Josefina Ocegueda Guerrero

Expediente 112/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 15 actuaciones registradas, la última del 6 de octubre de 2017.

Datos del expediente

Expediente
112/2017
Año
2017
Actuaciones
15
Última actuación
06/10/2017

Partes del expediente

  • Josefina Ocegueda Guerrero
  • Congreso del Estado de Zacatecas.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 15.

  1. Principal

    En seis de octubre de dos mil diecisiete, la secretaria licenciada María Concepción García Jacobo secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, certifico: Que el término de tres días concedido a la parte quejosa, para que manifestara lo que a su derecho correspondiera, respecto de los actos realizados para cumplir con la sentencia protectora transcurrió del veintiocho de septiembre al dos de octubre del año en curso, y que el veintiocho citado se recibió escrito presentado por la quejosa por el que informó que la responsable dio cumplimiento a dicha sentencia. Doy fe. En la misma fecha, la secretaria doy cuenta al Juez con la certificación que antecede y el estado de autos. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, seis de octubre de dos mil diecisiete. Vistos los presentes autos de los que se advierte que transcurrió término de tres días concedido a la parte quejosa, para que manifestara lo que a su derecho correspondiera, respecto de los actos realizados para cumplir con la sentencia protectora, y que por auto de veintiocho de septiembre de dos mil diecisiete foja (278) se le tuvo a la quejosa Josefina Ocegueda Guerrero desahogando la vista de que se trata; con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo vigente y la jurisprudencia: "INCONFORMIDAD, EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGO LA VISTA CORRESPONDIENTE. (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)", se analizará si la sentencia está cumplida. El veintisiete de marzo de dos mil diecisiete, se dictó la sentencia en el presente juicio de derechos fundamentales (fojas 101 a 111), en la que por una parte se decretó sobreseimiento y por otra se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto que enseguida se precisa: "a) Los artículos 78 a 88 y 99 de la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas, que prevén respectivamente el impuesto adicional para infraestructura y el impuesto para la Universidad Autónoma de Zacatecas, sean desincorporados de la esfera jurídica del amparista, tanto en el presente como en el futuro. b) En consecuencia, el Secretario de Finanzas del Estado de Zacatecas devuelva las contribuciones erogadas por la amparista con fundamento en las disposiciones anteriores en el ticket folio V 8307089, en lo que debe incluir la actualización fiscal correspondiente". Mediante proveído de dieciocho de abril de dos mil diecisiete (foja 152), se tuvo por recibido el escrito del Secretario de Finanzas de Gobierno del Estado, autoridad responsable en el presente asunto, por el que interpuso recurso de revisión contra la sentencia antes mencionada; sin embargo, dado que no exhibió las copias necesarias para correr traslado a las demás partes, se le requirió para ese efecto, habiéndosele tenido por dando cumplimiento el veinticinco siguiente, en cuyo auto se tuvo por interpuesto y se ordenó la remisión de los autos para la respectiva substanciación (foja 156), lo que se llevó a cabo el veintiocho de abril en cita; en ocho de mayo de la presente anualidad, se agregó oficio de la Actuaria Judicial adscrita al Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, con sede en esta ciudad, por el que informó que la Superioridad admitió el recurso en mención, el cual quedó registrado bajo amparo en revisión administrativo 150/2017-5 (foja 253). En auto de trece de septiembre de dos mil diecisiete (foja 261 a 263), se tuvo por recibido el oficio signado por la secretaria de acuerdos del referido cuerpo colegiado, al que acompañó copia certificada de la ejecutoria respectiva, por la que se desechó el recurso de revisión. En consecuencia, atendiendo al contenido de dicha ejecutoria, en el mencionado acuerdo, se requirió a la autoridad responsable Secretario de Finanzas del Gobierno del Estado de Zacatecas, con sede en esta ciudad, para que en un término de tres días hábiles diera cumplimiento de manera total al fallo protector. Por auto de veinticinco de septiembre pasado (foja 275), se tuvo por recibido el oficio signado por el Secretario responsable, en el que informó que la quejosa compareció ante la Dirección de Ingresos de esa secretaría para recibir las cantidades pagadas por los conceptos de impuesto para la Universidad Autónoma de Zacatecas e impuesto adicional para Infraestructura; además, remitió las constancias respectivas de las que se advierte que le fue entregada la suma de $978.35 (novecientos setenta y ocho pesos con treinta y cinco centavos); asimismo, realizó la declaratoria expresa de que esa autoridad y cualquier otra que dependa de ella en la gestión de cobro y administración de contribuciones, se abstendría de aplicar los artículos 78 a 88 de la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas, respecto al ejercicio fiscal dos mil diecisiete desincorporando de la esfera jurídica a la quejosa la imposición que estableció con motivo del impuesto para la Universidad Autónoma de Zacatecas e impuesto adicional para Infraestructura hasta en tanto no sea reformado dicho marco normativo. Por tanto, en la misma determinación se ordenó dar vista a la parte quejosa para que en el plazo de tres días, contado a partir del día que surtiera efectos la notificación respectiva, manifestara lo que a su derecho conviniera; y, el veintiocho de septiembre citado, se acordó el escrito de la quejosa por el cual desahogó la vista de veinticinco