Josefina Dávila García
Expediente 1060/2016 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 4 actuaciones registradas, la última del 29 de diciembre de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 1060/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 29/12/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- Josefina Dávila García
Actuaciones
- Principal
El veintinueve de diciembre de dos mil dieciséis, el licenciado Juan García Trejo, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado CERTIFICA QUE: El término de diez días que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo, trascurrió del quince al veintiocho de diciembre de dos mil dieciséis, sin contar los días diecisiete, dieciocho, veinticuatro y veinticinco de dicho mes y año, por corresponder a sábados y domingos; sin que se haya interpuesto recurso de revisión contra la sentencia dictada el treinta de noviembre último, dentro del juicio de amparo número 1060/2016-5; Tras una revisión del expediente en que se actúa, se advierte que no existen documentos con las características que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal; No se tramitó incidente de suspensión dentro del juicio de amparo en que se actúa, por lo que no existe billete de depósito exhibido por alguna de las partes. Que sí existen documentos por devolver a la autoridad responsable. En la misma fecha el Secretario da cuenta a la Secretaria encargada del despacho, con el estado que guardan los presentes autos y con la certificación que antecede. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, veintinueve de diciembre de dos mil dieciséis. Visto el estado de los autos así como la certificación que antecede, se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de revisión contra la sentencia en la que se le negó el amparo y protección de la Justicia Federal; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha resolución HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo. Ahora bien, con fundamento en los puntos vigésimo, fracción III y vigésimo primero, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito, por una parte se determina que el expediente principal ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN con excepción del escrito inicial de demanda, de la sentencia emitida en autos, y en su caso, de la ejecutoria correspondiente. CONSTANCIAS POR DEVOLVER. En otro aspecto, se ordena devolver a la autoridad responsable Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, las constancias que adjuntó a su informe justificado relativas al toca A.P.O. 58/2015 y carpeta administrativa de impugnación de detención ministerial 04/2015, constante de dos tomos. OTRAS CONSIDERACIONES. Sin que sea el caso que alguna de las partes haya allegado al cuaderno principal, algún documento que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que por sus características amerite ser devuelto. Lo anterior, hágase del conocimiento del Juez Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con sede en Culiacán, Sinaloa, para los efectos legales correspondientes. Notifíquese por medio de lista a las partes y a la autoridad responsable y tercero interesada por oficio. Así lo proveyó y firma la licenciada María Concepción García Jacobo, Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, encargada del despacho por vacaciones de la titular, conforme a lo establecido en el artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y autorización concedida por la Comisión de Carrera Judicial, en sesión celebrada el veintinueve de noviembre de dos mil dieciséis, según oficio CCJ/ST/7984/2016, signado por el licenciado Vicente David Burguet Franco, Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, ante el licenciado Juan García Trejo, Secretario que autoriza y da fe. Olivia
- Principal
SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE TERCERO INTERESADA ANTONIO ALFARO SALDÍVAR, TANTO EL AUTO DICTADO POR ÉSTE ÓRGANO JURISDICCIONAL EN FECHA SIETE DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS, ASÍ COMO LA SENTENCIA EMITIDA EL TREINTA DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, POR EL JUEZ TERCERO DE DISTRITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA QUINTA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN CULIACÁN, SINALOA, ELLO DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO b), DE LA LEY DE AMPARO: En siete de diciembre de dos mil dieciséis, el secretario licenciado Juan García Trejo, doy cuenta a la Juez con un oficio registrado con el folio 20287 y anexos que se adjuntan. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, siete de diciembre de dos mil dieciséis. Agréguese a sus autos para que obre como corresponda el oficio de cuenta signado por el Juez Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en Culiacán, Sinaloa, al que anexa el juicio de amparo 1060/2016, el cual quedó registrado en ese Juzgado como cuaderno de antecedentes 529/2016, en el que ya se encuentra glosada la sentencia pronunciada por dicho Juez Auxiliar el treinta de noviembre de dos mil dieciséis, en la que se negó el amparo y protección de la justicia federal a JOSEFINA DÁVILA GARCÍA; asimismo, remite un disco compacto y dos legajos de pruebas. Acúsese el recibo de estilo y agréguese el cuaderno de antecedentes relativo. En atención a lo anterior, notifíquese personalmente a las partes y remítase copia certificada de la citada resolución a la autoridad responsable, a efecto de que se impongan de los lineamientos en los que se resolvió el juicio de garantías en que se actúa, como se ordenó en el oficio STCCNO/1519/2015, emitido por el Secretario Ejecutivo de Carrera Judicial y Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal. Por otra parte, una vez que cause ejecutoria o en su caso sea recurrida la sentencia dictada dentro del presente sumario, hágase tal circunstancia del conocimiento de la ahora oficiante, para los efectos legales correspondientes. En la inteligencia de que será este órgano jurisdiccional quien continuará con el trámite del presente asunto hasta su archivo definitivo. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LAS PARTES Y MEDIANTE OFICIO A LA AUTORIDAD RESPONSABLE Y TERCERO INTERESADO. Así lo acordó y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado, que actúa con el licenciado Juan García Trejo, secretario que autoriza y da fe. *Amci SENTENCIA DE 30 DE NOVIEMBRE DE 2016. Vistos los autos relativos al juicio de amparo 1060/2016, promovido por Josefina Dávila García contra un acto de la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas; y, RESULTANDO: PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado el treinta de marzo de dos mil dieciséis ante la Oficialía de Partes del Poder Judicial de Zacatecas, Josefina Dávila García solicitó (vía amparo directo) el amparo y la protección de la Justicia Federal contra la autoridad y por el acto reclamado que más adelante se puntualizarán. El Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, mediante resolución de ocho de septiembre de dos mil dieciséis emitida en el amparo directo penal 388/2016 determinó carecer de competencia legal y ordenó remitir el presente asunto a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, con residencia en Zacatecas. SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo. La Juez Primera de Distrito en el Estado de Zacatecas, con domicilio en Zacatecas, a quien por razón de turno correspondió conocer del asunto mediante acuerdo de cinco de octubre de dos mil dieciséis lo admitió a trámite; dio la intervención conducente al Agente del Ministerio Público de la Federación y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo el siete de noviembre de dos mil dieciséis. TERCERO. Designación de los órganos a apoyar en el dictado de sentencias. Mediante oficio STCCNO/1519/2015 de siete de septiembre de dos mil quince, el Secretario Técnico de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal informó que la aludida Comisión determinó que este Juzgado Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Quinta Región apoyará en el dictado de sentencias al Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, con domicilio en Zacatecas. CUARTO. Envío de expediente. La Juez Primera de Distrito en el Estado de Zacatecas, en cumplimiento a dicha comunicación remitió el juicio de amparo 1060/2016 de su control a la Oficina de Correspondencia Común del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en Culiacán, Sinaloa, la cual a su vez lo turnó a este órgano jurisdiccional. QUINTO. Radicación en el Juzgado de Distrito auxiliar. Este Juzgado Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, mediante acuerdo de quince de noviembre de dos mil dieciséis se avocó al conocimiento del indicado juicio de amparo, lo registró en el libro electrónico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) bajo el asunto 529/2016 y procedió al análisis del expediente para dictar la sentencia correspondiente; y, CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con sede en Culiacán, Sinaloa, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el punto quinto, apartado 5, del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y los Juzgados de Distrito y, además, en términos del oficio STCCNO/1519/2015 de siete de septiembre de dos mil quince, suscrito por el Secretario Técnico de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, mediante el cual informó que esa Comisión determinó que este Juzgado Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Quinta Región apoyará en el dictado de sentencias al Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, con residencia en Zacatecas, en virtud de que se trata de un juicio de amparo en el que se reclama un acto de una autoridad ubicada en la jurisdicción territorial del Juzgado de Distrito auxiliado. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Del análisis integral de la demanda en relación con el informe justificado, en términos de lo dispuesto por los artículos 74, fracción I, y 76 de la Ley de Amparo se concluye que el acto impugnado es el siguiente: De la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas se reclama: ? La ejecutoria de dos de marzo de dos mil dieciséis emitida en el toca de apelación penal 58/2015, mediante la cual se confirmó la resolución de trece de febrero de dos mil quince dictada por el Juez de Control y Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de Zacatecas, Zacatecas, dentro de la carpeta administrativa 4/2015 que desechó por extemporáneo el medio de impugnación hecho valer en contra del no ejercicio de la acción penal. TERCERO. Certeza del acto impugnado. Es cierto el acto reclamado a la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas, toda vez que su Magistrado Presidente al rendir el informe con justificación (visible en la foja 5 del expediente en que se actúa) admitió su existencia; además, dicha certeza se corrobora con las constancias que allegó al sumario relativas al toca de apelación penal 58/2015 de su control; documentales que cuentan con pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su ordinal 2. Apoya lo antes dicho la jurisprudencia 226, consultable en la página 153, tomo VI, Parte SCJN, del Apéndice de 1995, Quinta Época, cuyos rubro y texto son: DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena. UARTO. Análisis de causales de improcedencia. En virtud de que las partes no hicieron valer causales de improcedencia ni de oficio se advierte que se actualice alguna de las previstas por el numeral 61 de la Ley de Amparo resulta procedente entrar al estudio del fondo de la litis constitucional planteada, sin que se tenga la obligación de analizar todos los supuestos de inejercitabilidad que hipotéticamente prevé tal precepto. Al