Josefina Macias Contreras
Expediente 296/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 19 actuaciones registradas, la última del 18 de junio de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 296/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 19
- Última actuación
- 18/06/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- Josefina Macias Contreras
Actuaciones
Las 4 más recientes de 19.
- Principal
En dieciocho de junio de dos mil diecinueve, Jorge Martín Zamora González, secretario de juzgado certifico que: Tras una revisión del expediente en que se actúa, se advierte que no existe documento con las características que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Que el término que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión transcurrió del treinta de mayo al doce de junio del año en curso, sin que haya interpuesto recurso de revisión contra la sentencia dictada el veintisiete de diciembre de dos mil dieciocho, dentro del juicio de amparo 296/2018. Que dentro de dicho juicio no se tramitó incidente de suspensión. No existen pruebas por devolver a las autoridades responsables. Lo que se hace constar para los efectos legales a que haya lugar. Doy fe. En la misma fecha, se da cuenta con la certificación que antecede. Conste. Zacatecas, Zacatecas, a dieciocho de junio de dos mil diecinueve. Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación que antecede de los que se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de revisión contra la sentencia dictada el veintisiete de diciembre de dos mil dieciocho, en la que se sobreseyó el juicio en que se actúa y negó el amparo y protección solicitados. Al respecto, es preciso mencionar lo siguiente: Por interlocutoria de doce de abril de dos mil diecinueve, se declaró infundado el incidente de nulidad de notificaciones promovido por la quejosa Josefina Macías Ontiveros (fojas 434-443) A su vez, en la resolución citada, se ordenó que el actuario se constituyera en el domicilio de la solicitante del amparo y le notificara la sentencia definitiva dictada el veintisiete de diciembre de dos mil dieciocho (resolutivo segundo). En proveído de veintidós de mayo de este año, se declaró que la citada interlocutoria había causado estado y ante ello, se comisionó al actuario para que diera cumplimiento al resolutivo segundo de esa resolución (fojas 454-455). En cumplimiento a lo anterior, el actuario adscrito a este órgano, el veintitrés de mayo del actual, se constituyó en el domicilio de la quejosa y realizó la notificación ordenada, dejando citatorio fijado en la puerta de acceso, en virtud de estar cerrado; lo anterior, a fin de que dicha parte se presentará dentro de los dos días hábiles siguientes a fin de notificarse del proveído de veintidós de mayo del citado año, así como de la sentencia dictada el veintisiete de diciembre de dos mil dieciocho (foja 460). Así pues, en virtud de que la parte quejosa no acudió a notificarse, no obstante habérsele fijado aviso de citatorio en la puerta, el actuario adscrito, procedió a notificarle por lista publicada el veintiocho de mayo del presente año (foja 462), el proveído de veintidós de mayo del citado año y la sentencia dictada el veintisiete de diciembre de dos mil dieciocho. En tal virtud, con apoyo en lo previsto por los numerales 86 de la Ley de la Materia, 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA. En consecuencia, hágase esta circunstancia del conocimiento de las partes, y con fundamento en el ordinal 214 de la ley de la materia, se ordena el archivo de este expediente como asunto concluido, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Por otra parte, con fundamento en el punto vigésimo primero, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se determina que el expediente principal SÍ ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN con excepción del escrito de demanda y de la sentencia emitida en autos. Asimismo dese el trámite correspondiente establecido en el punto décimo primero del referido acuerdo. Notifíquese. Así lo acordó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Jorge Martín Zamora González, secretario que autoriza y da fe. Cecy*
- Principal
En veintidós de mayo de dos mil diecinueve, Jorge Martín Zamora González, secretario de juzgado certifico que: Que el término de cinco días que prevé el artículo 98 de la Ley de Amparo, a fin de que la parte quejosa interpusiera recurso de queja a que se refiere el diverso numeral 97, fracción I, inciso e) de esa propia legislación, trascurrió del tres al nueve de mayo del año en curso, con exclusión de los días cuatro y cinco del citado mes y año por ser inhábiles, contra la resolución interlocutoria que declaró infundado el incidente de nulidad de notificaciones, promovido por la parte quejosa. Lo que se hace constar para los efectos legales a que haya lugar. Doy fe. En la misma fecha, se da cuenta con la certificación que antecede. Conste. Zacatecas, Zacatecas, a veintidós de mayo de dos mil diecinueve. Vistas las certificaciones de cuenta, de las que se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se haya interpuesto el recurso de queja a que se refiere el diverso numeral 97, fracción I, inciso e) de esa propia legislación, contra la resolución interlocutoria que declaró infundado el incidente de nulidad