoria, remitiendo al respecto copia de diversas documentales, entre otras, la relativa a que se desincorporó de la esfera jurídica de la quejosa el contenido del artículo 25, fracción I, de la Ley 38 del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, y con el segundo oficio, remitió copia certificada del cheque ********************, expedido por dicho Instituto, en favor de la quejosa, en el que se hace devolución de las cantidades descontadas por concepto de servicio médico, el cual le fue entregado el siete de junio de dos mil veintitrés, como se desprende de la mencionada documental. Por su parte, las autoridades responsables que concurrieron en la discusión, aprobación, expedición, promulgación y orden de expedición de la ley combatida en el presente juicio, no se encuentran constreñidas a la realización por parte de éstas de algún acto positivo, ya que únicamente participaron en el proceso de creación de la ley reclamada, es decir, sólo ejercieron facultades legislativas. IV. Vista cumplimiento. Con el último de los oficios mencionados en el apartado que antecede, y sus anexos, en el acuerdo de diecinueve de junio de dos mil veintitrés, se ordenó dar vista a la parte quejosa, para que dentro de un plazo de tres días, contados a partir del siguiente al en que surtiera efectos la notificación del acuerdo, se manifestara en relación con el cumplimiento de ejecutoria; asimismo, se le apercibió que de no hacer manifestación alguna, se resolvería lo conducente, con base en los elementos existentes en autos y los datos aportados por la autoridad responsable; lo que le fue notificado debidamente, sin haber hecho manifestación alguna. V. Decisión del juzgado en torno al cumplimiento de la ejecutoria. Conforme a las actuaciones existentes, y lo expuesto anteriormente, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se concluye que la sentencia de amparo ha quedado cumplida sin exceso, ni defecto, pues la autoridad responsable acreditó que desincorporó de la esfera jurídica de la justiciable el contenido del artículo 25, fracción I, de la Ley 38 del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, y que le hizo devolución del numerario por descuentos de servicio médico, actos que fueron precisamente los efectos para los que se emitió la sentencia concesoria. VI. Archivo y valoración del expediente. Con fundamento en el artículo 17, fracción III, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación en siete de junio de dos mil veintitrés, archívese el presente asunto como concluido y se hace constar que este expediente es conservable, siendo susceptible de ser transferido a partir del término de tres años después de haberse dictado el presente acuerdo como asunto concluido. VII. Devolución de documentos. Se requiere a las partes para que, en caso de que hubieren exhibido documentos originales, acudan al órgano jurisdiccional dentro de un plazo de noventa días naturales, a recuperarlos, apercibidos que de no hacerlo, en términos del numeral 20, segundo párrafo, del referido Acuerdo General, dichos documentos serán glosados y correrán la misma suerte que el presente expediente. VIII. Destino de incidente. Provéase lo correspondiente en el incidente de suspensión derivado del presente juico de amparo. Háganse las anotaciones correspondientes. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa y por oficio a las responsables. Así lo acordó y firma electrónicamente Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante José Enrique Ayala García, secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Auto. Hermosillo, Sonora, veintinueve de mayo de dos mil veintitrés. Informe justificado. Conforme a lo establecido en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el informe justificado rendido por el presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sonora, con residencia en esta ciudad. Prueba documental. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene por ofrecida la documental que acompaña, a la cual se otorga pleno valor probatorio, en términos de lo establecido en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°, de las que se desprende la actualización de diversas causas de improcedencia y sobreseimiento en el juicio de amparo. - Sobreseimiento fuera de audiencia - Precisión de los actos reclamados. En el caso, con apoyo en lo establecido en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que el acto reclamado por la parte quejosa se hace consistir en: a) La omisión por parte de la Junta responsable en señalar hora y fecha para el desahogo de las pruebas ofertadas por las partes dentro del juicio laboral *** de los plazos previstos en el artículo 883 de la Ley Federal de Trabajo; b) La omisión de notificar a los testigos y a las partes la hora y fechas señaladas para el desahogo de las pruebas ofertadas por las partes dentro del juicio laboral ** (admitidas mediante auto de catorce de abril de dos mil veintitrés); c) La omisión de notificar a los testigos y a las partes las fechas que la Junta llegare a señalar para el desahogo de las pruebas ofertadas dentro del juicio laboral en cuestión; y, d) La emisión los