José William Veras Baez alías Erick Scott Hansen

Expediente 411/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 13 actuaciones registradas, la última del 24 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
411/2023
Año
2023
Actuaciones
13
Última actuación
24/11/2023

Partes del expediente

  • José William Veras Baez alías Erick Scott Hansen

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; a veintitrés de noviembre de dos mil veintitrés. Informa transición a expediente electrónico Atento a lo establecido en el artículo 3, fracciones III y XII, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se hace saber a las partes, que la documentación recibida por vía electrónica o generada electrónicamente constará únicamente en el expediente electrónico, sin que deba imprimirse ni agregarse al expediente impreso; así como en caso de que una actuación deba imprimirse para efectos de practicar una notificación, la evidencia criptográfica de la firma respectiva será suficiente, sin necesidad de certificación alguna. Del mismo modo, los expedientes físicos servirán únicamente como referencia de los documentos recibidos físicamente, en el entendido de que serán los expedientes electrónicos los que tengan validez para consulta de las partes como para efectos de todos los procesos de estadística, visitas, vigilancia y demás trámites y procesos ante el Consejo de la Judicatura Federal. Al respecto, las constancias integradas en los expedientes físicos tendrán validez respecto de las constancias recibidas por esa vía, a pesar de que no integren la totalidad de las constancias del expediente electrónico. Por otro lado, vista la certificación de cuenta, se desprende que ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes interpusieran recurso de revisión, contra la sentencia de dieciocho de octubre de dos mil veintitrés, en la que se concedió el amparo solicitado por ***, sin que se haya presentado promoción al respecto. Por lo anterior, con fundamento en el artículo 81, fracción I, inciso e) de la Ley de Amparo en vigor, se declara que dicha resolución HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales procedentes; háganse las anotaciones en el libro respectivo. Por otra parte, de autos se advierte que en la ejecutoria de referencia, se otorgó la protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, para que la responsable realice lo siguiente: Efectos de la concesión del amparo. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 74, fracción V, y 77 de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional, otorga la protección constitucional solicitada por el quejoso para el efecto de que la autoridad responsable Secretario encargado del despacho de la Cuarta Sala Penal Regional, en el Estado de Chihuahua. 1. Deje insubsistente el auto de vinculación a proceso, de trece de marzo de dos mil veintitrés, dictado en el toca penal 16/2023, relativo a la causa penal 4028/2022, instruida en contra de ***, por su probable intervención en el hecho delictivo que la ley señala como delito de variación de nombre, contemplado en el artículo 313 del Código Penal para el Estado de Chihuahua. 2. Con libertad de jurisdicción, dicte una diversa resolución, en la que deberá de pronunciarse respecto de la actualización de la figura de la prescripción como causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, fracción IV. 3. Una vez lo anterior, con libertad de jurisdicción, deberá resolver respecto de la vinculación o no a proceso del hoy quejoso. 4. El Juez de Control del Distrito Judicial Bravos, con sede en esta Ciudad, deberá dar cumplimiento a la determinación que emita el Tribunal de Apelación, con motivo del presente amparo. En consecuencia, con fundamento en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, se requiere a las autoridades responsables, Secretario encargado del despacho de la Cuarta Sala Penal Regional, en el Estado de Chihuahua y Juez de Control del Distrito Judicial Bravos, con sede en esta Ciudad, para que dentro del término de tres días, contados a partir de que queden legalmente notificadas de este proveído, cumplan con la sentencia de amparo y lo informen a este juzgador, lo que deberán acreditar con las constancias respectivas. En acatamiento a lo anterior, deberán informar a este Juzgado de Distrito, sobre el cumplimiento dado a dicha ejecutoria de amparo, o bien, sobre los actos que hayan realizado para ese efecto. Lo anterior con el apercibimiento que de no hacerlo así, se procederá conforme a lo dispuesto por el artículo 258 de la Ley de Amparo, se les impondrá como sanción el equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización, previstas en el artículo 26, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 2, fracción III y 3 de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, y se remitirán los autos al Tribunal Colegiado de Circuito, en esta ciudad, para seguir el trámite de inejecución de sentencia, que puede culminar en la separación de su cargo y su consignación ante la autoridad penal correspondiente. Apoya lo anterior, la tesis I.13o.T.3 K (10a.), aprobada por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XXV, de Octubre de 2013, Tomo 3, materia común, página 1767, del siguiente tenor: EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE AMPARO. AL MOMENTO DE REQUERIR SU CUMPLIMIENTO, EL JUZGADOR DEBE INDIVIDUALIZAR EL MONTO DE LA MULTA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 192, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY DE AMPARO Y NO EN UN ACUERDO POSTERIOR (INTERPRETACIÓN DEL CONCEPTO "DESDE LUEGO"). La base toral de las facultades que la ley otorga a las autoridades para actuar con el propósito de lograr la finalidad que la misma les señala, implica la posibilidad de optar entre dos o más decisiones, y se encuentra subordinado a que se respeten los presupuestos procesales para hacer cumplir sus determinaciones. En este sentido, el artículo 192, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, vigente a partir del 3 de abril de 2013, establece que en la notificación que se haga a la responsable se le requerirá para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa que se determinará desde luego. Ahora bien, el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española, en su vigésima segunda edición, define el vocablo "luego" como el adverbio de tiempo que tiene por significado "prontamente, sin dilación"; a partir de lo anterior, el propio instrumento en consulta define la locución adverbial "desde luego" como aquello que debe ocurrir "inmediatamente, sin tardanza". De esta manera, el presupuesto procesal que estableció el legislador para la imposición de esa multa, consiste en que ésta se determine "desde luego", esto es, inmediatamente, sin tardanza; por tanto, al requerir el cumplimiento de la sentencia en que se concedió el amparo, el juzgador debe individualizar su monto y no en un acuerdo posterior. No pasa inadvertido para esta juzgadora, que del contenido del artículo 192, tercer párrafo, de la Ley de Amparo vigente, se desprende que al requerir el cumplimiento de la sentencia, se debe girar oficio y requerir al superior jerárquico de las autoridades responsables, a fin de que obliguen a ésta a cumplir el fallo protector, aplicándoles los mismos apercibimientos que al inferior; sin embargo, en la especie, el cumplimiento está encomendado a una Sala Penal y a un Juzgado, el cual para efectos del juicio de amparo no tienen superior, pues su actividad jurisdiccional es plenamente autónoma y en sus decisiones no pude haber injerencia de otra autoridad, es decir, su actuación no está sujeta a alguna otra potestad. Notifíquese por lista electrónica y por oficio a las autoridades responsable y tercera interesada. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada Claudia López López, quien actúa ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado Eduardo Quiroz Álvarez. Doy fe.

  2. Principal

    VISTA LA RAZÓN DE LA ACTUARIA JUDICIAL ADSCRITA, SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO Y SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA, A LA PARTE QUEJOSA LA SENTENCIA DE DIECIOCHO DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, CUYOS PUNTOS RESOLUTIVOS DICEN: se, R E S U E L V E : ÚNICO.- La Justicia de la Unión AMPARA y PROTEGE a ***** alias *****, contra el acto que reclamó del Secretario encargado del despacho de la Cuarta Sala Penal Regional, en el Estado de Chihuahua, con sede en esta ciudad, consistente en la sentencia de trece de marzo de dos mil veintitrés, dentro del Toca 16/2023, derivado a su vez de la causa penal ****/2022, por los motivos y para los efectos expresados en los considerados octavo y noveno de esta sentencia. Notifíquese personalmente a las partes, y por oficio a las autoridades responsables. Lo resolvió y firma la Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada Claudia López López, ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado Eduardo Quiroz Álvarez, hasta el día de hoy dieciocho de octubre de dos mil veintitrés, en que las labores de este juzgado lo permitieron. Doy fe.