anterior. Ahora bien, a efecto de determinar si la sentencia protectora de que se trata se encuentra cabalmente cumplida, es pertinente destacar lo siguiente: Los efectos de la ejecutoria de amparo se concretan en la desincorporación de los artículos 78 a 88 de la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas, que prevén, respectivamente el impuesto adicional para infraestructura e impuesto para la Universidad Autónoma de Zacatecas para que sean desincorporados de la esfera jurídica del amparista, tanto en el presente como en el futuro, lo que, en particular, conlleva la devolución de lo erogado en el recibo fiscal con folio V 8307089, lo que debe incluir la actualización fiscal correspondiente. Así pues, la quejosa erogó la cantidad de $705.00 (setecientos cinco pesos) por concepto de impuesto adicional para infraestructura y respecto al impuesto para la Universidad Autónoma de Zacatecas $235.00 (doscientos treinta y cinco pesos); de los cuales habrían de devolvérsele las cantidades antes mencionadas, que dan un total de $940.00 (novecientos cuarenta pesos). Cantidad, la anterior que tendría que ser debidamente actualizada, en términos del artículo 8 del Código Fiscal para el Estado de Zacatecas y sus Municipios. Así, en términos de la disposición fiscal citada, debe atenderse al mes inicial de la obligación y al mes en que se realiza el pago actualizado, a efecto de dividir el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente de dicho periodo entre el citado índice correspondiente al mes anterior del más antiguo. La contribución fue cobrada en el mes de enero de dos mil diecisiete (fojas 30 y 31), por la cantidad de $2,600.00 (dos mil seiscientos pesos), a la que, al restarle $15.00 (quince pesos) y $1,645.00 (un mil seiscientos cuarenta y cinco pesos), que no fueron materia del amparo, queda un total a devolver de $940.00 (novecientos cuarenta pesos), que es la que estaba obligada la autoridad a devolver; la devolución se realizó el veintiuno de septiembre de dos mil diecisiete (foja 271), por la cantidad actualizada de $978.35 (novecientos setenta y ocho pesos con treinta y cinco centavos). Luego, el factor de actualización debe obtenerse de la división del índice en comento para el mes de diciembre de dos mil dieciséis, entre el índice para el mes de agosto de este año, (al ser los meses inmediatos anteriores de los periodos involucrados); esto tomando en cuenta que no es posible calcular la actualización por fracciones de mes en términos de la disposición normativa referida. Así, el Índice Nacional de Precios al Consumidor para el mes de diciembre de dos mil dieciséis es 122.515.; y para el mes de agosto del año en curso, anterior al en que se llevó cabo la actualización es 127.513. De la división de dichos factores (el más reciente entre el más antiguo) se obtiene el factor de actualización de la contribución erogada: 1.0408. En consecuencia, al multiplicar el factor anterior por la cantidad erogada, se obtiene el monto de dicha contribución actualizada, a saber, $978.35 (novecientos setenta y ocho pesos con treinta y cinco centavos). Conforme a lo expuesto, y toda vez que en la ejecutoria emitida por este Juzgado Federal, se otorgó la protección de la Justicia Federal solicitada, para el efecto de que los artículos 78 a 88 de la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas, que prevén respectivamente, el impuesto adicional para la infraestructura e impuesto para la Universidad Autónoma de Zacatecas, fueran desincorporados de la esfera jurídica de la amparista, hasta en tanto no sea reformado dicho marco normativo. Asimismo, para que el Secretario de Finanzas del Estado de Zacatecas devolviera las contribuciones erogadas por la amparista con fundamento en las disposiciones anteriores en el recibo fiscal V 8307089 de once de enero de dos mil diecisiete, lo que debería incluir la actualización fiscal correspondiente; y, toda vez que dichos hechos ya acontecieron; este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, DECLARA CUMPLIDA la sentencia que otorgó el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado. En atención a lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo en vigor, se ordena el archivo del presente expediente, como asunto concluido, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto en el punto vigésimo primero, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito, se determina que el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN, por haberse concedido el amparo; con excepción del escrito inicial de demanda, de la sentencia emitida en autos, y en su caso, de la ejecutoria correspondiente, en la inteligencia, que este Juzgado estima que no contiene valor jurídico o histórico por el cual deba conservarse, por lo cual, una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero, remítase, previa digitalización del escrito inicial de demanda y de la sentencia, por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes. Asimismo, en cumplimiento a lo dispuesto en el punto décimo tercero del acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes. Por último a solicitud de la parte quejosa mediante escrito recibido en este juzgado el diecisiete de septiembre del año que transcurre, con fundamento en los artículos 278 y 279, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa del numeral 2° del ordenamiento legal invocado en segundo término, expídasele a su costa las copias certificadas que solicita, previa toma de razón que por su recibo se asiente en autos. NOTIFÍQUESE; PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA. Así lo proveyó y firma el licenciado Iván Ojeda Romo, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante la licenciada María Concepción García Jacobo, secretaria que autoriza. Doy fe. gfp

  2. Principal

    CUENTA. El veintiocho de septiembre de dos mil diecisiete, la Secretaria licenciada María Concepción García Jacobo da cuenta a la Juez con el escrito registrado con el folio 12939. Conste. Zacatecas, Zacatecas, veintiocho de septiembre de dos mil diecisiete. Agréguese a los presentes autos únicamente para que obre como corresponda el escrito signado por la quejosa Josefina Ocegueda Guerrero, por el cual da contestación a la vista que se le dio mediante auto de veinticinco de septiembre del año en curso; el cual se reserva para tomarse en cuenta al momento de hacer el pronunciamiento respectivo sobre el cumplimiento de la autoridad responsable. NOTIFÍQUESE POR LISTA A LAS PARTES. Así lo proveyó y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, ante la licenciada María Concepción García Jacobo, Secretaria que autoriza y da fe. Megm

  3. Principal

    En veinticinco de septiembre de dos mil diecisiete, la secretaria licenciada María Concepción García Jacobo, doy cuenta a la Juez con el oficio registrado con folio 12793 con anexos.- CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, veinticinco de septiembre de dos mil diecisiete. Téngase por recibido el oficio signado por el Secretario de Finanzas de Gobierno del Estado con sede en esta ciudad, mediante el cual, informa que la quejosa compareció ante la Dirección de Ingresos de esa secretaría para recibir las cantidades pagadas por los conceptos de impuesto adicional para Infraestructura e impuesto para la Universidad Autónoma de Zacatecas, además remite las constancias respectivas de las que se advierte que le fue entregada la suma de $978.35 (novecientos setenta y ocho con treinta y cinco centavos). Asimismo, realiza la declaratoria expresa de que esa autoridad o cualquier otra que dependa de ella en la gestión de cobro y administración de contribuciones, se abstendrá de aplicar a la parte quejosa los artículos 78 a 88 de la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas, por lo que respecta al ejercicio fiscal dos mil diecisiete desincorporando de la esfera jurídica de dicha parte la imposición que se estableció con motivo del impuesto adicional para la Infraestructura e impuesto para la Universidad Autónoma de Zacatecas hasta en tanto no sea reformado dicho marco normativo. Por tanto, con apoyo en el artículo 196, párrafo primero, de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa, para que dentro de TRES DÍAS, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifieste lo que a su derecho convenga; apercibida que de no hacerlo, este órgano jurisdiccional, de oficio, resolverá sobre el cumplimiento que se haya dado a la ejecutoria dictada en este juicio, con base en los elementos que existan en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia identificada con la clave 2ª./J.26/2000, visible en la página 243, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, marzo de 2000, Novena Época, sustentada por la Segunda Sala, con el epígrafe y texto siguiente: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, UNICAMENTE POR QUE EL QUEJOSO NO DESAHOGO LA VISTA CORRESPONDIENTE. (INTERRUPCION PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98,DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días, para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades, que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el Tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad, y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA. Así lo proveyó y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante la licenciada María Concepción García Jacobo, secretaria que autoriza. Doy fe. EMVG

  4. Principal

    El licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, CERTIFICO: Que al revisar el expediente en que se actúa, se advierte que no existen documento con las características que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal; consistente en todo aquel soporte impreso que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra y sea insustituible por otro que haya sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda. En consecuencia, aquellos documentos de los que pueda obtenerse una copia certificada por alguna dependencia gubernamental, notaría o correduría públicas, sin que sea necesaria la autorización de las partes que hayan intervenido en el acto jurídico, no serán considerados como documentos originales; De igual forma, se hace constar que no se aperturó incidente de suspensión, y que no se exhibió billete de depósito o alguna garantía que amerita proveer su destino. Lo que se hace constar para los efectos legales a que haya lugar. Zacatecas, Zacatecas, trece de septiembre de dos mil diecisiete. Doy fe. El Secretario Lic. Jorge Martín Zamora González. En la misma fecha, el Secretario Jorge Martín Zamora González da cuenta a la Juez con el estado procesal que guardan los presentes autos, con la certificación que antecede y con un oficio registrado bajo el número 12332 y anexos que se adjuntan. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, trece de septiembre de dos mil diecisiete. Agréguese a sus autos el oficio de cuenta que suscribe la Secretaria de Acuerdos del Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, con residencia en esta ciudad, al que adjunta copia certificada del testimonio de la resolución pronunciada el siete del mes y año en curso, en el amparo en revisión administrativo 150/2017. Acúsese el recibo de estilo, agréguese el cuaderno de antecedentes y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Hágase del conocimiento de las partes que la Superioridad mediante la ejecutoria de mérito resolvió lo siguiente: "[.] ÚNICO.- Se desecha el recurso de revisión. Notifíquese." Ahora, tomando en consideración que la sentencia dictada en el presente juicio por una parte se decretó el sobreseimiento y por la otra se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa, donde se determinó que los artículos 78 a 89, de la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas, que prevén respectivamente el impuesto adicional para infraestructura, el impuesto para la Universidad Autónoma de Zacatecas y el derecho por el servicio de control vehicular, fueran desincorporados de la esfera jurídica del amparista, tanto en el presente como en el futuro; en consecuencia, resulta innecesario requerir a las autoridades responsables Congreso y Gobernador del Estado de Zacatecas que participaron en el proceso legislativo del acto reclamado en cuanto a su creación se refiere; lo anterior, en términos del artículo 192, de la Ley de Amparo Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; por lo que este Juzgado determina no requerirlas para el cumplimiento de la ejecutoria. Es aplicable al respecto la tesis de clave siguiente: "INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. NO PUEDEN INCURRIR EN ELLA LAS AUTORIDADES QUE SOLAMENTE EJERCIERON FACULTADES LEGISLATIVAS O REGLAMENTARIAS. En atención a que en nuestro régimen constitucional la creación de normas jurídicas puede provenir principalmente del Congreso de la Unión y la reglamentaria del presidente de la República, las normas y principios rectores del juicio de amparo son igualmente aplicables en ambos casos, independientemente de la denominación que se les dé, tales como acuerdos o decretos, si cumplen el requisito de ser de carácter general y reúnen los demás atributos materiales configuradores de la ley, tales como la abstracción e impersonalidad. En tal virtud, en aplicación del principio de relatividad de las sentencias de amparo, contenido en el artículo 107, fracción