Josefina Tejeda Alcalá
Expediente 1120/2016 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 5 actuaciones registradas, la última del 23 de noviembre de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 1120/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 23/11/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- Josefina Tejeda Alcalá
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Vista la certificación de cuenta que antecede, se desprende que ha transcurrido el término de cinco días previsto en el artículo 97, fracción I, inciso a) y 98 de la Ley de Amparo vigente, sin que la parte quejosa hubiera interpuesto recurso de queja contra el auto de cuatro de noviembre de dos mil dieciséis, que desechó de plano la demanda de amparo promovida por Josefina Tejeda Alcalá. Por tanto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2°, de la ley de la materia, 356, fracción II, y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que dicho auto ha causado estado. Virtud a lo anterior, de conformidad con el artículo 113, de la Ley de Amparo vigente, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido, debiendo hacerse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto por la fracción I, del punto vigésimo primero, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito; el juicio de amparo en que se actúa es susceptible de destrucción, toda vez que se considera que no contiene valor jurídico o histórico por el cual se deba conservar; y en virtud que en el mismo tampoco existen documentos originales por devolver, una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero del citado acuerdo, remítase por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes. Finalmente, en cumplimiento a lo dispuesto en el punto décimo tercero del referido acuerdo, inclúyase el presente asunto en el acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes.
- Principal
En cuatro de noviembre de dos mil dieciséis, la Secretaria licenciada Teresa Rosado de Loza, doy cuenta a la Secretaria encargada del despacho, con un escrito con registro 18159 y seis copias de éste.- CONSTE.Zacatecas, Zacatecas a cuatro de noviembre de dos mil dieciséis.Agréguese a los autos el escrito signado por la quejosa Josefina Tejeda Alcalá, por el que en cumplimiento al requerimiento de diecinueve de octubre pasado, señala que la orden de entrega de los bienes muebles embargados mediante diligencia de siete de abril del presente año se encuentra contenida en el auto de siete de septiembre de dos mil dieciséis, dictado en juicio ejecutivo mercantil 824/2015 del índice del Juzgado Tercero del Ramo Mercantil de la capital, y anexa copia simple de dicha determinación. Ahora, previo a resolver sobre la admisión o desechamiento de la demanda, se estima necesario conocer el contenido del artículo 113 de la Ley de Amparo, que literalmente dispone:"ARTICULO 113.- El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo examinará el escrito de demanda; y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano."Del precepto reproducido, se aprecia que el juez de Distrito podrá desechar la demanda de amparo por improcedente, siempre y cuando exista un motivo manifiesto e indudable.Cabe precisar, que en relación con la interpretación que debe darse a los conceptos manifiesto e indudable a que se contrae el citado artículo, diversos tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se actualiza, cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta, de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que, aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes.En relación con lo expresado, cobra aplicación, la jurisprudencia que sustenta el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, cuyo epígrafe y contenido dicen: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA.- De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos manifiesto, significa claro, evidente y el indudable, a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad."Del análisis integral de la demanda de amparo y del escrito de cuenta, se advierte que se reclama en sede constitucional la determinación de siete de septiembre de dos mil dieciséis, dictada dentro del juicio ejecutivo mercantil 824/2015, del índice del Juzgado Tercero del Ramo Mercantil de la Capital; por el que se le requiere a la aquí quejosa a efecto de que entregue los bienes muebles que le fueron embargados mediante diligencia de siete de abril del año en curso, a la nueva depositaria judicial nombrada por la parte actora en el juicio de origen.Determinación contra la cual, a criterio de este órgano jurisdiccional, opera la causal de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XIII, de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:(.) XIII. Contra actos consentidos expresamente o por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento."Esto, en relación con la jurisprudencia del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes:"ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS. IMPROCEDENCIA. El amparo es improcedente cuando se endereza contra actos que no son sino una consecuencia de otros que la ley reputa como consentidos."La causa de improcedencia que alberga el precepto transcrito, parte del principio de que no pueden ser materia de estudio en el juicio de amparo aquellos actos que se consideran consentidos expresamente o por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento.La ratio legis de dicho precepto responde evidentemente a un principio de certidumbre jurídica orientado a evitar que el quejoso haga uso del juicio de amparo para desconocer y sustraerse ilegítimamente de los efectos de la conducta que él mismo haya consentido, ya sea por sí o a través de sus apoderados o representantes, de manera libre y espontánea con arreglo al acto o ley de que se trate.Así, cuando la quejosa adopta una actitud pasiva frente al acto de autoridad y se somete a él con todos sus efectos y consecuencias, a pesar de que le causa perjuicio, ya sea porque con obtiene algún beneficio o por simple desinterés, éste se le tiene por consentido.En ese orden de ideas, es pertinente destacar que de acuerdo con la disposición imperativa en estudio, puede decirse que la conformidad con el acto reclamado comprende tanto el consentimiento expreso como el tácito, connotaciones que el Código Civil Federal recoge en su artículo 1803, conforme a las cuales el primero existe cuando la voluntad se manifiesta ya sea verbal, por escrito, medios electrónicos, ópticos o por cualquier otra tecnología, o signos inequívocos, mientras que el segundo, resulta de hechos o de actos que lo presupongan o autoricen a presumirlo, excepto en los casos en que por ley o por convenio la voluntad deba manifestarse expresamente.Ahora bien, respecto de los actos derivados de otros consentidos, debe decirse que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido cuáles son los supuestos que deben reunirse para que se actualice la causa de improcedencia en comento, según la tesis que se cita a continuación:"ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS. SUPUESTOS PARA QUE OPERE ESA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. De acuerdo con la jurisprudencia número 19 contenida en la página 38 de la Octava Parte del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, los supuestos para que opere la causal de improcedencia cuando el amparo se endereza contra actos derivados de otros consentidos son, la existencia de un acto anterior consentido y la existencia de un acto posterior que sea una consecuencia directa y necesaria de aquél."De acuerdo con el criterio en consulta, la causa de improcedencia de que se trata se actualiza cuando se reúnen los siguientes requisitos:a) La existencia de un acto anterior al reclamado, pues no podría expresarse el consentimiento de un hecho que no se conoce y que, por lo mismo, no se han ponderado sus beneficios o perjuicios, así como los fundamentos y motivos expresados en él. b) Que el acto primigenio cause un agravio al quejoso, pues si no fuera así, aunque estuviera conforme con aquél, ninguna relevancia tendría para el amparo promovido contra la subsecuente actuación ni, desde luego, habría la necesidad de combatirlo a través de los recursos ordinarios.c) Que la quejosa se hubiese conformado con el sentido en que se dictó ese acto o que haya realizado manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento.d) Se tenga una relación directa e inmediata entre los actos -anterior y posterior- de modo tal que no guarden autonomía.En síntesis, los supuestos para que opere la causa de improcedencia de que se trata son la existencia de un acto anterior consentido y la de uno posterior que sea una consecuencia directa y necesaria de aquél, esto es, supone un nexo de causa y efecto entre dos o más actos de autoridad. En el caso, como se ha señalado, el acto reclamado consiste en el auto de siete de septiembre de dos mil dieciséis, dictado en el juicio ejecutivo mercantil 824/2015, del índice del Juzgado Tercero del Ramo Mercantil de esta ciudad capital, en el que se revocó la designación de la quejosa como depositaria judicial de los bienes embargados en la diligencia de siete de abril del año en curso y se le requirió por la entrega inmediata de éstos, a la nueva depositaria; acto que debe refutarse como derivado de otro consentido.Así, en el caso se advierte que se actualiza el primero de los supuestos enunciados, pues de los antecedentes del acto reclamado, narrados bajo protesta de decir verdad, se desprende que en el juicio de origen, mediante diligencia de siete de abril del año en curso, se embargaron bienes dentro del domicilio de la impetrante (determinación anterior a la reclamada); esto es, que previo a la existencia del acto que reclama la parte quejosa, le fueron embargados sus bienes muebles, mismos que fueron entregados a quien en ese entonces tenía el carácter de depositario judicial.Sirve de apoyo a lo anterior la tesis II.1o.C.T.54 K, emitida por el Primer Tribunal Colegiado En Materias Civil y de Trabajo del Segundo Circuito, visible en la página 648 del Tomo VI del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes:"ACTO DERIVADO DE ACTO CONSENTIDO. CUANDO SE SEÑALA EL CAMBIO DE DEPOSITARIO COMO ACTO RECLAMADO Y NO EL EMBARGO. El embargo constituye una garantía real en favor del acreedor, de tal manera que desde que se traba dicho embargo, se priva de la posesión jurídica del bien y se deja la custodia a un depositario, esto es para el solo efecto de la vigilancia de la cosa embargada. En tal virtud, el acto desposesorio lo constituye el embargo y no el cambio de depositario, de donde si aquél no es señalado como acto reclamado, se consiente tácitamente, y el auto que autoriza el cambio de depositario no es más que una consecuencia derivada de aquel que es consentido, por lo que opera la causal de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 73 de la Ley de Amparo."Por otra parte, respecto al supuesto de que el acto primigenio cause un agravio al quejoso, también se actualiza, debido a que en la diligencia de siete de abril de dos mil dieciséis, se embargaron bienes muebles de la parte quejosa, los cuales se dejaron a su disposición como depositaria judicial; determinación que sí le depara agravio y estuvo en libertad de combatirla.En relación con el tercer supuesto, consistente en que el justiciable se hubiese conformado con el acto primigenio, es menester mencionar que la parte quejosa no refirió en su demanda y escrito aclaratorio que haya agotado algún medio de defensa contra la diligencia de embargo de siete de abril de dos mil dieciséis y tampoco la señala como acto reclamado, lo que evidencia que la consintió tácitamente. También se actualiza el cuarto supuesto, ya que con motivo de la diligencia de embargo el juez de origen puede autorizar el cambio de depositario, previa solicitud de la parte actora, lo cual aconteció en el juicio mercantil que nos ocupa, puesto que después de llevada a cabo la diligencia de siete de abril de dos mil dieciséis, la parte actora solicitó se revocara al depositario judicial e hizo una nueva designación; en consecuencia, en auto de siete de septiembre del presente año, se requirió a la demandada (aquí quejosa) por la entrega inmediata de los bienes asegurados; por tanto, el acto reclamado es una consecuencia directa e inmediata de la diligencia de señala en primer término. Por tanto, es evidente que, respecto del acto reclamado al Juez Tercero del Ramo Mercantil de la Capital, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIII, de la Ley de Amparo.En ese contexto, tomando las ideas plasmadas en líneas precedentes, es evidente que, en la especie, existe motivo manifiesto e indudable de improcedencia, por lo que se surten los supuestos previstos en el artículo 113 de la Ley de Amparo; en consecuencia, se desecha de plano la demanda de que se trata. Lo manifiesto e indudable de la causal de improcedencia reseñada estriba en que aun cuando se admitiera a trámite la demanda, a nada práctico conduciría, ya que el motivo de improcedencia seguiría subsistiendo.Finalmente, se le tiene como autorizado para recibir notificaciones con las amplias facultades que confiere el artículo 12, de la ley de la materia a Ermilo de la Rosa Velázquez (cédula profesional 3152233), quien tiene registrada su cédula profesional, en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; por último se tiene como domicilio para tal fin, el ubicado en Andador San Isidro Labrador número cuatro, en el Fraccionamiento San Francisco de los Herrera, en esta ciudad.Notifíquese personalmente a la parte quejosa.Así lo proveyó y firma la licenciada María Concepción García Jacobo, Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, encargada del despacho por licencia de la titular, en términos del artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ante la licenciada Teresa Rosado de Loza, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe./manuelcc
- Principal
SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, LA RESOLUCIÓN DE CUATRO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS (2016), LO ANTERIOR, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO POR EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO c) DE LA LEY DE AMPARO: "En cuatro de noviembre de dos mil dieciséis, la Secretaria licenciada Teresa Rosado de Loza, doy cuenta a la Secretaria encargada del despacho, con un escrito con registro 18159 y seis copias de éste.- CONSTE.Zacatecas, Zacatecas a cuatro de noviembre de dos mil dieciséis.Agréguese a los autos el escrito signado por la quejosa Josefina Tejeda Alcalá, por el que en cumplimiento al requerimiento de diecinueve de octubre pasado, señala que la orden de entrega de los bienes muebles embargados mediante diligencia de siete de abril del presente año se encuentra contenida en el auto de siete de septiembre de dos mil dieciséis, dictado en juicio ejecutivo mercantil 824/2015 del índice del Juzgado Tercero del Ramo Mercantil de la capital, y anexa copia simple de dicha determinación. Ahora, previo a resolver sobre la admisión o desechamiento de la demanda, se estima necesario conocer el contenido del artículo 113 de la Ley de Amparo, que literalmente dispone:"ARTICULO 113.- El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo examinará el escrito de demanda; y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano."Del precepto reproducido, se aprecia que el juez de Distrito podrá desechar la demanda de amparo por improcedente, siempre y cuando exista un motivo manifiesto e indudable.Cabe precisar, que en relación con la interpretación que debe darse a los conceptos manifiesto e indudable a que se contrae el citado artículo, diversos tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se actualiza, cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta, de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que, aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes.En relación con lo expresado, cobra aplicación, la jurisprudencia que sustenta el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, cuyo epígrafe y contenido dicen: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA.- De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos manifiesto, significa claro, evidente y el indudable, a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad."Del análisis integral de la demanda de amparo y del escrito de cuenta, se advierte que se reclama en sede constitucional la determinación de siete de septiembre de dos mil dieciséis, dictada dentro del juicio ejecutivo mercantil 824/2015, del índice del Juzgado Tercero del Ramo Mercantil de la Capital; por el que se le requiere a la aquí quejosa a efecto de que entregue los bienes muebles que le fueron embargados mediante diligencia de siete de abril del año en curso, a la nueva depositaria judicial nombrada por la parte actora en el juicio de origen.Determinación contra la cual, a criterio de este órgano jurisdiccional, opera la causal de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XIII, de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:(.) XIII. Contra actos consentidos expresamente o por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento."Esto, en relación con la jurisprudencia del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes:"ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS. IMPROCEDENCIA. El amparo es improcedente cuando se endereza contra actos que no son sino una consecuencia de otros que la ley reputa como consentidos."La causa de improcedencia que alberga el precepto transcrito, parte del principio de que no pueden ser materia de estudio en el juicio de amparo aquellos actos que se consideran consentidos expresamente o por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento.La ratio legis de dicho precepto responde evidentemente a un principio de certidumbre jurídica orientado a evitar que el quejoso haga uso del juicio de amparo para desconocer y sustraerse ilegítimamente de los efectos de la conducta que él mismo haya consentido, ya sea por sí o a través de sus apoderados o representantes, de manera libre y espontánea con arreglo al acto o ley de que se trate.Así, cuando la quejosa adopta una actitud pasiva frente al acto de autoridad y se somete a él con todos sus efectos y consecuencias, a pesar de que le causa perjuicio, ya sea porque con obtiene algún beneficio o por simple desinterés, éste se le tiene por consentido.En ese orden de ideas, es pertinente destacar que de acuerdo con la disposición imperativa en estudio, puede decirse que la conformidad con el acto reclamado comprende tanto el consentimiento expreso como el tácito, connotaciones que el Código Civil Federal recoge en su artículo 1803, conforme a las cuales el primero existe cuando la voluntad se manifiesta ya sea verbal, por escrito, medios electrónicos, ópticos o por cualquier otra tecnología, o signos inequívocos, mientras que el segundo, resulta de hechos o de actos que lo presupongan o autoricen a presumirlo, excepto en los casos en que por ley o por convenio la voluntad deba manifestarse expresamente.Ahora bien, respecto de los actos derivados de otros consentidos, debe decirse que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido cuáles son los supuestos que deben reunirse para que se actualice la causa de improcedencia en comento, según la tesis que se cita a continuación:"ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS. SUPUESTOS PARA QUE OPERE ESA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. De acuerdo con la jurisprudencia número 19 contenida en la página 38 de la Octava Parte del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, los supuestos para que opere la causal de improcedencia cuando el amparo se endereza contra actos derivados de otros consentidos son, la existencia de un acto anterior consentido y la existencia de un acto posterior que sea una consecuencia directa y necesaria de aquél."De acuerdo con el criterio en consulta, la causa de improcedencia de que se trata se actualiza cuando se reúnen los siguientes requisitos:a) La existencia de un acto anterior al reclamado, pues no podría expresarse el consentimiento de un hecho que no se conoce y que, por lo mismo, no se han ponderado sus beneficios o perjuicios, así como los fundamentos y motivos expresados en él. b) Que el acto primigenio cause un agravio al quejoso, pues si no fuera así, aunque estuviera conforme con aquél, ninguna relevancia tendría para el amparo promovido contra la subsecuente actuación ni, desde luego, habría la necesidad de combatirlo a través de los recursos ordinarios.c) Que la quejosa se hubiese conformado con el sentido en que se dictó ese acto o que haya realizado manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento.d) Se tenga una relación directa e inmediata entre los actos -anterior y posterior- de modo tal que no guarden autonomía.En síntesis, los supuestos para que opere la causa de improcedencia de que se trata son la existencia de un acto anterior consentido y la de uno posterior que sea una consecuencia directa y necesaria de aquél, esto es, supone un nexo de causa y efecto entre dos o más actos de autoridad. En el caso, como se ha señalado, el acto reclamado consiste en el auto de siete de septiembre de dos mil dieciséis, dictado en el juicio ejecutivo mercantil 824/2015, del índice del Juzgado Tercero del Ramo Mercantil de esta ciudad capital, en el que se revocó la designación de la quejosa como depositaria judicial de los bienes embargados en la diligencia de siete de abril del año en curso y se le requirió por la entrega inmediata de éstos, a la nueva depositaria; acto que debe refutarse como derivado de otro consentido.Así, en el caso se advierte que se actualiza el primero de los supuestos enunciados, pues de los antecedentes del acto reclamado, narrados bajo protesta de decir verdad, se desprende que en el juicio de origen, mediante diligencia de siete de abril del año en curso, se embargaron bienes dentro del domicilio de la impetrante (determinación anterior a la reclamada); esto es, que previo a la existencia del acto que reclama la parte quejosa, le fueron embargados sus bienes muebles, mismos que fueron entregados a quien en ese entonces tenía el carácter de depositario judicial.Sirve de apoyo a lo anterior la tesis II.1o.C.T.54 K, emitida por el Primer Tribunal Colegiado En Materias Civil y de Trabajo del Segundo Circuito, visible en la página 648 del Tomo VI del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes:"ACTO DERIVADO DE ACTO CONSENTIDO. CUANDO SE SEÑALA EL CAMBIO DE DEPOSITARIO COMO ACTO RECLAMADO Y NO EL EMBARGO. El embargo constituye una garantía real en favor del acreedor, de tal manera que desde que se traba dicho embargo, se priva de la posesión jurídica del bien y se deja la custodia a un depositario, esto es para el solo efecto de la vigilancia de la cosa embargada. En tal virtud, el acto desposesorio lo constituye el embargo y no el cambio de depositario, de donde si aquél no es señalado como acto reclamado, se consiente tácitamente, y el auto que autoriza el cambio de depositario no es más que una consecuencia derivada de aquel que es consentido, por lo que opera la causal de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 73 de la Ley de Amparo."Por otra parte, respecto al supuesto de que el acto primigenio cause un agravio al quejoso, también se actualiza, debido a que en la diligencia de siete de abril de dos mil dieciséis, se embargaron bienes muebles de la parte quejosa, los cuales se dejaron a su disposición como depositaria judicial; determinación que sí le depara agravio y estuvo en libertad de combatirla.En relación con el tercer supuesto, consistente en que el justiciable se hubiese conformado con el acto primigenio, es menester mencionar que la parte quejosa no refirió en su demanda y escrito aclaratorio que haya agotado algún medio de defensa contra la diligencia de embargo de siete de abril de dos mil dieciséis y tampoco la señala como acto reclamado, lo que evidencia que la consintió tácitamente. También se actualiza el cuarto supuesto, ya que con motivo de la diligencia de embargo el juez de origen puede autorizar el cambio de depositario, previa solicitud de la parte actora, lo cual aconteció en el juicio mercantil que nos ocupa, puesto que después de llevada a cabo la diligencia de siete de abril de dos mil dieciséis, la parte actora solicitó se revocara al depositario judicial e hizo una nueva designación; en consecuencia, en auto de siete de septiembre del presente año, se requirió a la demandada (aquí quejosa) por la entrega inmediata de los bienes asegurados; por tanto, el acto reclamado es una consecuencia directa e inmediata de la diligencia de señala en primer término. Por tanto, es evidente que, respecto del acto reclamado al Juez Tercero del Ramo Mercantil de la Capital, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIII, de la Ley de Amparo.En ese contexto, tomando las ideas plasmadas en líneas precedentes, es evidente que, en la especie, existe motivo manifiesto e indudable de improcedencia, por lo que se surten los supuestos previstos en el artículo 113 de la Ley de Amparo; en consecuencia, se desecha de plano la demanda de que se trata. Lo manifiesto e indudable de la causal de improcedencia reseñada estriba en que aun cuando se admitiera a trámite la demanda, a nada práctico conduciría, ya que el motivo de improcedencia seguiría subsistiendo.Finalmente, se le tiene como autorizado para recibir notificaciones con las amplias facultades que confiere el artículo 12, de la ley de la materia a Ermilo de la Rosa Velázquez (cédula profesional 3152233), quien tiene registrada su cédula profesional, en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; por último se tiene como domicilio para tal fin, el ubicado en Andador San Isidro Labrador número cuatro, en el Fraccionamiento San Francisco de los Herrera, en esta ciudad.Notifíquese personalmente a la parte quejosa.Así lo proveyó y firma la licenciada María Concepción García Jacobo, Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, encargada del despacho por licencia de la titular, en términos del artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ante la licenciada Teresa Rosado de Loza, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe./manuelcc"
- Principal
En diecinueve de octubre de dos mil dieciséis, la Secretaria licenciada Teresa Rosado de Loza, doy cuenta a la Juez con la demanda registrada con el folio 17533- CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, diecinueve de octubre de dos mil dieciséis. Vista la demanda de amparo promovida por Josefina Tejeda Alcalá, contra actos del Juez Tercero del Ramo Mercantil de Zacatecas, Zacatecas, que considera violatorios en su perjuicio de los derechos fundamentales contenidos en los artículos 1, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; regístrese en el libro de gobierno bajo el número 1120/2016-2 que por su orden le corresponde. Ahora bien, previamente a proveer lo que en derecho corresponda sobre la admisión o desechamiento de la demanda de cuenta, resulta procedente prevenir a la parte quejosa, con fundamento en el artículo 114, en relación con el numeral 108, ambos de la Ley de Amparo, que indican que el juez Federal está facultado para hacerlo siempre que advierta que se falte a las reglas establecidas, lo cual debe ser enmendado, sea que se trate de: Alguna irregularidad en el escrito de demanda; Si se hubiere omitido en ella alguno de los requisitos a que se refiere el artículo 108 de la Ley de Amparo; Si no se hubiesen exhibido las copias necesarias de la demanda o si no se hubiere expresado con precisión el acto reclamado; y, No se hubiere acompañado, en su caso, el documento que acredite la personalidad o éste resulte insuficiente. En el caso resulta que después de un acucioso análisis de la demanda de cuenta, se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado: "A la autoridad señalada como ordenadora, le reclamo: LA ILEGAL ORDEN DE ENTREGA INMEDIATA DE LOS BIENES MUEBLES que me fueron embargados en fecha siete de abril del año dos mil diecisiete (sic), decretada en mi contra; y a la autoridad señalada como ejecutora, le reclamo el dar cabal cumplimiento a través del personal a su mando (.)". Por otra parte, en el capítulo de antecedentes del acto reclamado manifestó: ". que en fecha siete de abril del año dos mil dieciséis fui emplazada a juicio con motivo de una demanda mercantil que entabló en mi contra la C. LIC. ARACELI BARAJAS SEGOVIA quien ostenta el carácter de endosataria en procuración de CAJA REAL DEL POTOSÍ, SOCIEDA (SIC) COOPERATIVA DE AHORRO Y PRÉSTAMO DE RESPONSABILIDAD DE CAPITAL VARIABLE, tal y como se advierte del Juicio Ejecutivo Mercantil Expediente Número 824/2015, el cual se encuentra radicado ante el C. Juez Tercero del Ramo Mercantil del Distrito Judicial de la Capital, en el Estado de Zacatecas. 3.- Agregando que al momento de llevarse a cabo el emplazamiento de demanda en mi contra, fui requerida del pago de la cantidad de $15,000.00 (QUINCE MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), y debido a que no me fue posible realizar el pago de la cantidad antes mencionada al momento de llevarse a cabo la diligencia de requerimiento de pago, se procedió a embargar bienes muebles que se encuentran dentro de mi domicilio, tal y como se advierte del acta de embargo de fecha siete de abril del año en curso que se encuentra agregada a los autos del Juicio Ejecutivo Mercantil Número 824/2015." [.] "4.- debo mencionar que en fecha diecinueve de abril del año en curso, se dio contestación a la demanda entablada en mi contra, tal y como se advierte de los autos que integran el Juicio." [.] "5.- Además deseo manifestar BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD que en fecha doce de octubre del año en curso, aproximadamente a las 08:30 horas, se presentaron a mi domicilio particular ubicado en Calle Estibadores, Edificio D, interior 1 E, en la Colonia Tres Cruces, en esta ciudad de Zacatecas, Zacatecas; dos personas, una de ellas dijo ser la C. LIC. ARACELI BARAJAS SEGOVIA, quien iba acompañada de otra persona que dijo ser Ministro Ejecutor adscrita a la Central de Actuarios de los Juzgados Civiles, Familiares y Mercantiles, del Distrito Judicial de Zacatecas, Zacatecas, con el objeto de notificar el auto de fecha siete de septiembre del año en curso, mediante el cual, la autoridad señalada como responsable ordenó se me requiriera para que dentro de TRES DÍAS haga entrega de manera voluntaria de los bienes muebles que me fueron embargados en fecha siete de abril del año en curso a la persona que se designó como nueva depositaria judicial en el Juicio Ejecutivo Mercantil Número 824/2015." De lo anterior se advierte que de forma destacada la parte quejosa señaló como acto reclamado la orden de entrega inmediata de los bienes muebles que le fueron embargados de su domicilio en la diligencia de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento de siete de abril del presente año, ordenada en el juicio ejecutivo mercantil 824/2015 del índice del Juzgado Tercero del Ramo Mercantil de la capital; sin embargo, no especificó si aquella fue dictada en el juicio de origen y, en su caso, la fecha en que se emitió el acuerdo respectivo; de igual forma, resulta impreciso si dicha orden consiste en la autorización de cambio de depositario. Lo anterior genera incertidumbre en quien esto resuelve dado que en el capítulo de antecedentes, como ya se señaló, la promovente manifestó que a las ocho horas con treinta minutos del doce de octubre del presente año, se presentaron en su domicilio la parte actora y una Ministro Ejecutor adscrita a la Central de Actuarios de los Juzgados Civiles, Familiares y Mercantiles, del Distrito Judicial de Zacatecas, Zacatecas, con el objeto de notificarle el auto de siete de septiembre del año en curso, por el cual, la autoridad responsable ordenadora la requirió para que voluntariamente entregara los bienes muebles embargados, a la persona que se designó como nueva depositaria judicial en el juicio ejecutivo mercantil de que se trata. Así, no es posible establecer con precisión cuál es el acto que se reclama, pues la quejosa aparentemente se duele de la orden de entrega inmediata de los bienes muebles embargados en siete de abril del año en curso; sin embargo, no se puede determinar con certeza si ésta corresponde al auto de siete de septiembre de dos mil dieciséis y si éste, a su vez, constituye una autorización de cambio de depositario. En consecuencia, con fundamento en los artículos 108, fracción IV, en relación con el diverso dispositivo 114, fracciones I y IV, todos de la Ley de Amparo, es menester requerir a la promovente, para el efecto de que dentro del término improrrogable de cinco días, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente auto, precise a este juzgado de Distrito, por escrito, lo siguiente: Precise si la orden de entrega de los bienes muebles embargados en el juicio mercantil, es la contenida en el auto de siete de septiembre de dos mil dieciséis; en cuyo caso deberá hacer una transcripción de la parte que estima violatoria de sus derechos fundamentales, o allegar copia del mismo; o bien, Si la orden de entrega de lo embargado es diversa al auto de siete de septiembre de dos mil dieciséis, deberá indicar si fue emitida en el juicio de origen, la data en que se dictó y hacer una transcripción de la parte que estima violatoria de sus derechos fundamentales o allegar copia de ella. Lo anterior a fin de que este órgano jurisdiccional esté en aptitud de proveer lo que en derecho corresponda. En caso de cumplir con lo anterior dentro del término otorgado para ello, deberá exhibir seis copias de su escrito aclaratorio, a fin de estar en aptitud de correr traslado con las mismas a todas y cada una de las partes, esto es, para ser distribuidas entre las partes de la siguiente manera: dos para las autoridades señaladas como responsables; b) una para el agente del Ministerio Público de la adscripción; c) una para la tercera interesada; habida consideración que dicha aclaración forma parte integral de su demanda inicial; y, d) dos para el incidente se suspensión. Al respecto resulta aplicable la tesis VI.2o. J/127, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: "COPIAS DEL ESCRITO ACLARATORIO DE LA DEMANDA DE AMPARO. CASO EN QUE DEBEN SER EXIGIDAS. El artículo 146 de la Ley de Amparo, dispone que si existiere una irregularidad en la demanda de garantías, el Juez de Distrito mandará prevenir al promovente para que dentro del término de tres días llene los requisitos omitidos, o bien, realice las aclaraciones correspondientes. Empero, la disposición legal en cita en forma alguna establece que el escrito mediante el cual se cumpla con la prevención debe presentarse con igual número de copias al de la demanda. De lo anterior se concluye que la obligación de presentar tantas copias del escrito aclaratorio como aquellas que se acompañaron a la demanda, sólo procede en los casos en que el dato motivo de la aclaración necesariamente debe influir o trascender a la litis constitucional, por ejemplo, cuando el quejoso en su demanda omite precisar el acto que se reclama de una determinada autoridad o lo indica en forma oscura, y que por ello se le previno para que hiciera las aclaraciones o manifestaciones que estimara pertinentes; sin embargo, en otros, la cuestión materia de la aclaración no trasciende a la litis constitucional, y en esas hipótesis resulta claro que el promovente no tiene obligación de presentar tantas copias del correspondiente escrito aclaratorio o de los documentos que al mismo anexe, en igual número a las que adjuntó a su demanda. Se apercibe a la impetrante de que en caso de incumplir con lo requerido en los términos y condiciones precisadas, se tendrá por no presentada su demanda de amparo, con fundamento en el invocado numeral 114, penúltimo párrafo de la ley de la materia. En tanto que si es omisa en presentar una o dos de las copias del escrito aclaratorio, se postergará la apertura del incidente de suspensión. Se le tiene a la parte quejosa, señalando como domicilio procesal para oír y recibir todo tipo de notificaciones el que indica en su escrito de demanda de amparo y como autorizado únicamente para tal efecto a Oscar Aguilar Reyes, en virtud a que no cuenta con cédula profesional para ejercer la profesión de licenciado en derecho y por así haber sido designado. Luego, con apoyo en el artículo 21, tercera párrafo de la Ley de Amparo, este tribunal habilita días y horas inhábiles, a efecto de practicar las notificaciones que deriven de la tramitación del presente juicio de amparo. Por último, en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, se instruye a la Secretaria respectiva para que dé fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse dentro del presente juicio, a fin de que ambos coincidan en su totalidad. Dicha instrucción también se hace extensiva al Actuario correspondiente para que incorpore las notificaciones que practique dentro del expediente de amparo impreso al electrónico. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado, que actúa con la Secretario que autoriza Teresa Rosado de Loza. Doy Fe. /manuelcc
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