  3. Principal

    Sentencia Ciudad Juárez, Chihuahua; dieciocho de octubre de dos mil veintitrés. V I S T O S, para dictar sentencia dentro de los autos del juicio de amparo ***/2023-III, promovido por ***** contra actos del Secretario encargado del despacho de la Cuarta Sala Penal Regional del Distrito Judicial Bravos, en el Estado de Chihuahua, con sede en esta Ciudad, y otra; y; R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito recibido el diecisiete de abril de dos mil veintitrés, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en esta ciudad, turnado a este Juzgado de Distrito el día siguiente, el quejoso ******n, promovió demanda de amparo contra actos del Secretario encargado del despacho de la Cuarta Sala Penal Regional del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Chihuahua, con sede en esta Ciudad y otra autoridad, de quienes reclamó los actos señalados en el considerando segundo de la presente sentencia. SEGUNDO. Derechos que la parte quejosa estima vulnerados. La parte quejosa consideró transgredidos los previstos en los artículos 1, 14, 16, 17, 18 19, 20, apartado A y B, 21, 22 y 23 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Tramitación de la demanda. Mediante auto de veintiséis de abril de dos mil veintitrés, una vez que la parte quejosa cumpliera la prevención realizada en auto de dieciocho de abril de misma anualidad, se admitió a trámite, se requirió el informe a las autoridades responsables y se le dio la intervención legal que le compete al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, y se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se llevó a cabo con base en la constancia que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia legal. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado, es legalmente competente para resolver el presente Juicio de Amparo, de conformidad con lo establecido en los artículos 103, fracción I y 107, fracciones I, VII y XV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 33, fracción IV, 35, 37, de la Ley de Amparo, 49, 124 y 125 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación de número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, al número, a la jurisdicción territorial y a la especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito, y de los Juzgados de Distrito, toda vez que el acto que se reclama se atribuye a autoridad que tiene su residencia dentro de la jurisdicción y ámbito de competencia que corresponde a este órgano de control constitucional. SEGUNDO. De la precisión del acto reclamado. Antes de entrar al estudio de la certeza de los actos reclamados es necesario precisar cuáles son éstos, en términos de lo dispuesto en el arábigo 74, fracción I de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Instancia: Segunda Sala, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VIII, agosto de 1998, página 227, con número de registro 195745, del tenor literal siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS. Si del análisis integral del escrito de demanda se llega al conocimiento de que, aunque no de manera formal, se señala algún acto como lesivo de garantías dentro de los conceptos de violación o en cualquier otra parte de la demanda de amparo, debe tenérsele como acto reclamado y estudiarse su constitucionalidad en la sentencia, pues ha sido criterio reiterado de esta Suprema Corte de Justicia, considerar la demanda como un todo." Asimismo, la diversa tesis emitida por el Pleno de nuestro Máximo Tribunal, de la Novena Época, Instancia: Pleno, fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIX, Abril de 2004, página 255, bajo número de registro: 181810, que a la letra dice: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura integra de la demanda sin atender los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgador de amparo deberán armonizar, además los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resuelto congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen a oscuridad o confusión. Este es el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". Así, conforme a las líneas de interpretación de la demanda de amparo, como de las constancias que obran en autos, a fin de advertir la verdadera intención de la parte quejosa y de resolver de forma congruente y completa la litis, se desprende que la parte impetrante en esencia reclama: Del Secretario encargado del despacho de la Cuarta Sala Penal Regional, del Tribunal Superior de Justicia del Estado, la siguiente: Resolución de trece de marzo de dos mil veintitrés dentro del Toca N-16/2023, en la cual revocó el auto de no vinculación a proceso, dictado en la causa penal 4028/2022, por el Juez de Control, por el delito de variación de nombre y en su lugar dictó auto de vinculación a proceso contra el aquí quejoso. Del Juez de Control, el eventual cumplimiento a tal resolución, y la consecuente sujeción a proceso. TERCERO.- De la existencia de los actos reclamados. Son ciertos los actos reclamados al Secretario Encargado del Despacho de la Cuarta Sala Penal Regional, del Tribunal Superior de Justicia del Estado, consistente en la resolución de trece de marzo de dos mil veintitrés, dictada en el toca T- 16/2023, en la cual revocó el auto de no vinculación a proceso, dictado en la causa penal 4820/2022, por el Juez de Control, por el delito de variación de nombre, así como el reclamado al Juez de Control del Distrito Judicial Bravos, consistentes en la sujeción a proceso del hoy quejoso, derivada del auto de vinculación a proceso antes señalado por el delito de referencia. Lo anterior, pues el Secretario encargado del despacho de la Cuarta Penal Regional, del Tribunal Superior de Justicia del Estado, así como el Juez de Control del Distrito Judicial Bravos, ambos con sede en esta ciudad, así lo expresaron al rendir su informe con justificación, ambos el cuatro de mayo del dos mil veintitrés, certeza que se corrobora con los discos ópticos, así como transcripciones, que a los mismos acompañaron, a los cuales se confiere pleno valor probatorio en términos de los numerales 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en términos de su ordinal 2°. Al respecto, cabe citar la tesis sustentada por nuestro más Alto Tribunal del País, Instancia: Pleno. Fuente: Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo: VI, Tesis: 226, cuyos rubro y texto son los siguientes: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." (Instancia: Pleno. Fuente: Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995. Tomo: VI, Parte SCJN. Tesis: 226.). Y la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, Instancia: Primera Sala, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 1, Página: 703, bajo registro número 2004362, del tenor literal siguiente: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga." CUARTO.- Procedencia. Previo al estudio de los conceptos de violación, procede analizar si se actualiza alguna causa de improcedencia, por ser una cuestión de orden público cuyo análisis procede de oficio y previo al fondo del asunto, conforme se dispone en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Las partes legitimadas en este juicio de amparo no alegan la actualización de hipótesis de improcedencia, ni quien suscribe advierte que se actualice alguna, por lo que, se procede al análisis de los conceptos de violación expresados por la parte quejosa. QUINTO.- Justificación para no transcribir los conceptos de violación. Cabe señalar, que no se transcriben los conceptos de violación hechos valer por el accionante de la tutela constitucional, toda vez que no existe precepto legal alguno que obligue a ello. Sirve de apoyo a lo anteriormente considerado, la jurisprudencia 58/2010, sustentada por la Segunda Sala de nuestro Máximo Tribunal, que a la letra dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." SEXTO.- Antecedentes. Para una mejor comprensión del asunto a continuación se relatan los antecedentes del mismo. 1. Auto De Vinculación A Proceso. el catorce de noviembre de dos mil veintidós, el Juez de Control del Distrito Judicial Bravos, con sede en esta Ciudad, dictó auto de no vinculación a proceso a favor de ****, dentro de la causa penal ****/2022, a quien se le formuló imputación por su probable participación en la comisión del hecho que la ley señala como delito de variación de nombre, previsto y sancionado por el artículo 313, del Código Penal del Estado, en calidad de autor material, por hechos ocurridos en las instalaciones que ocupa la Fiscalía General del Estado, Zona Norte, que se ubica en calle eje vial Juan Gabriel y Aserraderos de la colonia San Antonio, en esta ciudad. 2. Recurso de Apelación. El diecisiete de noviembre de misma anualidad, la agente del Ministerio Público Audrey Araiza Villegas, interpuso recurso de Apelación en contra de tal determinación, el cual fue radicado por el juzgado responsable por acuerdo de dieciocho de mismo mes y año y una vez el trámite correspondiente, por cuestión de turno fue radicado bajo el toca **/2023, del índice de la Cuarta Sala Penal Regional del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Chihuahua, con sede en esta Ciudad Juárez, en el cual hizo valer los agravios siguientes: "AGRAVIOS: Parte de la resolución que los causan.- El resolutivo mediante el cual decreta la no vinculación del imputado dentro del auto de antecedentes, así como las consideraciones que sirvieron de base para esta resolución en la audiencia en que se dictó. Preceptos Jurídicos Violados.- Los artículos 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 316, 319, 259, 356, 357 Y 359 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en relación con los artículos 313 y 330 del Código Penal para el Estado de Chihuahua, por su inexacta aplicación. Conceptos de Violación.- En el auto impugnado se violaron los dispositivos legales mencionados en el apartado anterior en razón de que, se inobservaron para sustentar el proveído recurrido, violándose de esta forma, las reglas de valoración de la prueba, interpretación y aplicación de la Ley. 1.- En la audiencia donde tuvo lugar la resolución recurrida, el día catorce de noviembre del presente año, al fundar y motivar por parte del Agente Ministerio Público la solicitud de Vinculación a Proceso en contra del aquí imputado, ****, por la probable comisión del delito de Variación u Ocultación de Nombre y Uso de Documento Falso, le fue expuesto al Resolutor, con claridad y precisión, los hechos que demuestran la comisión del hecho contemplado por la Ley como de!ito, así como la posibilidad de que el imputado incurriese en la ejecución del mismo. 