José Trinidad Contreras Sánchez

Expediente 562/2020 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán. 4 actuaciones registradas, la última del 18 de enero de 2021.

Datos del expediente

Expediente
562/2020
Año
2020
Actuaciones
4
Última actuación
18/01/2021

Partes del expediente

  • José Trinidad Contreras Sánchez

Actuaciones

  1. Principal

    Visto, para resolver el juicio de amparo 562/2020, promovido por José Trinidad Contreras Sánchez , a través de Patricia Hernández Mateo, por alegada violación del artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, atribuida a la Directora del Centro de Readaptación Social, con residencia en Apatzingán, Michoacán y otras autoridades, este órgano jurisdiccional ha decidido: SOBRESEER EN EL JUICIO DE AMPARO Al tenor de las siguientes: CONSIDERACIONES: PRIMERO. Precisión de los actos reclamados . El quejoso reclama: Del Coordinador del Sistema Penitenciario del Estado, con residencia en Morelia, Michoacán, de la Directora del Centro de Readaptación Social y de los Custodios del Área de Castigo, estos con sede en Apatzingán, Michoacán: La incomunicación del quejoso, al haberlo trasladado al área de castigo y aplicarle en su persona vejaciones y malos tratos. SEGUNDO. Competencia. Este Juzgado de Distrito es competente resolver el presente juicio de amparo, en términos de los artículos 103, fracción I, 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 48 y 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 33, fracción IV, 35 y 37, de la Ley de Amparo, en relación con el Acuerdo número 3/2013 , del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, toda vez que los actos reclamados tiene ejecución dentro del territorio en el que este Juzgado ejerce jurisdicción. TERCERO. Norma general, acto u omisión cuya existencia no quedó acreditada. Las autoridades responsables, negaron el acto reclamado, sin embargo, después de ello, realizan manifestaciones a fin de justificar la sanción administrativa impuesta al quejoso, por lo que en el caso, con lo expuesto por las responsables se desvirtúan las negativas y se tienen como ciertos los actos a ellas reclamados. Cobra aplicación a lo anterior la tesis emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, del epígrafe: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACION HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA" Certeza que se encuentra corroborada con las constancias que anexó a su informe de ley, la Directora del Centro de Readaptación Social, las que adquieren pleno valor probatorio en términos de los numerales 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°. CUARTO. Improcedencia del juicio de amparo. De conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo , la procedencia del juicio es una cuestión de orden público analizable aun de oficio, lo aleguen o no las partes, y debe ocurrir previo al análisis de fondo del asunto, porque de actualizarse alguna causal de improcedencia, haría innecesario el estudio de la litis constitucional planteada . En ese sentido, este juzgador, de oficio advierte que se actualiza la causal de improcedencia, prevista en el artículo 61, fracción XIX , de la Ley de Amparo, El precepto legal referido consigna la causa de improcedencia que establece que en caso de reclamar en juicio de amparo, un acto que pueda ser modificado, revocado o nulificado, en virtud de un recurso o medio de defensa propuesto por el quejoso, el juicio de amparo resulta improcedente. Para actualizarse la hipótesis de la citada causal de improcedencia, se requieren los siguientes elementos: 1. Que sea la parte quejosa quien haya interpuesto el recurso o medio legal de defensa en contra del acto de autoridad contra el cual solicite amparo. 2. Que el recurso o medio de defensa haya sido admitido y se haya dado trámite cuando se resuelva el juicio de amparo. 3. Que el recurso o medio de defensa legal constituya la vía idónea de impugnación para conducir a la insubsistencia legal del acto de autoridad señalado como acto reclamado en el juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio sostenido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro: "IMPROCEDENCIA. LA CAUSAL PREVISTA EN LA FRACCIÓN XIV DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO REQUIERE QUE EL RECURSO O DEFENSA LEGAL PROPUESTO SE HUBIERA ADMITIDO, SE ESTÉ TRAMITANDO AL RESOLVERSE EL AMPARO Y SEA EL IDÓNEO PARA OBTENER LA REVOCACIÓN O MODIFICACIÓN DEL ACTO RECLAMADO" . En el caso, del análisis integral de la demanda de amparo, se aprecia que el quejoso José Trinidad Contreras Sánchez, reclama ante la presente instancia lo siguiente: La incomunicación del quejoso, en el sentido de que lo mantienen en el área de castigo en el Centro de Readaptación Social. Esto como consecuencia de las sanciones administrativas que le fueron impuestas. Asimismo, de las constancias que ofertó la Directora del Centro de Readaptación Social, con residencia en Apatzingán, Michoacán, se advierte el oficio número 1840, suscrito por el Juez de Ejecución de Sanciones Penales, Región Judicial Apatzingán, el ocho de diciembre de dos mil veinte, en el que determinó en lo conducente: [Admisión y pronunciamiento]. Con fundamento en lo establecido por el numeral 123, fracción I, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, se admite la petición planteada por el solicitante consistente en caso urgente por cuestiones de internamiento. [Designación de defensor]. Se le designa como su defensor al licenciado Jaime Campos Soria, defensor público. Se ordena notificar personalmente a dicho profesionista para que realice una defensa técnica. Por los medios que señala en su ocurso. Ahora de la petición se desprende -en síntesis-  Que el interno fue sancionado en data 6 de noviembre de 2020, por el comité técnico del centro penitenciario de Apatzingán, Michoacán, con la restricción de tránsito dentro del centro; restricción de uso de aparatos de comunicación públicos, por el término de 15 quince días, sanción que comenzaría a cumplir a partir del día 31 de octubre y concluiría el 15 de noviembre del presente año.  Que no obstante que a la fecha ya se superó la temporalidad del castigo y su periodo, el PPL, se encuentra en las mismas condiciones de castigo las que se han incrementado. Teniendo sólo un receso y manteniéndolo esposado y con grilletes. Lo que se considera violatorio. De donde se desprende que la petición que realiza se subsume a uno de los casos excepcionales que prevé el artículo 115 de la Ley Nacional de Ejecución Penal y por tanto merece ser resuelto ajustándose a ese numeral, lo que se realiza de la siguiente forma: Así las cosas y al desprenderse de los hechos que la autoridad administrativa continua ejecutando las sanciones que determino debido a que el interno sigue en esas condiciones de castigo y las mismas se han incrementado, este tribunal ordena suspender de inmediato los actos que se reclaman, por lo que, el Centro Penitenciario de Apatzingán, Michoacán, debe dejar de realizar cualquier acto de aislamiento o de condiciones de castigo y demostrarlo a la brevedad." De lo anterior, se advierte que el quejoso promovió ante el Juez de ejecución controversia contra las condiciones de su internamiento, específicamente contra las sanciones administrativas que le fueron impuesta y que incluso, dicho Juez otorgó la suspensión del acto. En esa tesitura, se cumple con el primer requisito de la causal de improcedencia de que se trata, ya que el quejoso, presentó ante el Juez de Ejecución, solicitud denominada caso urgente por cuestiones de internamiento. También se actualiza el segundo requisito, pues el ocho de diciembre de dos mil veinte, dentro de la carpeta de ejecución PRCE-105/2020, se admitió a trámite la petición presentada por el aquí quejoso, en la que se duele de las sanciones administrativas que le fueron impuestas por la responsable. De igual manera, se observa el cumplimiento del tercer requisito, porque la petición administrativa se está tramitando por el quejoso ante el Juez de control, ello conforme a lo dispuesto en el artículo 107 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, en relación con el 115 del mismo ordenamiento legal . Dichos numerales hacen referencia al derecho que tienen las personas privadas de la libertad, como el aquí quejoso, a formular peticiones administrativas ante la autoridad penitenciaria en contra de los hechos, actos u omisiones respecto de las condiciones de internamiento, y que en casos urgentes, éste podrá acudir ante el Juez de Ejecución, lo cual así realizó el quejoso, tal y como se advierte de las constancias que obran en autos, específicamente del oficio 1840 de ocho de diciembre de dos mil veinte, de referencia. De lo que se obtiene que dicha petición administrativa, es procedente y tiene por objeto atender los hechos, actos y omisiones señaladas como actos reclamados en el juicio de amparo. Además de que la misma fue admitida por el Juez de Control y acordó sobre las peticiones del quejoso e incluso ordenó la suspensión de los actos reclamados. En relatadas condiciones, deviene inconcuso que en el caso concreto se surten las exigencias de la causa de improcedencia en estudio, pues según ha sido puesto de relieve en párrafos que anteceden, con anterioridad a la presentación de la demanda de amparo, el quejoso presentó la petición administrativa sobre caso urgente, mismo que aún no ha sido resuelto, pero de declararse procedente la pretensión, traería consigo la modificación, revocación o confirmación de lo aquí reclamado. Además la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 57/2018, que dio origen a la jurisprudencia del rubro: "OMISIONES INHERENTES A LAS CONDICIONES DE INTERNAMIENTO. PARA RECLAMARLAS, LA PERSONA PRIVADA DE SU LIBERTAD DEBE AGOTAR EL MECANISMO DE CONTROL PREVISTO EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO" , determinó, que el mecanismo de control previsto en la Ley Nacional de Ejecución de Sanciones, constituye un verdadero procedimiento conformado de diversas etapas, pues inicia con la presentación de una petición formulada por los internos ante la autoridad penitenciaria correspondiente, en donde pueden ofrecer pruebas o que la autoridad las recabe de oficio; en el caso de que el acto sea urgente puede ser suspendido de oficio y de inmediato por un Juez, o bien, que éste ordene las acciones positivas necesarias para que cese, en caso de constituir una omisión; asimismo, se prevé la posibilidad de que las decisiones adoptadas por la autoridad penitenciaria relacionadas con la petición sean impugnadas. Pues incluso, de igual forma determinó que las personas privadas de su libertad, debe de interponer dicho mecanismos, previo a la interposición del juicio de amparo En consecuencia, se sobresee en este juicio, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la ley de la materia. En la inteligencia de que el sobreseimiento referido, impide que se realice el estudio de las cuestiones de fondo en este juicio de amparo, según criterio sostenido en la tesis de jurisprudencia 509, por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación . Finalmente, en cuanto al pedimento formulado por el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado de Distrito, cabe destacar que no resulta necesario pronunciarse expresamente respecto a las manifestaciones en él contenidas, dado el sentido adoptado en el presente asunto. En apoyo se cita la tesis de rubro: "PEDIMENTO DEL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL. NO ES OBLIGATORIO ATENDERLO EN LA SENTENCIA DEL JUICIO DE AMPARO" . Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo, promovido por José Trinidad Contreras Sánchez, contra el acto que reclamó al Coordinador del Sistema Penitenciario del Estado, con residencia en Morelia, Michoacán, Directora del Centro de Readaptación Social y al Jefe del Departamento de Seguridad y Vigilancia, por lo expuesto en el cuarto considerando de esta resolución. Notifíquese. Así lo resolvió y firma electrónicamente, Sergio Sa

  2. Principal

    Uruapan, Michoacán, treinta y uno de diciembre de dos mil veinte. Visto lo de cuenta, téngase al Coordinador del Sistema Penitenciario del Estado de Michoacán, con sede en Morelia, rindiendo su INFORME JUSTIFICADO, al que adjunta diversas constancias relativas al acto reclamado; con lo que se ordena dar vista a las partes para el efecto legal conducente. Asimismo, se tiene a la supracitada autoridad proporcionando el correo electrónico que indica para gestionar la práctica de las subsecuentes notificaciones que resulten del presente juicio constitucional. Notifíquese; y publíquese también en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán, de conformidad con el artículo 3, fracciones I y VII, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; y en esos mismos términos firma también la Secretaria María Guadalupe Mateo Mendoza, quien da fe.

  3. Principal

    Uruapan, Michoacán, treinta de diciembre de dos mil veinte. Visto lo de cuenta, téngase a la Directora y Jefe del Departamento de Seguridad y Vigilancia, ambos adscritos al Centro Penitenciario de Apatzingán, Michoacán, rindiendo su INFORME JUSTIFICADO, respectivamente, y al primero de ellos remitiendo constancias relativas al acto reclamado, a las que se adhiere el segundo de los citados; con lo que se ordena dar vista a las partes para el efecto legal conducente. Notifíquese; y publíquese también en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán, de conformidad con el artículo 3, fracciones I y VII, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; y en esos mismos términos firma también la Secretaria María Guadalupe Mateo Mendoza, quien da fe.

  4. Principal

    Uruapan, Michoacán, veintiuno de diciembre de dos mil veinte. Vista la cuenta que antecede, este órgano de control constitucional emite las determinaciones siguientes: 1. Asunto de urgente tramitación. De un análisis preliminar del sumario, se observa que se ubica en el artículo 4, fracción IV, del Acuerdo General Plenario 13/2020; por lo cual, se precisa que el tratamiento que debe darse a este asunto es URGENTE. 2. Comunicado. Téngase a la Fiscal de la Federación adscrita a este Juzgado, formulando los alegatos que a esa representación social corresponden, los cuales podrán ser tomados en consideración en el momento procesal oportuno. Notifíquese; y publíquese también en la página del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó Iván Paredes Escobar, secretario encargado del despacho del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán, autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, mediante oficio CCJ/ST/3159/2020, para actuar en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; quien firma electrónicamente, de conformidad con el artículo 3, fracciones I y II, del Acuerdo General 12/2020, del propio Consejo, dando fe, bajo la misma forma de suscripción, la Secretaria Ma. Guadalupe Gutiérrez Moreno.

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