José Virgilio Galván Ambrocio
Expediente 480/2019 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán. 3 actuaciones registradas, la última del 28 de octubre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 480/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 28/10/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- José Virgilio Galván Ambrocio
- Juez Primero de Primera Instancia En Materia Civil, Con Residencia En los Reyes, Michoacán
Actuaciones
- Principal
Uruapan, Michoacán, veintiocho de octubre de dos mil diecinueve. Visto lo de cuenta, agréguese el escrito del quejoso José Virgilio Galván Ambrocio, en atención a su contenido, con fundamento en el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, devuélvasele los documentos a que hace referencia, previa copia que se deje en autos, así como del recibo correspondiente, autorizando para recibirlos a la persona que indica. Notifíquese. Así lo acordó y firma Sergio Santamaría Chamú, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán; y da fe el Secretario Juan José Bocanegra García.
- Principal
Uruapan, Michoacán, dos de octubre de dos mil diecinueve. 1. REGISTRO. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por José Virgilio Galván Ambrocio, contra actos del Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil de Los Reyes, Michoacán, y otras autoridades; fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 480/2019-H. 2. CAUSA DE IMPROCEDENCIA. En el caso, se actualiza la causa de improcedencia que prevé el artículo 61, fracción XII, en concordancia con diverso arábigo 5°, fracción I, de la Ley de Amparo, que refieren: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5 de la presente Ley." "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley..." Para demostrarlo es menester realizar una breve reseña de los antecedentes que dan origen a los actos reclamados contenidos en la escritura de adjudicación del juicio de origen, siendo los siguientes: 1. Ante el Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Civil de Los Reyes, Michoacán, Francisco Ambrocio Méndez, tramitó el juicio sucesorio intestamentario 416/1996 a bienes de Olivia Méndez Aguilera. 2. Mediante sentencia interlocutoria de doce de febrero de mil novecientos noventa y siete, se declaró como único y universal heredero de los bienes, acciones y derechos que pertenecieron a la de cujus al referido Ambrocio Méndez. 3. Al resolver la segunda sección del juicio, procedió el inventario y avalúo y se ordenó la escrituración de la totalidad del terreno que el quejoso defiende en esta instancia en favor del promovente del referido juicio (aquí tercero interesado), escritura que fue realizada el catorce de mayo de mil novecientos noventa y siete. Expuesto lo anterior, es importante destacar que el juicio de amparo, únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclama; es decir, constituye un presupuesto necesario para la procedencia de la acción constitucional, que el acto o ley reclamados causen un perjuicio al o la quejosa; entendiéndose por perjuicio la existencia de un derecho legítimamente tutelado que cuando es trasgredido por la actuación de una autoridad o por la ley, faculta a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional correspondiente demandando que esa violación cese; tal derecho protegido por el ordenamiento legal objetivo, es lo que constituye el interés jurídico que la ley de la materia toma en cuenta para la procedencia del juicio de amparo. Sirve de orientación al respecto, la jurisprudencia de la entonces Sala Auxiliar de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, página 55, Volumen 72, Séptima Parte, Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, que textualmente dice: "INTERES JURIDICO EN EL AMPARO, QUE DEBE ENTENDERSE POR PERJUICIO PARA LOS EFECTOS DEL. El artículo 4o. de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, prescribe que el juicio constitucional únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclaman. Es presupuesto, de consiguiente, para la procedencia de la acción de amparo, de acuerdo con el ámbito conceptual de esa norma legal, que el acto o ley reclamados, en su caso, en un juicio de garantías, cause un perjuicio al quejoso o agraviado. Así lo ha estimado la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sus diversas tesis jurisprudenciales, la que ha llegado, incluso, a definir cuál es el alcance del concepto perjuicio, como podrá apreciarse si se consulta el Apéndice de Jurisprudencia de 1917 a 1965, del Semanario Judicial de la Federación, Sexta Parte, página 239, en donde se expresa que: "El concepto perjuicio, para los efectos del amparo, no debe tomarse en los términos de la ley civil, o sea, como la privación de cualquiera ganancia lícita, que pudiera haberse obtenido, o como el menoscabo en el patrimonio, sino como sinónimo de ofensa que se hace a los derechos o intereses de una persona". Este Alto Tribunal de la República, en otras ejecutorias que desenvuelven y precisan el mismo concepto, es decir, lo que debe entenderse por perjuicio, ha llegado a estimar que el interés jurídico de que habla la fracción VI, ahora V, del artículo 73 de la Ley de Amparo, "no puede referirse, a otra cosa, sino a la titularidad que al quejoso corresponde, en relación con los derechos o posesiones conculcados" (Tomo LXIII, página 3770 del Semanario Judicial de la Federación). Y es que la procedencia de la acción constitucional de amparo requiere, como presupuesto necesario, que se acredite la afectación por el acto reclamado, de los derechos que se invocan, ya sean estos posesorios o de cualquiera otra clase, como se sostiene, acertadamente, en la ejecutoria visible en la página 320, del Tomo LXVII del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época. Sin duda, un acto reclamado en amparo, causa perjuicio a una persona física o moral, cuando lesiona, directamente, sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y es entonces cuando nace, precisamente, la acción constitucional o anulatoria de la violación reclamada en un juicio de garantías, conforme al criterio que sustenta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ejecutoria publicada en la página 2276, del Tomo LXX del mismo Semanario Judicial." También cobra aplicación la jurisprudencia I.1o.T. J/38 K del Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, página 