subsecuentes acuerdos que llegaren a dictarse en el transcurso del juicio en los plazos y términos legales. Cesación de efectos. En relación al acto reclamado a que se refiere el inciso a), se actualiza de manera notoria, manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." En efecto, el precepto normativo en mención, expone que el juicio de amparo es improcedente con motivo de la cesación de los efectos respecto de los actos por los cuales se haya ejercido la acción constitucional. En relación con el motivo de improcedencia que se menciona, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado en el sentido que para la actualización de dicha causa no basta que la autoridad responsable derogue o revoque el acto reclamado, sino que es necesario que, aún sin hacerlo, destruya la totalidad de sus efectos de forma tal, que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Esto es, como si el acto de autoridad nunca hubiera irrumpido en la esfera jurídica del gobernado, o que habiéndolo hecho, no deje alguna huella, toda vez que la justificación de esta causa de improcedencia de la acción constitucional de garantías, radica en la ociosidad de analizar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos y que además, no dejó huella en la esfera de derechos del particular, que amerite ser borrada por la protección de la Justicia Federal. Lo anterior se encuentra establecido en la jurisprudencia 2a./J. 59/99, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En efecto, de las manifestaciones vertidas por el presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, y de la documental anexa a su oficio de cuenta, se advierte que mediante proveído de veinticinco de mayo de dos mil veintitrés, corrigió el procedimiento y señaló hora y fecha para el desahogo de las pruebas confesional por posiciones, testimonial, inspección judicial y cotejo y compulsa dentro de los plazos que establece el código obrero en el juicio arbitral que nos ocupa; asimismo, comisionó al actuario de su adscripción a fin de que llevara a cabo todas y cada una de las notificaciones correspondientes. En ese orden de ideas, si la afectación aducida por el impetrante de amparo radicaba en la omisión de señalar hora y fecha para el desahogo de los medios de convicción ofertados por las partes fuera de los plazos que establece la Ley Federal del Trabajo; lo cierto es que, como se destacó, mediante proveído de veinticinco de mayo de dos mil veintitrés, la Junta responsable señaló nueva hora y fecha, las cuales se encuentran dentro de los plazos de ley, por lo que es inconcuso que a la presente fecha le fue restituido al quejoso el derecho vulnerado. En consecuencia, resulta evidente la actualización de la causa de improcedencia aludida, toda vez que con el actuar de la responsable las cosas quedaron a favor de la parte quejosa, tal como si se hubiera otorgado la protección constitucional solicitada, lo que torna improcedente su estudio por esta vía. De esta forma, lo que procede es sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto en la fracción XXl del artículo 61, en relación con la diversa V del numeral 63, de la Ley de Amparo. Sustenta la anterior determinación, la jurisprudencia 2a./J.10/2003, cuyo rubro dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE." Subsistencia del acto reclamado. Por otra parte, por lo que respecta al acto reclamado precisado en el inciso b), consistente en la omisión de notificar a los testigos y a las partes la hora y fechas señaladas para el desahogo de las pruebas ofertadas por las partes dentro del juicio laboral **, (las cuales fueron admitidas el catorce de abril del año en curso); se hace patente la actualización manifiesta e indudable de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo; y [.]" El anterior precepto es claro al establecer que el juicio de amparo deviene improcedente, cuando aun existiendo el acto reclamado hay una imposibilidad jurídica para que pueda surtir sus efectos legales o materiales por la extinción de su materia u objeto. En efecto, del análisis de las constancias que en vía de informe remitió la Junta responsable, se advierte que a la fecha de la presentación de la demanda de amparo (veinticinco de abril del año en curso) a la data en que se emite la presente determinación, el acto reclamado, esto es, la falta de notificación de los testigos y de las partes para el desahogo de las pruebas ofertadas por las partes y admitidas en auto de catorce de abril de dos mil veintitrés, aún subsiste. Sin embargo, el acto reclamado en estudio, no podrá surtir efecto legal o material alguno al haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo, se dice lo anterior, toda vez que, mediante proveído de veinticinco de mayo de la presente anualidad, la Junta responsable, corrigió el procedimiento, dejando sin efecto las horas y fechas señaladas en el proveído de catorce de abril del año en curso; y, en su lugar señala nuevas fechas para el desahogo de las pruebas confesional por posiciones, testimonial, inspección judicial y cotejo y compulsa, dentro del plazo legal que establece el artículo 883 de la Ley Federal de