José Torres Díaz

Expediente 729/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 6 actuaciones registradas, la última del 26 de noviembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
729/2019
Año
2019
Actuaciones
6
Última actuación
26/11/2019

Partes del expediente

  • José Torres Díaz

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    VISTTA LA RAZÓN ACTUARAL, SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO Y SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL PROVEÍDO DE VEINTISÉIS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, QUE LA LETRA DICE: veintiséis de noviembre de dos mil diecinueve. Vista la certificación de cuenta y toda vez que ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes en el presente juicio interpusieran recurso de revisión, en contra del proveído dictado el treinta de octubre de dos mil diecinueve, en el que se sobreseyó el presente juicio de amparo, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto; por tanto, con fundamento en el artículo 81, fracción I, inciso d) de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, por mandato expreso de su numeral 2, se declara que dicho auto HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales procedentes. Asimismo, atento a lo actuado en el expediente dese vista a la representante social de la federación adscrita para que actúe conforme a sus facultades legales. Por otra parte, de la certificación de cuenta se advierte que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia. Luego, atento a la cuenta secretarial, se califica el juicio de amparo como susceptible de destrucción según lo dispuesto por la fracción II del numeral vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Entonces, una vez que transcurran tres años transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tal como lo dispone el numeral décimo octavo del Acuerdo General en cita. Luego de transcurridos seis meses destrúyase el duplicado del incidente, de conformidad con la fracción III del punto vigésimo del invocado Acuerdo General 1/2009, para lo cual manténgase ligado. En cuanto al incidente de suspensión original, de conformidad con el segundo párrafo de la fracción III, del invocado punto vigésimo primero del Acuerdo General en mención, el mismo es susceptible de depuración. En atención a la certificación, este juzgador califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 43 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Además las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113 de la legislación en comento. Además, el presente juicio de amparo constituye archivo reciente, carece de relevancia documental, no tiene valor jurídico y no obran documentos originales, en términos de los artículos noveno, décimo y décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, antes citado. Finalmente, toda vez que el incidente de suspensión derivado del presente expediente se encuentra clasificado como depurable, de conformidad con lo que establecen los artículos segundo, fracción XXVI, y cuarto del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, procédase a la separación de las constancias que deberán conservarse del referido cuaderno incidental. Notifíquese personalmente.