II, de la Constitución Federal, que señala que los efectos de las mismas sólo pueden comprender a individuos particulares, limitándose a ampararlos y protegerlos en el caso especial sobre el que verse la queja, sin hacer una declaración general respecto de la ley que motivó el juicio, resulta ocioso pretender el cumplimiento de la sentencia por parte de las autoridades que participaron en el proceso de creación de la ley, reglamento o decreto, hasta su entrada en vigor (refrendo y publicación), porque el juicio de amparo carece de fuerza vinculatoria para obligar a dichas autoridades a derogar o dejar sin efectos sus actos, aun parcialmente, sino que el efecto de la ejecutoria es que las normas declaradas inconstitucionales no se apliquen en perjuicio del quejoso, con la salvedad de que las autoridades que hubieran realizado actos materiales de aplicación de la norma, en acatamiento del amparo, tendrán que dejar insubsistentes sus actos, lo que hace evidente que la sentencia que declare la inconstitucionalidad de esa ley no resulte inocua; en la inteligencia de que todo nuevo acto de aplicación de la norma general declarada inconstitucional, que afecte a dicho quejoso, constituirá la repetición del reclamado, susceptible de ser impugnada conforme al diverso 108 de la Ley de Amparo." REQUERIMIENTO. Por tanto, con fundamento en el artículo 192 de la ley en consulta, requiérase a la autoridad responsable Secretario de Finanzas del Gobierno del Estado de Zacatecas, con sede en esta ciudad, para que a más tardar dentro del plazo de tres días hábiles de cumplimiento de manera total al fallo protector en los siguientes términos: "a) Los artículos 78 a 88 de la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas, que prevén respectivamente el impuesto adicional para infraestructura y el impuesto para la Universidad Autónoma de Zacatecas sean desincorporados de la esfera jurídica del amparista, tanto en el presente como en el futuro. b) En consecuencia, el Secretario de Finanzas del Estado de Zacatecas devuelva las contribuciones erogadas por la amparista con fundamento en las disposiciones anteriores en el tiket folio V 8307089, en lo que debe incluir la actualización fiscal correspondiente." Sin que sea necesario remitirle copia autorizada de la aludida resolución, toda vez que la misma se le hizo llegar mediante oficio 7875/2017 de veintisiete de marzo del año en curso. APERCIBIMIENTO. Con fundamento en los artículos 192, 237, fracción I, 238 y 259 de la ley de la materia, se apercibe a la autoridad responsable que en caso de que no dar cumplimiento en el término indicado se hará acreedora, a una multa equivalente a CINCUENTA DÍAS de salario mínimo vigente en la Ciudad de México, cuya cuantía va en directa proporción al cargo que ostenta y emolumentos que por esa causa recibe; asimismo, se le hace saber que al margen de la multa que se le imponga en caso de contumacia, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de este circuito para seguir el trámite de inejecución que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. En el entendido de que los salarios mínimos a que se alude, se entienden referidos a los ahora denominados unidad de medida y actualización, en términos del transitorio tercero del decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación de salario mínimo publicado en el Diario Oficial de la Federación el catorce de abril de dos mil dieciséis. OTRAS CONSIDERACIONES. En otro aspecto, se hace constar que al no haberse aperturado incidente de suspensión, no se exhibió billete o alguna otra garantía que amerite su devolución o proveer sobre su destino. NOTIFÍQUESE POR OFICIO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES Y POR LISTA A LAS DEMÁS PARTES. Así lo proveyó y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, ante el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario que autoriza. Doy fe. Ajc.

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