Trabajo; asimismo, comisiona al actuario de su adscripción, para efectos de que lleve a cabo las notificaciones correspondientes; de ahí que, atento al estado procesal en que actualmente se encuentra el asunto de la Junta laboral de origen, el actuario se encuentra en tiempo para realizar las encomiendas de notificación. En esas condiciones, al haberse actualizado en forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en la fracción XXII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, lo procedente es decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio, de conformidad con el arábigo 63, fracción V, de la legislación en cita, por lo que hace al acto omisivo aquí examinado. Inexistencia de los actos reclamados. Finalmente, observando también el estado de los autos, en lo concerniente a los diversos actos reclamados precisados en los incisos c) y d), consistentes en la omisión de notificar a los testigos y a las partes de las fechas que la Junta llegare a señalar para el desahogo de las pruebas ofertadas dentro del juicio laboral en cuestión; y, la emisión de los subsecuentes acuerdos que llegaren a dictarse en el transcurso del juicio en los plazos y términos legales; su existencia debe observarse a partir de la fecha de presentación de la demanda, es decir, el veinticinco de abril de dos mil veintitrés, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja. Ahora, es menester aclarar que no existe certidumbre en torno a que las autoridades responsables vayan a ejecutar una conducta omisa en lo futuro, pues en todo caso, de materializarse alguna omisión por parte de las autoridades, el promovente estará en aptitud de ejercer su derecho en esta vía constitucional. Es aplicable al caso la tesis 2a./J. 3/94, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Núm. 79, Julio de 1994, página 15, Registro digital 206346, que dispone: "ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTÓ LA DEMANDA. La existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja." Se cita al respecto, por consubstancialidad en lo conducente, la tesis del Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito, visible en la página 16, Semanario Judicial de la Federación. Volumen 181-186, Sexta Parte, con registro de localización 249048, de rubro y texto siguientes: "ACTOS FUTUROS E INCIERTOS. De acuerdo con la jurisprudencia definida de la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación, no procede conceder el amparo cuando se reclaman actos futuros e inciertos, situación que se contempla cuando el quejoso aduce como motivo de su demanda de amparo la factibilidad de que su contraparte pueda promover un embargo precautorio para garantizar las prestaciones reclamadas, caso en el cual estima que se afectaría el inmueble de su propiedad, circunstancia que no puede considerarse ni como probable ni como inminente, por lo que será sólo cuando se presente esa situación, el momento idóneo para impugnarla y no a través de este amparo." En esas condiciones, resulta patente la inexistencia de lo reclamado por el quejoso. Por ende, es evidente que los reclamos constitucionales que en esta sección se estudiaron, resultaron inexistentes y conforme con lo expuesto, no puede desvirtuarse tal negativa, actualizándose la causal de sobreseimiento prevista en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo. Cabe señalar que el sobreseimiento, es la figura jurídica procesal en la que, particularmente en el amparo el Órgano Jurisdiccional, resuelve abstenerse de analizar la violación de derechos humanos imputadas por la parte quejosa a las autoridades responsables y le da fin al juicio, sin entrar al análisis del fondo de la Litis constitucional, por la ausencia de alguno de sus elementos constitutivos fundamentales. En ese sentido, el sobreseimiento del juicio de amparo por improcedente, fuera de la audiencia constitucional, opera siempre que la causa que sirva de apoyo sea manifiesta e indudable y que además las pruebas aportadas al juicio por las partes, no alteren el resultado del fallo; lo que está legalmente permitido por encontrarse previsto en la ley de la materia. Lo anterior es así, pues a ningún efecto práctico conduciría celebrar la audiencia constitucional en los términos que refiere el artículo 124 de la Ley de Amparo, para dar oportunidad a la parte quejosa de ofrecer y desahogar las pruebas tendentes a demostrar la existencia o inconstitucionalidad del acto reclamado, ya que la causa de improcedencia subsistirá y el sentido del fallo correspondiente será el mismo, ya que al ser manifiesta e indudable, no es posible que con los elementos de prueba que en su caso llegare a aportar, sea desvirtuada; además dicha determinación no provoca indefensión en el gobernado. De lo que se colige, que esperar a la celebración de la audiencia constitucional para decretar el sobreseimiento, lo único que trae consigo es retardar la impartición de justicia, espíritu que es contrario a la ratio legis del artículo 17 de la Constitución Federal, que en la parte inicial de su párrafo segundo establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Sirve de apoyo a lo anterior, además, la jurisprudencia por contradicción de tesis 26/2002, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, resuelta en sesión de siete de febrero de dos mil tres, de rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". Audiencia constitucional sin efectos. En mérito de lo expuesto, se deja sin efecto la hora señalada el día de hoy para el desahogo de la audiencia constitucional en el presente juicio. También, se exhorta a las autoridades encargadas del asunto, que se ajusten a los plazos que indica la Ley Federal del Trabajo, pues de lo contrario, resultaría patente que la regularización del procedimiento, tuvo como única finalidad provocar el sobreseimiento del juicio, para posteriormente continuar con la violación constitucional reclamada -justicia pronta y expedita-, lo que podría actualizar los elementos del delito previsto en el artículo 262, fracción II, de la Ley de Amparo. Finalmente, háganse las anotaciones correspondientes. Notifíquese; por oficio a las autoridades responsables, y personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Ricardo Froylán Yépiz Rosas, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Auto. Hermosillo, Sonora, veintinueve de mayo de dos mil veintitrés. Informe justificado. Conforme a lo establecido en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el informe justificado rendido por el presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sonora, con residencia en esta ciudad. Prueba documental. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene por ofrecida la documental que acompaña, a la cual se otorga pleno valor probatorio, en términos de lo establecido en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°, de las que se desprende la actualización de diversas causas de improcedencia y sobreseimiento en el juicio de amparo. - Sobreseimiento fuera de audiencia - Precisión de los actos reclamados. En el caso, con apoyo en lo establecido en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que el acto reclamado por la parte quejosa se hace consistir en: a) La omisión por parte de la Junta responsable en señalar hora y fecha para el desahogo de las pruebas ofertadas por las partes dentro del juicio laboral *** de los plazos previstos en el artículo 883 de la Ley Federal de Trabajo; b) La omisión de notificar a los testigos y a las partes la hora y fechas señaladas para el desahogo de las pruebas ofertadas por las partes dentro del juicio laboral ** (admitidas mediante auto de catorce de abril de dos mil veintitrés); c) La omisión de notificar a los testigos y a las partes las fechas que la Junta llegare a señalar para el desahogo de las pruebas ofertadas dentro del juicio laboral en cuestión; y, d) La emisión los subsecuentes acuerdos que llegaren a dictarse en el transcurso del juicio en los plazos y términos legales. Cesación de efectos. En relación al acto reclamado a que se refiere el inciso a), se actualiza de manera notoria, manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." En efecto, el precepto normativo en mención, expone que el juicio de amparo es improcedente con motivo de la cesación de los efectos respecto de los actos por los cuales se haya ejercido la acción constitucional. En relación con el motivo de improcedencia que se menciona, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado en el sentido que para la actualización de dicha causa no basta que la autoridad responsable derogue o revoque el acto reclamado, sino que es necesario que, aún sin hacerlo, destruya la totalidad de sus efectos de forma tal, que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Esto es, como si el acto de autoridad nunca hubiera irrumpido en la esfera jurídica del gobernado, o que habiéndolo hecho, no deje alguna huella, toda vez que la justificación de esta causa de improcedencia de la acción constitucional de garantías, radica en la ociosidad de analizar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos y que además, no dejó huella en la esfera de derechos del particular, que amerite ser borrada por la protección de la Justicia Federal. Lo anterior se encuentra establecido en la jurisprudencia 2a./J. 59/99, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En efecto, de las manifestaciones vertidas por el presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, y de la documental anexa a su oficio de cuenta, se advierte que mediante proveído de veinticinco de mayo de dos mil veintitrés, corrigió el procedimiento y señaló hora y fecha para el desahogo de las pruebas confesional por posiciones, testimonial, inspección judicial y cotejo y compulsa dentro de los plazos que establece el código obrero en el juicio arbitral que nos ocupa; asimismo, comisionó al actuario de su adscripción a fin de que llevara a cabo todas y cada una de las notificaciones correspondientes. En ese orden de ideas, si la afectación aducida por el impetrante de amparo radicaba en la omisión de señalar hora y fecha para el desahogo de los medios de convicción ofertados por las partes fuera de los plazos que establece la Ley Federal del Trabajo; lo cierto es que, como se destacó, mediante proveído de veinticinco de mayo de dos mil veintitrés, la Junta responsable señaló nueva hora y fecha, las cuales se encuentran dentro de los plazos de ley, por lo que es inconcuso que a la presente fecha le fue restituido al quejoso el derecho vulnerado. En consecuencia, resulta evidente la actualización de la causa de improcedencia aludida, toda vez que con el actuar de la responsable las cosas quedaron a favor de la parte quejosa, tal como si se hubiera otorgado la protección constitucional solicitada, lo que torna improcedente su estudio por esta vía. De esta forma, lo que procede es sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto en la fracción XXl del artículo 61, en relación con la diversa V del numeral 63, de la Ley de Amparo. Sustenta la anterior determinación, la jurisprudencia 2a./J.10/2003, cuyo rubro dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE." Subsistencia del acto reclamado. Por otra parte, por lo que respecta al acto reclamado precisado en el inciso b), consistente en la omisión de notificar a los testigos y a las partes la hora y fechas señaladas para el desahogo de las pruebas ofertadas por las partes dentro del juicio laboral **, (las cuales fueron admitidas el catorce de abril del año en curso); se hace patente la actualización manifiesta e indudable de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo; y [.]" El anterior precepto es claro al establecer que el juicio de amparo deviene improcedente, cuando aun existiendo el acto reclamado hay una imposibilidad jurídica para que pueda surtir sus efectos legales o materiales por la extinción de su materia u objeto. En efecto, del análisis de las constancias que en vía de informe remitió la Junta responsable, se advierte que a la fecha de la presentación de la demanda de amparo (veinticinco de abril del año en curso) a la data en que se emite la presente determinación, el acto reclamado, esto es, la falta de notificación de los testigos y de las partes para el desahogo de las pruebas ofertadas por las partes y admitidas en auto de catorce de abril de dos mil veintitrés, aún subsiste. Sin embargo, el acto reclamado en estudio, no podrá surtir efecto legal o material alguno al haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo, se dice lo anterior, toda vez que, mediante proveído de veinticinco de mayo de la presente anualidad, la Junta responsable, corrigió el procedimiento, dejando sin efecto las horas y fechas señaladas en el proveído de catorce de abril del año en curso; y, en su lugar señala nuevas fechas para el desahogo de las pruebas confesional por posiciones, testimonial, inspección judicial y cotejo y compulsa, dentro del plazo legal que establece el artículo 883 de la Ley Federal de Trabajo; asimismo, comisiona al actuario de su adscripción, para efectos de que lleve a cabo las notificaciones correspondientes; de ahí que, atento al estado procesal en que actualmente se encuentra el asunto de la Junta laboral de origen, el actuario se encuentra en tiempo para realizar las encomiendas de notificación. En esas condiciones, al haberse actualizado en forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en la fracción XXII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, lo procedente es decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio, de conformidad con el arábigo 63, fracción V, de la legislación en cita, por lo que hace al acto omisivo aquí examinado. Inexistencia de los actos reclamados. Finalmente, observando también el estado de los autos, en lo concerniente a los diversos actos reclamados precisados en los incisos c) y d), consistentes en la omisión de notificar a los testigos y a las partes de las fechas que la Junta llegare a señalar para el desahogo de las pruebas ofertadas dentro del juicio laboral en cuestión; y, la emisión de los subsecuentes acuerdos que llegaren a dictarse en el transcurso del juicio en los plazos y términos legales; su existencia debe observarse a partir de la fecha de presentación de la demanda, es decir, el veinticinco de abril de dos mil veintitrés, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja. Ahora, es menester aclarar que no existe certidumbre en torno a que las autoridades responsables vayan a ejecutar una conducta omisa en lo futuro, pues en todo caso, de materializarse alguna omisión por parte de las autoridades, el promovente estará en aptitud de ejercer su derecho en esta vía constitucional. Es aplicable al caso la tesis 2a./J. 3/94, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Núm. 79, Julio de 1994, página 15, Registro digital 206346, que dispone: "ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTÓ LA DEMANDA. La existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja." Se cita al respecto, por consubstancialidad en lo conducente, la tesis del Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito, visible en la página 16, Semanario Judicial de la Federación. Volumen 181-186, Sexta Parte, con registro de localización 249048, de rubro y texto siguientes: "ACTOS FUTUROS E INCIERTOS. De acuerdo con la jurisprudencia definida de la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación, no procede conceder el amparo cuando se reclaman actos futuros e inciertos, situación que se contempla cuando el quejoso aduce como motivo de su demanda de amparo la factibilidad de que su contraparte pueda promover un embargo precautorio para garantizar las prestaciones reclamadas, caso en el cual estima que se afectaría el inmueble de su propiedad, circunstancia que no puede considerarse ni como probable ni como inminente, por lo que será sólo cuando se presente esa situación, el momento idóneo para impugnarla y no a través de este amparo." En esas condiciones, resulta patente la inexistencia de lo reclamado por el quejoso. Por ende, es evidente que los reclamos constitucionales que en esta sección se estudiaron, resultaron inexistentes y conforme con lo expuesto, no puede desvirtuarse tal negativa, actualizándose la causal de sobreseimiento prevista en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo. Cabe señalar que el sobreseimiento, es la figura jurídica procesal en la que, particularmente en el amparo el Órgano Jurisdiccional, resuelve abstenerse de analizar la violación de derechos humanos imputadas por la parte quejosa a las autoridades responsables y le da fin al juicio, sin entrar al análisis del fondo de la Litis constitucional, por la ausencia de alguno de sus elementos constitutivos fundamentales. En ese sentido, el sobreseimiento del juicio de amparo por improcedente, fuera de la audiencia constitucional, opera siempre que la causa que sirva de apoyo sea manifiesta e indudable y que además las pruebas aportadas al juicio por las partes, no alteren el resultado del fallo; lo que está legalmente permitido por encontrarse previsto en la ley de la materia. Lo anterior es así, pues a ningún efecto práctico conduciría celebrar la audiencia constitucional en los términos que refiere el artículo 124 de la Ley de Amparo, para dar oportunidad a la parte quejosa de ofrecer y desahogar las pruebas tendentes a demostrar la existencia o inconstitucionalidad del acto reclamado, ya que la causa de improcedencia subsistirá y el sentido del fallo correspondiente será el mismo, ya que al ser manifiesta e indudable, no es posible que con los elementos de prueba que en su caso llegare a aportar, sea desvirtuada; además dicha determinación no provoca indefensión en el gobernado. De lo que se colige, que esperar a la celebración de la audiencia constitucional para decretar el sobreseimiento, lo único que trae consigo es retardar la impartición de justicia, espíritu que es contrario a la ratio legis del artículo 17 de la Constitución Federal, que en la parte inicial de su párrafo segundo establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Sirve de apoyo a lo anterior, además, la jurisprudencia por contradicción de tesis 26/2002, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, resuelta en sesión de siete de febrero de dos mil tres, de rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". Audiencia constitucional sin efectos. En mérito de lo expuesto, se deja sin efecto la hora señalada el día de hoy para el desahogo de la audiencia constitucional en el presente juicio. También, se exhorta a las autoridades encargadas del asunto, que se ajusten a los plazos que indica la Ley Federal del Trabajo, pues de lo contrario, resultaría patente que la regularización del procedimiento, tuvo como única finalidad provocar el sobreseimiento del juicio, para posteriormente continuar con la violación constitucional reclamada -justicia pronta y expedita-, lo que podría actualizar los elementos del delito previsto en el artículo 262, fracción II, de la Ley de Amparo. Finalmente, háganse las anotaciones correspondientes. Notifíquese; por oficio a las autoridades responsables, y personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Ricardo Froylán Yépiz Rosas, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    Auto. Hermosillo, Sonora, veintinueve de junio de dos mil veintitrés. I. Estado de autos. De la certificación que antecede y el estado que guardan los autos, se advierte que feneció el plazo otorgado a la parte quejosa para manifestar lo relativo al cumplimiento de la ejecutoria; por lo tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo se procede a verificar el acatamiento dado a dicha resolución. II. Relación de constancias. Consta en autos que el cuatro de abril de dos mil veintidós, se dictó sentencia en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa. Los efectos para los que se emitió dicha sentencia fue para que la responsable, dentro del ámbito de sus atribuciones realizara lo siguiente: "1. La autoridad responsable desincorpore de la esfera jurídica de la parte quejosa la obligación contenida en ese precepto legal, de aportar una cuota del (4%) cuatro por ciento del monto de su pensión por concepto de servicio médico, y no se le aplique en el presente ni en el futuro, mientras se encuentre vigente. 2. Devuelva a la parte quejosa, de forma actualizada, en una sola exhibición, las cantidades que le fueron descontadas por concepto de servicio médico con apoyo en la norma declarada inconstitucional, a partir de que se ostentó sabedor del acto de individualización en su perjuicio - seis de enero de dos mil veintidós -, hasta el último descuento que haya realizado." No obstante, inconformes con dicho fallo, dos de las autoridades responsables interpusieron recurso de revisión de los cuales correspondieron conocer al Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito, en donde se radicaron con el número de amparo en revisión administrativa ********************, en el cual los magistrados integrantes del tribunal dictaron sentencia el catorce de abril de dos mil veintitrés, en la que por una parte desecharon el recurso de revisión interpuesto por el Instituto responsable, y por otra confirmaron la sentencia que concedió el amparo y protección de la Justicia de Unión. Por auto de dos de mayo de dos mil veintitrés, se tuvo por recibido el mencionado oficio, por lo que se ordenó requerir al Instituto responsable por el cumplimiento de la ejecutoria de mérito. III. Constancias exhibidas por la responsable. En contestación a dicho requerimiento el jefe de la Unidad Jurídica, y el subdirector de Finanzas, ambos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, remitieron los oficios ******************** y ********************, recibidos en este juzgado el diecisiete de mayo y dieciséis de junio del año en curso, respectivamente, mediante los cuales, con el primer oficio informó las gestiones encaminadas al cumplimiento de la ejecutoria, remitiendo al respecto copia de diversas documentales, entre otras, la relativa a que se desincorporó de la esfera jurídica de la quejosa el contenido del artículo 25, fracción I, de la Ley 38 del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, y con el segundo oficio, remitió copia certificada del cheque ********************, expedido por dicho Instituto, en favor de la quejosa, en el que se hace devolución de las cantidades descontadas por concepto de servicio médico, el cual le fue entregado el siete de junio de dos mil veintitrés, como se desprende de la mencionada documental. Por su parte, las autoridades responsables que concurrieron en la discusión, aprobación, expedición, promulgación y orden de expedición de la ley combatida en el presente juicio, no se encuentran constreñidas a la realización por parte de éstas de algún acto positivo, ya que únicamente participaron en el proceso de creación de la ley reclamada, es decir, sólo ejercieron facultades legislativas. IV. Vista cumplimiento. Con el último de los oficios mencionados en el apartado que antecede, y sus anexos, en el acuerdo de diecinueve de junio de dos mil veintitrés, se ordenó dar vista a la parte quejosa, para que dentro de un plazo de tres días, contados a partir del siguiente al en que surtiera efectos la notificación del acuerdo, se manifestara en relación con el cumplimiento de ejecutoria; asimismo, se le apercibió que de no hacer manifestación alguna, se resolvería lo conducente, con base en los elementos existentes en autos y los datos aportados por la autoridad responsable; lo que le fue notificado debidamente, sin haber hecho manifestación alguna. V. Decisión del juzgado en torno al cumplimiento de la ejecutoria. Conforme a las actuaciones existentes, y lo expuesto anteriormente, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se concluye que la sentencia de amparo ha quedado cumplida sin exceso, ni defecto, pues la autoridad responsable acreditó que desincorporó de la esfera jurídica de la justiciable el contenido del artículo 25, fracción I, de la Ley 38 del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, y que le hizo devolución del numerario por descuentos de servicio médico, actos que fueron precisamente los efectos para los que se emitió la sentencia concesoria. VI. Archivo y valoración del expediente. Con fundamento en el artículo 17, fracción III, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación en siete de junio de dos mil veintitrés, archívese el presente asunto como concluido y se hace constar que este expediente es conservable, siendo susceptible de ser transferido a partir del término de tres años después de haberse dictado el presente acuerdo como asunto concluido. VII. Devolución de documentos. Se requiere a las partes para que, en caso de que hubieren exhibido documentos originales, acudan al órgano jurisdiccional dentro de un plazo de noventa días naturales, a recuperarlos, apercibidos que de no hacerlo, en términos del numeral 20, segundo párrafo, del referido Acuerdo General, dichos documentos serán glosados y correrán la misma suerte que el presente expediente. VIII. Destino de incidente. Provéase lo correspondiente en el incidente de suspensión derivado del presente juico de amparo. Háganse las anotaciones correspondientes. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa y por oficio a las responsables. Así lo acordó y firma electrónicamente Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante José Enrique Ayala García, secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.

Quedan 24 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora · 9,432 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano