José Victor Luis Ortiz Ramírez

Expediente 206/2016 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 4 actuaciones registradas, la última del 5 de abril de 2016.

Datos del expediente

Expediente
206/2016
Año
2016
Actuaciones
4
Última actuación
05/04/2016

Partes del expediente

  • José Victor Luis Ortiz Ramírez
  • Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla

Actuaciones

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, cinco de abril de dos mil dieciséis. Vista la certificación secretarial de cuenta, así como el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubiera recurrido el auto de siete de marzo de dos mil dieciséis; en tal virtud, con fundamento en lo que disponen los artículos 286 y 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, según su artículo 2°, se declara que dicho auto en el cual se declaró el sobreseimiento en el juicio de amparo, ha causado estado para todos los fines legales correspondientes. Háganse las anotaciones del caso en el libro respectivo, ingrésese esta información en el sistema integral de seguimiento de expedientes [SISE] y archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. Asimismo, en cumplimiento a lo ordenado en el Acuerdo número 1/2009, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se hace constar que en su oportunidad el presente expediente, será susceptible de destrucción, siguiendo los lineamientos contenidos en el acuerdo de referencia; en el entendido de que el presente asunto se tramitó sin incidente de suspensión. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, siete de marzo de dos mil dieciséis. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el informe justificado del Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla, por conducto de su Magistrado Presidente, para los efectos legales a que haya lugar. En diverso aspecto, visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se advierte que el quejoso José Víctor Luis Ortiz Ramírez ocurre ante esta instancia de control constitucional a reclamar de las autoridades señaladas como responsables: Autoridades responsables: Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla. Acto reclamado, el análisis integral de la demanda de amparo, se advierte que este es: La omisión de proveer lo conducente al apercibimiento realizado en auto de veintiséis de mayo de dos mil quince, dictado dentro del juicio laboral D-90/2015. Ahora bien, del informe justificado rendido en esta fecha, se desprende que la autoridad responsable señala que el acto reclamado por la parte quejosa no es cierto, en virtud de que por auto de veintiséis de febrero de dos mil dieciséis, se acordó lo procedente respecto a la demanda laboral propuesta dentro del juicio de origen D-90/2015, atendiendo a lo precisado en auto de veintiséis de mayo de dos mil quince, para lo cual remitió copia certificada de tales actuaciones, derivadas del expediente laboral D-90/2015, las cuales adquieren pleno valor probatorio en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. En ese sentido, esta autoridad advierte que respecto de los actos reclamados al Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la nueva Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Del precepto transcrito se infiere que, para efectos del juicio de amparo, se entiende que la cesación de los efectos del acto reclamado se presenta en el momento en que la autoridad responsable revoca el acto que el quejoso señaló como reclamado, o bien, cuando crea o constituye una situación jurídica que destruye la que motivó la promoción del juicio de amparo, de tal manera que por esa nueva situación se restituya al quejoso en el goce de la garantía violada. Además, para que tal causa de improcedencia del juicio de garantías se actualice, no basta que ese nuevo acto de la autoridad derogue o revoque el acto reclamado, sino que necesariamente debe destruir todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiere otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere vulnerado la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Establecido lo anterior, resulta importante reiterar que José Víctor Luis Ortiz Ramírez acude a esta instancia constitucional a inconformarse en contra de la omisión del Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla de proveer lo conducente al apercibimiento realizado en auto de veintiséis de mayo de dos mil quince, dictado dentro del juicio laboral D-90/2015 Así, de las constancias remitidas por la responsable a las cuales se otorgó valor probatorio pleno en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte que el veintiséis de febrero de dos mil dieciséis, el Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla dictó un acuerdo en el que, en razón de que el impetrante de amparo no dio cumplimiento al proveído de veintiséis de mayo de dos mil quince, determinó hacer efectivo el apercibimiento ahí decretado y por consiguiente tuvo por no interpuesta la demanda laboral propuesta. Por tanto, es dable concluir que cesaron los efectos del retardo de los que se duele el peticionario de amparo, toda vez que los efectos de dicho retardo desaparecieron o se destruyeron de forma inmediata, total e incondicional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si los actos no hubiesen invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no dejó ahí huella alguna de dicha afectación. Se expone lo anterior, porque si la pretensión del quejoso al ejercer la acción constitucional era que la autoridad responsable acordara lo conducente al apercibimiento formulado en auto de veintiséis de mayo de dos mil quince, aquélla se vio satisfecha en la medida en que el veintiséis de febrero de dos mil dieciséis, la responsable emitió el acuerdo correspondiente en el que hizo efectivo el apercibimiento formulado y tuvo por no presentada la demanda, por lo que se ordenó el archivo del asunto. En las relatadas condiciones, como se dijo, en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la nueva Ley de Amparo, por lo que, con fundamento en la fracción V del artículo 63 íbidem, procede sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio, respecto de los actos que José Víctor Luis Ortiz Ramírez reclamó del Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla. En tales condiciones, se deja sin efecto las once horas del ocho de marzo de dos mil dieciséis, que se habían señalado para la celebración de la audiencia constitucional. Háganse las anotaciones respectivas en los libros de gobierno. NOTIFÍQUESE, Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, siete de marzo de dos mil dieciséis. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el informe justificado del Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla, por conducto de su Magistrado Presidente, para los efectos legales a que haya lugar. En diverso aspecto, visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se advierte que el quejoso José Víctor Luis Ortiz Ramírez ocurre ante esta instancia de control constitucional a reclamar de las autoridades señaladas como responsables: Autoridades responsables: Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla. Acto reclamado, el análisis integral de la demanda de amparo, se advierte que este es: La omisión de proveer lo conducente al apercibimiento realizado en auto de veintiséis de mayo de dos mil quince, dictado dentro del juicio laboral D-90/2015. Ahora bien, del informe justificado rendido en esta fecha, se desprende que la autoridad responsable señala que el acto reclamado por la parte quejosa no es cierto, en virtud de que por auto de veintiséis de febrero de dos mil dieciséis, se acordó lo procedente respecto a la demanda laboral propuesta dentro del juicio de origen D-90/2015, atendiendo a lo precisado en auto de veintiséis de mayo de dos mil quince, para lo cual remitió copia certificada de tales actuaciones, derivadas del expediente laboral D-90/2015, las cuales adquieren pleno valor probatorio en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. En ese sentido, esta autoridad advierte que respecto de los actos reclamados al Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la nueva Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Del precepto transcrito se infiere que, para efectos del juicio de amparo, se entiende que la cesación de los efectos del acto reclamado se presenta en el momento en que la autoridad responsable revoca el acto que el quejoso señaló como reclamado, o bien, cuando crea o constituye una situación jurídica que destruye la que motivó la promoción del juicio de amparo, de tal manera que por esa nueva situación se restituya al quejoso en el goce de la garantía violada. Además, para que tal causa de improcedencia del juicio de garantías se actualice, no basta que ese nuevo acto de la autoridad derogue o revoque el acto reclamado, sino que necesariamente debe destruir todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiere otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere vulnerado la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Establecido lo anterior, resulta importante reiterar que José Víctor Luis Ortiz Ramírez acude a esta instancia constitucional a inconformarse en contra de la omisión del Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla de proveer lo conducente al apercibimiento realizado en auto de veintiséis de mayo de dos mil quince, dictado dentro del juicio laboral D-90/2015 Así, de las constancias remitidas por la responsable a las cuales se otorgó valor probatorio pleno en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte que el veintiséis de febrero de dos mil dieciséis, el Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla dictó un acuerdo en el que, en razón de que el impetrante de amparo no dio cumplimiento al proveído de veintiséis de mayo de dos mil quince, determinó hacer efectivo el apercibimiento ahí decretado y por consiguiente tuvo por no interpuesta la demanda laboral propuesta. Por tanto, es dable concluir que cesaron los efectos del retardo de los que se duele el peticionario de amparo, toda vez que los efectos de dicho retardo desaparecieron o se destruyeron de forma inmediata, total e incondicional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si los actos no hubiesen invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no dejó ahí huella alguna de dicha afectación. Se expone lo anterior, porque si la pretensión del quejoso al ejercer la acción constitucional era que la autoridad responsable acordara lo conducente al apercibimiento formulado en auto de veintiséis de mayo de dos mil quince, aquélla se vio satisfecha en la medida en que el veintiséis de febrero de dos mil dieciséis, la responsable emitió el acuerdo correspondiente en el que hizo efectivo el apercibimiento formulado y tuvo por no presentada la demanda, por lo que se ordenó el archivo del asunto. En las relatadas condiciones, como se dijo, en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la nueva Ley de Amparo, por lo que, con fundamento en la fracción V del artículo 63 íbidem, procede sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio, respecto de los actos que José Víctor Luis Ortiz Ramírez reclamó del Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla. En tales condiciones, se deja sin efecto las once horas del ocho de marzo de dos mil dieciséis, que se habían señalado para la celebración de la audiencia constitucional. Háganse las anotaciones respectivas en los libros de gobierno. NOTIFÍQUESE, Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, once de febrero de dos mil dieciséis. Agréguese a sus autos el oficio de cuenta, signado por el Director General de Centros de Reinserción Social del Estado de Puebla, por el que realiza diversas manifestaciones en relación al cumplimiento de ejecutoria dictado en autos; en tal sentido, se reserva el acuerdo respectivo, hasta en tanto el Secretario de Seguridad Pública del Estado de Puebla informe lo relativo al cumplimiento que le fue requerido. Por otra parte, a efecto de evitar dilaciones, con fundamento en el artículo 192 de la nueva Ley de Amparo, requiérase al Secretario de Seguridad Pública del Estado de Puebla, para que en el término de veinticuatro horas siguiente a la notificación del presente acuerdo informe sobre el cumplimiento que haya dado a la ejecutoria de amparo dictada dentro del presente sumario; haciendo de su conocimiento que subsiste el apercibimiento con que fue conminado en autos. NOTIFÍQUESE.

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