2.- El Juez de Control, al resolver sobre la pretensión de la Fiscalía, se pronuncia en sentido de tener por acreditados los aspectos materiales del delito en estudio, esto es la variación de nombre del imputado, quien ha sido efectivamente identificado como *****, de nacionalidad dominicana, quien haciendo uso de una forma migratoria de Residente Permanente expedida por el Instituto Nacional de Migración, a nombre de ****, ha comparecido ante la Fiscalía de Distrito Zona Norte en calidad de querellante o denunciante de diversos delitos, así como solicitar la carta de no antecedentes penales en dos ocasiones, haciendo uso de un documento legalmente expedido a su favor, pero con un nombre diverso, variando así su nombre ante la Autoridad. No obstante, considera el Juez que las acciones del imputado carecen de interés penal, toda vez que, como lo manifiesta, hace uso del nombre que le fue concedido por la autoridad migratoria al obtener el estatus de residente permanente, por lo que no existe dolo en su proceder, ya que hace uso de la identidad que le fue asignada por la autoridad migratoria. . 2.- contrario a lo resuelto por el Juez, consideramos que las conductas desplegadas por el imputado, conforme al grado de comprobación requerido hasta este momento procesal, se adecuan a las descripciones típicas señaladas, puesto que hace uso de un documento oficial válidamente expedido por autoridad administrativa, en que se asienta un nombre distinto a aquel con el que en principio se le identificó, ****, de nacionalidad dominicana, y quien cuenta con antecedentes penales en los Estados Unidos según lo informa la autoridad consular de dicho país, confirmando mediante los datos de investigación que se presentan ante el Juez su Identidad. Una vez que este se presenta ante el Instituto Nacional de Migración, obtiene la residencia permanente en el país bajo el nombre de *****, identificado como apátrida. Es así que varía su nombre, ocultando su identidad ante la autoridad migratoria, y con dicha identidad se presenta ante la Fiscalía de Distrito en la Zona Norte, identificándose con el documento migratorio que señala esa diversa identidad. Estas conductas se encuentran tipificadas en el Código Penal, por tanto, resultan relevantes para el Derecho Penal, puesto que atentan con la Fe Pública al vulnerar la certidumbre sobre la identidad, afectando la seguridad jurídica en los actos celebrados por el mismo. Refiere el Resolutor que no se establece que con su conducta obtenga beneficio o provoque un daño, sin embargo, se establece que el imputado cuenta con antecedentes criminales en los Estados Unidos, por lo que oculta su identidad. Lo anterior, sin perjuicio de que el delito sea considerado como continuado o instantáneo, puesto que la clasificación del mismo por el Ministerio Público se entiende como provisional, en tanto el Tribunal realiza la clasificación por la cual se ha de seguir la secuela procesal. 3.- Una vez establecida la materialidad de los delitos señalados, por los artículos 313 y 330 del Código Penal, en términos de los artículos 19 Constitucional en referencia al artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales; puesto que se acredita con alto grado de probabilidad, que el imputado fue ,quien, en forma dolosa, varió su nombre ante una autoridad administrativa, obteniendo un documento expedido en su favor que contiene datos falsos, mismo que ha utilizado para identificarse ante la autoridad ministerial; señalando que hasta esta etapa procesal, solo es menester acreditar que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la posibilidad de que el indiciado lo cometió ." Una vez que se dio vista al defensor particular del imputado, no hizo manifestación alguna. 3. Resolución de Toca. Integrado el recurso de apelación, mediante sentencia de trece de marzo de dos mil veintitrés, el Secretario encargado del despacho de la sala responsable, resolvió lo siguiente: [.] "V. Decisión de alzada. Esta Sala, al analizar los registros remitidos, así como los argumentos de las partes, advierte motivos para variar el sentido de la resolución recurrida porque: A. Estándar de valoración para la vinculación a proceso. En primer orden, debe establecerse: antecedente de la investigación es el registro de un acto de investigación, llámese Informe Policial, Acta de Entrevista, documento público o privado, Informe Pericial, etc. Mientras, Dato de prueba es el contenido de cada uno de ellos, un número, fecha, domicilio o conjunto de palabras que describan algo o una conclusión. Información, es el sentido que se da a esos datos. Así se desprende del artículo 261 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Así, en la audiencia inicial, el estándar de convicción se encuentra considerablemente reducido a expresar: 1. El delito imputado; 2. El lugar de ejecución; 3. El tiempo y circunstancias de ejecución; y, derivados de los antecedentes de investigación, los datos que establezcan: 4. Que se ha cometido un hecho ilícito y; 5. La probabilidad de que el indiciado intervino en su comisión. Esto, acorde a la redacción del artículo 19, párrafo primero, de la Constitución Federal, que en lo conducente prevé que en el Auto de Vinculación a Proceso: " ...se expresará: el delito que se impute al acusado; el lugar, el tiempo y circunstancias de ejecución, los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión ...." Disposición que en nuestro proceso penal se contiene en el artículo 316, fracción III, del Código Nacional de Procedimientos Penales. Cabe precisar que la expresión de datos está sujeta a su existencia, y ésta a su vez a la valoración que sobre ellos haga el juzgador, según la sana crítica. De tal redacción, concatenada a las formalidades de la audiencia para vincular o no a proceso, encontramos: a. Que la función del debate dentro de la audiencia de vinculación es establecer la "existencia" o no de dichos datos introducidos oralmente a manera de antecedente. Y, b. Que esa "existencia" de "datos" constitucionalmente exigidos, está sujeta a un ejercicio de razonabilidad por parte del Juzgador entre los argumentos de las partes, con relación al estudio conceptual, desde la lógica formal, de los "datos" aportados, y no así de pruebas, ello con el empleo de la sana crítica." "B'1 Los hechos imputados son relevantes para el derecho penal. Se discrepa de la óptica del Juzgador de Control, en razón a que, atribuirse ante autoridades una identidad que no corresponde a aquella que la persona tiene desde su nacimiento (al sustituir su nombre por otro, sin seguir los procedimientos legales para ello), es relevante para el derecho penal, como también lo es obtener documentos verdaderos bajo una identidad falsa. Ello porque, varias clasificaciones jurídicas podrían corresponden a tales hechos, tanto del orden federal como estatal. De inicio, de los hechos que la Agente del Ministerio Público imputó se puede concretar a que: l. [****] se hizo llamar [******] 2. Con esa identidad, compareció en varias ocasiones ante la Representación Social Estatal, se querelló en 4 ocasiones y obtuvo 2 cartas de no antecedentes penales. 3. Se ostentó como [Erick Scott Hansen], con un documento migratorio auténtico. 4. Se informó que, bajo su identidad originaria tiene antecedentes penales en estados unidos y, que ante la autoridad migratoria, luego de ser deportado de estados unidos, se identificó con un nombre que no le corresponde y así obtuvo su calidad migratoria en este país como apátrida. Los primeros 2 hechos enlistados, son penal mente relevantes para el Estado de Chihuahua, en razón a que con base en una identidad falsa se han obtenido documentos (las cartas de no antecedentes penales) e iniciado procedimientos penales, bajo un nombre que no es el verdadero. B'1.1 Hechos ilícitos en torno al tipo penal de variación del nombre. Este tipo penal se contempla en el numeral 3l3 del Código Penal del Estado, que establece: ". a quien ante una autoridad Judicial o administrativa en ejercicio de sus funcione oculte o niegue su nombre o apellido o se atribuya uno distinto del verdadero u oculte o niegue su domicilio o designe como tal uno distinto del verdadero... Analizada la resolución recurrida y el registro audiovisual, resulta necesario destacar que asiste la razón a la Institución apelante en cuanto a que nos encontramos en presencia de un hecho que es contrario al orden público penal (hecho ilícito), pues los datos de prueba que expuso en audiencia demuestran (al grado que una resolución de esta naturaleza requiere -probabilidad-) que [*****] varió su nombre al comparecer en diversas ocasiones ante la autoridad ministerial en esta Ciudad Juárez Chihuahua. Deriva, como preámbulo a la afectación del Estado (la procuración de justicia concretamente), de los antecedentes de investigación que [****] dijo llamarse [*****] ante el Instituto Nacional de Migración. Así se deprende del antecedente de investigación expuesto relativo al informe rendido por el licenciado [Edgar Gerardo Caro Ramírez], sub representante federal del Instituto Nacional de Migración del Estado de Chihuahua, en el que hizo saber que ***** persona apátrida nació el [*****] en [Republica Dominicana el **** de 2014 realizó el trámite de regularización de situación migratoria y se le resolvió favorablemente, obtuvo la condición Residente Permanente, para lo cual se le expidió por el Instituto Nacional de migración la tarjeta [10505844]. Fácticamente, obtuvo así, el imputado, una nueva identidad, sin tener noticia la autoridad federal de migración de que, quien se les apersonó, tenía una identidad diversa a la que se atribuyó en aquella época -****de 2014-, pues su nombre verdadero es [******]. De interés específico del fuero común, se tiene que el ****** de 2016 y el *****de 2020, a petición de [****], así identificado con la tarjeta migratoria *****, la Unidad de Antecedentes Penales de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua en la Zona Norte expidió cartas de no antecedentes penales a su favor bajo los números de certificado [****/2016 y *****/2020]. Estos hechos resultaron ser penalmente relevantes porque, ese nombre no corresponde al que pidió las cartas de no antecedentes penales, ya que su identidad real es [*****], como se deduce de la información que citó el ministerio público en audiencia, proporcionada por [*****] adscrito al Departamento de Estado de los Estados Unidos de Norteamérica enlace del Consulado General Americano." "En el caso concreto, hasta el momento el Órgano Técnico evidenció que probablemente [*****] -nombre que se le asignó al nacer y así lo reconoció su país- se ostentó ante la Procuraduría -hoy Fiscalía- General de Justicia del Estado con el nombre de [*****], los días ***** de 2015, el **** de 2016, ***** de 2019 y *****de 2020, donde solicitó el inicio de la actividad investigadora al considerarse víctima de hechos ilícitos, lo cual no es indebido, pues sin duda puede tener la calidad de víctima por tales hechos. Lo que no está permitido por el derecho es que varié su identidad, su nombre, lo que se reflejó en aquellas fechas en que se querelló y también los días 14 de noviembre de 2016 y el 7 de noviembre de 2020, donde al identificarse -probablemente- con un nombre que no le corresponde solicitó y obtuvo cartas de no antecedentes penales. Antecedentes penales que tiene, como se documentó, en Estados Unidos y antes de que variara su nombre, por primera ocasión, ante el Instituto Nacional de Migración para obtener la tarjeta de residente permanente [*****]), como precedente a los hechos penalmente relevantes para el fuero común. Así, la Fiscalía General del Estado al ser una "dependencia del Poder Ejecutivo del Estado encargada de las áreas de: Investigación y Persecución del Delito, incluyendo la Agencia Estatal de Investigación; Atención a Víctimas del Delito y de Violaciones a los Derechos Humanos; Investigación de Violaciones a Derechos Humanos; Operaciones Estratégicas; Combate a la Corrupción, y Desaparición Forzada de Personas; coadyuvante en materia de Seguridad Pública y Prevención." De manera que, se coloca en el supuesto de "autoridad administrativa" ante la que, probablemente, el imputado, varió su nombre, bajo la descripción típica de "se atribuya uno distinto al verdadero" que tutela el artículo 313 del Código Penal del Estado, a través de la condicionante normativa "en ejercicio de sus funciones", porque precisamente la Fiscalía General del Estado tiene la función de, a través del ministerio público, recibir querellas para iniciar procedimientos penales y expedir constancias de no antecedentes penales. Acción que, probablemente desplegó dolosamente porque como está documentado, tiene antecedentes penales -desde el *****de 2006, antes de obtener -**** de 2014- de la autoridad migratoria el documento con el que se identificó con un nombre que no corresponde a su verdadera identidad mismo que obtuvo bajo la premisa de una identidad falsa, por lo que puede hasta el momento debe asumirse que probablemente actuó consciente y voluntariamente en los hechos atribuidos que desplegó ante la Fiscalía General del Estado, como se regula en el artículo l8 fracción I, del Código Penal, y como seguramente actúo por sí, los hechos ameritan continuar la investigación como probable autor doloso del delito instantáneo de variación del nombre. De ahí que se entiende por esta Sala que se actualizó el hecho considerado por la ley como delito de variación del nombre contemplado en el cardinal 313 del Código Penal del Estado y por ende su probable autoría, hechos ilícitos por los cuales debe revocarse la decisión del Juez de Control y vincularlo a proceso. No pasa desapercibido para esta Sala que las personas tienen los derechos humanos de identidad y libre desarrollo de la personalidad, pero ello no implica dejar de seguir los procedimientos jurisdiccionales y el orden público para variar legalmente el nombre y no considerarlo como hecho ilícito, pues el documento que se le expidió no tuvo como origen la variación legal del nombre, sino que es un documento que se expide con un procedimiento bien reglamentado, que se basa en el sentido humano para privilegiar los derechos de los migrante, sobre todo en esos casos en que no tienen documentos dada su condición y la autoridad migratoria, al tener que ningún país reconoce como nacional a la persona que se ostenta tal, le hacen vigente su derecho de considerarle apátrida, pero ello no es una autorización para mentir, ocultar, engañar, o aprovecharse de un error en que se hallen los funcionarios del Instituto de Migración. B'1.2 Relativo al tipo penal de Uso indebido de documentos Este tipo penal se prevé en el cardinal 330 del mismo cuerpo de normas, que señala: "A quien para obtener un beneficio o causar un daño, falsifique a altere un documento público o privado con independencia del resultado abtenido ... tratándose de documentos públicos y ... tratándose de documentos privados ... a quien con los fines a que se refiere el párrafo anterior, haga usa de un documento falso a alterado a haga uso indebido de un documento verdadero. expedido a favor de otro. como si hubiere sido expedido a su nombre ... ". Sin embargo, contrario al criterio de la Representante Social, este Tribunal coincide con los argumentos del Natural en cuanto a que el segundo de los hechos (uso indebido de documentos, previsto y sancionado en el cardinal 330 del Código Penal Estatal), por lo que esta Sala diciente de las lesiones jurídica propuestas por el Censor porque: Los hechos que hasta el momento se acreditaron, dejan notar que la variación del nombre antes dicha pudiera encuadrar en el elemento subjetivo específico diverso al dolo y a culpa de "para obtener un beneficio" en específico, el proseguir un procedimiento con el acceso a una eventual reparación del daño -a la que tendría derecho incluso sin necesidad de variar el nombre- y obtener una constancia de no antecedentes penales. También, de los antecedentes de investigación queda en claro que identificarse con el documento de migración [10505844] es la acción que conlleva a asimilar que pudiera en cuadrar en el elemento objetivo normativo "haga uso indebido de un documento verdadero", incluso pudiera llegarse a establecer que es una acción indebida porque conoce que no es su identidad real aún y cuando el documento es auténtico. Sin embargo, el tipo penal exige un elemento objetivo normativo con relación a las circunstancias de modo: "expedido a favor de otro, como si hubiere sido expedido a su nombre." Descripción del legislador que no se corresponde con los hechos acreditados, porque el documento verdadero se le expidió materialmente al imputado el 28 de mayo de 2014. Aún y que ahí surgió un primer hecho ilícito, pues varió su nombre, no es un documento que se expidió a otra persona. El tipo penal exige partir de una simulación: hacer pasar como documento propio el que se expidió a favor de un tercero, en cambio en el caso concreto es un documento auténtico que se expidió materialmente a favor del imputado, personalmente, tan es así que tienen sus datos biométricos -la defensa reconoció que la fotografía corresponde al imputado-, pero con una identidad falsa que probablemente ostentó ante la autoridad de migración. Entonces, en los presentes hechos el documento auténtico se expidió a favor del imputado, no de un tercero, y al emplearse como identificación ante la Fiscalía General del Estado, los hechos se excluyen parcialmente de la descripción típica del juzgador del uso indebido de documento, pero permanecen como la mecánica bajo la cual sostuvo su variación de identidad. Lo anterior porque, la expedición y uso de ese documento auténtico tiene sustento legal en la Ley de Migración en sus numerales 6 y 11 y 150, fracción VI y VII, de su reglamento, que establecen: "Artículo 6. El Estado mexicano garantizará a toda persona extranjera el ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en la Constitución, en los tratados y convenios internacionales de los cuales sea parte el Estado mexicano y en las disposiciones jurídicas aplicables, con independencia de su situación migratoria. Artículo 11. En cualquier caso, independientemente de su situación migratoria, los migrantes tendrán derecho a la procuración e impartición de justicia, respetando en todo momento el derecho al debido proceso, así como a presentar quejas en materia de derechos humanos, de conformidad con las disposiciones contenidas en la Constitución y demás leyes aplicables. Artículo 150. La persona extranjera que se encuentre en el territorio nacional y no sea considerado nacional por ningún Estado conforme a su legislación, podrá solicitar la determinación de apátrida y, en su caso, obtener residencia permanente. El procedimiento para atenderlas solicitudes será el siguiente: VI. Una vez que la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados haya emitido la opinión, el Instituto, de considerarlo procedente, emitirá la determinación de apátrida y expedirá el documento migratorio respectivo; VII. Posteriormente, la persona extranjera podrá tramitar ante la Secretaría de Relaciones Exteriores su documento de identidad y viaje ... " El fin lícito de la expedición del documento es acreditar su legal estancia en el país y su calidad migratoria, no darle una nueva identidad fuera de los procedimientos jurisdiccionales para ello, esa identidad no se la otorgó la Autoridad Migratoia, se la asignó a sí misma la persona que les solicitó el documento -la persona migrante. Así, dado que alterar o faltar a la verdad, variar el nombre a autoridades federales respecto de la identidad del imputado, son conductas contrarias al orden púbico, se ordena dar vista a la Instituto Nacional de Migración dependiente de la Secretaría de Gobernación Federal y a la Fiscalía General de la República por la posible comisión de hechos que puedan ser considerados como delitos de competencia federal ya que el imputado se ostentó ante la autoridad federal con un nombre que no le corresponde. Esto con fundamento en lo previsto por el artículo 222, párrafo segundo, del Código Nacional de Procedimientos Penales. Por tanto, hasta el actual momento procesal, sólo puede entenderse que los datos invocados durante la audiencia inicial establecen que [**** alias **** intervino probablemente en los hechos de variación del nombre que ocurrieron en las instalaciones de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, Zona Norte, ubicadas en el Eje Vial Juan Gabriel y Aserraderos de la colonia San Antonio en esta ciudad, los días **** del año 2015, *****del 2016, *****del 2019 y *****de 2020 respecto de su intervención en las carpetas de investigación, [****/2015,***/2016,***/2019 y ****/2020] y los días **** de 2016 y ****de 2020, tocante a las solicitudes que hizo ante la unidad de Antecedentes Penales de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua en la Zona Norte en donde obtuvo las constancias de no antecedentes penales, expedidas bajo los números de certificado [****/2016 y ****/2020], en perjuicio de la procuración de justicia y que jurídicamente se prevén en las fracción I de los cardinales 17, 18 Y 21, con relación al 313, del Código Penal Chihuahuense. En consecuencia, procede resolver y, SE RESUELVE Primero. Se modifica el auto apelado. Segundo. Se dicta auto de vinculación a proceso a [** alias ****] por el delito de variación del nombre previsto en el artículo 313 del Código Penal, en agravio de la Fiscalía General; por hechos ocurridos en las instalaciones de esta en la Zona Norte, ubicadas en el eje vial juan Gabriel y aserraderos de la colonia san Antonio en esta ciudad, los días ****del año 2015, ****del 2016, ****del 2019 y ***** de 2020 respecto de su intervención en las carpetas de investigación [****/2015, ****/2016, ****/2019 Y ****/2020] y los días **** de 2016 y **** de 2020, tocante a las solicitudes que hizo ante la unidad de Antecedentes Penales de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua en la Zona Norte en donde obtuvo las cartas de no antecedentes penal expedidas bajo los certificados [****/2016 y ****/2020] Tercero. Se ordena dar vista a la Fiscalía General de la República, así como al Instituto Nacional de Inmigración, por los hechos probablemente ilícitos que reflejó [J****z, quien nació el *****de 1967 en República Dominicana] y se atribuyó el nombre de [******n y se ostentó nació *****de 1976] ante el Instituto Nacional de Migración, para que se le atribuyera la calidad de persona apátrida, ostentándose con un nombre falso, con lo que obtuvo su condición de Residente Permanente y la expedición de la tarjeta [*****]." Resolución que constituye aquí el acto reclamado. SEPTIMO. Conceptos de Violación. Los conceptos de violación aducidos por el quejoso en su escrito de demanda de amparo, se tienen por reproducidos en este apartado, por ser innecesaria su trascripción, puesto que la Ley de Amparo no establece en precepto alguno tal obligación y con esa omisión no se priva al quejoso de derecho alguno. Sustenta lo expuesto la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXXI, mayo de 2010, en la pág. 830; de rubro y texto siguiente: CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. OCTAVO.- Del análisis de los conceptos de violación. En este punto, corresponde analizar los conceptos de violación esgrimidos por la parte quejosa en contra de la resolución de trece de marzo de dos mil veintitrés, dictada por el Secretario encargado del despacho de la Cuarta Sala Penal Regional, del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua, en el toca ****/2023, mediante la cual revocó el auto de no vinculación a proceso dictado en la causa penal ****/2022, y en su lugar decretó el auto de vinculación a proceso en contra de ****alias *****, por el delito de variación de nombre, en perjuicio de la Fiscalía General. Son esencialmente fundados los conceptos de violación esgrimidos por la parte quejosa en su escrito inicial y suficientes para conceder el amparo y protección de la Justicia Federal, aunque para ello se tenga que suplirse la queja, de conformidad con el artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, en virtud de que el directo disidente tiene la calidad de imputado en la causa penal *****/2022. Lo anterior, al advertir violación a derechos fundamentales de legalidad y seguridad jurídica. Razonamientos relacionados con diversos derechos aplicables en materia penal. Como cuestión previa al examen del fondo del asunto, esta juzgadora considera pertinente establecer que, de la lectura de la demanda de amparo, se advierte que la parte inconforme inserta razonamientos relacionados con diversos derechos aplicables en materia penal. Sin embargo, debe destacarse que esos aspectos no serán objeto de un pronunciamiento específico por parte de este tribunal federal, en la medida en que no constituyen razonamientos en los que se haga valer un auténtico concepto de violación o que, por sí solos, puedan llevar a la convicción de que el acto reclamado es inconstitucional. En efecto, el examen de los actos reclamados en el juicio de amparo debe ceñirse a los razonamientos jurídicos que, a título de conceptos de violación, se hagan valer en su contra, sea que para ello se destine un apartado específico o se advierta del análisis integral del escrito de demanda, por lo cual si tales planteamientos no reflejan, por sí, la inconstitucionalidad aseverada mediante la expresión de un agravio o perjuicio causado en la esfera jurídica de la parte quejosa, sino que sólo sirven como un complemento o marco de referencia para ilustrar la postura que asume en torno a un tópico o tema, es patente que no ameritan una calificación, ni un análisis sobre ese particular. En tal virtud, si a partir de esas consideraciones el hoy impetrante expone razonamientos jurídicos que, en concreto, haga valer en calidad de conceptos de violación, respecto de los cuales esta resolutora está obligada a emitir un pronunciamiento particular, tales manifestaciones sólo serán tomadas en cuenta para el efecto de clarificar la causa de pedir y, a la postre, para que este tribunal adopte un criterio sobre las cuestiones propuestas por la parte quejosa. Al efecto, cabe citar las tesis sustentadas por el Pleno y la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos datos de identificación, rubro y texto dicen así: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. PARA QUE SE ESTUDIEN, BASTA CON EXPRESAR CLARAMENTE EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS LA CAUSA DE PEDIR. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que debe abandonarse la tesis jurisprudencial que lleva por rubro "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. REQUISITOS LÓGICOS Y JURÍDICOS QUE DEBEN REUNIR.", en la que, se exigía que el concepto de violación, para ser tal, debía presentarse como un verdadero silogismo, siendo la premisa mayor el precepto constitucional violado, la premisa menor los actos autoritarios reclamados y la conclusión la contraposición entre aquéllas, demostrando así, jurídicamente, la inconstitucionalidad de los actos reclamados. Las razones de la separación de ese criterio radican en que, por una parte, los artículos 116 y 166 de la Ley de Amparo no exigen como requisito esencial e imprescindible, que la expresión de los conceptos de violación se haga con formalidades tan rígidas y solemnes como las que establecía la aludida jurisprudencia y, por otra, que como la demanda de amparo no debe examinarse por sus partes aisladas, sino considerarse en su conjunto, es razonable que deban tenerse como conceptos de violación todos los razonamientos que, con tal contenido, aparezcan en la demanda, aunque no estén en el capítulo relativo y aunque no guarden un apego estricto a la forma lógica del silogismo, sino que será suficiente que en alguna parte del escrito se exprese con claridad la causa de pedir, señalándose cuál es la lesión o agravio que el quejoso estima le causa el acto, resolución o ley impugnada y los motivos que originaron ese agravio, para que el Juez de amparo deba estudiarlo." (Instancia: Pleno. Fuente: Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2011. Tomo: II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte-SCJN, Décima Primera Sección. Tesis: 1341. Página: 1503.) "GARANTÍA A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA COMPLETA TUTELADA EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. SUS ALCANCES. El derecho fundamental contenido en el referido precepto constitucional implica, entre otras cosas, el deber de los tribunales de administrar justicia de manera completa, en atención a los cuestionamientos planteados en los asuntos sometidos a su consideración, analizando y pronunciándose respecto de cada punto litigioso, sin que ello signifique que tengan que seguir el orden expuesto por las partes o que deban contestar argumentos repetitivos, pues los órganos encargados de dirimir las controversias están en aptitud de precisar las cuestiones a resolver, lo que puede o no coincidir con la forma o numeración adoptada en los respectivos planteamientos, y aunque no pueden alterar los hechos ni los puntos debatidos, sí pueden e incluso deben definirlos, como cuando la redacción de los escritos de las partes es oscura, deficiente, equívoca o repetitiva. Esto es, los principios de exhaustividad y congruencia de los fallos judiciales no pueden llegar al extremo de obligar al juzgador a responder todas las proposiciones, una por una, aun cuando fueran repetitivas, ya que ello iría en demérito de otras subgarantías tuteladas por el referido precepto constitucional -como las de prontitud y expeditez- y del estudio y reflexión de otros asuntos donde los planteamientos exigen la máxima atención y acuciosidad judicial, pues la garantía a la impartición de justicia completa se refiere únicamente a que los aspectos debatidos se resuelvan en su integridad, de manera que sólo deben examinarse y solucionarse las cuestiones controvertidas que sean necesarias para emitir la decisión correspondiente." (Instancia: Primera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo: XXV, Mayo de 2007. Tesis: 1a. CVIII/2007. Página: 793.) Al respecto, conviene señalar que la parte quejosa aduce que se viola en su perjuicio lo dispuesto en los arábigos 1, 14, 16, 17, 18, 19, 20 apartado A y B, 21, 22 y 23, todos de la Carta Magna, por lo siguiente: 1) El Secretario encargado del despacho de la sala responsable, al emitir su resolución y referirse a los agravios de la parte apelante, se aparta de los alcances que el artículo 461 del Código Nacional de Procedimientos Penales le brinda al recurso de apelación interpuesto por la Fiscalía, pues es omisa en precisar de manera expresa cuál es la afectación que le causa el auto impugnado, así como los motivos que originan el agravio, por lo cual suplió la deficiencia de los agravios hechos valer por la parte apelante, y abarcó más aspectos que los factores de legalidad esgrimidos, extendiéndose en el examen de la decisión apelada a cuestiones no planteadas en ellos, con lo que fue más allá de los límites del recurso y al sustituirse en la jurisdicción del Juez de Control, con motivo de la apelación interpuesta, sin considerar lo limitado de los agravios formulados por el Ministerio Público recurrente, emite un auto de vinculación a proceso en su contra, violatorio de sus derechos fundamentales descritos. 2) La responsable violó los dispositivos constitucionales y legales señalados y específicamente los dispuesto en el artículo 316 fracción IV, del Código Nacional de Procedimientos Penales, en relación con los artículos 105, 106 y 111 del Código Penal del Estado de Chihuahua, ya que al verificar que no se hubiese presentado dentro del procedimiento penal una causa que pudiera extinguir el proceso, consideró que no era posible emitir pronunciamiento alguno respecto a la actualización de la figura legal de la prescripción como forma de extinción de la acción penal, porque probablemente se pudieron haber cometido delitos del fuero federal, lo que se constituía en un obstáculo para llegar a ese extremo jurídico. 3) La responsable violo, el principio de congruencia tanto interna como externa, previsto en el artículo 407 del Código Nacional de Procedimientos Penales, ya que al asumir jurisdicción para analizar la materialidad del ilícito y la probable responsabilidad, confirmó que fue correcta la decisión del juez natural de dictar auto de no vinculación a proceso por el delito relativo al tipo penal de Uso Indebido de Documentos que contempla el Código Penal en su artículo 330, lo que implica que es jurídicamente correcto que el quejoso se identifique con la tarjeta de residente permanente para este país número 10505844, proporcionada por el Instituto Nacional de Migración y la Secretaria de Gobernación, pero por otro lado, contradictoriamente, considera que se ostentó con un nombre y apellidos distintos, lo que es ilógico y antijurídico ya que un razonamiento no puede ser falso y verdadero a la vez y lo vinculó a proceso por esa circunstancia. 4) La responsable ordenadora desdeñó que no existen datos de prueba legalmente válidos para poder establecer que se cometió el delito de variación del nombre, previsto en el artículo 313 del Código Penal y mucho menos que el quejoso lo cometió de manera dolosa y antijurídica, ya que al asumir, indebidamente jurisdicción, la responsable se apartó de lo dispuesto por el artículos 19 constitucional primer párrafo y los artículos 309, 310, 311, 312, 313, 314 , 315, 316 Y 317 del Código Nacional de Procedimientos Penales, ya que, no consideró la falta de dolo por parte del quejoso, así como de la inexistencia de la antijuricidad. Asimismo, asegura que la responsable violento las reglas de valoración de los datos de prueba, pues no tomó en cuenta que los únicos datos de prueba que aporto el Ministerio Publico para sustentar su acción penal, fueron las documentales obtenidas por los consulados de Estados Unidos de Norteamérica y el consulado de República Dominicana, y omitió el procedimiento de formalización que para tal efecto previene el artículo 444 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Por cuestión de técnica, los conceptos de violación no se estudiarán en el orden en que fueron expuestos por el quejoso, sino en el orden en que las razones que los motivaron se presentaron en la sentencia emitida en el toca 16/2023, en la cual se dictó la vinculación a proceso al hoy quejoso. Así, en el caso en estudio, el quejoso **** alias *****, en su segundo concepto de violación, reclamó de la autoridad responsable, que transgredió los dispositivos constitucionales y legales señalados y específicamente los dispuesto en el artículo 316 fracción IV, en relación con los artículos 105, 106 y 111 del Código Penal del Estado, ya que al verificar que no se hubiera presentado dentro del procedimiento penal una causa que pudiera extinguir el proceso, omitió emitir pronunciamiento alguno respecto a la actualización de la figura legal de la prescripción como forma de extinción de la acción penal, pese a ser una cuestión que debió analizarse aún de oficio por parte del resolutor. Como se apuntó en párrafos anteriores, resulta fundado el motivo de disenso esgrimido por la parte quejosa en su escrito inicial y suficiente para conceder el amparo y protección de la Justicia Federal, lo anterior, al advertir violación a derechos fundamentales de legalidad y seguridad jurídica. En el caso, para una mejor comprensión del asunto, en primer término es necesario precisar que el análisis de la constitucionalidad del auto de vinculación que por esta vía se reclama, se realizará a la luz del artículo 19 Constitucional, que establece los requisitos que deben ser observados al dictarse resoluciones de esta naturaleza, mismo que en su parte conducente, dispone: "Artículo 19. Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso en el que se expresará: el delito que se impute al acusado; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. (.)" La lectura del fragmento antes transcrito, pone de manifiesto que los requisitos constitucionales que deben reunirse para emitir un auto de vinculación a proceso, son la expresión de lo siguiente: 1. El delito que se impute al acusado; 2. El lugar, tiempo y circunstancias de ejecución de aquél; y, 3. Los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Es decir, solamente mediante el cumplimiento de estos requisitos se podrá justificar un auto de vinculación a proceso. Lo que se adminicula con la disposición contenida en el artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que para el mismo efecto precisa: "Artículo 316. Requisitos para dictar el auto de vinculación a proceso El Juez de control, a petición del agente del Ministerio Público, dictará el auto de vinculación del imputado a proceso, siempre que: I. Se haya formulado la imputación; II. Se haya otorgado al imputado la oportunidad para declarar; III. De los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Se entenderá que obran datos que establecen que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito cuando existan indicios razonables que así permitan suponerlo, y IV. Que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. El auto de vinculación a proceso deberá dictarse por el hecho o hechos que fueron motivo de la imputación, el Juez de control podrá otorgarles una clasificación jurídica distinta a la asignada por el Ministerio Público misma que deberá hacerse saber al imputado para los efectos de su defensa. El proceso se seguirá forzosamente por el hecho o hechos delictivos señalados en el auto de vinculación a proceso. Si en la secuela de un proceso apareciere que se ha cometido un hecho delictivo distinto del que se persigue, deberá ser objeto de investigación separada, sin perjuicio de que después pueda decretarse la acumulación si fuere conducente." De este dispositivo se advierte, además de los ya mencionados, los siguientes requisitos para dictar un auto de vinculación a proceso: a) Que se haya formulado imputación; b) Que se haya otorgado al imputado la oportunidad para declarar; c) Que de los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. d) Que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. Cabe precisar que en esta clase de actos también pueden violarse derechos fundamentales distintos a las consagrados en el artículo 19 Constitucional, en virtud de que, si bien, dicho precepto contiene los requisitos de forma y fondo que un mandato de tal naturaleza debe contener, ello no significa que para su emisión sólo deba cumplirse con lo previsto en el mismo. En efecto, un auto de vinculación a proceso, como acto proveniente de autoridad, debe colmar también, los requisitos previstos en el artículo 16 Constitucional, que en su primer párrafo, dispone: "Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. (.)" Es decir, que: a) Debe constar por escrito; b) Provenir de autoridad competente; y, c) En el documento en el que conste, debe fundarse y motivarse la causa legal del procedimiento. Por lo que hace a la fundamentación, motivación y el nexo lógico entre ambos, se pueden conceptuar, de forma sintética, de la manera siguiente: 1. Motivación: es expresar las razones por las cuales se toma determinada decisión. 2. Fundamentación: básicamente es indicar la hipótesis normativa aplicable al caso concreto. 3. Adecuación (nexo lógico): relación apropiada entre el precepto legal aplicable y la situación de hecho. Consecuentemente, para determinar si una resolución jurisdiccional cumple con una adecuada fundamentación y motivación, los razonamientos judiciales utilizados deben justificar la racionalidad de la decisión, con el fin de dar certeza a los gobernados a quienes se dirigen del porqué se llegó a una conclusión y la razón por la cual es la más acertada, en tanto: a) permiten resolver el problema planteado; b) responden a los elementos de hecho y de derecho relevantes para el caso, y c) muestran si la decisión es consistente respecto de las premisas dadas, con argumentos razonables. Es aplicable, el criterio sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis de jurisprudencia 1a./J. 139/2005, visible en la página 162, Tomo XXII, diciembre de 2005, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común, Novena Época (registro 176546), que estipula: FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES JURISDICCIONALES, DEBEN ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RESPECTIVAMENTE. Entre las diversas garantías contenidas en el segundo párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sustento de la garantía de audiencia, está la relativa al respeto de las formalidades esenciales del procedimiento, también conocida como de debido proceso legal, la cual se refiere al cumplimiento de las condiciones fundamentales que deben satisfacerse en el procedimiento jurisdiccional que concluye con el dictado de una resolución que dirime las cuestiones debatidas. Esta garantía obliga al juzgador a decidir las controversias sometidas a su conocimiento, considerando todos y cada uno de los argumentos aducidos en la demanda, en su contestación, así como las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, de tal forma que se condene o absuelva al demandado, resolviendo sobre todos los puntos litigiosos materia del debate. Sin embargo, esta determinación del juzgador no debe desvincularse de lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 16 constitucional, que impone a las autoridades la obligación de fundar y motivar debidamente los actos que emitan, esto es, que se expresen las razones de derecho y los motivos de hecho considerados para su dictado, los cuales deberán ser reales, ciertos e investidos de la fuerza legal suficiente para provocar el acto de autoridad. Ahora bien, como a las garantías individuales previstas en la Carta Magna les son aplicables las consideraciones sobre la supremacía constitucional en términos de su artículo 133, es indudable que las resoluciones que emitan deben cumplir con las garantías de debido proceso legal y de legalidad contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así, la fundamentación y motivación de una resolución jurisdiccional se encuentra en el análisis exhaustivo de los puntos que integran la litis, es decir, en el estudio de las acciones y excepciones del debate, apoyándose en el o los preceptos jurídicos que permiten expedirla y que establezcan la hipótesis que genere su emisión, así como en la exposición concreta de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas tomadas en consideración para la emisión del acto, siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables al caso. Establecido lo anterior, en el cometido de tener o no por cumplidos los requisitos que debe contener un auto de vinculación a proceso y que ya fueron señalados con antelación, se establece lo siguiente. De los preceptos anteriormente analizados, se dispone que el auto de vinculación a proceso deberá dictarse por el hecho o hechos que fueron motivo de la imputación y una vez sean claros y precisos tales hechos, el juez de la causa, entre otros puntos, acredite fehacientemente que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. Para una mayor comprensión de la determinación que adoptará este órgano de control constitucional, se estima pertinente exponer lo antecedes históricos del acto reclamado que obran en la sentencia dictada por la responsable dentro del toca ***/2023, las cuales obran en la copia certificada del mismo, remitido a este órgano constitucional en apoyo al informe de ley rendido por la responsable y cuya valoración se emitió de manera previa en la presente resolución, de donde se advierte, sustancialmente, lo siguiente: "I. Los hechos imputados fueron: Los días **** del año 2015, **** del 2016, **** del 2019 y *** de 2020 el imputado [***] quien se hace llamar [***] acudió ante la Fiscalía General del Estado de Chihuahua en la Zona Norte al comparecer en calidad de víctima, con el propósito de presentar una denuncia y/o querella por la comisión en su perjuicio de los delitos respectivamente de amenazas; abuso de confianza y amenazas; amenazas; y robo, las cuales quedaron radicadas bajo los números de carpeta de investigación respectivamente [****/2015, ****/2016, ***/2019 y ****/2020]. Además los días **** de 2016 y *** de 2020, acudió ante la unidad de Antecedentes Penales de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua en la Zona Norte con el propósito de obtener cartas de no antecedentes penales." Como se pudo advertir, en la sentencia en que consiste el acto reclamado, el secretario encargado de la sala, tuvo por justificada la existencia del hecho delictivo denominado como variación de nombre, contemplado en el artículo 313 del Código Penal para el Estado de Chihuahua; conducta que tuvo por acreditada de manera probable, pues estableció que el aquí quejoso ***** alias ***** , acudió ante la Fiscalía General del Estado de Chihuahua en la Zona Norte, en calidad de víctima, con el propósito de presentar denuncias ostentándose con un nombre diverso al suyo, lo anterior en la siguientes fechas: *** del año dos mil quince, ***del dos mil dieciséis, **** del dos mil diecinueve, y *** de dos mil veinte. De igual manera, con el fin de solicitar la expedición de carta de no antecedentes penales a su favor, acudió las fechas siguientes: **** de dos mil dieciséis y **** de dos mil veinte Ahora bien, en el concepto de violación en estudio, el quejoso argumenta que la responsable omitió pronunciarse respecto de la figura de la prescripción de la acción penal por lo que hace al menos de cuatro de las cinco fechas señaladas con antelación, figura que se encuentra contemplada en el Código Penal del Estado de Chihuahua de la siguiente manera: "Artículo 105. Efectos y características de la prescripción. La prescripción es personal y extingue la pretensión punitiva y la potestad de ejecutar las penas y las medidas de seguridad, y para ello bastará el transcurso del tiempo señalado por la ley. Los delitos de feminicidio, previsto en el artículo 126 bis; extorsión; tráfico de influencias, previsto en el artículo 265; cohecho, en el supuesto que prevé el artículo 269, fracción II; peculado, en la hipótesis señalada en el artículo 270, fracción II; concusión, de acuerdo con el artículo 271, fracción II; homicidio calificado; tortura, y enriquecimiento ilícito, de acuerdo con el numeral 272; así como aquellos previstos en los artículos 171, 172, 173, 174, 175, 178, 179 Bis y 184 de este Código, cometidos en contra de personas menores de edad o de las que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de resistirlo, son imprescriptibles." Por su parte el artículo 111, establece lo siguiente: "Artículo 111. Prescripción según el tipo de pena. La pretensión punitiva respecto de delitos que se investigan de oficio prescribirá: I. En un plazo igual al término medio aritmético de la pena privativa de la libertad, incluidas las modalidades del delito cometido, pero en ningún caso será menor de tres años. Esta regla se aplicará cuando la pena privativa de la libertad esté señalada en forma conjunta o alterna con otra diversa. II. En un año, si el delito se sanciona con pena no privativa de la libertad." El análisis de la prescripción, es obligatorio para la responsable con el fin de cumplir con los requisitos constitucionales para el dictado del auto de vinculación a proceso, como se vio en párrafos anteriores, al analizar el contenido de los artículos 19 Constitucional, así como su correlativo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Contrario a lo anterior, en la sentencia dictada en el toca 16/2023 por parte de la responsable, se advierte que en su parte conducente determina lo siguiente: "vi) Por último, por cuanto a la prescripción, aunque se coincide con el criterio de la defensa en tomo a que el delito de variación del nombre es de naturaleza instantánea, no es jurídicamente válido emitir pronunciamiento al respecto, en razón a que, como el juez lo indicó, en cada averiguación previa se pudo dar de manera continuada el ilícito, lo que aunado a que tiene un trasfondo de competencia federal, son hechos que hasta que no se asuman en su totalidad ameritan tener presente la data y pormenores de aparente consumación y manifestación; hoy sería anticipado emitir una decisión que culminaría con la investigación correspondiente, por lo que esta decisión del fuero común no debe interferir con las que eventualmente pudiera asumir la autoridad federal o bien, la conexidad que pudiesen guardar los hechos con diversas descripciones típicas federales y locales, con lo que no puede descartarse el carácter de delito continuado que le atribuye la Representación Social poder calificar su consecuencia punitiva, en su caso. Precisamente para ello es la investigación complementaria, para que tales datos sean revelados durante la misma." De tal suerte que con dicho pronunciamiento, el secretario encargado del despacho de la sala responsable, trastocó los derechos defensivos del justiciable, ya que al eludir la obligación de realizar un pronunciamiento específico sobre la prescripción como medio de extinción de la pretensión punitiva, respecto de al menos cuatro de los hechos que dieron origen a la causa penal, a la postre concluyó con el auto de vinculación a proceso hoy reclamado, que para su dictado, el artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, exige que no debe estar actualizada una causa extintiva de la acción penal. En ese sentido, resulta desacertado lo expresado por el secretario encargado de la sala penal responsable, al limitarse a señalar lo ya apuntado, pues la omisión de pronunciarse respecto de la prescripción respecto de los hechos señalados, pone de manifiesto, como bien lo sostuvo la parte quejosa en sus conceptos de violación, que no se respetaron sus derechos fundamentales consagrados en los artículos 14 y 16 Constitucionales, dejándolo en un estado de indefensión, ya que el a quo pasó por alto lo establecido por la fracción VII del artículo 485 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que señala como causa de extinción de la pretensión punitiva, entre otras, a la prescripción, que resulta ser una figura de estudio preferente y hasta oficioso, por mediar en el tema el orden público. Asimismo, al respecto en esencia los artículos 105, 106, 108 y 111 del Código Penal para el Estado de Chihuahua establecen esencialmente que la prescripción extingue la acción penal; que ésta es personal y para que opere bastará el simple transcurso del tiempo señalado por la ley; que puede ser declarada de oficio o a petición de parte, en cualquier estado del procedimiento; que los términos para que aquella opere, serán continuos y se contarán desde el día en que se cometió el delito, si fuese instantáneo, desde que cesó, si fuere permanente, desde el día en que se hubiese realizado el último acto de ejecución, si fuere continuado y desde el día en que se hubiese realizado el último acto tendiente a la ejecución o se omitió la conducta debida, si se tratare de tentativa; que asimismo, prescribirá la acción penal en un plazo igual al término medio aritmético de la sanción privativa de la libertad que corresponda al delito; finalmente que la acción penal nunca podrá prescribir en un plazo inferior a tres años y sólo podrá interrumpirla la captura del imputado o su comparecencia ante la autoridad judicial. Codificación punitiva local, que desde una óptica sustantiva impone al órgano jurisdiccional responsable la obligación de analizar de manera congruente y exhaustiva las cuestiones relativas a la prescripción como causa de extinción de la acción penal; mientras que la norma adjetiva, en el caso, el numeral 316, fracción IV, del Código Nacional de Procedimientos Penales, exige que para el soporte de una vinculación a proceso, es necesario que no se actualice una causa de extinción de la acción penal (en el caso, la prescripción); por ello, al haberse impedido con esa indefinición, que pudiera ser ponderado el aludido tema extintivo, resulta claro que se vulneró en perjuicio del quejoso, la normativa que rige en materia de excluyentes de delito. Lo anterior, con independencia de que existan indicios con los que se pretenda acreditar el hecho que la ley señala como delito y la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión, ante la inobservancia, como se dijo, del dispositivo legal 106 del Código Penal para el Estado de Chihuahua, que establece que la prescripción será declarada de oficio o a petición de parte; así como lo estipulado en el diverso artículo 316, fracción IV, del Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual, constituye