Josefina Valdes Valdes

Expediente 1410/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 4 actuaciones registradas, la última del 11 de septiembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1410/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
11/09/2023

Partes del expediente

  • Josefina Valdes Valdes

Actuaciones

  1. Principal

    Auto. En Hermosillo, Sonora, once de septiembre de dos mil veintitrés. Devolución de tomo de prueba. Del estado de autos del presente juicio de amparo, se desprende que en este juzgado obra un tomo de prueba remitido por la autoridad responsable "secretario general de acuerdos y la actuaria ejecutora ambos adscritos a la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sonora, con sede en esta ciudad" al momento de rendir su informe justificado; en esa virtud, y toda vez que el presente asunto se encuentra totalmente concluido, se ordena devolver dicho anexo, ya que resulta innecesaria su retención; en la inteligencia que no es necesario que la autoridad responsable acuse recibo del citado tomo. Notifíquese; y mediante oficio a la autoridad en cita. Así lo acordó y firmó electrónicamente Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Guadalupe López Gutiérrez, secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Auto. Hermosillo, Sonora, veintitrés de febrero de dos mil veintidós. Declaración de ejecutoria. De la certificación que antecede y del estado que guardan los autos, se advierte que ha transcurrido el plazo previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión en contra del auto de diecisiete de diciembre de dos mil veintiuno, por el que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio. En consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha determinación ha causado estado. Archivo y valoración del expediente. Con fundamento en los artículos 3, fracción VII y artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, archívese este asunto como concluido y destrúyase una vez transcurridos tres años. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro uno de Juzgado, correspondiente al registro de juicios de amparo con el número que le corresponda; y dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Devolución de documentos. Resulta innecesario dar vista a las partes a fin que soliciten la devolución de documentos originales, dado que no se advierte la exhibición de éstos. Notifíquese; y por oficio a la autoridad responsable. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Santiago Flores Cota, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Auto. Hermosillo, Sonora, diecisiete de diciembre de dos mil veintiuno. Informe justificado. Conforme a lo establecido en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio de cuenta que contiene el informe justificado rendido por el secretario general de acuerdos y la actuaria ejecutora, adscritos a la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sonora, con residencia en esta ciudad; dese vista a las partes con su contenido, para su conocimiento y efectos legales conducentes. Pruebas. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas las pruebas documentales que acompañan las citadas autoridades; por lo que es procedente proveer lo siguiente: Legajo. Ahora bien, para dar mayor facilidad al manejo de las documentales anexas al informe de cuenta, se ordena formar por separado un legajo de pruebas identificado como Tomo I. Asimismo, con fundamento en los artículos 22, último párrafo y 23 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, comuníquese a las partes que existe imposibilidad material para la digitalización de los referidos legajos, por lo que quedarán disponibles para consulta en la secreta. Sobreseimiento fuera de audiencia. Ahora bien, del contenido de las constancias probatorias remitidas por la autoridad oficiante, las cuales tienen pleno valor probatorio en términos de lo establecido en los artículos 129 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2, se advierte la actualización manifiesta e indudable de la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. En efecto, dicha porción normativa dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado (.)" El precepto normativo expone que el juicio de amparo es improcedente con motivo de la cesación de los efectos respecto del acto por el cual se haya ejercido la acción constitucional. En relación con el motivo de improcedencia que se menciona, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado en el sentido de que para la actualización de dicha causa no basta que la autoridad responsable derogue o revoque el acto reclamado, sino que es necesario que, aún sin hacerlo, destruya la totalidad de sus efectos de forma tal, que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Resulta de esa manera, porque los efectos del acto reclamado cesan cuando la autoridad o autoridades responsables derogan o revocan el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquélla que existía antes del nacimiento del acto que se ataca o también cuando la autoridad, sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y restituye a la parte quejosa en el goce de la garantía violada. De modo tal que la cesación de efectos no sea más que el hecho de que la autoridad que haya emitido el acto impugnado deje de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, lo cual debe entenderse en el sentido de que ello debe ser no sólo de manera definitiva, sino que los efectos de aquél deben desaparecer totalmente de la realidad, pues la razón que justifica la causa de improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte efectos, ni los surtirá y, que no dejó huella en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la justicia federal. Es decir, dicha hipótesis normativa se encuentra orientada por la imposibilidad de concretar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, esto es, la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía violada, al restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo y, cuando sea de carácter negativo, el de obligar a las autoridades responsables a que obren en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que ésta exija. Argumento que se ve robustecido con la jurisprudencia 2a./J. 59/99, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época, página 38, que a la letra dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Bajo ese contexto, con apoyo en el numeral 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es menester precisar el acto reclamado por la parte quejosa, el cual, de acuerdo al contenido de la demanda y demás constancias existentes en autos, se advierte que se hace consistir en: La omisión de las autoridades responsables presidente y actuario notificador del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sonora, de realizar el requerimiento voluntario al Ayuntamiento de Etchojoa, Sonora, para que dé cumplimiento a las condenas generadas en el expediente 620/2012, del índice del Tribunal responsable. Lo anterior, en razón de que la parte quejosa refiere que en el juicio de origen, en fecha diez de marzo de dos mil veintiuno, solicitó mediante promoción el requerimiento voluntario al municipio condenado, al cual le recayó el acuerdo de veintinueve de abril de este año, en el que se ordenó que el actuario se constituyera en el domicilio del demandado y le requiriera para que en el término de cinco días, diera cumplimiento a la condena decretada; sin embargo, argumenta, a la fecha de presentación de la demanda, la autoridad responsable había sido omisa en requerir el Ayuntamiento sentenciado de Etchojoa, Sonora, generándole a la agraviada violación al derecho de impartición de justicia pronta. No obstante lo anterior, de las documentales remitidas por las responsables, se advierte que el quince de octubre del año en curso, el apoderado legal del actor solicitó que el requerimiento se efectuara por exhorto a la Junta Especial de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Navojoa, Sonora, y dicha promoción fue atendida hasta el siete de diciembre de este año, de lo que se advierte que a la fecha de presentación de la demanda existía la omisión reclamada por el quejoso, pues no se había realizado el requerimiento cuya omisión en efectuar constituye el reclamo constitucional. Sin embargo, de las propias constancias en estudio, se desprende que mediante proveído de siete de diciembre pasado emitido en el expediente de origen, el presidente del tribunal de justicia responsable ordenó girar exhorto al presidente de la Junta Especial de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Navojoa, Sonora, para que en su auxilio, se comisionara al actuario de la adscripción de dicha junta y se constituyera en el domicilio del Ayuntamiento de Etchojoa, Sonora, y lo requiriera por conducto de su apoderado legal, para que en el término de cinco días hábiles, diera cumplimiento voluntario a la sentencia condenatoria pronunciada en el expediente del servicio civil 620/2012; es decir, la responsable ya emitió el requerimiento solicitado por el aquí quejoso y, además, efectuó las gestiones necesarias para su cumplimiento. En efecto, en relación con esto último, se advierte que la actuaria responsable, mediante razón asentada de ocho de este mes y año, hizo constar que depositó un sobre cerrado con el exhorto 23/2021 dirigido a la Junta mencionada en el párrafo inmediato anterior, en atención a lo ordenado en el juicio civil promovido por Josefina Valdés Valdés, contra el Ayuntamiento de Etchojoa, Sonora. En esa medida, es incuestionable que durante la tramitación de este biinstancial cesaron los efectos del acto impugnado, pues la autoridad responsable ordenadora emitió el requerimiento cuya omisión en realizarlo propició la presentación de esta petitoria de amparo y, además, efectuó las gestiones para que se materializara dicho requerimiento, pues al efecto, por conducto del actuario de su adscripción efectuó el depósito del exhorto dirigido a diversa autoridad auxiliar que deberá notificar el requerimiento controvertido, de modo que en relación con el reclamo constitucional se constituyó una situación jurídica que definitivamente destruyó la que dio motivo a la demanda y se restituyó a la parte quejosa en el goce del derecho que consideraba conculcado, tal como si se hubiera concedido el amparo solicitado. Sirve de apoyo, la jurisprudencia VI.2o. J/339, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Número 83, Noviembre 1994, Octava Época, página 70, que expresa: "ACTO RECLAMADO. CESACIÓN DE SUS EFECTOS. Debe estimarse que cesan los efectos del acto reclamado, cuando la resolución impugnada en el juicio de garantías fue dejada sin efecto por la misma autoridad señalada como responsable y emitió una nueva resolución, que viene a substituir procesalmente a la anterior; por lo que debe sobreseerse en el amparo, con fundamento en lo dispuesto por la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo." Bajo las condiciones apuntadas, lo procedente es sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio, conforme a lo dispuesto en el numeral 63, fracción V, en relación con la fracción XXI, artículo 61, ambos de la Ley de Amparo. Sustenta la anterior determinación, la jurisprudencia 2a./J.10/2003, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época, en página 386, cuyo rubro dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE." Audiencia constitucional sin efectos. En esas condiciones, se deja sin efectos la fecha designada para la celebración de la audiencia constitucional, misma que se encontraba señalada para las diez horas con un minuto del veintiocho de diciembre de dos mil veintiuno. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro uno de Juzgado relativo al registro de juicios de amparo, así como las capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa y por oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Santiago Flores Cota, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    CON ESTA FECHA SE TIENE POR HECHA LA NOTIFICACION PERSONAL A LA PARTE QUEJOSA DEL CONTENIDO DEL AUTO DE 17 DE DICIEMBRE DE 2021, EN EL CUAL SE DECRETO: SE SOBRESEE FUERA DE AUDIENCA......

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