de notificaciones, promovido por la parte quejosa emitida por este órgano jurisdiccional; luego, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II, y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la misma HA CAUSADO ESTADO. Sin embargo, del análisis íntegro de la interlocutoria que causó estado, se advierte que en el resolutivo segundo se determinó: "En cumplimiento a la obligación que impone el artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de respetar el principio de progresividad de los derechos humanos y en aras de proteger y garantizar el derecho de audiencia y debido proceso de la quejosa Josefina Macías Contreras, se DECLARA la nulidad de la notificación de la sentencia de veintisiete de diciembre de dos mil dieciocho, y en su lugar se ordena se notifique la misma de manera personal en el domicilio ubicado en calle Sierra de Bolaños número ciento dieciocho, segunda sección, del Fraccionamiento Colinas del Padre, Zacatecas, Zacatecas, por los motivos expuestos en el considerando tercero de esta resolución y procédase en términos señalados en el mismo. Dicha nulidad, debe hacerse extensiva respecto del auto de diecisiete de enero de dos mil diecinueve." En consecuencia, en cumplimiento a lo ordenado en la citada resolución, se comisiona al actuario de la adscripción, para que realice lo siguiente: a).- Se constituya en el domicilio ubicado en calle Sierra de Bolaños número 118, segunda sección, del Fraccionamiento Colinas del Padre, en Zacatecas, Zacatecas; y, b).- Notifique a la quejosa Josefina Macías Contreras, la sentencia de veintisiete de diciembre de dos mil dieciocho. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis aislada de rubro y texto siguiente: "NULIDAD DE NOTIFICACIONES EN EL JUICIO DE AMPARO. CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE DECIDE ESE INCIDENTE PROCEDE EL RECURSO DE QUEJA Y NO UN DIVERSO JUICIO DE GARANTÍAS. Contra la resolución en la que se decide el incidente de nulidad de notificaciones promovido contra la notificación de la sentencia de amparo, procede el recurso de queja previsto en el artículo 95, fracción VI, de la Ley de Amparo, y no otro juicio de garantías, porque de conformidad con el artículo 73, fracción II, de la propia ley, este último juicio es improcedente contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en ejecución de ellas, y como la razón jurídica de la improcedencia establecida en esa fracción es la imposibilidad de que un acto o resolución emitidos en un juicio de amparo pueda ser materia de impugnación en otro de la misma naturaleza, ello es independiente de que quien lo promueva sea o no parte en el juicio de donde provenga el acto o resolución reclamada, porque a los Jueces de Distrito compete ejercer la facultad de control constitucional a través del juicio de garantías; lo contrario implicaría ejercer un control sobre otro control constitucional y se harían interminables los juicios de garantías, con sólo impugnar sus resoluciones las partes o un tercero, desnaturalizando así su esencia; por ello, en todo caso, si los Jueces Federales al tramitar o resolver un juicio de garantías incurren en irregularidades, éstas constituyen violaciones a las disposiciones que regulan el procedimiento del juicio constitucional, impugnables a través de los recursos que su propia ley establece." Notifíquese; personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Jorge Martín Zamora González, secretario que autoriza y da fe. Cecy*
- Principal
SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, TANTO LA SENTENCIA DICTADA EN FECHA VEINTISIETE DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO, ASÍ COMO EL AUTO EMITIDO EL VEINTIDÓS DE MAYO DE DOS MIL DIECINUEVE, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO c), DE LA LEY DE AMPARO: SENTENCIA DE 27 DE DICIEMBRE DE 2019. "...Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 103 fracción I y 107 constitucionales, 74, 75, 78 y 107 fracción I de la Ley de Amparo, se resuelve: PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo respecto de los actos precisados en los considerandos tercero y quinto de este fallo. SEGUNDO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Josefina Macías Contreras, contra el Decreto número 109, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Zacatecas el treinta y uno de diciembre de dos mil dieciséis, en específico el artículo transitorio primero de la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas; y, el Decreto número 273, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Zacatecas el veinte de diciembre de dos mil diecisiete, en específico el artículo 99 de la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas, por los motivos expuestos en el considerando octavo de esta resolución. Notifíquese. ..." AUTO DE 22 DE MAYO DE 2019. En veintidós de mayo de dos mil diecinueve, Jorge Martín Zamora González, secretario de juzgado certifico que: Que el término de cinco días que prevé el artículo 98 de la Ley de Amparo, a fin de que la parte quejosa interpusiera recurso de queja a que se refiere el diverso numeral 97, fracción I, inciso e) de esa propia legislación, trascurrió del tres al nueve de mayo del año en curso, con exclusión de los días cuatro y cinco del citado mes y año por ser inhábiles, contra la resolución interlocutoria que declaró infundado el incidente de nulidad de notificaciones, promovido por la parte quejosa. Lo que se hace constar para los efectos legales a que haya lugar. Doy fe. En la misma fecha, se da cuenta con la certificación que antecede. Conste. Zacatecas, Zacatecas, a veintidós de mayo de dos mil diecinueve. Vistas las certificaciones de cuenta, de las que se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se haya interpuesto el recurso de queja a que se refiere el diverso numeral 97, fracción I, inciso e) de esa propia legislación, contra la resolución interlocutoria que declaró infundado el incidente de nulidad de notificaciones, promovido por la parte quejosa emitida por este órgano jurisdiccional; luego, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II, y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la misma HA CAUSADO ESTADO. Sin embargo, del análisis íntegro de la interlocutoria que causó estado, se advierte que en el resolutivo segundo se determinó: "En cumplimiento a la obligación que impone el artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de respetar el principio de progresividad de los derechos humanos y en aras de proteger y garantizar el derecho de audiencia y debido proceso de la quejosa Josefina Macías Contreras, se DECLARA la nulidad de la notificación de la sentencia de veintisiete de diciembre de dos mil dieciocho, y en su lugar se ordena se notifique la misma de manera personal en el domicilio ubicado en calle Sierra de Bolaños número ciento dieciocho, segunda sección, del Fraccionamiento Colinas del Padre, Zacatecas, Zacatecas, por los motivos expuestos en el considerando tercero de esta resolución y procédase en términos señalados en el mismo. Dicha nulidad, debe hacerse extensiva respecto del auto de diecisiete de enero de dos mil diecinueve." En consecuencia, en cumplimiento a lo ordenado en la citada resolución, se comisiona al actuario de la adscripción, para que realice lo siguiente: a).- Se constituya en el domicilio ubicado en calle Sierra de Bolaños número 118, segunda sección, del Fraccionamiento Colinas del Padre, en Zacatecas, Zacatecas; y, b).- Notifique a la quejosa Josefina Macías Contreras, la sentencia de veintisiete de diciembre de dos mil dieciocho. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis aislada de rubro y texto siguiente: "NULIDAD DE NOTIFICACIONES EN EL JUICIO DE AMPARO. CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE DECIDE ESE INCIDENTE PROCEDE EL RECURSO DE QUEJA Y NO UN DIVERSO JUICIO DE GARANTÍAS. Contra la resolución en la que se decide el incidente de nulidad de notificaciones promovido contra la notificación de la sentencia de amparo, procede el recurso de queja previsto en el artículo 95, fracción VI, de la Ley de Amparo, y no otro juicio de garantías, porque de conformidad con el artículo 73, fracción II, de la propia ley, este último juicio es improcedente contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en ejecución de ellas, y como la razón jurídica de la improcedencia establecida en esa fracción es la imposibilidad de que un acto o resolución emitidos en un juicio de amparo pueda ser materia de impugnación en otro de la misma naturaleza, ello es independiente de que quien lo promueva sea o no parte en el juicio de donde provenga el acto o resolución reclamada, porque a los Jueces de Distrito compete ejercer la facultad de control constitucional a través del juicio de garantías; lo contrario implicaría ejercer un control sobre otro control constitucional y se harían interminables los juicios de garantías, con sólo impugnar sus resoluciones las partes o un tercero, desnaturalizando así su esencia; por ello, en todo caso, si los Jueces Federales al tramitar o resolver un juicio de garantías incurren en irregularidades, éstas constituyen violaciones a las disposiciones que regulan el procedimiento del juicio constitucional, impugnables a través de los recursos que su propia ley establece." Notifíquese; personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Jorge Martín Zamora González, secretario que autoriza y da fe. Cecy*
- Principal
Vistos los autos, para resolver el incidente de nulidad de notificaciones promovido por la quejosa Josefina Macías Contreras, dentro del juicio de amparo 296/2018, y R E S U L T A N D O: PRIMERO. Mediante escrito presentado el veintiséis de marzo de dos mil diecinueve, la quejosa Josefina Macías Contreras, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, promovió incidente de la nulidad de notificación a partir de la notificación que recayó al proveído de veintitrés de noviembre de dos mil dieciocho. SEGUNDO. Trámite del incidente. En auto de veintiocho de marzo de dos mil diecinueve (foja 426), se admitió a trámite el incidente en comento y se dio vista a las partes para que manifestaran lo que a su interés legal conviniera y ofrecieran las pruebas que estimaran pertinentes. En proveído de nueve de abril de este año (foja 431), en virtud de que había transcurrido el plazo de la vista anterior, se señaló fecha para la celebración de la audiencia incidental, la que inició al tenor de la acta que antecede, y; C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, es legalmente competente para conocer del incidente de nulidad de notificaciones promovido por Josefina Macías Contreras, en términos de lo previsto por los artículos 66 y 67 de la Ley de Amparo vigente. SEGUNDO. Procedencia del incidente de nulidad de notificaciones respecto a la notificación del proveído de veintitrés de noviembre de dos mil dieciocho. Resultan infundados los motivos de anulación expuestos por la incidentista, consistentes en que fue indebidamente notificada del proveído de veintitrés de noviembre de dos mil dieciocho, al haberse ordenado realizársele de manera personal, siendo notificada por medio de lista de acuerdos el veintiséis posterior y, como consecuencia de ello las subsecuentes actuaciones, como a continuación se estudiará. Los artículos 68 y 69 de la Ley de Amparo, establecen lo siguiente: "Artículo 68. Antes de la sentencia definitiva las partes podrán pedir la nulidad de notificaciones en el expediente que la hubiere motivado, en la siguiente actuación en que comparezcan. Dictada la sentencia definitiva, podrán pedir la nulidad de las notificaciones realizadas con posterioridad a ésta, en la siguiente actuación que comparezcan. Este incidente se tramitará en términos del artículo anterior y no suspenderá el procedimiento. Las promociones de nulidad notoriamente improcedentes se desecharán de plano." "Artículo 69. Declarada la nulidad, se repondrá el procedimiento a partir de la actuación anulada." Del contenido de los numerales transcritos con antelación se obtiene que el objeto del incidente ahí previsto, es examinar la legalidad de las notificaciones realizadas en el juicio de amparo. La promoción del incidente se puede plantear respecto de notificaciones en el expediente antes de la sentencia definitiva, y después de dictada ésta, sólo con relación a las notificaciones emitidas posteriormente. En uno y otro caso, podrá pedirse en la siguiente actuación en que compareza el interesado. Se tramita en la vía incidental, conforme a las reglas establecidas en el artículo 67 de la Ley de Amparo que prevén su presentación por escrito, donde se ofrezcan pruebas en que funde la pretensión; se debe dar vista a las demás partes para que manifiesten lo que a su interés convenga y ofrezcan pruebas; también, el órgano jurisdiccional debe determinar si extiende el plazo probatorio y por disposición expresa del artículo 68 de la Ley de Amparo, en ningún caso suspenderá el procedimiento; finalmente, transcurrido el plazo probatorio, dentro de los tres días siguientes, deberá celebrar la audiencia en donde tenga por recibidas y desahogadas las pruebas, reciba los alegatos de las partes y, en su caso, se dicte la resolución correspondiente. Finalmente, los efectos de la declaratoria de nulidad consisten en reponer el procedimiento a partir de la actuación anulada. De las reglas generales destacadas con antelación, resalta una que es relevante para la solución del presente asunto y es la relativa al momento procesal en que se encuentra el juicio de amparo, de donde deriva la pertinencia jurídica para la promoción del incidente de nulidad de notificaciones. En efecto, la primera parte del párrafo primero del artículo 68 de la Ley de Amparo, establece de manera clara que se pueden nulificar las notificaciones practicadas antes de dictarse la sentencia en el juicio de amparo y que, después de dictado dicho fallo, sólo podrán cuestionarse las notificaciones realizadas posteriormente al dictado de la sentencia. Como se ve, el numeral en cuestión, adopta la figura de la preclusión para la impugnación de las notificaciones practicadas durante la tramitación del juicio de amparo, al referir que una vez dictada la sentencia, sólo pueden impugnarse aquéllas practicadas después de dicho acto procesal. Circunstancia que obedece al respeto a la firmeza de las determinaciones jurisdiccionales, pues una vez dictada la sentencia en definitiva en el juicio de amparo el órgano que la dicta no la puede revocar de motu proprio; pensar lo contrario implicaría la revocación de dichas determinaciones por el mismo juzgador que las dictó, lo que sería contrario a las reglas de derecho sobre que las sentencias no pueden ser revocadas por el juez que las dicta, además que de admitirse la posibilidad de que a través de un incidente de nulidad de notificaciones se pueda revocar una sentencia o resolución de fondo, se pondría en grave predicamento la firmeza de la cosa juzgada, en los casos en que dichas determinaciones no hayan sido combatidas por el medio de impugnación correspondiente, o bien, que hayan sido confirmadas. Ilustra lo anterior, por su esencia, la tesis sin número de la otrora, Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y contenido siguientes: "NULIDAD DE ACTUACIONES. La nulidad de actuaciones en juicio debe impugnarse, en tesis general, mediante el incidente respectivo; pero antes de que se pronuncie sentencia que ponga fin a la instancia, ya que cuando las actuaciones cuya nulidad se reclama, son anteriores a aquella, el incidente posterior a la sentencia, resulta antijurídico, porque la resolución que se dicte, declarando nulas las actuaciones, comprendería la sentencia que hubiese puesto fin al juicio y por lo tanto, implicaría su revocación por el mismo Juez que la dictó, lo que sería contrario a las reglas de derecho sobre que las sentencias no pueden ser revocadas por el Juez que las dicta, a más de que de admitirse la posibilidad de que prosperase un incidente de esta naturaleza, se pondría en grave predicamento la firmeza de la cosa juzgada; de lo que se concluye que cuando los interesados tuvieren conocimiento de las actuaciones que consideren nulas, con posterioridad a la fecha en que se hubiese dictado la sentencia de primera instancia, pueden alegar la nulidad, por vía de agravio, al sustanciarse el recurso que proceda contra la mencionada sentencia, para que sea entonces el superior quien, al conocer el recurso, pueda revocar y corregir la violación del procedimiento." En conclusión, los momentos para promover el incidente de nulidad de notificaciones, son los siguientes: 1. Antes del dictado de la sentencia definitiva en el juicio de amparo, en el que podrán cuestionarse las notificaciones que se estime fueron practicadas en forma contraria a la ley, realizadas durante la tramitación del juicio y previo al dictado de la sentencia. 2. Una vez dictada la sentencia, podrán impugnarse las notificaciones que se estimen irregulares, pero sólo las practicadas en forma posterior al dictado del fallo. En el caso, Josefina Macías Contreras, promovió incidente de nulidad contra la notificación del proveído de veintitrés de noviembre de dos mil dieciocho, en el que este Juzgado de Distrito, recibió el testimonio de la resolución de doce de noviembre de dos mil dieciocho, pronunciada por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, con residencia en esta ciudad, en el amparo en revisión administrativo 529/2018, mediante la cual se revocó la sentencia de dieciocho de junio de dos mil dieciocho, dictada por el Juzgado Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, con sede en San Andrés Cholula, Puebla, y en su lugar ordenó reponer el procedimiento para los efectos indicados en dicha ejecutoria, dando cumplimiento a lo ordenado por la superioridad; asimismo, se dejó sin efecto la audiencia constitucional celebrada y sentencia dictada en el juicio en que se actúa y se señalaron las once horas con cuarenta minutos del veintisiete de diciembre de dos mil dieciocho, para que tuviera verificativo la audiencia constitucional. Notificación que se practicó, por lista, el veintiséis de noviembre de dos mil dieciocho, como se advierte a foja 362 de los presentes autos. Lo anterior pone de manifiesto que la incidentista pretende nulificar una notificación realizada durante la tramitación del juicio de amparo, sin embargo, atendiendo a que en veintisiete de diciembre de dos mil dieciocho, se celebró la audiencia constitucional y se dictó la sentencia definitiva por la que se negó a la quejosa el amparo y protección de la Justicia de la Unión y se sobreseyó el mismo; desde ese momento precluyó su derecho para intentar nulificar las notificaciones practicadas en la secuela procesal del juicio. Luego, si el incidente de nulidad que ahora nos ocupa fue promovido mediante el escrito presentado el veintiséis de marzo de dos mil diecinueve, resulta inconcuso que es infundado, pues como ya se dijo con antelación, dado el momento procesal en que fue promovido, a través de la incidentista únicamente podía controvertir notificaciones realizadas en forma posterior al dictado de la sentencia. Estimar lo contrario conllevaría a que, en el supuesto de que se estimara que la notificación cuestionada fue practicada contrario a la Ley, tendría que reponerse el procedimiento hasta esa actuación procesal, lo que implicaría dejar sin efecto la sentencia dictada en el juicio de amparo; cuestión que, como ya se indicó, no es posible a través de una resolución dictada en un incidente de nulidad de notificación. En tales condiciones, en términos del artículo 68 de la Ley de Amparo, lo conducente es declarar infundado el incidente de nulidad de notificaciones promovido por Josefina Macías Contreras, respecto a la notificación que recayó al proveído de veintitrés de noviembre de dos mil dieciocho, la cual se ordenó hacer en forma personal, notificado por medio de lista de acuerdos publicada el veintiséis posterior y, como consecuencia de ello las subsecuentes actuaciones. TERCERO. No obstante lo anterior, este órgano jurisdiccional en cumplimiento a la obligación que impone el artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de respetar el principio de progresividad de los derechos humanos, analizará la notificación ordenada y realizada de la sentencia definitiva dictada el veintisiete de diciembre de dos mil dieciocho, dentro del presente juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2ª/J. 35/2019 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de texto y rubro siguientes: "PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD DE LOS DERECHOS HUMANOS. SU NATURALEZA Y FUNCIÓN EN EL ESTADO MEXICANO. El principio de progresividad que rige en materia de los derechos humanos implica tanto gradualidad como progreso. La gradualidad se refiere a que, generalmente, la efectividad de los derechos humanos no se logra de manera inmediata, sino que conlleva todo un proceso que supone definir metas a corto, mediano y largo plazos. Por su parte, el progreso implica que el disfrute de los derechos siempre debe mejorar. En tal sentido, el principio de progresividad de los derechos humanos se relaciona no sólo con la prohibición de regresividad del disfrute de los derechos fundamentales, sino también con la obligación positiva de promoverlos de manera progresiva y gradual, pues como lo señaló el Constituyente Permanente, el Estado mexicano tiene el mandato constitucional de realizar todos los cambios y transformaciones necesarias en la estructura económica, social, política y cultural del país, de manera que se garantice que todas las personas puedan disfrutar de sus derechos humanos. Por tanto, el principio aludido exige a todas las autoridades del Estado mexicano, en el ámbito de su competencia, incrementar el grado de tutela en la promoción, respeto, protección y garantía de los derechos humanos y también les impide, en virtud de su expresión de no regresividad, adoptar medidas que sin plena justificación constitucional disminuyan el nivel de la protección a los derechos humanos de quienes se someten al orden jurídico del Estado mexicano." Así como de la diversa Jurisprudencia 1ª/J. 87/2017 (10ª.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD DE LOS DERECHOS HUMANOS. LA PROHIBICIÓN QUE TIENEN LAS AUTORIDADES DEL ESTADO MEXICANO DE ADOPTAR MEDIDAS REGRESIVAS NO ES ABSOLUTA, PUES EXCEPCIONALMENTE ÉSTAS SON ADMISIBLES SI SE JUSTIFICAN PLENAMENTE. El principio referido impone al Estado, entre otras cuestiones, la prohibición de regresividad, la cual no es absoluta y puede haber circunstancias que justifiquen una regresión en cuanto al alcance y tutela de un determinado derecho fundamental. Sin embargo, dichas circunstancias están sujetas a un escrutinio estricto, pues implican la restricción de un derecho humano. En este sentido, corresponde a la autoridad que pretende realizar una medida regresiva (legislativa, administrativa o, incluso, judicial) justificar plenamente esa decisión. En efecto, en virtud de que el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos impone a todas las autoridades del Estado Mexicano la obligación de respetar el principio de progresividad, cuando cualquier autoridad, en el ámbito de su competencia, adopta una medida regresiva en perjuicio de un derecho humano y alega para justificar su actuación, por ejemplo, la falta de recursos, en ella recae la carga de probar fehacientemente esa situación, es decir, no sólo la carencia de recursos, sino que realizó todos los esfuerzos posibles para utilizar los recursos a su disposición, en el entendido de que las acciones y omisiones que impliquen regresión en el alcance y la tutela de un derecho humano sólo pueden justificarse si: a) se acredita la falta de recursos; b) se demuestra que se realizaron todos los esfuerzos necesarios para obtenerlos, sin éxito; y, c) se demuestra que se aplicó el máximo de los recursos o que los recursos de que se disponía se aplicaron a tutelar otro derecho humano (y no cualquier objetivo social), y que la importancia relativa de satisfacerlo prioritariamente, era mayor. Esto es, si bien es cierto que las autoridades legislativas y administrativas tienen, en ciertos ámbitos, un holgado margen de actuación para diseñar políticas públicas, determinar su prioridad relativa y asignar recursos, también lo es que dicha libertad se restringe significativamente cuando está en juego la garantía de los diversos derechos humanos reconocidos por nuestro sistema jurídico, ya que éstos, en tanto normas que expresan el reconocimiento de principios de justicia de la máxima importancia moral, tienen prioridad prima facie frente a cualquier otro objetivo social o colectivo, pues en una sociedad liberal y democrática, estos últimos tienen solamente valor instrumental y no final, como los derechos humanos." Los artículos 26, fracción I, inciso k) y 27, fracción I, de la Ley de Amparo vigente prevén las reglas para las notificaciones personales en materia de amparo, a saber: "Artículo 26. Las notificaciones en los juicios de amparo se harán: En forma personal: . k). Las resoluciones que a juicio del órgano jurisdiccional lo ameriten; . Artículo 27. Las notificaciones personales se harán de acuerdo con las siguientes reglas: I. Cuando obre en autos el domicilio de la persona, o se encuentre señalado uno para recibir notificaciones ubicado en el lugar en que resida el órgano jurisdiccional que conozca del juicio: a) El actuario buscará a la persona que deba ser notificada, se cerciorará de su identidad, le hará saber el órgano jurisdiccional que ordena la notificación y el número de expediente y le entregará copia autorizada de la resolución que se notifica y, en su caso, de los documentos a que se refiera dicha resolución. Si la persona se niega a recibir o a firmar la notificación, la negativa se asentará en autos y aquélla se tendrá por hecha; b) Si no se encuentra a la persona que deba ser notificada, el actuario se cerciorará de que es el domicilio y le dejará citatorio para que, dentro de los dos días hábiles siguientes, acuda al órgano jurisdiccional a notificarse, especificándose el mismo y el número del expediente. El citatorio se dejará con la persona que se encuentre en el domicilio; si la persona por notificar no acude a la cita, la notificación se hará por lista; y por lista en una página electrónica; y c) Si el actuario encuentra el domicilio cerrado y ninguna persona acude a su llamado, se cerciorará de que es el domicilio correcto, lo hará constar y fijará aviso en la puerta a fin de que, dentro de los dos días hábiles siguientes, acuda al órgano jurisdiccional a notificarse. Si no se presenta se notificará por lista y por lista en una página electrónica pudiendo, el referido órgano, tomar las medidas necesarias para lograr la notificación personal si lo estima pertinente. En todos los casos a que se refieren los incisos anteriores, el actuario asentará razón circunstanciada en el expediente; ." Luego, de la transcripción del referido numeral, en lo que interesa se advierte que en los juicios de amparo se notificarán en forma personal, entre otras, las resoluciones que a juicio del órgano jurisdiccional lo ameriten. Asimismo, se observa que cuando obre en autos el domicilio de la persona, o se encuentre señalado uno para recibir notificaciones ubicado en el lugar en que resida el órgano jurisdiccional que conozca del juicio; en tal supuesto, el actuario buscará a la persona que deba ser notificada, se cerciorará de su identidad, le hará saber el órgano jurisdiccional que ordena la notificación y el número de expediente y le entregará copia autorizada de la resolución que se notifica y, en su caso, de los documentos a que se refiera dicha resolución. Si la persona se niega a recibir o a firmar la notificación, la negativa se asentará en autos y aquélla se tendrá por hecha. Por otra parte, si el diligenciarlo no encuentra a la persona que deba ser notificada, el actuario se cerciorará de que es el domicilio y le dejará citatorio para que, dentro de los dos días hábiles siguientes, acuda al órgano jurisdiccional a notificarse, especificándose el mismo y el número del expediente. El citatorio se dejará con la persona que se encuentre en el domicilio; si la persona por notificar no acude a la cita, la notificación se hará por lista; y por lista en una página electrónica. Además, si el actuario encuentra el domicilio cerrado y ninguna persona acude a su llamado, se cerciorará de que es el domicilio correcto, lo hará constar y fijará aviso en la puerta a fin de que, dentro de los dos días hábiles siguientes, acuda al órgano jurisdiccional a notificarse. Si no se hace presente se notificará por lista. Para realizar un estudio integral, es preciso señalar los siguientes antecedentes: Mediante escrito presentado el treinta y uno de enero de dos mil dieciocho ante la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en esta ciudad, Josefina Macías Contreras, promovió demanda de amparo contra actos del Congreso del Estado de Zacatecas y otras autoridades, señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones los estrados de este Juzgado, por lo que mediante proveído de dos de febrero de la citada anualidad, se ordenó realizarle las notificaciones por medio de lista al no ser los estrados un domicilio propiamente dicho (fojas 2 y 33). Siguiendo el juicio por sus etapas legales, en dieciocho de abril de dos mil dieciocho se celebró la audiencia constitucional siguiéndole la sentencia dictada por el Juez Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, con sede en San Andrés Cholula, Puebla, el dieciocho de junio del año próximo pasado, mediante la cual por una parte se negó y se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal y por otra se sobreseyó el juicio (fojas 181 y 190-209). Inconforme con la anterior resolución, el representante de la autoridad responsable Gobernador del Estado de Zacatecas, interpuso recurso de revisión (foja 276). Por escrito presentado el veintinueve de agosto de dos mil dieciocho la citada quejosa, señaló domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle Sierra de Bolaños número ciento dieciocho, segunda sección, del Fraccionamiento Colinas del Padre, Zacatecas, Zacatecas, y como autorizado para recibirlas a Roberto Carlos Castro Zapata, al que le recayó acuerdo el treinta siguiente acordando de conformidad su solicitud (fojas 343 y 344). Mediante proveído de veintitrés de noviembre de dos mil dieciocho se recibió testimonio de la resolución de doce de noviembre de dos mil dieciocho, pronunciada por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, con residencia en esta ciudad, en el amparo en revisión administrativo 529/2018, mediante la cual se revocó la sentencia de dieciocho de junio de dos mil dieciocho, dictada por el Juzgado Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, con sede en San Andrés Cholula, Puebla, dictada en el presente asunto y en su lugar ordenó reponer el procedimiento para los efectos indicados en dicha ejecutoria, dando cumplimiento a lo ordenado por la superioridad; asimismo, se dejó sin efecto la audiencia constitucional celebrada y la sentencia de referencia, se señalaron las once horas con cuarenta minutos del veintisiete de diciembre de dos mil dieciocho, para que tuviera verificativo la audiencia constitucional (fojas 360). Circunstancia la anterior que se ordenó notificar personalmente a las partes. Por razón de veintiséis de noviembre de dos mil dieciocho el actuario judicial adscrito a este Juzgado, notificó por medio de lista a la quejosa el auto de veintitrés citado, en cumplimiento a lo ordenado en proveído de dos de febrero del año en mención. El veintisiete de diciembre de dos mil dieciocho, se celebró la audiencia constitucional y en misma fecha se resolvió en definitiva el juicio de amparo en que se actúa, por una parte negando el amparo y protección de la Justicia Federal a la quejosa y por otra sobreseyendo el juicio. (fojas 375 a 397). Por auto de diecisiete de enero de dos mil diecinueve al no haberse interpuesto recurso de revisión contra la sentencia dictada el veintisiete de diciembre de dos mil dieciocho, se declaró ejecutoriada la misma y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, al no tener ejecución material se ordenó el archivo del expediente como asunto totalmente concluido (fojas 412 y 413). Por lo expuesto, se desprende que la quejosa al presentar su demanda de amparo señaló lo estrados como domicilio para oír y recibir notificaciones en el presente asunto, y al no ser un domicilio propiamente dicho se ordenó realizarle las notificaciones, aún las personales, por medio de lista. Así las cosas, por escrito presentado el treinta de agosto del año próximo pasado, la impetrante del amparo señalo domicilio en esta ciudad, para oír y recibir notificaciones, así como autorizado, el cual fue acordado de conformidad. Por auto de veintitrés de noviembre de dos mil dieciocho se ordenó notificar personalmente a las partes dicho auto, al haberse recibido ejecutoria del Tribunal de Alzada en la que se repuso el procedimiento y se dejó sin efectos tanto la audiencia constitucional como la sentencia dictada en el asunto, señalándose nueva fecha para que tuviera verificativo la audiencia de ley. El veintisiete de diciembre de dos mil dieciocho, se llevó a cabo la audiencia constitucional y se dictó la sentencia en el juicio en la que por una parte se negó el amparo y protección a la aquí quejosa y por otra se sobreseyó el juicio de referencia, ordenándose notificar por medio de lista al haberse dictado el mismo día en que tuvo verificativo la audiencia constitucional. De lo anterior, este Juzgador ante la exigencia del principio de progresividad de los derechos humanos, en el caso el derecho de audiencia y debido proceso de la aquí quejosa, determina que al no haberse impuesto la misma de la fecha y hora en que debería tener verificativo la audiencia constitucional, con fundamento en el artículo 26, fracción I, inciso k) y 32 ambos de la Ley de Amparo, declara la nulidad de la notificación de la sentencia de veintisiete de diciembre de dos mil dieciocho, y en su lugar ordena se notifique la misma de manera personal en el domicilio que señalo ubicado en calle Sierra de Bolaños número ciento dieciocho, segunda sección, del Fraccionamiento Colinas del Padre, Zacatecas, Zacatecas. Dicha nulidad, debe hacerse extensiva respecto del auto de diecisiete de enero de dos mil diecinueve, que declaró ejecutoriada la sentencia dictada por este Juzgado. CUARTO. Multa al funcionario. En principio, es preciso mencionar que en términos de lo previsto por el artículo 247 de la Ley de Amparo vigente, en el caso del numeral 32 de esta ley, que dispone que serán declaradas nulas las notificaciones que no se hicieren en la forma que establecen las disposiciones de los artículos 24 a 31, y si el servidor público de mala fe practica una notificación que sea declarada nula, se le impondrá una multa de treinta a trescientos días. En la especie, del análisis de las constancias que integran el juicio de amparo, se logra evidenciar que la notificación que se analizó y se declaró nula lo fue atendiendo al principio de progresividad de las garantías de los derechos humanos, por lo que el diligenciario no actuó de mala fe, pues se advierte que actuó en cumplimiento a lo ordenado en la sentencia de veintisiete de diciembre de dos mil dieciocho, en la que no se ordenó que se notificara personalmente. Acorde a lo anterior, no resulta procedente, la aplicación de la multa a que se refiere el artículo 246 de la Ley de Amparo vigente. Por lo expuesto y fundado, SE RESUELVE: PRIMERO. Es Infundado, el incidente de nulidad de notificaciones, promovido por Josefina Macías Contreras, conforme a los razonamientos expresados en el considerando segundo de esta resolución. SEGUNDO. En cumplimiento a la obligación que impone el artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de respetar el principio de progresividad de los derechos humanos y en aras de proteger y garantizar el derecho de audiencia y debido proceso de la quejosa Josefina Macías Contreras, se DECLARA la nulidad de la notificación de la sentencia de veintisiete de diciembre de dos mil dieciocho, y en su lugar se ordena se notifique la misma de manera personal en el domicilio ubicado en calle Sierra de Bolaños número ciento dieciocho, segunda sección, del Fraccionamiento Colinas del Padre, Zacatecas, Zacatecas, por los motivos expuestos en el considerando tercero de esta resolución y procédase en términos señalados en el mismo. Dicha nulidad, debe hacerse extensiva respecto del auto de diecisiete de enero de dos mil diecinueve. Notifíquese; personalmente. Así lo resolvió y firma el licenciado Iván Ojeda Romo, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, asistido de Jorge Martín Zamora González, secretario de juzgado que autoriza, hasta hoy veinticinco de abril de dos mil dieciocho, en que lo permitieron las labores del juzgado. Doy fe. Jessy* Razón. Esta foja corresponde a la última de la resolución de veinticinco de abril de dos mil diecinueve, dictada dentro del juicio de amparo 296/2018. Conste.
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