31, Núm. 52, Abril de 1992, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, rubro y texto: "INTERES JURIDICO EN EL AMPARO. De acuerdo con la hipótesis que consagra el artículo 4o. de la ley reglamentaria del juicio de garantías, el ejercicio de la acción constitucional está reservado únicamente a quien resiente un perjuicio con motivo de un acto de autoridad o por la ley. Por lo tanto, la noción de perjuicio para que proceda la acción constitucional, presupone la existencia de un derecho legítimamente tutelado que, cuando es transgredido por la actuación de una autoridad o por la ley, faculta a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional correspondiente demandando el cese de esa transgresión. Ese derecho protegido por el ordenamiento legal objetivo es lo que constituye el interés jurídico, que la ley de la materia toma en cuenta para la procedencia del juicio de amparo, debiendo destacarse que no todos los intereses que puedan concurrir en una persona merecen el calificativo de jurídicos, pues para que tal cuestión acontezca es menester que el derecho objetivo se haga cargo de ellos a través de una o varias de sus normas." Asimismo, es de resaltar que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 74/97, analizó y se pronunció en torno a aquellos casos en que resulta procedente el juicio de amparo indirecto, cuando un posible heredero no fuera llamado o hubiese sido indebidamente emplazado a un juicio sucesorio y éste hubiere concluido, arribando a la conclusión siguiente: ". Finalmente, antes de que esta Primera Sala fije la posición que habrá de adoptar para resolver la contradicción de tesis materia de estudio, respecto a la procedencia del juicio de amparo en aquellos casos en los que un posible heredero que no fue debidamente emplazado a juicio reclama su derecho a intervenir en un juicio sucesorio intestamentario, para ser declarado heredero, con todas sus consecuencias legales, es necesario analizar los diversos supuestos que podrían dar lugar a que se promoviera el juicio de garantías por parte una persona que se considera con derecho a participar de la masa hereditaria dejada por el de cujus, que en la especie son las siguientes: a) En primer lugar cabe mencionar aquellos casos en los que desde la denuncia del juicio intestamentario se señala a alguna persona familiar del de cujus, con derecho a participar en el juicio, respecto de la cual, el juzgador estaría en la obligación de ordenar que se le cite y de verificar que se dé cabal cumplimiento a las formalidades legales establecidas para ello, a efecto de que se haga del conocimiento del heredero señalado la existencia del juicio sucesorio, para que esté en condiciones de acudir ante la autoridad judicial que conoce del juicio sucesorio a deducir sus derechos hereditarios, como ocurre en los casos expresamente señalados en los artículos 844, del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, 1197 y 1198 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Tlaxcala, que en lo conducente señalan: "Artículo 844.- Efectuada la denuncia y una vez practicadas las diligencias de aseguramiento de los bienes, cuando así proceda, el Juez tendrá por radicado el intestado y mandará notificarlo por cédula o por correo con acuse de recibo a las personas que se hubiesen señalado como interesadas, haciéndoles saber el nombre del finado, las demás particularidades que lo identifiquen, la fecha y el lugar del fallecimiento, para que en un término improrrogable de treinta días se presenten a deducir y a justificar sus derechos, a la herencia y a hacer el nombramiento de albacea. En todo caso mandará a fijar y publicar los edictos correspondientes, haciendo saber a los interesados la radicación del intestado y previniéndoles que deberán presentarse a deducir y justificar sus derechos en la forma y términos que ordena el párrafo anterior". "Artículo 1197. En la denuncia o promoción de intestado, se expresará, si el autor de la sucesión dejó cónyuge, ascendientes, descendientes o colaterales, dentro del quinto grado". "Artículo 1198. El Juez citará a los presuntos herederos que aparecieren de la denuncia o a sus representantes legítimos, para una junta ...". Del contenido de los numerales trascritos de ambos ordenamientos legales citados, se advierte que en aquellos casos en que en la demanda de intestado se haga mención o se señale a alguna persona como familiar del de cujus, se genera la obligación por parte del Juez del conocimiento, de vigilar la correcta citación de dicha persona, a efecto de que se haga de su conocimiento la existencia del juicio sucesorio, para que acuda a deducir sus derechos hereditarios. En este caso, de darse alguna irregularidad -deficiencia u omisión- en la citación o llamamiento correspondiente, indudablemente el heredero en cuestión, se vería afectado en sus derechos fundamentales con las resoluciones que se dictaran en las diferentes etapas que integran el trámite del juicio sucesorio, pues las mismas no se ocuparían del quejoso porque no fue parte en el mismo, luego entonces dicha afectación no podría ser subsanada con el dictado de la resolución definitiva (en un juicio sucesorio se entiende como tal la que determina la adjudicación de bienes), pues no sería tomado en consideración en dicha determinación, por no haber sido parte en el juicio, razón por la que el interesado quedaría en la posibilidad de promover el juicio de amparo indirecto ante un Juzgado de Distrito, dentro del término señalado para ello por el artículo 21 de la Ley de Amparo, a condición de que no haya operado en su perjuicio el término para la prescripción del derecho a reclamar la herencia a que se refieren los artículos 2993 del Código Civil para el Estado de Jalisco y 2939 del Código Civil para el Estado de Tlaxcala, los cuales son coincidentes en señalar el término de diez años contados a partir de la muerte del de cujus. Sin que en las citadas condiciones, exista la obligación, por parte del quejoso, de tramitar previamente el juicio de petición de herencia, en virtud de que éste no tiene la calidad de un recurso ordinario, ya que se trata de un procedimiento autónomo y no de un recurso o medio ordinario de impugnación, como ya se precisó con anterioridad. Tampoco sería exigible en las condiciones apuntadas, que el quejoso agotara los recursos ordinarios señalados en los códigos