  2. Principal

    VISTTA LA RAZÓN ACTUARAL, SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO Y SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL PROVEÍDO DE TREINTA DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, QUE LA LETRA DICE: Ciudad Juárez, Chihuahua; treinta de octubre de dos mil diecinueve. Glósese a los autos los ocursos y anexos de cuenta; así, con el oficio enviado por el Administrador Desconcentrado de Recaudación de Chihuahua "2" adscrito a la Unidad Administrativa del Servicio de Administración Tributaria, en esta ciudad, téngasele dando cumplimiento al requerimiento formulado por auto de veinticuatro de octubre del año en curso, para lo cual remite el acta de entrega-recepción de ocho de junio de dos mil dieciséis, respecto del bien inmueble relacionado con el presente juicio, al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes. En distinta tesitura, se tiene a la Secretaria del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, en esta ciudad, remitiendo copia certificada del juicio de amparo 48/2019-II-B de su índice, promovido por el aquí quejoso ***********, en el que señaló como acto reclamado la resolución de cinco de abril de dos mil dieciséis, contenida en el oficio ***********, pronunciada por el Administrador Local Jurídico de Recaudación de Rentas en esta ciudad; así como la nota marginal de quince de abril de dos mil dieciséis, que le endilgó al Encargado del Registro Público de la Propiedad, demanda que se presentó en ese órgano jurisdiccional el veintiuno de enero de dos mil diecinueve. Asimismo, de las constancias de referencia, se desprende que previa aclaración, el veintiocho de enero de dos mil diecinueve se admitió a trámite la demanda de amparo; el veintidós de febrero del mismo año, se tuvo a la Administradora Desconcentrada Jurídica de Chihuahua "2", en esta localidad, comunicando que la autoridad que el quejoso denominó como "Administrador Local Jurídico de Recaudación de Rentas", no se encontraba contemplada en el Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, motivo por el cual se ordenó dar vista a la quejosa, y al no hacer pronunciamiento el once de marzo siguiente se tuvo como inexistente. En este tenor, una vez que la autoridad jurisdiccional en comento determinó que la autoridad responsable que dictó el acto de que se duele la parte quejosa, es el Administrador Desconcentrado de Recaudación de Chihuahua "2", ordenó darle vista a la quejosa para saber si era su voluntad señalarlo como autoridad responsable; por lo que al no hacer manifestación el veintiocho de marzo siguiente ordenó continuar con el cauce legal del citado asunto; y el cuatro de abril dictó sentencia, sobreseyendo el juicio de amparo, resolución que causó ejecutoria el veintiséis de los mismos, ordenando su archivo. Lo que acredita con las documentales que acompaña, a las cuales se les reconoce valor probatorio pleno de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2. Ahora bien, de un análisis comparativo de las demandas presentadas en este órgano jurisdiccional y el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, por el justiciable José Torres Díaz, se desprende lo siguiente: JUICIO DE AMPARO 48/2019 JUICIO DE AMPARO 729/2019 Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua Fecha de presentación: 21 de enero de 2019 Fecha de presentación: 2 de octubre de 2019 Quejoso: ********* Quejoso: ********* Autoridades responsables y actos reclamados: Autoridades responsables y actos reclamados: 1. Administrador Local Jurídica de Recaudación de Rentas, en esta ciudad, a quien reclamó la resolución de cinco de abril de dos mil dieciséis, contenida en el oficio **********. 1. Administrador Local Jurídica de Recaudación de Rentas, en esta ciudad, a quien reclamó la resolución de cinco de abril de dos mil dieciséis, contenida en el oficio ***********. 2. Encargado del Registro Público de la Propiedad, a quien reclamó la nota marginal de quince de abril de dos mil dieciséis. 2. Encargado del Registro Público de la Propiedad, a quien reclamó la nota marginal de quince de abril de dos mil dieciséis. Antecedentes del acto reclamado: (.) Con fecha 07 de Enero de 2019, al ir a realizar unos tramites ante las oficinas del Registro Público de la Propiedad en esta ciudad me entere que mi propiedad cuenta con una nota marginal del mes de Abril de 2016, por un supuesto embargo de la autoridad mencionada como responsable, lo cual desconozco ya que nunca he sido llamado a juicio por el supuesto embargo, mucho menos notificado de que se llevo en mi contra algún procedimiento del cual derive el embargo a mi propiedad y ahora la nota marginal correspondiente para tratar de despojarme de mi propiedad, motivo por el cual promuevo en la forma y vía que lo hago. (.) el subrayado es propio. Antecedentes del acto reclamado: (.) Bajo protesta de decir verdad manifiesto que Con fecha 25 de Septiembre de 2019, al ir a realizar unos tramites ante las oficinas del Registro Público de la Propiedad en esta ciudad me entere que mi propiedad cuenta con una nota marginal del mes de Abril de 2016, por un supuesto embargo de la autoridad mencionada como responsable, lo cual desconozco ya que nunca he sido llamado a juicio por el supuesto embargo, mucho menos notificado de que se llevo en mi contra algún procedimiento del cual derive el embargo a mi propiedad y ahora la nota marginal correspondiente para tratar de despojarme de mi propiedad, motivo por el cual promuevo en la forma y vía que lo hago. (.) el subrayado es propio. Esta narrativa de antecedentes revela que, en la especie, se actualiza de modo manifiesto e indudable, la causal de improcedencia prevista 61, fracción IX, en relación con la diversa X, de la Ley de Amparo en vigor, que dispone: 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] X. Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. En este último caso, solamente se actualizará esta causal cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en la que se analice la constitucionalidad de las normas generales; si se declara la constitucionalidad de la norma general, esta causal no se actualiza respecto de los actos de aplicación, si fueron impugnados por vicios propios; XI. Contra normas generales o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, en los términos de la fracción anterior; (.) Lo anterior es así, pues se satisfacen los requisitos esenciales previstos en la fracción X, del numeral 61, de la Ley de la Materia, tal y como quedó asentado con antelación, es decir, el juicio de amparo 48/2019 del sumario del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua y el 729/2019 del sumario de este Juzgado Séptimo de Distrito: a) fueron promovidos por el mismo quejoso; b) en contra de las mismas autoridades responsables; y, c) por los mismos actos reclamados. Por lo tanto, la causa de improcedencia prevista en la fracción XI, del artículo citado, tiene como finalidad preservar la cosa juzgada, pues no permite que se tramite una nueva demanda de amparo en la que se reclame a la misma autoridad, por el propio quejoso, el acto que ya fue reclamado en un juicio anterior que se encuentre concluido, no sólo cuando se analiza su constitucionalidad mediante una sentencia que decida el fondo de la controversia, sino también cuando se ha decidido en definitiva sobre su inatacabilidad por diverso juicio constitucional, de manera que se haya atendido a circunstancias que hagan inejercitable la acción de amparo de modo absoluto, pues esta determinación no puede desconocerse en el nuevo juicio de amparo que se promueva, ya que sólo así se dota de certeza jurídica a la decisión asumida en el primer amparo. De esta manera, esta porción normativa salvaguarda la cosa juzgada constituida por una primera sentencia de amparo que ha quedado firme, y es el fundamento del principio de seguridad jurídica. En este sentido, por virtud de la cosa juzgada se impide que una controversia ya dirimida en sentencia firme pueda nuevamente ser examinada en diverso juicio, es decir, significa la inmutabilidad de la resolución judicial, lo cual implica que sobre el tema resuelto no podrá volver a plantearse controversia alguna, sea porque ya se juzgó en forma firme sobre el fondo del asunto, o bien, porque la improcedencia de la acción traiga como consecuencia la inejercitabilidad de una nueva sobre la misma controversia. En tal guisa, este Juzgado determina que, en el presente asunto, se actualiza un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; aunado a que, de los antecedentes del acto reclamado, que el quejoso bajo protesta de decir verdad vertió, se puede dilucidar que la demanda de amparo presentada en este órgano jurisdiccional es notoriamente extemporánea, pues tal y como lo señaló ante el Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, tuvo conocimiento del acto de que se duele el siete de enero de dos mil diecinueve, mientras que su escrito se recibió en este órgano jurisdiccional el dos de octubre de dos mil diecinueve, sin dejar de lado que manifestó haber tenido conocimiento del acto reclamado el veinticinco de septiembre del año que transcurre. Cobra aplicación la jurisprudencia I.11o.C. J/6 (10a.), del Decimoprimer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, fuente Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 61, Diciembre de 2018, Tomo II, Materia Común, página 808, de la Décima Época, registro 2018597, que a la letra dice: COSA JUZGADA. OPERA CUANDO SE DESECHA UNA DEMANDA DE AMPARO CON SUSTENTO EN UNA CAUSA DE IMPROCEDENCIA CUYA NATURALEZA HACE INEJERCITABLE UNA NUEVA ACCIÓN CONSTITUCIONAL CONTRA EL MISMO ACTO RECLAMADO Y AUTORIDAD. El artículo 61, fracción XI, de la Ley de Amparo dispone que el juicio de amparo es improcedente contra normas generales o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, en términos de la diversa fracción X, la cual prevé la improcedencia de la acción constitucional contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución, promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y actos reclamados, aunque las violaciones constitucionales sean diversas. Ahora bien, cuando se desecha una demanda de amparo, es claro que no se dicta la sentencia que analizará la constitucionalidad del acto reclamado; sin embargo, cuando el desechamiento se sustenta en una causa de improcedencia cuya naturaleza hace inejercitable una nueva acción de amparo, ello impedirá al quejoso promover una segunda demanda respecto del mismo acto, so pretexto de que, al desecharse la primera, no se analizó el fondo. Ello es así, porque atento a la naturaleza de la hipótesis de improcedencia que sustentó el desechamiento de la demanda de amparo previa, imposibilita, por sí sola, la promoción de un nuevo juicio contra los mismos actos de las autoridades, máxime si la resolución respectiva no fue impugnada y, por ello, adquirió firmeza. Lo anterior, conforme al principio de cosa juzgada que rige en el juicio constitucional, pues no puede desconocerse la firmeza de la determinación que desechó la primera demanda, mediante la promoción de un nuevo juicio contra el mismo acto reclamado, dado que el quejoso tenía la carga procesal de impugnar esa resolución mediante el recurso de queja por ser el medio impugnativo idóneo y eficaz para, en su caso, lograr la admisión de la demanda y que eventualmente se resolviera sobre la constitucionalidad del acto reclamado. Consecuentemente, cuando se desecha la demanda con sustento en una causa de improcedencia cuya naturaleza hace inejercitable una nueva acción constitucional contra el mismo acto reclamado y autoridad, opera el principio de cosa juzgada. En consecuencia, de conformidad con el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, en el presente juicio de amparo, se impone decretar el sobreseimiento por actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XI, en relación con el X, de la citada Ley. Atento a lo anterior, se deja sin efectos la audiencia constitucional fijada para las nueve horas con treinta minutos del veintiuno de noviembre de dos mil diecinueve. Notifíquese personalmente. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado ***********, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada ***********. Doy fe.

