José Vicente Ramón Varela Tecuanhuey
Expediente 392/2015 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 7 de julio de 2015.
Datos del expediente
- Expediente
- 392/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 07/07/2015
Partes del expediente
- José Vicente Ramón Varela Tecuanhuey
Actuaciones
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, siete de julio de dos mil quince. Vistos los presentes autos y la certificación del secretario, tomando en cuenta que ha transcurrido el término que concede el artículo 86 Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto recurso de revisión en contra del auto de dieciocho de junio de dos mil quince. Con fundamento en el artículo 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado el auto de mérito, para todos los fines legales correspondientes. Háganse las anotaciones del caso en el libro respectivo, glósense los cuadernos del incidente de suspensión y archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. Asimismo, en cumplimiento a lo ordenado en el Acuerdo 1/2009, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se hace constar que en su oportunidad el presente expediente, así como el incidente de suspensión, serán susceptibles de destrucción, siguiendo los lineamientos contenidos en el acuerdo de referencia. Se determina que este asunto no es de relevancia documental. NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, dieciocho de junio de dos mil quince. Agréguese a sus autos el oficio de cuenta, remitido por el Juez Municipal en Materia Civil y Penal de San Andrés Cholula, Puebla, al que adjunta copias certificadas de la resolución dictada el treinta y uno de mayo de dos mil quince, dentro del proceso 168/2014 de los de su índice, en la que decreta auto de formal prisión o preventiva en contra del quejoso José Vicente Ramón Varela Tecuanhuey. De las constancias que obran dentro del presente juicio de garantías se advierte que mediante escrito presentado el dieciocho de mayo de dos mil quince, ante la entonces Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Puebla, José Vicente Ramón Varela Tecuanhuey promovió juicio de amparo en el que señaló como autoridad responsable al Juez Municipal en Materia Civil y Penal de San Andrés Cholula, Puebla, de quien reclamó la orden de aprehensión y su ejecución por parte del Comandante de la Policía Ministerial de San Andrés Cholula, Puebla. Al respecto, la autoridad responsable Juez Municipal en Materia Civil y Penal de San Andrés Cholula, Puebla, en su informe justificado aceptó la existencia del acto reclamado, y por oficio recibido el diecisiete de junio de dos mil quince, remitió copias certificadas del auto de formal prisión o preventiva dictado en contra de José Vicente Ramón Varela Tecuanhuey, a las cuales se reconoce pleno valor probatorio de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197, 202 y 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la nueva Ley de Amparo; en consecuencia, el suscrito juzgador advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVII del artículo 61 de la nueva Ley de Amparo, que dispone "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente; Del precepto trascrito se desprende que para efectos del juicio de garantías, se entiende que el cambio de situación jurídica se presenta cuando concurren los supuestos siguientes a) Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio; b) Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba la parte quejosa por virtud del acto que reclamó en el amparo; c) Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica y, por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; y d) Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. Conviene ahora señalar que en materia penal la libertad personal puede restringirse por cuatro motivos diferentes, a saber: 1) La orden de aprehensión, la detención en caso de urgencia cuando se trate de delito grave, y la retención por los términos de cuarenta y ocho a noventa y seis horas por parte del Ministerio Público, mientras está integrando la averiguación previa, situaciones reguladas en el artículo 16 constitucional; 2) La detención o preinstrucción que comprende desde que el inculpado es detenido y es puesto a disposición del juez de su causa, hasta el momento en que se define su situación jurídica, en términos del primer párrafo del precepto 19 constitucional, en cuanto establece que ninguna detención podrá exceder del término de setenta y dos horas; 3) La prisión preventiva que se inicia con el auto de formal prisión y está prevista también en el primer párrafo del numeral 19 constitucional; y 4) La pena definitiva impuesta en el proceso penal por un órgano judicial, de conformidad con el artículo 14 constitucional En tal virtud, el conjunto de normas jurídicas que condicionan y rigen la restricción de la libertad, en los distintos casos de que se ha hablado se llaman situación jurídica, de modo que cuando esta situación cambia cesan los efectos de la situación jurídica anterior, pues cada forma de restricción de la libertad excluye a las otras y, por lo mismo, desaparecen los efectos del acto reclamado y es improcedente el amparo contra la situación jurídica anterior. Al respecto, el juez penal responsable, remitió las fotocopias certificadas de la resolución de término constitucional, cuyo valor probatorio es pleno de conformidad con lo establecido en los artículos 129, 197, 202 y 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición de su artículo 2, lo que implica que para la fecha en que se emite esta determinación, ha operado un cambio en la situación jurídica del quejoso, pues compareció a declarar en preparatoria bajo los efectos de la suspensión decretada en el incidente que deriva de este juicio, y con motivo de ello se resolvió su situación jurídica, dictándose un auto de formal prisión, consumándose de esa manera, irreparablemente, las violaciones que pudieran haberse cometido en su contra con motivo de los actos reclamados, ya que no podrá analizarse su constitucionalidad, sin afectar la nueva situación jurídica generada con motivo del auto de formal prisión emitido. Por tanto, como lo sostiene el juez penal responsable, resulta procedente sobreseer en el juicio con fundamento en lo dispuesto por la fracción XVII del artículo 61, en relación con el diverso 63, fracción V, ambos de la nueva Ley de Amparo. En consecuencia, se dejan sin efecto las doce horas con cinco minutos del tres de julio de dos mil quince, señaladas para la celebración de la audiencia constitucional en este juicio de garantías. Háganse las anotaciones correspondientes. Notifíquese, y por lista al quejoso en virtud de haber señalado los estrados para sus notificaciones.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, dieciséis de junio de dos mil quince. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos de los que se advierte que no se han recibido las constancias requeridas al Juez Municipal de lo Penal de San Andrés Cholula, Puebla, mediante oficio de diez de junio de dos mil quince. En esas condiciones, con fundamento en el tercer párrafo del artículo 75 de la nueva Ley de Amparo gírese nuevamente atento oficio al Juez responsable, para que se sirva remitir copia certificada de la resolución que haya pronunciado en relación a la situación jurídica del aquí quejoso José Miguel Porquillo Pancoatl. Quedando subsistente el apercibimiento decretado el diez de junio último, consistente en que de incumplir con lo anterior o no manifestar la imposibilidad que tenga para hacerlo, se hará acreedor a una multa de cincuenta días de salario mínimo vigente en el Distrito Federal, de acuerdo a lo dispuesto por los artículos 237, fracción I, 238 y 250 de la nueva Ley de Amparo. Para dar oportunidad a lo anterior, la audiencia constitucional señalada para este día se difiere para las doce horas con cinco minutos del tres de julio de dos mil quince. Notifíquese.
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