Josefina Ríos Cadenas

Expediente 302/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán. 16 actuaciones registradas, la última del 27 de junio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
302/2023
Año
2023
Actuaciones
16
Última actuación
27/06/2023

Partes del expediente

  • Josefina Ríos Cadenas

Actuaciones

Las 4 más recientes de 16.

  1. Principal

    En veintisiete de junio de dos mil veintitrés, la Secretaria CERTIFICA: Que el término legal de que disponía la parte quejosa para recurrir la sentencia definitiva dictada en el presente juicio, transcurrió del trece al veintiséis de junio de dos mil veintitrés, descontando los días inhábiles, toda vez que fue notificada mediante lista de acuerdos el nueve de junio del año en curso, sin que lo hubiere hecho. Que en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes de este Juzgado, se advierte que obra la versión digitalizada del expediente. Lo que se hace constar para los efectos legales a que haya lugar. Doy fe. Con la certificación anterior y con el estado procesal que guardan los autos en el presente juicio de amparo, se da cuenta al Juez. Conste.Uruapan, Michoacán de Ocampo, veintisiete de junio de dos mil veintitrés. 1. EJECUTORIA. De la certificación de cuenta, se desprende que, transcurrió el término legal de que disponía la parte quejosa, a fin de recurrir la sentencia definitiva en la que se sobreseyó el presente juicio, sin que lo hubiera hecho; por tanto, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al artículo 2, de la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA. 2. ORDEN DE ARCHIVO. En consecuencia, se ordena el archivo definitivo, para lo cual, previo a su remisión física al edificio habilitado para esos efectos, se instruye al secretario encargado del asunto para que coteje que todas las constancias físicas, así como las que forman parte del expediente electrónico son coincidentes entre sí, situación que deberá ser certificada. Hecho lo anterior, deberá entregarlo al área correspondiente para la anotación en el libro de gobierno y en los medios electrónicos. 2.1. VALORACIÓN. En términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN. 3. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. En los autos del cuaderno incidental se negó la suspensión definitiva de los actos reclamados. En consecuencia, de conformidad con el citado Acuerdo General, se considera que el cuaderno incidental ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN. De conformidad con el artículo 20, del referido acuerdo, una vez que transcurra el plazo de tres años de conservación, previo a la visita física destrúyase el cuaderno principal y el original del cuaderno incidental, debiendo remitir dentro de los treinta días siguientes constancia de la baja documental a la Dirección General de Archivo y Documentación. 4. CONSTANCIA. Toda vez que no se agregará a este expediente el cuaderno incidental, la anterior valoración y orden de archivo hágase constar en este, para el efecto legal procedente. Notifíquese. Así lo acordó y firma René Castro Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, quien actúa asistido de la secretaria María Guadalupe Mateo Mendoza, quien da fe.