respecto resulta aplicable la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, Tomo VII, junio de mil novecientos noventa y uno, página sesenta, que informa: IMPROCEDENCIA. EL JUEZ NO ESTÁ OBLIGADO A ESTUDIAR OFICIOSAMENTE TODAS Y CADA UNA DE LAS CAUSALES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. Si el Juez de Distrito no encuentra causal de improcedencia que amerite su estudio oficioso para sobreseer en el juicio, no está obligado a hacerse cargo del estudio de todas y cada una de las contempladas en el artículo 73 de la Ley de Amparo, ya que el último párrafo de dicho precepto no lo obliga a que analice todos y cada uno de los supuestos de improcedencia contenidos en la ley, bastando que estudie y se pronuncie sobre las causales específicamente invocadas por las partes y las que oficiosamente considere aplicables, para tener por satisfecho el precepto en comento. QUINTO. Justificación para no transcribir los conceptos de violación. Los motivos de disenso si bien no se transcriben se tienen por insertos en aras de economía procesal, en virtud de no existir disposición en la Ley de Amparo que obligue a su transcripción; no obstante lo anterior, para su análisis se sintetizarán más adelante. Al respecto resulta aplicable la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXI, mayo de 2010, página 830, de rubro y texto siguientes: CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer. SEXTO. Estudio de los conceptos de violación. Previo a dar contestación a los motivos de disenso se estima necesario precisar que dado que a la quejosa Josefina Dávila García le resulta el carácter de ofendida dentro de la carpeta administrativa de origen, con apoyo en lo dispuesto por el numeral 79, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo al analizar el acto reclamado de ser procedente se suplirá la queja deficiente, lo cual desde luego no implica que obligadamente deba concederse el amparo solicitado, sino sólo verificar que el orden constitucional no haya sido vulnerado por el acto reprochado en aras del respeto a los derechos fundamentales de legalidad y de certeza jurídica. Resulta aplicable la jurisprudencia 2a./J. 26/2008, perteneciente a la Novena Época, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVII, Marzo de 2008, Materia Común, página doscientos cuarenta y dos, de epígrafe y texto siguientes: SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. CONSISTE EN EXAMINAR CUESTIONES NO PROPUESTAS, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE RESULTEN FAVORABLES A QUIEN SE SUPLE. La figura de la suplencia de la queja prevista en el artículo 76 Bis de la Ley de Amparo, tanto en relación con el juicio de garantías como con los recursos en ella establecidos consiste, en esencia, en examinar cuestiones no propuestas por el quejoso o recurrente, en sus conceptos de violación o en sus agravios, respectivamente, que podrían resultar favorables, independientemente de que finalmente lo sean. Así, es incorrecto entender que sólo debe suplirse cuando ello favorezca a quien se le suple, pues para determinar si procede dicha figura tendría que examinarse previamente la cuestión relativa, lo que implicaría necesariamente haber realizado la suplencia. Por consiguiente, es suficiente que el análisis de un problema no propuesto pudiera resultar benéfico para que se deba suplir, realizando el estudio correspondiente. Precisado lo anterior debe decirse que la parte justiciable asevera que la resolución reclamada viola en su perjuicio los dispositivos 14 y 16 Constitucionales, así como los numerales 52, 62 y 250 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Zacatecas, en razón de que fue incorrecto el cómputo realizado por la responsable para la presentación del medio de defensa interpuesto en contra de la determinación de abstención del ejercicio de la acción penal por parte del Ministerio Público. Asevera que el plazo para la interposición del medio de defensa para combatir la determinación de no ejercicio de la acción penal comenzó a transcurrir al día siguiente en que surtió efectos la notificación, por lo que al ser el término de cinco días, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 250 del Código Procesal Penal del Estado de Zacatecas, éste inició el nueve y concluyó el quince, ambos de enero de dos mil quince, sin contar los días inhábiles diez y once de ese mes y año. Sostiene que con el actuar de la autoridad responsable no se cumplieron los principios inherentes a garantizar los derechos fundamentales de debido proceso, de garantía a la asistencia, de protección y restauración de las víctimas y ofendidos por la comisión del delito, así como su efectiva participación en el proceso penal. Los motivos de inconformidad previamente sintetizados resultan ineficaces. Para estar en posibilidad de demostrar lo anterior conviene atender al pronunciamiento que en lo conducente hizo la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas y que a continuación se transcribe: El Juzgador de forma motivada y fundada, haciendo uso de los artículos pertinentes para el caso y exponiendo las razones de su fallo, explicó en el proveído fechado el trece de septiembre de dos mil quince; que la notificación de la determinación de abstenerse de investigar dictada por parte del Ministerio Público el treinta de mayo de dos mil catorce, le fue notificada a Josefina Dávila García el siete de enero de dos mil quince y hasta el quince de ese mes y año es cuando ésta decide impugnarla en la vía incidental ante el Juez de Control, como consta a foja 16 de la carpeta administrativa. Notoriamente, cuando ya se encontraba fuera del plazo de cinco días que concede la ley de la materia a la víctima en el primer párrafo de su artículo 250. ARTÍCULO 250. LAS DECISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO SOBRE EL ARCHIVO TEMPORAL, DE ABSTENERSE DE INVESTIGAR Y DE