como uno de los requisitos para el dictado del auto de vinculación a proceso, que no exista alguna causa de extinción del delito. Así, en virtud de que en el caso, previo a la emisión de la resolución que vinculó a proceso al aquí quejoso **** alias ****, la responsable, de manera oficiosa, debió advertir si procedía o no la acción penal incoada en contra del referido imputado, en términos de los numerales invocados, y si era dable decretar una vinculación a proceso ante la no actualización de algún motivo extintivo de la comentada acción persecutora. Por tal razón, la determinación hoy reclamada resulta inconstitucional pues se incurrió en una violación formal en perjuicio de la parte accionante de esta litis y que debe ser enmendada a fin de no transgredir sus derechos fundamentales consagrados en los numerales 14 y 16 de la Carta Magna, que en lo conducente establecen: "Artículo 14. A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho. (.)" "Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. En los juicios y procedimientos seguidos en forma de juicio en los que se establezca como regla la oralidad, bastará con que quede constancia de ellos en cualquier medio que dé certeza de su contenido y del cumplimiento de lo previsto en este párrafo. (.)" Numeral constitucional transcrito en primer término, del que se desprenden las formalidades esenciales del procedimiento y, en relación a las cuales, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que se traducen en los siguientes requisitos: 1) la notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; 2) la oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3) la oportunidad de alegar; y, 4) el dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. Por lo tanto, si el acto de afectación incumple con esos requisitos mínimos, se puede concluir entonces, una transgresión a los derechos fundamentales de debido proceso y defensa adecuada. Sustenta la consideración anterior, la jurisprudencia de nuestro Máximo Tribunal de la Nación, localizable bajo el número de registro digital: 200234, Novena Época, de rubro que se lee: "FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO.". En ese orden de ideas y toda vez que la omisión destacada resulta atentatoria de los derechos fundamentales de debido proceso, seguridad jurídica, defensa adecuada e impartición de justicia pronta y expedita, consagrados en los citados artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debe reponerse la determinación de origen a fin de no violentar esos derechos fundamentales; ello, al resultar sustancialmente fundados los conceptos de violación analizados en este apartado. Por consecuencia, procede conceder a ****alias ***, el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra del acto sometido a estudio, para los efectos que se precisarán en el considerando siguiente. No obstante lo anterior, resulta importante destacar, que en el caso concreto que nos ocupa, la suscrita se encuentra imposibilitada a realizar pronunciamiento alguno, y de primera mano, respecto de la figura de la prescripción, en atención precisamente a la omisión realizada por la sala responsable, en el sentido de que omitió emitir pronunciamiento respecto de la actualización de la figura de prescripción de la acción penal, respecto de los hechos señalados, sin que con ello se desatienda lo establecido en el criterio jurisprudencial 1a./J.18/99, registro digital: 194068, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Novena Época, cuyo rubro y texto son los siguientes: "PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL. PUEDE ANALIZARSE EN AMPARO INDIRECTO AUN CUANDO LA AUTORIDAD RESPONSABLE NO SE HAYA PRONUNCIADO AL RESPECTO. El Juez de Distrito tiene la obligación de analizar la legalidad del acto reclamado, tomando en cuenta diversos aspectos: competencia de la autoridad, requisitos de procedibilidad, causas de extinción de la acción penal, etc. Esta obligación es más intensa tratándose del juicio de garantías en materia penal, pues el artículo 76 bis, fracción II, de la Ley de Amparo, previene la suplencia total de la queja en beneficio del reo, aun ante la ausencia de conceptos de violación. De ahí que cuando en la demanda de garantías el quejoso haga valer como concepto de violación en contra del auto de formal prisión reclamado, que la acción penal se encontraba prescrita, el juzgador tiene el deber de estudiar tal argumento, a pesar de que no se le hubiera propuesto a la autoridad responsable. Tal proceder, en modo alguno puede estimarse como una indebida sustitución del Juez, o infracción a lo dispuesto por el artículo 78 de la Ley de Amparo, pues este precepto sólo lo obliga a apreciar el acto reclamado tal y como aparezca probado ante la autoridad responsable; esto es, a no allegarse más pruebas que le permitan conocer los hechos, que aquellas que formen parte de la averiguación previa, o que hayan sido admitidas por la autoridad responsable. Por otra parte, en relación al amparo directo, la propia ley de la materia, en su artículo 183, exige que el tribunal supla la deficiencia de la queja cuando estando prescrita la acción penal el quejoso no la alegue; al existir la misma razón jurídica en el amparo indirecto, no hay obstáculo para realizar su estudio, sobre todo si lo alega el quejoso y las constancias en que se apoya el acto reclamado son aptas y suficientes para dicho examen." Siendo inviable para este Juzgado de Distrito realizar el análisis y pronunciamiento sobre la anterior cuestión, pues a través del juicio de amparo, el juzgador no puede sustituirse en la actividad que es propia de la responsable, en el ámbito de sus atribuciones, ya que lo único que se analiza ante esta potestad federal, es la constitucionalidad, legalidad o convencionalidad de los actos que emanan de la responsable en ejercicio de sus atribuciones. Sirve de sustento a lo anterior, la jurisprudencia publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, tomo IX, febrero de mil novecientos noventa y dos, página 107, de voz: "SENTENCIAS DE AMPARO. SE CONCRETAN A RESOLVER SOBRE LA CONSTITUCIONALIDAD DEL ACTO. Sólo pueden resolver sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto que se reclama, y nunca sobre cuestiones cuya decisión compete a los tribunales del fuero común.". Además, la suscrita Juzgadora estima que de pronunciarse al respecto se estaría realizando una indebida sustitución de la autoridad, lo que es contrario a la técnica del juicio de amparo. NOVENO. Efectos de la concesión del amparo. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 74, fracción V, y 77 de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional, otorga la protección constitucional solicitada por el quejoso para el efecto de que la autoridad responsable Secretario encargado del despacho de la Cuarta Sala Penal Regional, en el Estado de Chihuahua. 1. Deje insubsistente el auto de vinculación a proceso, de trece de marzo de dos mil veintitrés, dictado en el toca penal **/2023, relativo a la causa penal 4028/2022, instruida en contra de **** alias ***, por su probable intervención en el hecho delictivo que la ley señala como delito de variación de nombre, contemplado en el artículo 313 del Código Penal para el Estado de Chihuahua. 2. Con libertad de jurisdicción, dicte una diversa resolución, en la que deberá de pronunciarse respecto de la actualización de la figura de la prescripción como causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, fracción IV. 3. Una vez lo anterior, con libertad de jurisdicción, deberá resolver respecto de la vinculación o no a proceso del hoy quejoso. 4. El Juez de Control del Distrito Judicial Bravos, con sede en esta Ciudad, deberá dar cumplimiento a la determinación que emita el Tribunal de Apelación, con motivo del presente amparo. Dados los efectos por los cuales se concede el amparo, resulta innecesario el análisis de los restantes conceptos de violación contenidos en la demanda de amparo, pues en cumplimiento a esta sentencia quedarán sin efectos los aspectos ahí impugnados. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 168, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1995, tomo VI, materia común, página 113, del siguiente tenor: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. CUANDO SU ESTUDIO ES INNECESARIO. Si el amparo que se concede por uno de los capítulos de queja, trae por consecuencia que se nulifiquen los otros actos que se reclaman, es inútil decidir sobre éstos." Finalmente, se hace la precisión que de conformidad con el artículo Sexto Transitorio, de la Ley de Amparo, algunas tesis y jurisprudencias, resultan aplicables en el presente asunto, pues si bien es cierto, el contenido de las mismas alude a la anterior Ley de Amparo, sin embargo, contienen los mismos principios de la ley de la materia vigente. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1°, fracción I, 73, 74 y 79 de la Ley de Amparo; se, R E S U E L V E : ÚNICO.- La Justicia de la Unión AMPARA y PROTEGE a ***** alias *****, contra el acto que reclamó del Secretario encargado del despacho de la Cuarta Sala Penal Regional, en el Estado de Chihuahua, con sede en esta ciudad, consistente en la sentencia de trece de marzo de dos mil veintitrés, dentro del Toca 16/2023, derivado a su vez de la causa penal ****/2022, por los motivos y para los efectos expresados en los considerados octavo y noveno de esta sentencia. Notifíquese personalmente a las partes, y por oficio a las autoridades responsables. Lo resolvió y firma la Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada Claudia López López, ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado Eduardo Quiroz Álvarez, hasta el día de hoy dieciocho de octubre de dos mil veintitrés, en que las labores de este juzgado lo permitieron. Doy fe.

  4. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; cuatro de agosto de dos mil veintitrés. Visto el escrito signado por el quejoso, mediante el cual ofrece la documental que al efecto exhibe, abrace cuadernillo para que obre como corresponda, toda vez que el juicio de amparo al que va dirigido se encuentra con audiencia constitucional celebrada, y una vez que se dicte sentencia correspondiente y en el caso de que sea necesario para resolver tómese en cuenta. Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 219, del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo. Notifíquese por lista electrónica. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado *******. Doy fe.

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