  3. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; veinticuatro de octubre de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos el informe justificado rendido por la Administradora Desconcentrada Jurídica de Chihuahua "2" de la Administración General Jurídica del Servicio de Administración Tributaria, Órgano Desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en representación del Administrador Desconcentrado de Recaudación de Chihuahua "2", y anexos que acompaña; como dispone el artículo 117 de la Ley de Amparo, con el contenido del informe en mención y de las documentales anexas, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés jurídico convenga. Lo anterior, considérese en la celebración de la audiencia constitucional, de conformidad con el numeral 124 de la legislación en cita. Asimismo, con fundamento en los artículos 9 y 28 de la Ley de Amparo, téngase a la autoridad oficiante, designando como delegados a las personas que menciona y señalando domicilio para oír y recibir notificaciones el que refiere en su informe. Por otra parte, se tiene por admitida y desahogada la documental pública que en copia certificada anexa a su informe; y en relación con la instrumental pública de actuaciones, así como la presuncional legal y humana que ofrece, se tienen por admitidas, toda vez que la primera se constituye con las constancias que obran en el sumario, mientras que la segunda es la consecuencia lógica y natural de los hechos conocidos y probados al momento de hacer la deducción respectiva; probanzas que de cualquier forma el juzgador tomará en consideración, al emitir la resolución correspondiente, pues no tienen entidad propia, al ser medios de convicción que se obtienen del seguimiento del juicio respectivo. Ello, sin perjuicio de hacer relación de las mismas en la audiencia constitucional, con fundamento en los artículos 119 y 124 de la Ley de Amparo. Finalmente, del ocurso de referencia se advierte que la autoridad responsable cita que a través del oficio 400-23-00-01-02-2016-4390 de catorce de abril de dos mil dieciséis, solicitó la transferencia del inmueble adjudicado a favor del Fisco Federal para su administración, venta, donación o destrucción, al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes; sin embargo, de las constancias anexas no se desprende que se haya llevado a cabo el acta de entrega recepción del citado bien inmueble; por tanto, se ordena girar oficio a la autoridad responsable, a fin de que dentro del plazo de tres días computados legalmente, comunique si efectivamente dicha entrega recepción se realizó, y en su caso, remita las constancias que así lo acrediten; apercibido que en caso de no hacerlo, se le impondrá multa equivalente a cien unidades de medida y actualización, que asciende a $8,449.00 (ocho mil cuatrocientos cuarenta y nueve pesos 00/100 moneda nacional), conforme lo establecen los ordinales 237, fracción I, en relación con el 259 de la Ley de la Materia. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado xxxx, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada xxxx. Doy fe.