NO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL, ASÍ COMO DE OTRAS OMISIONES DURANTE LA INVESTIGACIÓN, EN LOS CASOS EN QUE NO ESTÉ SATISFECHA LA REPARACIÓN DEL DAÑO, PODRÁN SER IMPUGNADAS POR LA VÍCTIMA ANTE EL JUEZ DE GARANTÍA, EN VÍA INCIDENTAL EN UN PLAZO DE CINCO DÍAS. EN ESTE CASO, EL JUEZ CONVOCARÁ A UNA AUDIENCIA PARA DECIDIR EN DEFINITIVA, CITANDO AL EFECTO A LA VÍCTIMA, AL MINISTERIO PÚBLICO Y, EN SU CASO, AL IMPUTADO Y A SU DEFENSOR. (subrayado de la Magistrada Ponente) Por su parte, el artículo 62 establece: LOS ACTOS PROCESALES SERÁN CUMPLIDOS EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS. LOS PLAZOS JUDICIALES SERÁN FIJADOS CONFORME A LA NATURALEZA DEL PROCESO, A LA IMPORTANCIA DE LA ACTIVIDAD QUE SE DEBE CUMPLIR; TENIENDO EN CUENTA LOS DERECHOS DE LAS PARTES. LOS PLAZOS INDIVIDUALES CORRERÁN DESDE QUE COMIENZA EL DÍA SIGUIENTE A AQUÉL EN QUE SE EFECTUÓ LA NOTIFICACIÓN AL INTERESADO; LOS PLAZOS COMUNES, DESDE EL DÍA SIGUIENTE A LA ÚLTIMA NOTIFICACIÓN QUE SE PRACTIQUE. EN LOS PLAZOS POR DÍA NO DEBERÁN CONTARSE LOS DÍAS INHÁBILES. LOS PLAZOS RESTANTES QUE VENZAN EN DÍA INHÁBIL, SE TENDRÁN POR PRORROGADOS HASTA EL DÍA HÁBIL SIGUIENTE. Luego entonces, la interpretación inexacta que realiza la recurrente del artículo 62 del Código Procesal del Estado de Zacatecas al realizar un cómputo diverso al expresamente establecido en tratándose de plazos individuales, es una cuestión que infringiría las reglas del proceso puesto que el plazo concedido a la víctima, comienza a correr precisamente (de acuerdo al precepto de referencia) el día siguiente en que le fue notificada la determinación, de ahí lo infundado de su reclamo. Ante tales circunstancias, como acertadamente lo señaló el Juzgador; si la víctima fue notificada el miércoles siete de enero de dos mil quince, su plazo individual de cinco días concedido por la ley para impugnar, inició justo al día siguiente, es decir, del jueves ocho, viernes nueve, lunes doce, martes trece y feneció el miércoles catorce de ese mes y año, descontándose el sábado diez y domingo once por ser días inhábiles. En consecuencia; la interposición de la impugnación realizada el día quince de enero de dos mil quince ya estaba fuera de término. Al no haber mayor planteamiento de que esta Sala deba ocuparse, se decide mantener firme la resolución dictada el día trece de febrero de dos mil quince por el que el Juez de Control y Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de la Capital, Licenciado Antonio Gutiérrez Guerrero, en la causa penal 04/2015 que declaró extemporánea la impugnación de la víctima en contra de la determinación ministerial de abstenerse de investigar dentro de la carpeta número 01038-MX/2014-ZAC instruida en contra de ANTONIO ALFARO SALDIVAR por el hecho que el Código Penal del Estado de Zacatecas señala como delito de FRAUDE. De lo anterior destaca que la autoridad responsable desestimó los agravios hechos valer por la hoy quejosa y confirmó el auto de trece de febrero de dos mil quince que declaró extemporáneo el medio de defensa hecho valer por la víctima en contra de la determinación ministerial de no ejercicio de la acción penal, ya que se promovió fuera del término de cinco días previsto por el numeral 250 del Código Procesal Penal para el Estado de Zacatecas. Al respecto debe decirse que la determinación de la autoridad responsable fue apegada a derecho por los motivos que a continuación se exponen. En efecto, el precepto 250 del Código Procesal Penal para el Estado de Zacatecas establece -en la parte conducente- que las decisiones del Ministerio Público sobre el no ejercicio de la acción penal podrán ser impugnadas por la víctima ante el Juez de Garantía en vía incidental en un plazo de cinco días, caso en el que el Juez convocará a una audiencia para decidir en definitiva, citando al efecto a la víctima, al Ministerio Público y, en su caso, al imputado y a su defensor; incidente en el que el Juez podrá dejar sin efecto la decisión del Ministerio Público y ordenarle reabrir la investigación o continuar con la persecución penal. Por su parte, el dispositivo 62 del Código Procesal Penal para el Estado de Zacatecas señala que los actos procesales serán cumplidos en los plazos establecidos por la ley los que serán fijados conforme a la naturaleza del proceso, a la importancia de la actividad que se debe cumplir teniendo en cuenta los derechos de las partes y que los plazos individuales correrán desde que comience el día siguiente a aquél en que se efectuó la notificación al interesado; asimismo, prevé que en los plazos por día no deberán contarse los días inhábiles y que los plazos restantes que venzan en día inhábil se tendrán por prorrogados hasta el día hábil siguiente. Ahora, de las constancias que obran en autos se advierte el oficio de nueve de febrero de dos mil quince en el que la Agente del Ministerio Público Coordinadora de las Unidades Especializadas de Investigación del Nuevo Sistema de Justicia Penal informó al Juez de Control y Tribunal de Enjuiciamiento Oral que la fecha en que se notificó a la víctima la determinación de no ejercicio de la acción penal fue el siete de enero de dos mil quince (visible en la foja 26 del expediente en que se actúa). Partiendo de ese tenor, si la determinación de no ejercicio de la acción penal se notificó a la víctima -hoy parte quejosa- el siete de enero de dos mil quince, entonces el cómputo del plazo de cinco días para la interposición del medio de impugnación inició a partir del día siguiente a aquél en que se efectuó la notificación al interesado, de conformidad con el ordinal 62 del Código Procesal Penal para el Estado de Zacatecas, es decir, comenzó el ocho de enero de dos mil quince y feneció el catorce de ese mismo mes y año. De ahí que si la víctima presentó el medio de impugnación para combatir el no ejercicio de la acción penal el quince de enero de dos mil quince (tal como se observa de las constancias que obran de la foja 1 a la 7 del tomo 2 de pruebas) es evidente que lo hizo fuera del plazo de cinco días a que alude el dispositivo 250 del Código Procesal Penal para el Estado de Zacatecas. Lo anterior encuentra sustento en la tesis I.10o.P.19 P, publicada en la página 1448, Tomo XXII, Septiembre de 2005, perteneciente a la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del contenido siguiente: DEMANDA DE AMPARO. MOMENTO EN QUE SURTEN EFECTOS LAS NOTIFICACIONES CONFORME AL ARTÍCULO 71 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES PARA EL CÓMPUTO DEL TÉRMINO PARA SU INTERPOSICIÓN. El artículo 21 de la Ley de Amparo, dispone que el término para la promoción del juicio de garantías es de quince días contados desde el día siguiente al en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame. Ahora bien, el Código Federal de Procedimientos Penales, no contiene disposición expresa a partir de cuándo surten sus efectos las notificaciones, sin embargo el artículo 71 prevé que: "Los plazos son improrrogables y empezarán a correr desde el día siguiente al de la fecha de la notificación ..."; de ahí se infiere que, de acuerdo a dicho precepto, las notificaciones surten sus efectos el mismo día en que se realizan, comenzando a correr el término para efectos de la interposición del amparo, al día siguiente al de la notificación. Igualmente, resulta ilustrativa la tesis II.2o.P.116 P, publicada en la página 990, Tomo XVIII, Noviembre de 2003, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: NOTIFICACIONES EN EL PROCESO PENAL FEDERAL. SURTEN EFECTOS EN EL MOMENTO MISMO EN QUE SE PRACTICAN. El artículo 21 de la ley reglamentaria de la materia establece que el término para la interposición de la demanda de amparo será el de quince días contados desde el siguiente al en que haya surtido efectos al quejoso la notificación del acto reclamado, remitiendo a la ley ordinaria para determinar en qué momento surte efectos aquélla. Ahora bien, en el caso del procedimiento penal federal, el código procesal respectivo, aun cuando no contiene una disposición que expresamente lo determine, de lo señalado en su artículo 71, en el sentido de que los plazos son improrrogables y empezarán a correr al día siguiente al de la notificación, salvo disposición expresa en contrario, se desprende que ésta surte efectos en el momento mismo en que se practica, pues la denominación surte efectos la notificación debe entenderse jurídicamente referida a su eficacia, en la medida en que haya logrado comunicar legalmente a las partes lo resuelto por el órgano jurisdiccional como consecuencia del correcto desarrollo del proceso, pues es a partir de ese momento en que se encuentra en aptitud de ejercer sus derechos inherentes. Bajo ese contexto, si se toma en consideración que en la especie la notificación surtió sus efectos el mismo día en que se realizó, el término de cinco días para que la víctima promoviera el medio de impugnación vía incidental para combatir el no ejercicio de la acción penal transcurrió del ocho de enero de dos mil quince al catorce de ese mes y año, descontándose del cómputo respectivo el nueve y el diez, ambos de enero del año próximo pasado, por ser sábado y domingo. En consecuencia, si el medio de impugnación se presentó el quince de enero de dos mil quince es incuestionable que su presentación resulta extemporánea, al haber transcurrido en exceso el término de cinco días a que se refiere el dispositivo 250 del Código Procesal Penal para el Estado de Zacatecas, dado que la inconforme tenía hasta el catorce de ese mes y año para hacerlo valer. Sirve de apoyo la tesis VI.2o. J/21 visible en la página 291, Tomo II, Agosto de 1995, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE. Se presumen así, para los efectos del amparo, los actos del orden civil y administrativo, que no hubieren sido reclamados en esa vía dentro de los plazos que la ley señala. Cabe destacar que el aludido código adjetivo penal no contiene disposición expresa a partir de cuándo surtirán sus efectos las notificaciones, por lo que atendiendo al texto del referido artículo 62 que establece que los plazos individuales empezarán a correr desde que comience el día siguiente a aquél en que se efectuó la notificación al interesado se debe entender que las notificaciones surten sus efectos el mismo día en que se realizan por lo que el término para efecto de la presentación de la impugnación del no ejercicio de la acción penal empezará a correr al día siguiente al en que se hizo la notificación. No se desatiende que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió la jurisprudencia 39/2013 (10a), en la que medularmente sostuvo que aun cuando en la legislación no se advierta el momento preciso a partir del cual surten efectos las notificaciones personales debe atenderse al mayor beneficio para las partes y, por ende, considerarse que tales actuaciones surten sus efectos al día siguiente al en que se practiquen. El mencionado criterio se encuentra visible en la página 367, Libro XXII, Julio de 2013, Tomo 1, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el rubro y texto siguientes: NOTIFICACIONES PERSONALES EN MATERIA CIVIL. SURTEN EFECTOS AL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE SE PRACTIQUEN, EN ATENCIÓN AL PRINCIPIO PRO PERSONA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE TABASCO). El artículo 21 de la Ley de Amparo prevé el término de quince días para interponer la demanda relativa, contado desde el siguiente al en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o el acuerdo que reclame. Ahora bien, aun cuando el numeral 117 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Tabasco disponga que los plazos procesales corren a partir del día siguiente al en que haya surtido efectos la notificación, incluido el día del vencimiento, y que cuando el plazo sea común a varias partes, éste debe computarse desde el día siguiente a aquel en que todas hayan quedado notificadas, del título VI, intitulado Actos procesales, capítulo IV, denominado Notificaciones, del propio código, no se advierte el momento preciso a partir del cual surten efectos las notificaciones personales en los juicios civiles. De ahí que ante la falta de regulación sobre el tema y toda vez que se encuentra involucrado el alcance del derecho humano de acceso a la justicia, debe atenderse al mayor beneficio para las partes y, por ende, considerarse que en términos del artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, conforme al cual todas las autoridades deben aplicar el principio interpretativo pro persona, esto es, realizar la interpretación que más favorezca a los derechos de los quejosos, dichas notificaciones surten sus efectos al día siguiente al en que se practiquen, pues sólo de esta manera éstos cuentan con un día más para poder presentar su demanda de amparo en la forma y los términos previstos en el referido artículo 117. Sin embargo, el artículo 117 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Tabasco que fue interpretado por la Primera Sala del Máximo Tribunal del País prevé un supuesto distinto al contenido por el numeral 62 del Código Procesal Penal para el Estado de Zacatecas, aplicable al caso concreto, ya que este último no prevé que deban surtir efectos las notificaciones. En efecto, la parte conducente del precepto 117 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Tabasco establece que los plazos procesales empezarán a correr a partir del día siguiente al en que haya surtido efectos la notificación, y se contará en ellos el día del vencimiento en tanto que el cardinal 62 del Código Procesal Penal para el Estado de Zacatecas, aplicable al caso, no contempla el hecho de que las notificaciones surtan efectos, ya que expresamente refiere que los términos judiciales empezarán a correr desde el día siguiente al en que se haya hecho la notificación. De ahí que el criterio sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación no pueda ser considerado para interpretar por analogía el texto del dispositivo 62 del Código de Procesal Penal para el Estado de Zacatecas. Lo que se corrobora con la versión taquigráfica de la sesión pública ordinaria de ocho de septiembre de dos mil dieciséis celebrada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque de su contenido se advierte que dentro de la contradicción de tesis 57/2015 la Superioridad resolvió que cuando la ley respectiva no establezca de manera expresa que deba surtir efectos la notificación al día siguiente, entonces debe entenderse que ello ocurre en el mismo momento en que se practicó dicha actuación. Información que se tiene a la vista como hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de lo previsto por su numeral 2, porque puede ser consultada en la página electrónica oficial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con dirección https://www.scjn.gob.mx/PLENO/ver_taquigraficas/08092016PO.pdf. En esas condiciones, devienen infundados los motivos de disenso inherentes a que la Sala responsable violó en su perjuicio los dispositivos 14 y 16 Constitucionales, así como los numerales 52, 62 y 250 del Código de Procesal Penal para el Estado de Zacatecas, porque a su juicio fue incorrecto el cómputo realizado para la presentación del medio de defensa interpuesto en contra de la determinación de abstención del ejercicio de la acción penal por parte del Ministerio Público, ya que opuesto a su dicho el plazo no comenzó a transcurrir al día siguiente en que surtió efectos la notificación, sino al día siguiente al que se realizó esa notificación. Asimismo, devienen infundados los planteamientos de la inconforme en los que sostiene que con el actuar de la autoridad responsable se incumplieron los derechos fundamentales de debido proceso, de garantizar la asistencia, la protección y la restauración de las víctimas y ofendidos por la comisión del delito, así como su efectiva participación en el proceso penal, pues como se expuso en párrafos precedentes fue apegada a derecho la determinación de la Sala responsable, ya que el medio de impugnación presentado por la justiciable fue promovido de manera extemporánea. Bajo ese contexto, al no advertir deficiencia de la queja que suplir y al resultar ineficaces los conceptos de violación, lo procedente es negar el amparo y la protección de la Justicia de la Unión solicitados. Por lo expuesto y fundado se resuelve: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Josefina Dávila García contra el acto reclamado a la Segunda Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Zacatecas, por las razones precisadas en el sexto considerando de esta sentencia. Notifíquese por conducto del Juzgado de Distrito de origen; se instruye a la Secretaria para que en términos de la circular CAR06/CCNO/2011 de quince de marzo de dos mil once, suscrita por el Secretario Ejecutivo de Carrera Judicial, Adscripción y Creación de Nuevos Órganos ingrese la presente sentencia en el módulo correspondiente del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y agregue en autos el acuse respectivo; anótese el sentido del fallo en el libro de registro electrónico que se lleva en este Juzgado Federal; con el original de esta resolución y disco compacto que contenga su archivo electrónico devuélvanse los autos respectivos al lugar de su procedencia, por lo que deberá quedar testimonio de ella en el cuaderno de antecedentes 529/2016 del índice de este Juzgado de Distrito. Así lo resolvió y firma Genaro Antonio Valerio Pinillos, Juez Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, asistido de Paulina Cisneros Nájar, Secretaria que autoriza y da fe, hasta hoy treinta de noviembre de dos mil dieciséis, por así permitirlo las labores de este Juzgado. Doy fe.