de procedimientos civiles, pues al no haber sido parte en el juicio no tendría acceso a agotarlos, por tener la calidad de tercero extraño al juicio. b) Diversa circunstancia se presentaría cuando a una persona que se considera posible heredera, no se le da intervención alguna en el juicio sucesorio por omisión total de su señalamiento en el trámite del procedimiento sucesorio y reclama su derecho a intervenir en dicho juicio, para ser declarado heredero, con todas sus consecuencias legales, circunstancia que daría lugar a dos situaciones diversas: 1-b) La primera se actualiza cuando la persona interesada cuenta con un documento público fehaciente que acredita su entroncamiento con el autor de la sucesión -en la especie el acta del Registro Civil correspondiente-, así como el grado de parentesco idóneo para ser declarado heredero, lo que le permitiría, sin prejuzgar sobre la primacía o no de sus derechos hereditarios en relación con las otras personas declaradas como herederos en el juicio sucesorio, establecer su derecho para ser llamado a juicio a través del juicio de garantías, siempre que no haya transcurrido el término de la prescripción de su derecho a reclamar la herencia. 2-b) La segunda situación se daría cuando la persona interesada en intervenir en un juicio sucesorio, no obstante que cuenta con un documento público fehaciente -un acta del Registro Civil- para acreditar su entronque de parentesco con el autor de la sucesión, como base para promover el juicio de amparo, dicho documento sea insuficiente para acreditar su derecho a participar en el juicio sucesorio como ocurre en los casos en que en un juicio intestamentario ya se encuentran acreditadas como herederas personas con un grado de parentesco menor con el autor de sucesión, que el que acredita el quejoso, con el documento en cuestión, si se toma en consideración que en todos los Códigos Civiles de las entidades federativas y del Distrito Federal, establecen en sus preceptos la regla que señala que los parientes cercanos excluyen a los parientes lejanos, en la preferencia al haber hereditario. c) Otra circunstancia diversa se presenta en el caso en que la persona interesada en intervenir en el juicio sucesorio, para que se le declare heredero, pretende demostrar su entroncamiento familiar con el autor de la sucesión, mediante el acopio de diverso material probatorio, por carecer del documento público idóneo para ello -en la especie el acta del Registro Civil- en cuyo caso no sería procedente el juicio de amparo, pues se estaría en la imposibilidad de hacer alguna declaración en torno a la demostración del vínculo de parentesco, por no contarse con la prueba fehaciente requerida por los diversos Códigos Civiles para ello, en tales condiciones dicha pretensión deberá hacerse valer a través de un juicio ordinario ante las autoridades correspondientes a través del procedimiento de petición de herencia.". Ejecutoria de la que se infiere que para que un juicio de garantías satisfaga la exigencia del artículo 5º de la Ley de Amparo, esto es, que sea promovido por la parte a quien perjudique la ley o el acto reclamado, cuando el quejoso se duele de la falta o ilegal llamamiento a un juicio sucesorio intestamentario, es necesario no sólo que éste demuestre el entroncamiento con el autor de la sucesión y, por ende, su derecho a heredar, sino también que al momento de la promoción del amparo no haya prescrito la acción de petición de herencia, la cual tiene por objeto obtener el reconocimiento de los derechos hereditarios, la nulidad del juicio sucesorio a fin de que el heredero no llamado o llamado ilegalmente, pueda intervenir en el dicho juicio; ello, en virtud de que si por el solo trascurso del tiempo (prescripción de la acción de petición de herencia), dejó de existir el derecho que le habría permitido intervenir en el juicio sucesorio, es inconcuso que no existe esa afectación a su interés jurídico, dado que su pretensión consiste en la anulación de lo actuado a sus espaldas en el sucesorio, a efecto de que se le convoque a participar en la sucesión, derecho que queda extinguido al operar la prescripción. En ese sentido se pronunció la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 39/99, derivada de la ejecutoria que resolvió la contradicción de tesis antes aludida, página 242, Tomo X, Octubre de 1999, Materia Civil, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, la cual es aplicable al caso concreto, por similitud jurídica, misma que lleva por rubro y texto: "SUCESORIO. CUANDO UN POSIBLE HEREDERO NO FUERA LLAMADO A UN JUICIO DE ESA CLASE Y ÉSTE HUBIERE CONCLUIDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO (LEGISLACIONES ADJETIVAS DE LOS ESTADOS DE JALISCO Y TLAXCALA). Cuando el afectado impugne que no fue llamado legalmente al juicio sucesorio correspondiente, que ya concluyó, argumentando que el emplazamiento, la convocatoria o citatorio de herederos no se ajustó a los lineamientos que establecen los preceptos adjetivos aplicables, debido a que no constituye un imperativo el que tenga que ejercer previamente la acción de petición de herencia a que se refieren los artículos 12, 13 y 834 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco y 9o. fracción I, 10, fracción VI y 11 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tlaxcala, el amparo indirecto será procedente, de acuerdo con la excepción al principio de definitividad prevista en la parte final de la fracción XIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, que establece que las personas extrañas al juicio del que emanan los actos reclamados pueden promover su demanda de amparo en forma inmediata, ante el Juez de Distrito. Por tanto, si cuenta con los documentos públicos para probar la idoneidad de su parentesco con el de cujus que le permitiría ser declarado probable heredero, el afectado no está obligado a ejercer la acción de petición de herencia. En todo caso, el ocurrir o no a esa vía jurisdiccional resultaría optativo para el quejoso, siempre que no haya transcurrido el término de diez años para que opere la prescripción, señalado en los artículos 2993 del Código Civil del Estado de Jalisco y 2939 del Código Civil del Estado de Tlaxcala." En ese contexto, si Código Civil para el Estado de Michoacán abrogado a partir del ocho de septiembre de dos mil ocho, el cual resulta aplicable al caso concreto, ya que el juicio sucesorio intestamentario de donde derivan los actos reclamados se tramitó y resolvió conforme a dicho ordenamiento legal, en su artículo 1509, establece: Artículo 1509. El derecho de reclamar la herencia prescribe en diez años y es transmisible a los herederos En tanto que su numeral 1084, fracción IV, dispone que: "Artículo 1084. La prescripción no puede comenzar ni correr: (.) IV. Entre copropietarios o coposeedores, respecto del bien común." En consecuencia, resulta inconcuso que la prescripción de la acción de petición de herencia sólo puede comenzar a trascurrir entre los herederos respecto de un bien inmueble que pertenece a la masa hereditaria, una vez efectuada la división y adjudicación correspondiente, ya que es con esto con lo que culmina el juicio sucesorio. Cobra aplicación al respecto, por similitud jurídica, la jurisprudencia XX. J/8, del Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, página 80, Tomo VIII, Septiembre de 1991, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Octava Época, que dice: "PRESCRIPCION. NO PUEDE COMENZAR NI CORRER ENTRE LOS HEREDEROS DE UN BIEN INMUEBLE QUE FORMA PARTE DE LA MASA HEREDITARIA DEL DE CUJUS, EN TANTO NO SE HAGA LA DIVISION EN EL JUICIO SUCESORIO CORRESPONDIENTE. (LEGISLACION DEL ESTADO DE CHIAPAS). La prescripción no puede comenzar ni correr entre los herederos respecto de un bien inmueble que pertenece a la masa hereditaria del de cujus, en los términos de los artículos 1275 en relación con la fracción IV del numeral 1155 del Código Civil para el Estado de Chiapas en tanto no se haga la división con la que culmina el juicio sucesorio, correspondiente, en razón de que éstos, adquieren derechos a la sucesión como un patrimonio común." En ese orden, de las constancias que anexó el quejoso a su escrito de demanda, relativas a la escritura pública número cuatro mil setecientos diez, realizada ante el Notario Público número 45, del Estado de Michoacán, que contiene la protocolización y aplicación del caudal hereditario del juicio sucesorio intestamentario a bienes de Olivia Méndez Aguilera, se desprende que, como se dijo, la escrituración del inmueble que se defiende en este asunto se llevó a cabo el catorce de mayo de mil novecientos noventa y siete, dándose por concluido con ello, el referido juicio, y , a partir de ahí, empezó a trascurrir el lapso de diez años que prevé el artículo 1509 del Código Civil para el Estado de Michoacán, para que el hoy quejoso, hiciera valer la acción de petición de herencia, o bien, promoviera el juicio de amparo indirecto contra la falta de llamamiento al sucesorio. Por lo tanto, si el juicio de amparo indirecto lo promovió hasta el uno de octubre de dos mil diecinueve, esto es, cuando ya estaba prescrita la acción de petición de herencia; entonces, es indudable que para esta fecha el quejoso ya no estaba legitimado para instar la acción constitucional, porque ya había precluido su expectativa de derecho consistente en ser probable heredero en el juicio sucesorio intestamentario de donde deriva el acto reclamado, de ahí que ninguna afectación se ocasiona a su interés jurídico, pues a nada práctico conduciría analizar el acto de autoridad que impugna si por el solo trascurso del tiempo dejó de existir el derecho que le habría permitido intervenir en el juicio sucesorio de origen. Cabe citar la tesis VI.2o.C.637 C del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, página 1001, Tomo XXVIII, Diciembre de 2008, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, rubro y texto: "EMPLAZAMIENTO A JUICIO SUCESORIO INTESTAMENTARIO. EL JUICIO DE AMPARO EN EL QUE SE SEÑALA COMO ACTO RECLAMADO RESULTA IMPROCEDENTE, POR FALTA DE INTERÉS JURÍDICO, CUANDO SE PROMUEVE UNA VEZ QUE HA PRESCRITO LA ACCIÓN DE PETICIÓN DE HERENCIA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA). Conforme al artículo 3391 del Código Civil para el Estado de Puebla, la acción de petición de herencia prescribe en diez años, contados a partir de la adjudicación del patrimonio al que pudiera aspirar quien se considere con derecho por estimarse heredero. Por otro lado, para que un juicio de garantías satisfaga la exigencia de ser promovido por la parte a quien perjudique la ley o el acto reclamado, acorde con el artículo 4o. de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es necesario que el ejercicio de la acción de amparo tenga por objeto la tutela de derechos pertenecientes a quien demanda su protección, en razón de la existencia real al momento de la formulación de la pretensión correlativa ante la autoridad judicial, ya que a nada práctico conduciría el análisis de actos de autoridad frente a derechos cuya titularidad no corresponde al quejoso, o que habiéndole pertenecido, hubieren perdido positividad con motivo del transcurso del tiempo, tal como ocurre cuando opera la prescripción. De tal suerte, el juicio de amparo resulta improcedente cuando se reclama la falta de emplazamiento a un juicio sucesorio intestamentario, si al momento de su promoción ya prescribió la acción de petición de herencia, dado que si por el solo transcurso del tiempo dejó de existir el derecho que habría permitido al quejoso intervenir en dicho procedimiento, es inconcuso que ninguna afectación se ocasiona a su interés jurídico, en tanto que su pretensión consiste en la anulación de lo actuado a efecto de que se le convoque a participar en la sucesión, derecho que se extinguió al operar la prescripción." Luego, al actualizarse la citada causa de improcedencia, se desecha la demanda de amparo. 3. DOMICILIO PROCESAL Y AUTORIZADOS. Téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el que indica en su demanda, donde autoriza con las facultades amplias que establece el artículo 12 de la Ley de Amparo a Víctor González Martínez y Fernando García Escalera, por tener su cédula registrada ante los Juzgados de Distrito. 4. PUBLICIDAD DE LA SENTENCIA Y DEL EXPEDIENTE. Hágase saber a las partes, que la sentencia que se dicte en el presente asunto, estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten; y que les asiste el derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en el entendido de que la falta de manifestación expresa, implica la oposición a la publicación de tales datos. Lo anterior, en términos de los artículos 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese personalmente.
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R-Uruapan, Michoacán, dos de octubre de dos mil diecinueve. 1. REGISTRO. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por José Virgilio Galván Ambrocio, contra actos del Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil de Los Reyes, Michoacán, y otras autoridades; fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 480/2019-H. 2. CAUSA DE IMPROCEDENCIA. En el caso, se actualiza la causa de improcedencia que prevé el artículo 61, fracción XII, en concordancia con diverso arábigo 5°, fracción I, de la Ley de Amparo, que refieren: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5 de la presente Ley." "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley..." Para demostrarlo es menester realizar una breve reseña de los antecedentes que dan origen a los actos reclamados contenidos en la escritura de adjudicación del juicio de origen, siendo los siguientes: 1. Ante el Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Civil de Los Reyes, Michoacán, Francisco Ambrocio Méndez, tramitó el juicio sucesorio intestamentario 416/1996 a bienes de Olivia Méndez Aguilera. 2. Mediante sentencia interlocutoria de doce de febrero de mil novecientos noventa y siete, se declaró como único y universal heredero de los bienes, acciones y derechos que pertenecieron a la de cujus al referido Ambrocio Méndez. 3. Al resolver la segunda sección del juicio, procedió el inventario y avalúo y se ordenó la escrituración de la totalidad del terreno que el quejoso defiende en esta instancia en favor del promovente del referido juicio (aquí tercero interesado), escritura que fue realizada el catorce de mayo de mil novecientos noventa y siete. Expuesto lo anterior, es importante destacar que el juicio de amparo, únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclama; es decir, constituye un presupuesto necesario para la procedencia de la acción constitucional, que el acto o ley reclamados causen un perjuicio al o la quejosa; entendiéndose por perjuicio la existencia de un derecho legítimamente tutelado que cuando es trasgredido por la actuación de una autoridad o por la ley, faculta a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional correspondiente demandando que esa violación cese; tal derecho protegido por el ordenamiento legal objetivo, es lo que constituye el interés jurídico que la ley de la materia toma en cuenta para la procedencia del juicio de amparo. Sirve de orientación al respecto, la jurisprudencia de la entonces Sala Auxiliar de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, página 55, Volumen 72, Séptima Parte, Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, que textualmente dice: "INTERES JURIDICO EN EL AMPARO, QUE DEBE ENTENDERSE POR PERJUICIO PARA LOS EFECTOS DEL. El artículo 4o. de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, prescribe que el juicio constitucional únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclaman. Es presupuesto, de consiguiente, para la procedencia de la acción de amparo, de acuerdo con el ámbito conceptual de esa norma legal, que el acto o ley reclamados, en su caso, en un juicio de garantías, cause un perjuicio al quejoso o agraviado. Así lo ha estimado la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sus diversas tesis jurisprudenciales, la que ha llegado, incluso, a definir cuál es el alcance del concepto perjuicio, como podrá apreciarse si se consulta el Apéndice de Jurisprudencia de 1917 a 1965, del Semanario Judicial de la Federación, Sexta Parte, página 239, en donde se expresa que: "El concepto perjuicio, para los efectos del amparo, no debe tomarse en los términos de la ley civil, o sea, como la privación de cualquiera ganancia lícita, que pudiera haberse obtenido, o como el menoscabo en el patrimonio, sino como sinónimo de ofensa que se hace a los derechos o intereses de una persona". Este Alto Tribunal de la República, en otras ejecutorias que desenvuelven y precisan el mismo concepto, es decir, lo que debe entenderse por perjuicio, ha llegado a estimar que el interés jurídico de que habla la fracción VI, ahora V, del artículo 73 de la Ley de Amparo, "no puede referirse, a otra cosa, sino a la titularidad que al quejoso corresponde, en relación con los derechos o posesiones conculcados" (Tomo LXIII, página 3770 del Semanario Judicial de la Federación). Y es que la procedencia de la acción constitucional de amparo requiere, como presupuesto necesario, que se acredite la afectación por el acto reclamado, de los derechos que se invocan, ya sean estos posesorios o de cualquiera otra clase, como se sostiene, acertadamente, en la ejecutoria visible en la página 320, del Tomo LXVII del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época. Sin duda, un acto reclamado en amparo, causa perjuicio a una persona física o moral, cuando lesiona, directamente, sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y es entonces cuando nace, precisamente, la acción constitucional o anulatoria de la violación reclamada en un juicio de garantías, conforme al criterio que sustenta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ejecutoria publicada en la página 2276, del Tomo LXX del mismo Semanario Judicial." También cobra aplicación la jurisprudencia I.1o.T. J/38 K del Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, página 31, Núm. 52, Abril de 1992, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, rubro y texto: "INTERES JURIDICO EN EL AMPARO. De acuerdo con la hipótesis que consagra el artículo 4o. de la ley reglamentaria del juicio de garantías, el ejercicio de la acción constitucional está reservado únicamente a quien resiente un perjuicio con motivo de un acto de autoridad o por la ley. Por lo tanto, la noción de perjuicio para que proceda la acción constitucional, presupone la existencia de un derecho legítimamente tutelado que, cuando es transgredido por la actuación de una autoridad o por la ley, faculta a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional correspondiente demandando el cese de esa transgresión. Ese derecho protegido por el ordenamiento legal objetivo