José Valentín Aguilar Carrasco
Expediente 89/2020 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 2 actuaciones registradas, la última del 23 de octubre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 89/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 23/10/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- José Valentín Aguilar Carrasco
Actuaciones
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; veintitrés de octubre de dos mil veinte.Declaratoria de ejecutoria Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hayan recurrido la resolución en la que se sobreseyó en el presente juicio de amparo, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto; por tanto, con fundamento en el artículo 81, fracción I, inciso e) de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por mandato expreso de su numeral 2º, se declara que dicha resolución HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Por otra parte, de la certificación de cuenta se advierte que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia. Luego, atento a la certificación de cuenta, el expediente principal, no encuadra en los supuestos de relevancia documental y no obran documentos originales; por lo que al haberse sobreseído, es susceptible de DESTRUCCIÓN dentro del plazo de tres años, conforme lo establece el numeral 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Cumplido el plazo de conservación de tres años, dentro de los treinta días siguientes, se deberá destruir este expediente y remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Tal como se estableció en la cuenta, este resolutor califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales tal como se indica en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el numeral 110 del ordenamiento legal invocado; y, las partes no entregaron información con carácter de confidencial en el presente expediente, en términos de lo que dispone el ordinal 113 de la legislación en comento.Notifíquese por lista electrónica a la parte quejosa y agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y por oficio a la autoridad responsable.Lo proveyó y firma el licenciado *******, secretario del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, en funciones de Juez de Distrito, autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, ante la secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
- Principal
VISTA LA CONSTANCIA DE LA ACTUARIA, SE HACE EFCTIVO EL APERCIBIMIENTO Y SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE VEINTIDOS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTE, MISMO QUE EN LO CONDUCENTE DICE:Ciudad Juárez, Chihuahua; veintidós de septiembre de dos mil veinte. Agréguese a los autos el oficio y anexo, signados por el Presidente de la Junta Especial Numero Cincuenta y Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, mediante el cual remite las constancias de notificación que le fueron requeridas por este órgano jurisdiccional a través del proveído de diez de septiembre de la presente anualidad; por tanto, en el caso, este Juzgado de distrito estima que el acto reclamado ha cesado en sus efectos, como a continuación se pone de relieve. De las constancias que integran el expediente en que se actúa, se advierte que mediante escrito recibido por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en esta ciudad, el diez de febrero de dos mil veinte y turnado a este órgano en esa misma fecha, ******* demandó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra actos de la Presidente de la Junta Especial Número 55 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, de quien reclamó, en lo esencial, la omisión de ordenar la ejecución del laudo dictado el seis de septiembre de dos mil diecisiete en el expediente laboral ******* de su estadística. Mediante acuerdo de once de febrero del actual, se admitió a trámite la demanda de amparo que nos ocupa, se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado; a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita se le dio la intervención legal que le compete y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Ahora, mediante el oficio y anexo que se atiende, la Presidente de la Junta Especial Número 55 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, hace del conocimiento de este Juzgado que el once de febrero del año en curso, emitió un acuerdo en el que comisionó al actuario de su adscripción para que en compañía de los actores, entre otros el aquí quejoso, *******, se constituyera en el domicilio del demandado, *******, a fin de requerir el cumplimiento del laudo dictado el seis de septiembre de dos mil diecisiete en el juicio laboral ******* de su índice; de lo cual remitió copia certificada, para lo cual notificó dicho acuerdo mediante instructivo de notificación a la parte actora (ahora quejoso), por los motivos que asentó en dicha constancia. Lo anterior, revela que, en la especie, se actualiza de modo manifiesto e indudable, la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo en vigor, que dispone que procede el sobreseimiento del juicio de control constitucional, cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. La cesación de efectos a que se refiere este supuesto consiste en que el acto de autoridad reclamado deja de producir sus consecuencias y, por tanto, de afectar al gobernado en su esfera jurídica, ya sea que la propia autoridad responsable lo revoque, o bien, que haya transcurrido el tiempo durante el cual debió producir sus efectos legales, y por ello, ha dejado de lesionar los derechos del agraviado. En el particular, el acuerdo de once de febrero del año en curso, revela lo siguiente: CD. JUÁREZ, CHIH., A ONCE DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTE. ACUERDO: Vista la certificación que antecede dentro los autos del expediente laboral en que se actúa, y tomando en cuenta el escrito presentado por el C. *******, en su carácter de apoderado legal de la parte actora mediante el cual solicita se dicte auto de ejecución del laudo de fecha 06 de septiembre de 2017, ya que las partes condenadas no han cumplido lo condenado en los resolutivos SEGUNDO y TERCERO del Laudo antes mencionado , por lo que siendo acorde su petición por no existir impedimento legal alguno y con fundamento en los artículos 939, 940, 941, 945 y demás relativos y aplicables de la Ley Federal del Trabajo se dicta AUTO DE EJECUCIÓN CON EFECTOS DE MANDAMIENTO EN FORMA, y se comisiona al C. Actuario de esta H. Junta para que en compañía de la parte actora C. ******* y C. ******* se constituyan en el domicilio del demandado *******, ubicado en ******* EN ESTA CIUDAD, y le requiera el cumplimiento impuesto en el resolutivo SEGUNDO Laudo de fecha 06 de septiembre de 2017 y proceda a entregar a la parte actora C. *******, la cantidad de $******* pesos (*******) por concepto de los recursos relativos a la subcuenta de sar 92, así como, se proceda a entregar a la parte actora C. *******, la cantidad de $******* pesos (*******) en cumplimiento del resolutivo TERCERO del Laudo de fecha 06 de septiembre de 2017.- para el caso de que la demandada no hiciere el pago ordenado se procederá a embargar bienes suficientes de su propiedad que basten a cubrir el monto de la condena poniéndolos en depósito de la persona que bajo su más estricta responsabilidad designe la parte actora y si los bienes embargados fueren en dinero o crédito de fácil realización deberán de ponerse estos a disposición de la C. Presidenta de la Junta para que de inmediato resuelva sobre el pago a la actora.-NOTIFÍQUESE.- Así lo acordó y firmó la Presidenta de la Junta Especial Número Cincuenta y Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje.- DOY FE. [.] A esa documental se reconoce valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2; la cual resulta eficaz y suficiente para demostrar, sin lugar a dudas, que cesó en sus efectos la omisión atribuida a la autoridad responsable, todo lo cual actualiza de forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia analizada, pues el once de febrero del actual la responsable, ordenó la ejecución del laudo emitido en el juicio laboral ******* de su estadística; de ahí que se actualiza la causa de improcedencia de mérito, pues el actuar de la responsable implica la restitución de los derechos que se alegaron transgredidos en este juicio, pues al emitir el auto de ejecución con efectos de mandamiento en forma que nos ocupa, cesó la omisión que reclamó la quejosa, tal como si se le hubiera otorgado la protección constitucional solicitada. Sirve de apoyo a la anterior consideración, la jurisprudencia 59/99 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable a folio 38, tomo IX, junio de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo el epígrafe: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80, de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En las relacionadas condiciones, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo en vigor, se impone decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, fuera de audiencia constitucional, al sobrevenir la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXI, de la Ley en cita. Apoya esta conclusión la jurisprudencia por contradicción de tesis 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 386, del Tomo XVII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, del texto: SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Atento a lo anterior, se dejan sin efectos la hora y fecha programadas para la celebración de la audiencia constitucional, que se encontraba fijada para las diez horas con treinta minutos del nueve de octubre de dos mil veinte. Notifíquese personalmente
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · 7,505 expedientes
- José Solís Camacho580/2020
- José Torres Díaz729/2019
- José Ubaldo Solís831/2017
- José Ulises Soto Villaseñor605/2019
- José Uriel Dorado Viramontes1109/2022
- José Valentín Aguilar Carrasco211/2016
- José Valentín Aguilar Carrasco410/2023
- José Valentin Montoya Jaime1094/2023
- Jose Victor Gonzalez Gonzalez47/2015
- José William Veras Baez alías Erick Scott Hansen411/2023
- José Wilquil Fonseca Lobaina y Otros.212/2022
- José Zenón Rangel Sánchez222/2017