  4. Incidental

    Interlocutoria Ciudad Juárez, Chihuahua; diez de octubre de dos mil diecinueve. Vistos, para resolver los autos del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 729/2019-V, y; RESULTANDO PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito recibido el dos de octubre de dos mil diecinueve, ***********, solicitó la protección de la Justicia Federal, así como la suspensión de los actos reclamados al Administrador Local de Recaudación del Servicio de Administración Tributaria y otras autoridades, a quienes les reclamó la resolución pronunciada el cinco de abril de dos mil dieciséis contenida en el oficio 400-SAT-23-00-02-01-2016-5112, así como la inscripción del embargo respecto del bien que aduce es de su propiedad. SEGUNDO. Tramitación del incidente. Mediante proveído de tres de octubre del actual se dio apertura al incidente de suspensión, se solicitaron sus informes previos a las autoridades responsables y se señaló día y hora para celebrar la audiencia incidental, la cual se celebró al tenor del acta que antecede respecto de la autoridad que a la fecha ha rendido su informe. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este juzgado es competente para conocer y resolver el presente incidente de suspensión, en términos de los numerales 48 en relación con el 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 33, fracción IV, 125 y 128 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Existencia del acto reclamado. El Jefe del Registro Público de la Propiedad del Distrito Judicial Bravos, al rendir su informe previo señaló que es cierto el acto que le endilga la parte quejosa, a saber la anotación marginal del contenido del oficio 400-SAT-23-00-02-01-2016-5112 de cinco de abril de dos mil dieciséis, de ahí que debe tenerse por cierto el acto que se le reclama. TERCERO. Negativa de la suspensión definitiva. Debe precisarse que la suspensión definitiva peticionada deviene improcedente, toda vez que la parte quejosa no acreditó ni aún de manera indiciaria o presuntiva la titularidad del derecho que refiere ejercer sobre el bien inmueble del cual dice se le pretende desposeer. Lo anterior, en virtud de que conforme al artículo 128 de la Ley de Amparo para que se otorgue la suspensión es necesario que la solicite el agraviado, no se siga perjuicio al interés social, y no se contravengan disposiciones de orden público; y el requisito relativo a que la suspensión sea solicitada por el agraviado implica la demostración del interés en forma presuntiva, porque así el quejoso demuestra indiciariamente que le agravia el acto reclamado y concilia el interés social y orden público derivado de la orden de desposesión reclamada, con el interés del quejoso en que no se ejecute el acto que reclama hasta en tanto se resuelva por sentencia firme el fondo del juicio de amparo. Ese acreditación implica la carga procesal de allegar elementos de prueba suficientes para establecer en forma indiciaria o presuntiva que es realmente titular de un derecho de propiedad sustentado en una causa legal que podrá afectarse con la desposesión; esto es, la parte quejosa debió ofrecer pruebas que permitan presumir que actualmente mantiene la posesión del bien inmueble. Por lo tanto, la sola manifestación de una desposesión, no configura el interés presuntivo, porque no da certeza, en un cálculo de probabilidades, de que efectivamente el quejoso tiene una causa legal y que realmente posee el citado bien inmueble; y por ende, tener por acreditado presuntivamente su interés suspensional. Igualmente, en lo conducente, la Jurisprudencia 2a./J. 61/2016 (10a.), sustentada por la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la décima época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 31, Junio de 2016, Tomo II, página: 956, cuyo tenor literal es el siguiente: INTERÉS LEGÍTIMO. PARA EL OTORGAMIENTO DE LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 131 DE LA LEY DE AMPARO, BASTA QUE EL QUEJOSO LO DEMUESTRE DE MANERA INDICIARIA. El precepto citado prevé que cuando el quejoso que solicita la suspensión aduzca un interés legítimo, el órgano jurisdiccional la concederá cuando aquél acredite el daño inminente e irreparable a su pretensión en caso de que se niegue y el interés social que justifique su otorgamiento. Ahora bien, si tratándose de la suspensión provisional de los actos reclamados ha sido criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que el requisito relativo a que la suspensión sea solicitada por el agraviado, supone la demostración de su interés aunque sea de forma indiciaria, a fin de establecer con suficiente garantía de acierto que realmente es titular de un derecho; luego, tratándose de la suspensión provisional de los actos reclamados cuando el quejoso que la solicita aduce tener un interés legítimo, basta que de manera indiciaria acredite el daño inminente e irreparable a su pretensión en caso de que se le niegue, y el interés social que justifique su otorgamiento; en la inteligencia de que dicha concesión, en ningún caso puede tener por efecto modificar o restringir derechos ni constituir aquellos que no haya tenido el quejoso antes de presentar la demanda y, además, que esa demostración implicará la valoración que haga el juzgador, en cada caso concreto, de los elementos probatorios que hubiere allegado el quejoso y que lo lleven a inferir que efectivamente la ejecución de los actos reclamados le causará perjuicios de difícil reparación, derivado de su especial situación frente al orden jurídico, sin dejar de ponderar para ello la apariencia del buen derecho y del interés social pero, sobre todo, que de conceder la suspensión no se cause perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. Por tanto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 138 de la Ley de Amparo, se niega la suspensión definitiva que solicita la parte quejosa. Por lo expuesto y fundado, se; RESUELVE PRIMERO. Se niega a José Torres Díaz la suspensión definitiva conforme a lo expuesto en los considerandos segundo y tercero. SEGUNDO. Se difiere la audiencia incidental por lo que hace a los actos reclamados al Administrador Local Jurídico de Recaudación del Servicio de Administración Tributaria, fijando para tal efecto las nueve horas con cuarenta y cinco minutos del dieciocho de octubre de dos mil diecinueve. Notifíquese. Lo resolvió y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *********** ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada **********. Doy fe.

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