José Víctor Manuel López López
Expediente 1017/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 2 actuaciones registradas, la última del 2 de julio de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1017/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 02/07/2019
Partes del expediente
- José Víctor Manuel López López
Actuaciones
- Principal
Intégrense a los autos los oficios del Juez de lo Civil de Huauchinango, Puebla, vistos sus contenidos, téngasele informando las gestiones que se encuentra realizando a efecto de dar cumplimiento al fallo protector; asimismo, téngasele remitiendo las constancias que justifican dichas gestiones; entre ellas, la notificación sin firma hecha al Ministerio Público de su adscripción, respecto del auto dictado el doce de junio de dos mil diecinueve, dentro del expediente de original 06/2015, por el que ordenó darle vista por cuanto a la posible comisión de un delito, lo que se toma en consideración para que surta los efectos legales a que haya lugar.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veinte de junio de dos mil diecinueve. Visto el estado procesal que guarda el presente expediente, se advierte, como consta en la certificación secretarial que antecede, que transcurrió el plazo de tres días que prevé en el artículo 196 de la Ley de Amparo, para que las partes alegaran el defecto o exceso en el cumplimiento al fallo protector; en consecuencia, se procede a resolver lo relativo al cumplimiento dado a la ejecutoria pronunciada dentro del juicio en que se actúa. Por sentencia de veintiuno de febrero de abril de dos mil diecinueve, se concedió a la parte quejosa el amparo y protección de la justicia federal, para el efecto de que el Juez Quinto de lo Familiar del Distrito Judicial de Puebla (foja 107): 1. Deje insubsistente el auto de diecisiete de septiembre de dos mil dieciocho, dentro del juicio privilegiado de visita y correspondencia 320/2015; y en su lugar emita otro en el que: 2. Tomando como base la litis del juicio sometido a su potestad, así como las constancias relativas al juicio privilegiado de guarda y custodia número 780/2018, del índice del Juzgado Primero de lo Familiar de la Ciudad de Puebla, y atendiendo al principio de congruencia y certeza jurídica, establezca que lo que conforme a derecho corresponda respecto a la guarda y custodia provisional solicitada por la demandada en el juicio de origen." Asimismo, mediante oficios recibidos el ocho de abril y cuatro de junio de dos mil diecinueve, la autoridad responsable dio cumplimiento a la sentencia de amparo, ya que dejó insubsistente el auto de diecisiete de septiembre de dos mil dieciocho y requirió al Juez Primero de lo Familiar del Distrito Judicial de Puebla, copias certificadas relativas al expediente 780/2018 a fin de que se acordará respecto a la guarda y custodia provisional solicitada por la demandada en el juicio de origen. Asimismo, mediante auto de tres de junio de dos mil diecinueve, dentro del juicio privilegiado de visita y correspondencia 320/2018, determinó: ".no ha lugar a decretar en este juicio la medida cautelar solicitada por MARIANA GUADALUPE GARCIA ORTEGA, habida cuenta de que ya existe un juicio promovido por aquélla, en la cual demandó la guarda y custodia de los menores J.E.A.G. y S.I.A.G., así como la custodia provisional y, por ende, ambas cuestiones habrán de dilucidarse en aquél procedimiento, a fin de evitar resoluciones contradictorias." (fojas 147 y 157). Por auto de cinco de junio de dos mil diecinueve, se dio vista a las partes con tales documentos, mismo que se les notificó el once del mes y año en cita. Ahora, este órgano jurisdiccional procede a resolver de oficio, si de acuerdo a las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia registrada con la clave 2a./J.26/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 243, del Tomo XI, correspondiente a marzo de 2000, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que enseguida se transcribe: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." Del examen de las documentales exhibidas por el Juez Quinto de lo Familiar del Distrito Judicial de Puebla, las que de conformidad con los artículos 129, 197, 202 y 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2o., tienen pleno valor probatorio, se desprende que se colma la garantía de legalidad por cuya infracción se concedió el amparo; ello, en atención a que dejó insubsistente el auto de diecisiete de septiembre de dos mil dieciocho y requirió al Juez Primero de lo Familiar del Distrito Judicial de Puebla, copias certificadas relativas al expediente 780/2018 a fin de que se acordará respecto a la guarda y custodia provisional solicitada por la demandada en el juicio de origen. Asimismo, mediante auto de tres de junio de dos mil diecinueve, dentro del juicio privilegiado de visita y correspondencia 320/2018, determinó: ".no ha lugar a decretar en este juicio la medida cautelar solicitada por MARIANA GUADALUPE GARCIA ORTEGA, habida cuenta de que ya existe un juicio promovido por aquélla, en la cual demandó la guarda y custodia de los menores J.E.A.G. y S.I.A.G., así como la custodia provisional y, por ende, ambas cuestiones habrán de dilucidarse en aquél procedimiento, a fin de evitar resoluciones contradictorias." En las relatadas condiciones, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196, párrafos segundo y cuarto de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la sentencia. Háganse las anotaciones del caso en el libro de gobierno y archívese el presente asunto como concluido. Ahora bien, en cumplimiento a lo que establece el punto Vigésimo Primero, fracción IV, del Acuerdo General 1/2009, de fecha veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transparencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito y con apoyo en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el expediente principal en que se actúa, es susceptible de depuración en el plazo de cinco años, ya que se trata de un juicio de amparo en el que se determinó amparar, en el entendido de que este asunto se tramitó sin incidente de suspensión. Por otra parte, como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Décimo Primero, segundo párrafo, Décimo Tercero y Vigésimo Quinto del Acuerdo General en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y, una vez que transcurran tres años, deberá transferirse al Centro Archivístico Judicial (momento en el cual deberá realizarse la anotación en el libro de gobierno respectivo). Se hace la observación que no existen documentos originales exhibidos por las partes, entendiéndose como tales en términos del citado acuerdo: "Todo aquél soporte impreso que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra y sea insustituible por otro que haya sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda. En consecuencia, aquellos documentos de los que pueda obtenerse una copia certificada por alguna dependencia gubernamental, notaría o correduría públicas, sin que sea necesaria la autorización de las partes que hayan intervenido en el acto jurídico, no serán consideradas como documentos originales". Notifíquese.
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