  2. Principal

    C O N S I D E R A N D O PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, residente en Uruapan, es constitucional y legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, conforme lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37, de la Ley de Amparo, 49 y 56, fracción I, ambos de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como por el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la república mexicana, y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, adicionado mediante el diverso 3/2021. Lo que procede, en virtud de que los actos reclamados podrían tener ejecución dentro del territorio en el que se ejerce jurisdicción este órgano jurisdiccional. SEGUNDO. FIJACIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Previamente, debe destacarse que la demanda de amparo es un todo, por lo que su análisis no debe limitarse únicamente al escrito de demanda, sino que debe comprender los documentos y anexos que se acompañan. Cobra aplicación, por identidad jurídica entre el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo que se interpreta, con el numeral 74, fracción I, de la Ley de Amparo vigente, la jurisprudencia 40/20001 , del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". En ese sentido, es obligación de los juzgadores de amparo analizar e interpretar la demanda respectiva en su integridad, atendiendo a lo que en ella se pretende desde el punto de vista material y no únicamente formal y prescindiendo de los calificativos que se hagan sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos. Establecido lo anterior, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa la materia de este juicio de amparo. Del análisis de la demanda y de las demás constancias que integran este asunto se advierte que la parte quejosa reclama lo siguiente: - De las autoridades ordenadoras: Juez de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Jiquilpan, Agente del Ministerio Público Investigador y Fiscal adscrito, ambos de la Fiscalía Regional de Justicia de Jiquilpan, todas en el Estado de Michoacán de Ocampo:  La orden de aprehensión y/o detención y/o retención y/o localización y/o presentación o cualquier acto que implique privación y/o restricción de la libertad personal, así como la indagatoria iniciada en su contra. De la autoridad ejecutora: Primer Comandante de la Policía Ministerial adscrito a la Fiscalía Regional de Justicia de Jiquilpan, Michoacán de Ocampo:  La ejecución de la orden de aprehensión y/o detención y/o retención y/o presentación y/o cualquier acto que implique privación o restricción de la libertad personal. TERCERO.- INEXISTENCIA DE AUTORIDADES SEÑALADAS COMO RESPONSABLES. Por acuerdo de treinta de mayo del año en curso, se tuvieron como inexistentes a las siguientes autoridades: 1) Agente del Ministerio Público Investigador de la Fiscalía Regional de Jiquilpan, Michoacán, 2) Fiscal adscrito a la Fiscalía Regional de Justicia de Jiquilpan, Michoacán y 3) Primer Comandante de la Policía Ministerial adscrito a la Fiscalía Regional de Justicia de Jiquilpan, Michoacán, por lo que se ordenó suspender toda comunicación con ellas. CUARTO. INEXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Debe precisarse que uno de los presupuestos procesales del juicio de amparo, cuya relevancia obedece a un imperativo de orden lógico, es la existencia del acto reclamado, cuenta habida que no es posible analizar la procedencia de la instancia y, en su caso, la constitucionalidad de la conducta autoritaria, si no existe el proceder que de las responsables se acusa. La ley de la materia, según la interpretación de sus artículos 63, fracción IV, 117 y 124, establece tres vías para acreditar la existencia del acto reclamado: la primera es desde luego la prueba directa, la segunda es a través de la presunción legal que se genera ante la falta de informe de las autoridades responsables, y la última, aunque más usual, es el reconocimiento que a modo de confesión hacen estas últimas al justificar su conducta. En caso que, las autoridades nieguen la existencia del acto reclamado, se debe analizar la naturaleza del mismo para estar en condiciones de determinar a quién le corresponde la carga de la prueba. Dentro de la clasificación de los actos reclamados se distinguen entre los positivos y los negativos, considerando a los primeros como los que implican un hacer y a los segundos como los que reflejan una omisión o abstención. Para diferenciarlos se atiende a su naturaleza y a los efectos que producen respecto de la realidad. Existen tres reglas con relación a la carga de la prueba dependiendo de la naturaleza del acto reclamado: 1.- Tratándose de actos positivos, esto es, los que implican un hacer por parte de la autoridad, la negativa simple libera a quien la fórmula de la necesidad de probarla, pues no es factible demostrar lo que se ha negado. 2.- Por otra parte, cuando la negativa del acto no es simple sino calificada porque importa una afirmación, entonces quien la produce sí está obligado a justificarla, de conformidad con lo dispuesto en la fracción I del artículo 82 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo conforme a su numeral 2; y, 3.- Finalmente, tratándose de actos negativos y aquella a quien se atribuyen los niega, no corresponde a su contraparte demostrar la existencia de ese acto debido a que, ciertamente, no se encuentra en posibilidad de probar la omisión. En relación con los actos materia del presente considerando, se actualiza la causal de sobreseimiento prevista por el numeral 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, en razón de que son inexistentes. En efecto, dicho artículo establece: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional.". El numeral recién trascrito contiene dos supuestos de sobreseimiento en los juicios de amparo: a) Cuando esté claramente demostrado que no existe el acto reclamado; y, b) Cuando no se pruebe su existencia. Así, la prueba de la inexistencia de los actos reclamados, al igual que la falta de prueba respecto de la existencia alegada por el quejoso, conduce al sobreseimiento. Es ilustrativa, la jurisprudencia 20, del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en la foja 627, del tomo IV, segunda parte, de la octava época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 227634, que dice: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo". Así como, la jurisprudencia 1089, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 755, del tomo VI, de la quinta época del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, con número de registro 395045, de rubro y texto: "ACTO RECLAMADO, NEGACIÓN DEL. Si la autoridad responsable niega el acto que se le imputa y el quejoso no rinde prueba alguna que demuestre su existencia, debe sobreseerse en el amparo respectivo". En ese sentido, la autoridad restante Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Jiquilpan, Michoacán de Ocampo, negó categóricamente la existencia de los actos que la parte quejosa le reclama en esta vía, sin que haya aportado prueba en contrario para desvirtuar dicha negativa. En consecuencia, ante la inexistencia de los actos reclamados y falta de prueba para demostrarlos, se decreta el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Al caso, es aplicable la Jurisprudencia de rubro y texto siguiente: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES.- Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo". Así como, la tesis que a continuación se transcribe: "PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO.- La obligación que impone el artículo 149 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las autoridades responsables, al rendir sus informes justificados, deben explicar las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia en el juicio y acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, sólo cobra vigencia cuando tales documentales sean "necesarias para apoyar dicho informe", en el que las autoridades admiten su existencia y aducen su legalidad, mas no cuando esas autoridades negaron, categóricamente, el acto que se les imputa, pues en tal supuesto, el Juez de Distrito no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este último, quedando a cargo del quejoso aportar al juicio de garantías, en primer lugar, los medios de prueba tendientes a demostrar la certeza del acto de que se trata y luego aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para decir que es ilegal; de ahí que si la autoridad responsable deja de remitir con su informe justificado las constancias respectivas, ello sólo da pauta a que se haga merecedora de una multa, pero de ninguna manera releva al quejoso de la carga de desvirtuar la negativa que del acto reclamado hagan las autoridades responsables y, en esa hipótesis, de demostrar la inconstitucionalidad del mismo." En ese orden de ideas, al decretarse el sobreseimiento en el presente juicio, impide entrar al estudio de los conceptos de violación, atento al contenido de la tesis de jurisprudencia II.3o. J/58, sostenida por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito , cuyo rubro texto dicen: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio". QUINTO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. De conformidad con los artículos 1, 5 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable; los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos, y aquella que presenten los particulares a los sujetos obligados, siempre que tengan el derecho a ello, conforme con lo dispuesto por las leyes o los tratados internacionales, será considerada como información confidencial, la que no estará sujeta a temporalidad alguna y solo podrán tener acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y los servidores públicos facultados para ello. Por lo que para que este órgano jurisdiccional, en calidad de sujeto obligado, pueda permitir el acceso a dicha información confidencial, se deberá requerir el consentimiento de los particulares titulares de la misma; salvo las excepciones que para tal efecto prevé el diverso numeral 117 de la citada ley. Por tanto, de conformidad con los artículos 118 y 119, en relación con el Tercero Transitorio de la citada ley, la publicación de la presente sentencia es pública a partir del día de hoy, en versión pública, y a través del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de distrito, conforme a los artículos Primero y Segundo del Acuerdo General 87/2003 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, así como en la circular 1/2004 de la Secretaría Ejecutiva de Carrera Judicial, Adscripción y Creación de Nuevos Órganos del nombrado Consejo de la Judicatura Federal; al efecto, se ordena a la secretaria glosar al presente juicio la constancia de captura de la resolución en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Por lo expuesto y fundado, en los artículos 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: PRIMERO. SE SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por JOSEFINA RÍOS CÁRDENAS, contra los actos que reclamó al Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Jiquilpan, Michoacán de Ocampo, precisados en el considerando segundo y por las razones expuestas en el diverso cuarto, de esta resolución. SEGUNDO. La presente sentencia será publicable en términos de lo establecido en el considerando quinto de esta sentencia. Notifíquese

  3. Incidental

    . Solicitud de suspensión. En la demanda de amparo, promovida por Josefina Ríos Cárdenas, solicitó la suspensión provisional y en su momento la definitiva de los actos reclamados a las autoridades responsables señaladas en su escrito inicial de demanda. SEGUNDO. Trámite. Por auto de nueve de mayo pasado, este Juzgado Federal concedió a la parte quejosa la suspensión provisional de los actos reclamados, requirió a las autoridades responsables su informe previo y señaló fecha para la celebración de la audiencia incidental; y CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este juzgado es competente para conocer y resolver el presente incidente, con fundamento en los artículos 107 fracción X, de la Constitución Federal, 48 en relación con el 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 33 fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo; ya que la suspensión del acto reclamado es una medida cautelar que deriva del juicio de amparo. SEGUNDO. Precisión de la norma, acto u omisión reclamada. La parte incidentista hace consistir su reclamo en: "lV. ACTOS RECLAMADOS: a) De las autoridades ordenadoras: La inconstitucionalidad e ilegal orden de aprehensión y/o la orden de detención y/o retención y/o localización y/o presentación y/o cualquier acto que implique privación y/o restricción de la libertad personal ordenada en mi contra, así como la ilegal indagatoria iniciada en mi contra. b) De las autoridades que señalo como ejecutoras, reclamo precisamente: La ejecución directa de la orden de aprehensión y/o la orden de detención y/o retención y/o presentación y/o cualquier acto que implique privación y/o restricción de la libertad personal". (Sic) TERCERO.- Inexistencia de autoridades señaladas como responsables. Por acuerdo de treinta de mayo del año en curso, se tuvo como inexistentes a las autoridades responsables: 1) Agente del Ministerio Público Investigador de la Fiscalía Regional de Jiquilpan, Michoacán, 2) Fiscal adscrito a la Fiscalía Regional de Justicia de Jiquilpan, Michoacán y 3) Primer Comandante de la Policía Ministerial adscrito a la Fiscalía Regional de Justicia de Jiquilpan, Michoacán, por lo que se ordenó suspender toda comunicación con ellas. CUARTO. Normas, actos u omisiones cuya existencia no quedó acreditada. No es cierto el acto reclamado a la autoridad responsable Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Jiquilpan, Michoacán de Ocampo, en razón de que así lo informó al rendir su informe previo y la parte quejosa no desvirtuó dicha negativa. Por tanto, con apoyo en el numeral 144, de la Ley de Amparo, se NIEGA a la parte quejosa la suspensión definitiva solicitada, por falta de materia sobre qué decretarla, por lo que corresponde a la mencionada autoridad. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia siguiente, la que no contraviene lo establecido en la nueva Ley de Amparo: "INFORME PREVIO. Debe tenerse como cierto si no existen pruebas contra lo que en él se afirma, y, consecuentemente, negarse la suspensión si se negó la existencia del acto reclamado, a no ser que en la audiencia se rindan pruebas en contrario." Por lo expuesto y fundado se RESUELVE: ÚNICO. Se NIEGA la suspensión definitiva a Josefina Ríos Cárdenas, en los términos del considerando cuarto de esta resolución. Notifíquese;