es lo que constituye el interés jurídico, que la ley de la materia toma en cuenta para la procedencia del juicio de amparo, debiendo destacarse que no todos los intereses que puedan concurrir en una persona merecen el calificativo de jurídicos, pues para que tal cuestión acontezca es menester que el derecho objetivo se haga cargo de ellos a través de una o varias de sus normas." Asimismo, es de resaltar que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 74/97, analizó y se pronunció en torno a aquellos casos en que resulta procedente el juicio de amparo indirecto, cuando un posible heredero no fuera llamado o hubiese sido indebidamente emplazado a un juicio sucesorio y éste hubiere concluido, arribando a la conclusión siguiente: ". Finalmente, antes de que esta Primera Sala fije la posición que habrá de adoptar para resolver la contradicción de tesis materia de estudio, respecto a la procedencia del juicio de amparo en aquellos casos en los que un posible heredero que no fue debidamente emplazado a juicio reclama su derecho a intervenir en un juicio sucesorio intestamentario, para ser declarado heredero, con todas sus consecuencias legales, es necesario analizar los diversos supuestos que podrían dar lugar a que se promoviera el juicio de garantías por parte una persona que se considera con derecho a participar de la masa hereditaria dejada por el de cujus, que en la especie son las siguientes: a) En primer lugar cabe mencionar aquellos casos en los que desde la denuncia del juicio intestamentario se señala a alguna persona familiar del de cujus, con derecho a participar en el juicio, respecto de la cual, el juzgador estaría en la obligación de ordenar que se le cite y de verificar que se dé cabal cumplimiento a las formalidades legales establecidas para ello, a efecto de que se haga del conocimiento del heredero señalado la existencia del juicio sucesorio, para que esté en condiciones de acudir ante la autoridad judicial que conoce del juicio sucesorio a deducir sus derechos hereditarios, como ocurre en los casos expresamente señalados en los artículos 844, del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, 1197 y 1198 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Tlaxcala, que en lo conducente señalan: "Artículo 844.- Efectuada la denuncia y una vez practicadas las diligencias de aseguramiento de los bienes, cuando así proceda, el Juez tendrá por radicado el intestado y mandará notificarlo por cédula o por correo con acuse de recibo a las personas que se hubiesen señalado como interesadas, haciéndoles saber el nombre del finado, las demás particularidades que lo identifiquen, la fecha y el lugar del fallecimiento, para que en un término improrrogable de treinta días se presenten a deducir y a justificar sus derechos, a la herencia y a hacer el nombramiento de albacea. En todo caso mandará a fijar y publicar los edictos correspondientes, haciendo saber a los interesados la radicación del intestado y previniéndoles que deberán presentarse a deducir y justificar sus derechos en la forma y términos que ordena el párrafo anterior". "Artículo 1197. En la denuncia o promoción de intestado, se expresará, si el autor de la sucesión dejó cónyuge, ascendientes, descendientes o colaterales, dentro del quinto grado". "Artículo 1198. El Juez citará a los presuntos herederos que aparecieren de la denuncia o a sus representantes legítimos, para una junta ...". Del contenido de los numerales trascritos de ambos ordenamientos legales citados, se advierte que en aquellos casos en que en la demanda de intestado se haga mención o se señale a alguna persona como familiar del de cujus, se genera la obligación por parte del Juez del conocimiento, de vigilar la correcta citación de dicha persona, a efecto de que se haga de su conocimiento la existencia del juicio sucesorio, para que acuda a deducir sus derechos hereditarios. En este caso, de darse alguna irregularidad -deficiencia u omisión- en la citación o llamamiento correspondiente, indudablemente el heredero en cuestión, se vería afectado en sus derechos fundamentales con las resoluciones que se dictaran en las diferentes etapas que integran el trámite del juicio sucesorio, pues las mismas no se ocuparían del quejoso porque no fue parte en el mismo, luego entonces dicha afectación no podría ser subsanada con el dictado de la resolución definitiva (en un juicio sucesorio se entiende como tal la que determina la adjudicación de bienes), pues no sería tomado en consideración en dicha determinación, por no haber sido parte en el juicio, razón por la que el interesado quedaría en la posibilidad de promover el juicio de amparo indirecto ante un Juzgado de Distrito, dentro del término señalado para ello por el artículo 21 de la Ley de Amparo, a condición de que no haya operado en su perjuicio el término para la prescripción del derecho a reclamar la herencia a que se refieren los artículos 2993 del Código Civil para el Estado de Jalisco y 2939 del Código Civil para el Estado de Tlaxcala, los cuales son coincidentes en señalar el término de diez años contados a partir de la muerte del de cujus. Sin que en las citadas condiciones, exista la obligación, por parte del quejoso, de tramitar previamente el juicio de petición de herencia, en virtud de que éste no tiene la calidad de un recurso ordinario, ya que se trata de un procedimiento autónomo y no de un recurso o medio ordinario de impugnación, como ya se precisó con anterioridad. Tampoco sería exigible en las condiciones apuntadas, que el quejoso agotara los recursos ordinarios señalados en los códigos de procedimientos civiles, pues al no haber sido parte en el juicio no tendría acceso a agotarlos, por tener la calidad de tercero extraño al juicio. b) Diversa circunstancia se presentaría cuando a una persona que se considera posible heredera, no se le da intervención alguna en el juicio sucesorio por omisión total de su señalamiento en el trámite del procedimiento sucesorio y reclama su derecho a intervenir en dicho juicio, para ser declarado heredero, con todas sus consecuencias legales, circunstancia que daría lugar a dos situaciones diversas: 1-b) La primera se actualiza cuando la persona interesada cuenta con un documento público fehaciente que acredita su entroncamiento con el autor de la sucesión -en la especie el acta del Registro Civil correspondiente-, así como el grado de parentesco idóneo para ser declarado heredero, lo que le permitiría, sin prejuzgar sobre la primacía o no de sus derechos hereditarios en relación con las otras personas declaradas como herederos en el juicio sucesorio, establecer su derecho para ser llamado a juicio a través del juicio de garantías, siempre que no haya transcurrido el término de la prescripción de su derecho a reclamar la herencia. 2-b) La segunda situación se daría cuando la persona interesada en intervenir en un juicio sucesorio, no obstante que cuenta con un documento público fehaciente -un acta del Registro Civil- para acreditar su entronque de parentesco con el autor de la sucesión, como base para promover el juicio de amparo, dicho documento sea insuficiente para acreditar su derecho a participar en el juicio sucesorio como ocurre en los casos en que en un juicio intestamentario ya se encuentran acreditadas como herederas personas con un grado de parentesco menor con el autor de sucesión, que el que acredita el quejoso, con el documento en cuestión, si se toma en consideración que en todos los Códigos Civiles de las entidades federativas y del Distrito Federal, establecen en sus preceptos la regla que señala que los parientes cercanos excluyen a los parientes lejanos, en la preferencia al haber hereditario. c) Otra circunstancia diversa se presenta en el caso en que la persona interesada en intervenir en el juicio sucesorio, para que se le declare heredero, pretende demostrar su entroncamiento familiar con el autor de la sucesión, mediante el acopio de diverso material probatorio, por carecer del documento público idóneo para ello -en la especie el acta del Registro Civil- en cuyo caso no sería procedente el juicio de amparo, pues se estaría en la imposibilidad de hacer alguna declaración en torno a la demostración del vínculo de parentesco, por no contarse con la prueba fehaciente requerida por los diversos Códigos Civiles para ello, en tales condiciones dicha pretensión deberá hacerse valer a través de un juicio ordinario ante las autoridades correspondientes a través del procedimiento de petición de herencia.". Ejecutoria de la que se infiere que para que un juicio de garantías satisfaga la exigencia del artículo 5º de la Ley de Amparo, esto es, que sea promovido por la parte a quien perjudique la ley o el acto reclamado, cuando el quejoso se duele de la falta o ilegal llamamiento a un juicio sucesorio intestamentario, es necesario no sólo que éste demuestre el entroncamiento con el autor de la sucesión y, por ende, su derecho a heredar, sino también que al momento de la promoción del amparo no haya prescrito la acción de petición de herencia, la cual tiene por objeto obtener el reconocimiento de los derechos hereditarios, la nulidad del juicio sucesorio a fin de que el heredero no llamado o llamado ilegalmente, pueda intervenir en el dicho juicio; ello, en virtud de que si por el solo trascurso del tiempo (prescripción de la acción de petición de herencia), dejó de existir el derecho que le habría permitido intervenir en el juicio sucesorio, es inconcuso que no existe esa afectación a su interés jurídico, dado que su pretensión consiste en la anulación de lo actuado a sus espaldas en el sucesorio, a efecto de que se le convoque a participar en la sucesión, derecho que queda extinguido al operar la prescripción. En ese sentido se pronunció la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 39/99, derivada de la ejecutoria que resolvió la contradicción de tesis antes aludida, página 242, Tomo X, Octubre de 1999, Materia Civil, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, la cual es aplicable al caso concreto, por similitud jurídica, misma que lleva por rubro y texto: "SUCESORIO. CUANDO UN POSIBLE HEREDERO NO FUERA LLAMADO A UN JUICIO DE ESA CLASE Y ÉSTE HUBIERE CONCLUIDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO (LEGISLACIONES ADJETIVAS DE LOS ESTADOS DE JALISCO Y TLAXCALA). Cuando el afectado impugne que no fue llamado legalmente al juicio sucesorio correspondiente, que ya concluyó, argumentando que el emplazamiento, la convocatoria o citatorio de herederos no se ajustó a los lineamientos que establecen los preceptos adjetivos aplicables, debido a que no constituye un imperativo el que tenga que ejercer previamente la acción de petición de herencia a que se refieren los artículos 12, 13 y 834 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco y 9o. fracción I, 10, fracción VI y 11 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tlaxcala, el amparo indirecto será procedente, de acuerdo con la excepción al principio de definitividad prevista en la parte final de la fracción XIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, que establece que las personas extrañas al juicio del que emanan los actos reclamados pueden promover su demanda de amparo en forma inmediata, ante el Juez de Distrito. Por tanto, si cuenta con los documentos públicos para probar la idoneidad de su parentesco con el de cujus que le permitiría ser declarado probable heredero, el afectado no está obligado a ejercer la acción de petición de herencia. En todo caso, el ocurrir o no a esa vía jurisdiccional resultaría optativo para el quejoso, siempre que no haya transcurrido el término de diez años para que opere la prescripción, señalado en los artículos 2993 del Código Civil del Estado de Jalisco y 2939 del Código Civil del Estado de Tlaxcala." En ese contexto, si Código Civil para el Estado de Michoacán abrogado a partir del ocho de septiembre de dos mil ocho, el cual resulta aplicable al caso concreto, ya que el juicio sucesorio intestamentario de donde derivan los actos reclamados se tramitó y resolvió conforme a dicho ordenamiento legal, en su artículo 1509, establece: Artículo 1509. El derecho de reclamar la herencia prescribe en diez años y es transmisible a los herederos En tanto que su numeral 1084, fracción IV, dispone que: "Artículo 1084. La prescripción no puede comenzar ni correr: (.) IV. Entre copropietarios o coposeedores, respecto del bien común." En consecuencia, resulta inconcuso que la prescripción de la acción de petición de herencia sólo puede comenzar a trascurrir entre los herederos respecto de un bien inmueble que pertenece a la masa hereditaria, una vez efectuada la división y adjudicación correspondiente, ya que es con esto con lo que culmina el juicio sucesorio. Cobra aplicación al respecto, por similitud jurídica, la jurisprudencia XX. J/8, del Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, página 80, Tomo VIII, Septiembre de 1991, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Octava Época, que dice: "PRESCRIPCION. NO PUEDE COMENZAR NI CORRER ENTRE LOS HEREDEROS DE UN BIEN INMUEBLE QUE FORMA PARTE DE LA MASA HEREDITARIA DEL DE CUJUS, EN TANTO NO SE HAGA LA DIVISION EN EL JUICIO SUCESORIO CORRESPONDIENTE. (LEGISLACION DEL ESTADO DE CHIAPAS). La prescripción no puede comenzar ni correr entre los herederos respecto de un bien inmueble que pertenece a la masa hereditaria del de cujus, en los términos de los artículos 1275 en relación con la fracción IV del numeral 1155 del Código Civil para el Estado de Chiapas en tanto no se haga la división con la que culmina el juicio sucesorio, correspondiente, en razón de que éstos, adquieren derechos a la sucesión como un patrimonio común." En ese orden, de las constancias que anexó el quejoso a su escrito de demanda, relativas a la escritura pública número cuatro mil setecientos diez, realizada ante el Notario Público número 45, del Estado de Michoacán, que contiene la protocolización y aplicación del caudal hereditario del juicio sucesorio intestamentario a bienes de Olivia Méndez Aguilera, se desprende que, como se dijo, la escrituración del inmueble que se defiende en este asunto se llevó a cabo el catorce de mayo de mil novecientos noventa y siete, dándose por concluido con ello, el referido juicio, y , a partir de ahí, empezó a trascurrir el lapso de diez años que prevé el artículo 1509 del Código Civil para el Estado de Michoacán, para que el hoy quejoso, hiciera valer la acción de petición de herencia, o bien, promoviera el juicio de amparo indirecto contra la falta de llamamiento al sucesorio. Por lo tanto, si el juicio de amparo indirecto lo promovió hasta el uno de octubre de dos mil diecinueve, esto es, cuando ya estaba prescrita la acción de petición de herencia; entonces, es indudable que para esta fecha el quejoso ya no estaba legitimado para instar la acción constitucional, porque ya había precluido su expectativa de derecho consistente en ser probable heredero en el juicio sucesorio intestamentario de donde deriva el acto reclamado, de ahí que ninguna afectación se ocasiona a su interés jurídico, pues a nada práctico conduciría analizar el acto de autoridad que impugna si por el solo trascurso del tiempo dejó de existir el derecho que le habría permitido intervenir en el juicio sucesorio de origen. Cabe citar la tesis VI.2o.C.637 C del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, página 1001, Tomo XXVIII, Diciembre de 2008, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, rubro y texto: "EMPLAZAMIENTO A JUICIO SUCESORIO INTESTAMENTARIO. EL JUICIO DE AMPARO EN EL QUE SE SEÑALA COMO ACTO RECLAMADO RESULTA IMPROCEDENTE, POR FALTA DE INTERÉS JURÍDICO, CUANDO SE PROMUEVE UNA VEZ QUE HA PRESCRITO LA ACCIÓN DE PETICIÓN DE HERENCIA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA). Conforme al artículo 3391 del Código Civil para el Estado de Puebla, la acción de petición de herencia prescribe en diez años, contados a partir de la adjudicación del patrimonio al que pudiera aspirar quien se considere con derecho por estimarse heredero. Por otro lado, para que un juicio de garantías satisfaga la exigencia de ser promovido por la parte a quien perjudique la ley o el acto reclamado, acorde con el artículo 4o. de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es necesario que el ejercicio de la acción de amparo tenga por objeto la tutela de derechos pertenecientes a quien demanda su protección, en razón de la existencia real al momento de la formulación de la pretensión correlativa ante la autoridad judicial, ya que a nada práctico conduciría el análisis de actos de autoridad frente a derechos cuya titularidad no corresponde al quejoso, o que habiéndole pertenecido, hubieren perdido positividad con motivo del transcurso del tiempo, tal como ocurre cuando opera la prescripción. De tal suerte, el juicio de amparo resulta improcedente cuando se reclama la falta de emplazamiento a un juicio sucesorio intestamentario, si al momento de su promoción ya prescribió la acción de petición de herencia, dado que si por el solo transcurso del tiempo dejó de existir el derecho que habría permitido al quejoso intervenir en dicho procedimiento, es inconcuso que ninguna afectación se ocasiona a su interés jurídico, en tanto que su pretensión consiste en la anulación de lo actuado a efecto de que se le convoque a participar en la sucesión, derecho que se extinguió al operar la prescripción." Luego, al actualizarse la citada causa de improcedencia, se desecha la demanda de amparo. 3. DOMICILIO PROCESAL Y AUTORIZADOS. Téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el que indica en su demanda, donde autoriza con las facultades amplias que establece el artículo 12 de la Ley de Amparo a Víctor González Martínez y Fernando García Escalera, por tener su cédula registrada ante los Juzgados de Distrito. 4. PUBLICIDAD DE LA SENTENCIA Y DEL EXPEDIENTE. Hágase saber a las partes, que la sentencia que se dicte en el presente asunto, estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten; y que les asiste el derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en el entendido de que la falta de manifestación expresa, implica la oposición a la publicación de tales datos. Lo anterior, en términos de los artículos 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese personalmente.
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