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En tres de noviembre de dos mil dieciséis, el Secretario licenciado Juan García Trejo, doy cuenta a la Secretaria encargada del despacho con el estado que guardan los presentes autos. CONSTE. ZACATECAS, ZACATECAS, TRES DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS. Visto el estado que guardan los presentes autos de los que se advierte que se encuentran señaladas las nueve horas del día de hoy, para que tenga verificativo la audiencia constitucional en el presente asunto; y tomando en consideración que la Titular de este Órgano Jurisdiccional cuenta con licencia concedida por el Consejo de la Judicatura Federal; y toda vez que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 43, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, la Secretaria encargada del despacho únicamente está facultada para practicar las diligencias y dictar las providencias de mero trámite, así como las resoluciones de carácter urgente; por tanto, lo procedente es diferir la audiencia de mérito, fijándose las ONCE HORAS CON TREINTA Y SIETE MINUTOS DEL SIETE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS, para que tenga verificativo. NOTIFÍQUESE MEDIANTE OFICIO A LA AUTORIDAD RESPONSABLE y TERCERO INTERESADO, Y POR LISTA A LAS DEMÁS PARTES. Así lo acordó y firma la licenciada María Concepción García Jacobo, Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, encargada del despacho por licencia de la titular, conforme a lo establecido en el artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ante el licenciado Juan García Trejo, Secretario que autoriza y da fe. EMVG
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Juicio de amparo 1060/2016-5 CUENTA. En cinco de octubre de dos mil dieciséis, el secretario licenciado Juan García Trejo, da cuenta a la Juez, con el oficio de la Secretaria de Acuerdos del Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, con residencia en esta ciudad, mediante el cual remite el juicio de amparo directo penal 388/2016-4, formado con motivo de la demanda promovida por Josefina Dávila García, contra actos de la Segunda Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas, con residencia en esta ciudad de Zacatecas; el expediente relativo al toca A.P.O 58/2015 y carpeta administrativa de impugnación de detención ministerial 04/2015, constante en dos cuadernillos y anexos. Conste. Zacatecas, Zacatecas, cinco de octubre de dos mil dieciséis. RECEPCIÓN Y DEMANDA. Téngase por recibido el oficio de la Secretaria de Acuerdos del Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, con residencia en esta ciudad, mediante el cual informa que remite sentencia de ocho de septiembre de dos mil dieciséis, en la que esa superioridad se declaró incompetente para conocer de la demanda de amparo promovida por Josefina Dávila García, motivo por el cual remite a este Juzgado la demanda original y sus anexos, integrados en el cuaderno de amparo 388/2016; el expediente relativo al toca A.P.O 58/2015 y carpeta administrativa de impugnación de detención ministerial 04/2015, constante en dos tomos y anexos; con dichos expedientes fórmense por separado los cuadernos de pruebas respectivos, los cuales para su mejor manejo será identificados como tomo I y II. Acúsese recibo. En atención a que el superior mediante auto de ocho de septiembre de dos mil dieciséis, se declaró legalmente incompetente para conocer del referido juicio, ordenando su remisión al Juez de Distrito en Turno en el Estado de Zacatecas, mismo que correspondió a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado; en consecuencia, como lo ordena la superioridad, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 103 fracción I, 107, fracciones I, VII y XV de la Constitución General de la República; 1 fracción I, 35, 37, 108, y relativos de la Ley de Amparo, este juzgado SE AVOCA al conocimiento del mismo y acepta la competencia planteada, con fundamento, además. en el artículo 45 de la Ley de Amparo, que dispone la improcedencia de objetarle competencia a la superioridad, salvo en la hipótesis prevista por el artículo 49 de dicho ordenamiento legal. EXPEDIENTE Y REGISTRO. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno bajo el número 1060/2016-5; procédase a la digitalización de las constancias existentes para la integración del expediente electrónico; en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad de documentos o protección a datos personales no puedan digitalizarse quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la Secretaría de este Juzgado. ADMISIÓN. Por tanto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1°, 103, fracción I, 107, fracciones I, VII y XV, de la Constitución Federal; 1°, fracción I, 5, 35, 37, 107, 108, 112, 116 y relativos de la Ley de Amparo; ADMÍTASE a trámite la demanda de que se trata. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Se señalan las NUEVE HORAS DEL TRES DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS, para llevar a cabo la audiencia constitucional de este juicio. Cabe precisar que la asignación de dicha data, está supeditada a las cargas laborales del juzgado. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. No se tramita por no haber sido solicitado por la parte quejosa. INFORMES JUSTIFICADOS. Sin ser necesario solicitar el informe justificado a las autoridad señalada como responsable, toda vez que en las constancias que remitió la superioridad, ya obra el informe justificado de la autoridad responsable Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas, con residencia en esta ciudad, por lo que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de Amparo, con los contenidos y anexos documentales que allegó a su informe, constante de dos cuadernillos, dese vista a las demás partes, para los efectos legales a que haya lugar. CONSTANCIAS. Tomando en consideración que el presente asunto fue remitido por razón de incompetencia, y con las constancias que la autoridad responsable anexó en apoyo a su informe de ley se ordenaron formar los cuadernos de pruebas correspondientes, con apoyo en lo establecido por el artículo 119 de la ley que rige el juicio constitucional, ténganse como prueba dichas documentales, las cuales, de ser procedente, serán valoradas en el momento procesal oportuno, sin perjuicio de hacer relación de las mismas al celebrarse la audiencia constitucional. DELEGADOS Y DOMICILIO DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES. Con apoyo en los numerales 9º, párrafo primero y 28, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, ténganse por delegados a las personas que, en su caso, nombren las autoridades responsables y por indicado el domicilio para oír y recibir notificaciones que señalen. Sin que haya lugar a tener como autorizados para consultar expedientes y recibir documentos a las persona que mencionen las responsables, toda vez que esa facultad está reservada para la parte quejosa y los terceros interesados; lo anterior, con excepción de los particulares señalados como autoridades responsables. REQUIERE POR CONSTANCIAS SOBRE LA ACTUALIZACIÓN DE CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. En otra línea, con fundamento en el artículo 64, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se requiere tanto a las autoridades señaladas como responsables, como a la parte quejosa, para que comuniquen de inmediato a este juzgado si durante la secuela de este juicio se actualiza alguna causa de sobreseimiento y sobre todo, informen si es de su conocimiento que la parte quejosa ha promovido diverso juicio de amparo, y en su caso, informen el estado procesal del respectivo juicio de amparo. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Se autoriza la reproducción por medios tecnológicos del presente sumario de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en la que se autoriza a las partes y sus autorizados para oír y recibir toda clase de notificaciones, el uso de aparatos como lo son cámaras, grabadoras o lectores ópticos para imponerse de los acuerdos que se dictan en los Juzgados. DOMICILIO Y AUTORIZADOS PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Como lo solicita la promovente, se tienen como autorizados para recibir notificaciones con las amplias facultades que confiere el artículo 12, de la ley de la materia al licenciado Luis Alberto González Hernández, toda vez que su cédula profesional 4263309 se encuentra registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; ello en atención a la reforma de dicho dispositivo en decreto publicado el diecisiete de junio del año en curso, que establece que también para la materia penal se requiere que las personas autorizadas en amplios términos acrediten encontrarse legalmente autorizados para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado; asimismo, con fundamente en el artículo 27 fracción I de la ley de la materia, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en Avenida Tacuba número ciento cincuenta y dos (152) interior treinta y seis (36) Centro, en esta ciudad. Por otro lado, se precisa que el horario en el cual pueden acudir las partes a este órgano jurisdiccional para notificarse en los días hábiles a que se refieren los incisos b) y c) de la fracción I del artículo 27 de la Ley de Amparo, es el comprendido de las nueve a las quince horas, que es el horario de atención al público. Se hace notar que en términos de la fracción III, del citado artículo 27, los actuarios de la adscripción se encuentran facultados para que en caso de que en autos no conste domicilio para oír y recibir notificaciones, el señalado resulte inexacto, no se halle el buscado, o bien, del contenido del acta elaborada por alguno de ellos, se evidencie que la causa que impida realizar la notificación encomendada en el domicilio señalado para ese efecto por cualquiera de las partes, sea tal, que no solo impida llevar a cabo esa notificación sino también las subsecuentes; sin previo acuerdo, se autoriza que se practiquen las notificaciones personales mediante lista a que alude el ordinal 29 de la Ley de amparo y para el último supuesto, inclusive las subsecuentes que así deban serlo. HABILITACIÓN DE HORAS Y DÍAS INHÁBILES. Con fundamento en lo dispuesto por el ordinal 21 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se faculta al Actuario de esta adscripción para que lleve a cabo las notificaciones personales en este expediente en días y horas inhábiles. INTERVENCIÓN AL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL. Con base en lo que establece el artículo 5°, fracción IV, de la ley de amparo, dese al agente del Ministerio Público Federal adscrito, la intervención que le confiere la ley corriéndole traslado con la copia de la demanda. LEY DE TRANSPARENCIA. Atento a lo previsto en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, considerando además lo previsto en el segundo párrafo del segundo numeral transitorio del decreto por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, conforme al cual hasta que se expidan las leyes generales en materia de datos personales en posesión de sujetos obligados y archivo, permanecerá vigente la normatividad en materia, lo que a la fecha no ha acontecido; en términos de los ordinales 3, fracción XIV, inciso c), 4, fracción III, 8, 20 y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como en los artículos 5, 6, 7, 8, 32 y 35 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la invocada legislación, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, así como para ejercer los derechos de acceso, rectificación y de cancelación de los datos personales que les conciernan en este expediente o en el sistema adoptado; además de que, aun en el caso de que no ejerzan su derecho de oposición, en la versión pública correspondiente que se realice, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, así como la información considerada legalmente de reservada o confidencial que encuadre en los supuestos señalados en los numerales 3, 13, 14, 18 y 22 de la ley en citada en primer término, lo que se hará en los términos de los criterios para la supresión de información confidencial o reservada y de la elaboración de versiones pública, previstos en los artículos 14, 25, 28, 54, 55, 56, 57 y 59 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establecen las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce. Finalmente, por conducto del Actuario Judicial de la adscripción, hágase del conocimiento de la quejosa así como del tercero interesado Antonio Alfaro Saldívar el contenido del presente proveído, para los efectos legales correspondientes. Notifíquese personalmente a las partes y por oficio a la autoridad responsable y tercero interesado Agente del Ministerio Público adscrito a la responsable. Así lo acordó y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, ante el licenciado Juan García Trejo, Secretario que autoriza y da fe. EMVG
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