  4. Principal

    En treinta de mayo de dos mil veintitrés, la Secretaria CERTIFICA:********************Que el plazo de TRES DÍAS concedido a la parte quejosa en auto de quince de mayo pasado, para que precisara el señalamiento respecto de las autoridades responsables: 1) Agente del Ministerio Público Investigador de la Fiscalía Regional de Jiquilpan, Michoacán, 2) Fiscal adscrito a la Fiscalía Regional de Justicia de Jiquilpan, Michoacán y 3) Primer Comandante de la Policía Ministerial adscrito a la Fiscalía Regional de Justicia de Jiquilpan, Michoacán, transcurrió del veinticinco al veintinueve del mes y año en curso, sin que lo hubiera hecho.********************Que en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el rubro de agenda, se advierte que dentro del Juicio Oral Mercantil 84/2022, del índice de este órgano de control constitucional fueron señaladas las DIEZ HORAS CON QUINCE MINUTOS DEL SIETE DE JUNIO DE DOS MIL VEINTITRÉS, para el desahogo de la audiencia oral, data que se encuentra empalmada con la programada para la celebración de la audiencia constitucional en el presente expediente.********************Lo que se hace constar para los efectos legales a que haya lugar. Doy fe.********************Con la certificación anterior y con el estado procesal que guardan los autos en el presente juicio de amparo, se da cuenta al Juez. Conste.Uruapan, Michoacán de Ocampo, treinta de mayo de dos mil veintitrés.********************1. SE HACE EFECTIVO APERCIBIMIENTO. Vista la certificación que antecede, y toda vez que la parte quejosa no desahogó la prevención formulada en auto de quince de mayo pasado, en consecuencia, se excluyen como tal a las autoridades que fueron señaladas en el escrito inicial de demanda como: 1) Agente del Ministerio Público Investigador de la Fiscalía Regional de Jiquilpan, Michoacán, 2) Fiscal adscrito a la Fiscalía Regional de Justicia de Jiquilpan, Michoacán y 3) Primer Comandante de la Policía Ministerial adscrito a la Fiscalía Regional de Justicia de Jiquilpan, Michoacán, y se suspende toda comunicación con las mismas.********************2. DIFERIMIENTO. Ahora, de la certificación de cuenta, se advierte que en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el rubro de agenda, se advierte que dentro del Juicio Oral Mercantil 84/2022, del índice de este Juzgado fueron señaladas las DIEZ HORAS CON QUINCE MINUTOS DEL SIETE DE JUNIO DE DOS MIL VEINTITRÉS, para el desahogo de la audiencia oral, data que se encuentra empalmada con la programada para la celebración de la audiencia constitucional en el presente asunto, en consecuencia, se difiere anticipadamente la celebración de la audiencia constitucional y en su lugar se fijan las ONCE HORAS CON CINCO MINUTOS DEL OCHO DE JUNIO DE DOS MIL VEINTITRÉS.********************Notifíquese.********************Así lo acordó y firma René Castro Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, quien actúa asistido de la secretaria María Guadalupe Mateo Mendoza, quien da fe.

Quedan 12 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán · 3,119 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano