Josefina Valdez Molina
Expediente 144/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 5 actuaciones registradas, la última del 29 de marzo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 144/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 29/03/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora · Sonora
Partes del expediente
- Josefina Valdez Molina
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Auto. Hermosillo, Sonora, veintinueve de marzo de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, firmado electrónicamente por el secretario de Juzgado adscrito al Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Sonora, con sede en Ciudad Obregón, mediante el cual informa que por auto de veintidós de marzo del año en curso, dicho órgano jurisdiccional aceptó la competencia por razón de territorio declinada por este juzgador en el juicio de amparo 144/2022, del índice de este juzgado, el cual radicó en aquél órgano con el número 334/2022. Integración de oficios. Por su parte, respecto a los oficios de cuenta suscritos por el jefe de la Unidad Jurídica del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora. En virtud de lo acordado en párrafos que anteceden, remítanse los oficios originales, registrados con folios 4121 y 4237, al Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Sonora, con sede en Ciudad Obregón, previa copia que se deje en el presente cuaderno de antecedentes. Archivo y valoración del expediente. Con fundamento en los artículos 3, fracción VII y artículo 21, inciso j), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, archívese este asunto como concluido y destrúyase una vez transcurridos tres años. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro uno de Juzgado relativo al registro de juicios de amparo, así como la captura correspondiente en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese; y por oficio al Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Sonora, con sede en Ciudad Obregón. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante María Guadalupe Noriega Vega, secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Auto. Hermosillo, Sonora, quince de marzo de dos mil veintidós. Integración de escrito. Agréguese a los autos el escrito firmado electrónicamente por el autorizado legal de la parte quejosa, y en atención a su contenido, resulta procedente proveer lo siguiente: Incompetencia por razón de territorio. Visto el escrito de cuenta, así como el escrito inicial de demanda presentado por Josefina Valdez Molina, mediante el cual solicitó el amparo y protección de la justicia federal contra actos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora; se provee: Ahora bien de la demanda de derechos, así como de las manifestaciones vertidas por el autorizado legal de la impetrante mediante diverso escrito presentado ante este órgano jurisdiccional el diez de marzo pasado, se advierte que este órgano jurisdiccional carece de competencia territorial para continuar conociendo del presente juicio de amparo. Se dice lo anterior, toda vez que el artículo 37 de la Ley de Amparo establece que: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." De tal precepto legal en cita, se obtienen las siguientes reglas básicas para determinar la competencia de los Jueces de Distrito, en cuanto al conocimiento del juicio de amparo: a) El último párrafo del precepto en comento establece la regla consistente en que cuando la resolución reclamada en el juicio de garantías no requiera de ejecución material, resulta ser competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda; b) La segunda regla se encuentra contenida en el primer párrafo del señalado numeral, que se caracteriza porque con independencia del lugar en el que radique la autoridad emisora del acto reclamado, el parámetro que se toma en consideración para determinar la competencia del Juez de Distrito consiste en que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado, lo cual obviamente presupone que dicho acto es de aquellos que después de su emisión, por su índole, requieren de ejecución por parte de una autoridad diversa a la ordenadora; y, c) La tercera previsión normativa, más que una regla diversa en cuanto a la temática en análisis, constituye más bien un matiz de la segunda regla, ya que sobre el mismo criterio para la determinación de la competencia del correspondiente Juez de Distrito, a que se ha hecho alusión en el inciso precedente, se establece que en el caso de que el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, entonces es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Al respecto, debe precisarse que el propósito del legislador al establecer las referidas reglas de competencia, fue facilitar a los gobernados el acceso a la justicia constitucional para que puedan disponer de mejores posibilidades de defensa y estar en condiciones de atender adecuada y permanentemente el desenvolvimiento del juicio que promuevan. Pues bien, visto el caso que nos ocupa a la luz de esas reglas de competencia territorial, resulta de manera clara que se configura la segunda de ellas. Ello en virtud, que de los actos señalados como reclamados por la impetrante de garantías, se desprende que reclama descuento o reducción mensual de su pensión con motivo de la retención que le efectuó el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora. Asimismo, de los antecedentes narrados bajo protesta de decir verdad en su escrito inicial de demanda, así como de las manifestaciones vertidas por el autorizado legal de la impetrante mediante diverso escrito presentado ante este órgano jurisdiccional el diez de marzo pasado, se advierte que ésta tiene su domicilio en Ciudad Obregón, Cajeme, Sonora; por tanto, la competencia se surtirá a favor del Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en dicho lugar. De lo anterior, resulta evidente que el descuento de disminución o modificación a la pensión otorgada a su favor por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, se realiza en Ciudad Obregón, Cajeme, Sonora, por encontrarse allí el domicilio de la parte quejosa; por tanto, la competencia se surtirá a favor del Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el domicilio fiscal de la contribuyente, ya que es el lugar donde se ejecuta el acto de aplicación de la norma impugnada. Lo que es así, porque el domicilio fiscal de la contribuyente, determina el lugar de ejecución el acto de aplicación y produce sus consecuencias, toda vez que el cumplimiento de sus obligaciones fiscales es el domicilio que se tenga señalado para ello, o en su defecto en donde desempeña sus actividades. Por tanto, la competencia para conocer del juicio de amparo promovido contra actos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, con motivo de disminución o modificación de la su pensión por el referido instituto, debe fincarse a favor del Juez del domicilio de quejosa, al ser en ese lugar donde la quejosa dispone de la pensión que le es depositada. Resulta aplicable por las razones que la informan, jurisprudencia número TC054010. 10ª. AD5 (J/11), emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativas del Quinto Circuito, con residencia en esta ciudad, aprobada en sesión plenaria de treinta y uno de julio de dos mil quince, con número de registro digital 2009951, cuyo rubro y texto son los siguientes: "COMPETENCIA POR TERRITORIO PARA CONOCER EL JUICIO DE AMPARO EN EL QUE SE SEÑALA COMO ACTO RECLAMADO EL ARTÍCULO 60 BIS B DE LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO DE SONORA. LA CREDENCIAL QUE ACREDITA AL QUEJOSO COMO PENSIONADO RESULTA APTA PARA DETERMINARLA. El pago de la pensión jubilatoria está intrínsecamente ligado al domicilio del beneficiario, por ser razonablemente el lugar donde la cobra y disfruta, al no asistir ya a su centro de trabajo, por lo que conforme al artículo 37, párrafo primero de la Ley de Amparo, la competencia por territorio para conocer del juicio correspondiente se surte en favor del juez de Distrito en cuya jurisdicción se ubique el domicilio del quejoso. Asimismo, la credencial que acredita al quejoso como pensionado, expedida por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, resulta apta para determinar el domicilio de aquél para efectos del cobro de su pensión, y para establecer, con base en ella, salvo prueba en contrario, el juzgado competente para conocer del juicio de amparo en que se reclama la inconstitucionalidad del artículo 60 Bis B de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios del Estado de Sonora, siempre que dicha credencial se encuentre vigente, tomando en cuenta que es apta, para legitimar al titular del derecho para efectuar el cobro de sus pensiones, por lo cual deben presumirse ciertos los datos en ella contenidos, vinculados precisamente con el derecho involucrado.". Asimismo, sirve de apoyo a lo anterior por analogía la jurisprudencia Administrativa V.2o.P.A. J/1 (10a.), emitida por Tribunales Colegiados de Circuito, Décima Época, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 22, Septiembre de 2015, Tomo III, página 1630 con número de registro digital 2009952, de rubro y texto siguientes: "COMPETENCIA POR TERRITORIO PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO EN EL QUE SE SEÑALA COMO ACTO RECLAMADO EL ARTÍCULO 60 BIS B DE LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN SE UBIQUE EL DOMICILIO DEL QUEJOSO. El pago de la pensión jubilatoria está intrínsecamente ligado al domicilio del beneficiario, por ser razonablemente el lugar donde la cobra y disfruta, al no asistir ya a su centro de trabajo. Bajo este tenor, cuando en el juicio de amparo se reclame el artículo 60 Bis B de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, con motivo de su primer acto de aplicación, atribuido al director general de dicho organismo por el descuento a la pensión del quejoso por concepto de "fondo de pensiones", ese acto tiene consecuencias materiales en el ámbito privado de las personas jubiladas, el cual se desarrolla en su domicilio, y será éste el lugar en que resientan su ejecución, por lo que conforme al artículo 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo, la competencia por territorio para conocer del juicio correspondiente, se surte en favor del Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ubique el domicilio del quejoso. Este criterio es acorde con la voluntad del Constituyente acerca de que, al atribuir competencia se atienda a la facilidad con que cuente el agraviado para ocurrir al Juez de amparo del lugar en el que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado.". En esas condiciones, dado que quien esto resuelve no podría válidamente pronunciarse respecto a la legalidad o ilegalidad de los actos reclamados, con fundamento en los artículos 37, párrafo primero, y 48 de la Ley de Amparo, este juzgado se declara legalmente incompetente por territorio para seguir conociendo del presente juicio de amparo y declina la competencia a favor del Juez de Distrito en el Estado de Sonora, en Turno, con residencia en Ciudad Obregón, a quien deberán remitirse los autos originales del juicio a rubro citado, para que resuelva dentro del plazo establecido en el primer párrafo del precitado artículo 48 de la Ley de Amparo, si acepta o no la competencia que se declina. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y una vez que se acuse recibo de este proveído archívese este asunto como concluido. Notifíquese personalmente a la promovente y por oficio al Juez de Distrito en el Estado de Sonora, en turno, con residencia en Ciudad Obregón, Cajeme. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante María Guadalupe Noriega Vega, secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Auto. Hermosillo, Sonora, ocho de marzo de dos mil veintidós. Requerimiento de constancias. Vista la certificación que antecede y el estado procesal que guardan los autos, con el objeto de contar con mayores elementos para analizar la constitucionalidad del acto reclamado en el presente asunto, lo anterior, con fundamento en el artículo 75, párrafo tercero de la Ley de Amparo; requiérase a la autoridad responsable, para que dentro del plazo de tres días, contado a partir del siguiente al en que reciba la notificación del presente acuerdo, se sirva remitir a este juzgado copia certificada del dictamen de pensión de la parte quejosa ********************, así como de su correspondiente notificación. Apercibimiento. Bajo el apercibimiento que en caso de incumplimiento, se le impondrá multa equivalente a cincuenta unidades de medida y actualización, conforme a lo establecido en los artículos 237, fracción I, y 260, fracción II, de la Ley de Amparo. Diferimiento audiencia constitucional. En consecuencia, para dar oportunidad a lo acordado en párrafos que anteceden, se difiere la audiencia constitucional y se señala para su celebración las diez horas con treinta y cuatro minutos del ocho de abril de dos mil veintidós. Notifíquese; y por oficio a la autoridad responsable. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante María Guadalupe Noriega Vega, secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Auto. Hermosillo, Sonora, veinticinco de febrero de dos mil veintidós. Informe justificado. Conforme a lo establecido en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el informe justificado rendido por el jefe de la Unidad Jurídica del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, dese vista a las partes con su contenido, para su conocimiento y efectos legales conducentes. Delegados y domicilio. Como lo solicita en su informe, conforme a lo dispuesto en el numeral 9 de la ley de la materia, se le tiene por designados como delegados a las personas que menciona en su ocurso y por señalado como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en el oficio que se atiende. Notifíquese. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante María Guadalupe Noriega Vega, secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.
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