José Sebastian Herrera Armendariz

Expediente 492/2016 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 7 actuaciones registradas, la última del 30 de agosto de 2016.

Datos del expediente

Expediente
492/2016
Año
2016
Actuaciones
7
Última actuación
30/08/2016

Partes del expediente

  • José Sebastian Herrera Armendariz
  • Titular de la Fiscalía General en la Zona Norte

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; treinta de agosto de dos mil dieciséis. Vista la certificación de cuenta, y toda vez que ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes en el presente juicio interpusieran recurso de revisión, en contra de la resolución de once de agosto de dos mil dieciséis, en el cual se sobreseyó el presente juicio de amparo, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto; por tanto, con fundamento en el artículo 81, fracción I, inciso e) de la Ley de Amparo en vigor, se declara que dicha sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Al no existir actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia. Luego, atento a la cuenta secretarial, se califica el juicio de amparo como susceptible de destrucción según lo dispuesto por la fracción II del numeral vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Entonces, una vez que transcurran tres años transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tal como lo dispone el numeral décimo octavo del Acuerdo General en comento. En atención a la certificación, este juzgador califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales tal como se indica en el 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; de igual forma, el asunto no contiene información clasificada como reservada según el ordinal 110 del ordenamiento legal invocado; ni las partes entregaron información con carácter de confidencial, en términos del numeral 113 de la legislación en comento. Además, el presente juicio de amparo constituye archivo reciente, carece de relevancia documental, no tiene valor jurídico y no obran documentos originales, en términos de los artículos noveno, décimo y décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, antes citado. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.

  2. Principal

    SENTENCIA Ciudad Juárez, Chihuahua; once de agosto de dos mil dieciséis. Visto para resolver el juicio de amparo *******, promovido por *******. Resultando PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito recibido en la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, con sede en ciudad Juárez, el nueve de junio de dos mil dieciséis, turnado en misma fecha a este juzgado, ******* demandó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra actos del Titular de la Fiscalía General en la Zona Norte y la agente del Ministerio Público, licenciada *******, residentes en esta ciudad, a quienes reclamó, en esencia, la omisión de realizar las diligencias necesarias para investigar los hechos denunciados por el quejoso en la carpeta de investigación *******, así como su judicialización. SEGUNDO. Derechos humanos que se estimaron vulnerados. La parte quejosa señaló como derechos humanos vulnerados los contenidos en los artículos 14, 16, 17 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Tramitación de la demanda de amparo. En proveído de diez de junio de dos mil dieciséis, se admitió a trámite el juicio de amparo *******; se solicitaron informes con justificación a las autoridades responsables; asimismo, se dio al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal correspondiente. Igualmente, atendiendo a las documentales que obran en el informe justificado rendido por las responsables, el siete de julio del presente año, se ordenó el emplazamiento a la parte tercero interesada ******* y *******; y, por último, se señaló día y hora para celebrar la audiencia constitucional, la que se efectuó al tenor del acta que antecede. Considerando PRIMERO. Competencia legal. El Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, es competente por razón de materia, grado y territorio, para conocer y fallar el presente juicio de amparo, conforme a lo dispuesto en los artículos 94 y 103, de la Constitución Federal, 35, primer párrafo, 37, primer párrafo, de la Ley de Amparo en vigor, y 48, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en virtud de que las autoridades a quienes se señala como responsables del acto reclamado, tienen su residencia en la jurisdicción territorial de este Tribunal. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. En términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que del análisis de la demanda, así como de las constancias que integran este juicio, se deduce que el impetrante reclama: La omisión del agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Especializada en Investigación y Persecución del Delito, Zona Norte, de judicializar la carpeta de investigación *******, con motivo de la querella presentada por José Sebastián Herrera Armendáriz. Para la fijación de los actos, se atiende al contenido de la jurisprudencia VI/2004 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo XIX, de abril de 2004, página 255, registro 181810, del texto: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. TERCERO. La inexistencia de los actos reclamados por la parte impetrante quedó plenamente demostrada en el juicio que nos ocupa. En efecto, no son ciertos los actos reclamados de la autoridad ministerial responsable Titular de la Fiscalía General en la Zona Norte, pues, aparte de que negó su existencia en el informe justificado respectivo, tal negativa aparece corroborada en las constancias de este juicio. Lo anterior es así, pues de las constancias de este juicio se colige que tal autoridad no tuvo alguna participación o intervención en la carpeta de investigación *******, ya sea en la investigación o la integración de dicha carpeta, ya que no obra dato alguno que revele dicha participación. Antes bien, en esas constancias se colige que la autoridad que tuvo participación en la carpeta de que se trata, fue la restante designada como responsable en este juicio, al ser quien efectivamente intervino en la investigación e integración de dicha carpeta. De este modo, las constancias de este juicio, resultan suficientes para probar la inexistencia de los actos que nos ocupan, porque no se advierte dato o elemento que demuestre, realmente, la intervención de la autoridad Titular de la Fiscalía General en la Zona Norte, residente en esta ciudad. Por tanto, ante la inexistencia de los actos reclamados de la autoridad que nos ocupa en este considerando, propiamente, no hay materia en este juicio, por lo cual procede sobreseer en los términos del artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Al respecto, cabe citar la tesis aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Volumen XLIII, Primera Parte, Materia Común, página 181, de la Sexta Época, registro 804176, que a la letra dice: INFORME JUSTIFICADO NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo. Así como la jurisprudencia de la Segunda Sala del Alto Tribunal del país, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Volumen 30, Tercera Parte, Materia Común, página 54, de la Séptima Época, registro 238922, del rubro y texto: AGRARIO. SUPLENCIA DE LA QUEJA IMPROCEDENTE, SI LAS AUTORIDADES RESPONSABLES NIEGAN LA EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO Y NO SE APORTA PRUEBA PARA DEMOSTRARLA. Si la sentencia en recurso, tomando en cuenta que las autoridades responsables negaron los actos que se les atribuyen, sin que se rindiera prueba en contrario, sobreseyó el amparo por inexistencia de los actos reclamados, es inexacto que el Juez de Distrito del conocimiento hubiera debido, en suplencia oficiosa de la queja, exigir que dichas autoridades aportaran las constancias demostrativas de tal inexistencia, no acompañadas a sus informes justificados. En efecto, la inexistencia de los actos reclamados no está sujeta a prueba, dado su carácter negativo, y es a los quejosos a quienes incumbe probar en contrario para desvirtuar la mencionada negativa. CUARTO. Existencia de los actos reclamados. Al rendir su informe con justificación, la agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía, en ausencia del Fiscal Especializado en Investigación y Persecución del Delito, Zona Norte y la agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra la Integridad Física y Daños, negó la existencia de los actos reclamados. No obstante lo expuesto por la responsable, de las constancias agregadas a su informe se desprende que es cierto el acto reclamado a la agente del Ministerio Público, pues la parte quejosa se duele de que con fecha veintiséis de octubre de dos mil catorce presentó ante la Representación Social una denuncia y/o querella por los hechos cometidos en su perjuicio, la cual quedó radicada bajo el número de carpeta de investigación *******, cuyo conocimiento corresponde precisamente a la citada autoridad responsable y de que a la fecha no se ha pronunciado sobre el ejercicio de la acción penal. Sin dejar de atender, claro está, que a fojas dieciocho del sumario obra ficha informativa en la que se señala, que el quince de enero de dos mil dieciséis, se llevó ante el Juez de Garantía la formulación de la imputación en contra de Mariana Terrón Holtzheimer, por el delito de daños y lesiones imprudenciales, tipificado por los artículos 129, fracción III, 236, fracción II y 73, del Código Penal, cometidos en perjuicio de *******. Así, el diecinueve de enero de dos mil dieciséis, en el proceso penal ******* del índice del referido Tribunal, se pronunció auto de no vinculación a proceso por los delitos de daños y lesiones imprudenciales, toda vez que de las pruebas que obran en la carpeta de investigación, no se desprende la probable responsabilidad de la imputada, específicamente de las testimoniales que se recabaron mediante una pesquisa dada por las víctimas en una estación de radio local, ya que no citan datos de convicción suficientes que establezcan que se ha cometido un hecho delictivo por parte de la indiciada. Igualmente, el tres de marzo del mismo año, se anexó a la indagatoria pericial en materia de tránsito terrestre, probanza ofertada por la defensa del aquí quejoso, experticia en la que se concluye que la responsable de los hechos materia de la investigación en la carpeta aludida, es la inculpada *******; lo que lleva a concluir que el asunto se encuentra en etapa de investigación, sin que a la fecha se haya ejercido acción penal; de ahí que deba tenerse por cierta la existencia de los actos reclamados. QUINTO. Con fundamento en el artículo 62 de la Ley de Amparo, este juzgador examinará la procedencia del juicio que nos ocupa, porque constituye un aspecto jurídico que, por ser de orden público, es de análisis oficioso y preferente a cualquier otro, lo aleguen o no las partes. Al efecto, cabe invocarse la tesis de jurisprudencia VI.2o. J/323 del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, de la Octava Época, registro 210784, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Número 80, Agosto de 1994, Materia Común, página 87, del epígrafe y texto: IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías. A juicio de este juzgador, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, porque la quejosa no acudió ante la vía idónea contemplada por la ley de la materia para cuestionar los actos de la autoridad responsable de los que aquí nos ocupan. Para advertirlo así, es prudente dejar establecido el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, en el que se contempla la causal de improcedencia que opera en el caso que nos ocupa. Tal precepto legal es del tenor siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior; Con lo anterior se advierte que en tal disposición legal, como en algunas otras de la Ley de Amparo, está inmerso el principio de definitividad que rige en el juicio constitucional, conforme con el cual antes de acudir a esta vía es necesario agotar los medios de defensa ordinarios por virtud de los cuales puedan ser modificados, revocados o nulificados los actos reclamados en el propio juicio de amparo. En efecto, en atención a tal principio hay la obligación jurídica de agotar los recursos ordinarios previstos en las leyes antes de acudir al amparo, lo cual se debe a que la característica esencial y la razón de ser del establecimiento de los recursos ordinarios es su obligatoriedad, es decir, los recursos ordinarios de defensa son una previsión del legislador y, en esa medida, su observancia y sujeción a ellos constituye un deber jurídico de las partes en un juicio, que sólo encuentra excepciones cuando la propia ley o la jurisprudencia así lo determinan. Desde luego, la obligatoriedad de los recursos ordinarios o medios de impugnación es congruente con la observancia del principio de definitividad, el cual si bien admite excepciones tiene como característica fundamental imponer la obligación jurídica a la impetrante de promover y sustanciar los medios de defensa ordinarios antes de acudir al juicio de amparo, lo que significa que la parte quejosa no puede, a su voluntad, dejar de interponerlos con el propósito velado o manifiesto de soslayar el principio de definitividad. Esto no implica otra cosa más que el principio de definitividad que rige en el juicio constitucional, que obliga a considerarlo procedente sólo cuando previamente se agotan los medios de defensa previstos por la ley ordinaria, por virtud de los cuales puede ser revocado, modificado o, en su caso, nulificado el acto reclamado en el juicio de amparo, es decir, antes de acudir al juicio de amparo deben agotarse los medios idóneos de defensa para cuestionar los actos impugnados en la propia vía constitucional. En suma, si la ley prevé un medio ordinario de defensa debe ser promovido atento al principio de definitividad, puesto que la existencia jurídica del medio de impugnación se traduce en una obligación jurídica para las partes en el juicio, cuya carga procesal no puede ser soslayada por la sola voluntad de ellas, dado que implicaría hacer nugatorio tal principio, lo cual resulta inadmisible desde cualquier óptica, pues equivaldría a dejar inocua una de las bases en las que está cimentado el propio juicio. Por lo anterior, en atención al principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, no cabe duda de que antes de acudir a la vía constitucional la parte inconforme debe agotar el medio idóneo de defensa para revocar, modificar o nulificar el acto atacado en el juicio de amparo, pues, de lo contrario, opera la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo. Expuesto lo anterior, se tiene que la parte quejosa, con el carácter de denunciante de los hechos materia de la carpeta de investigación *******, en un inicio acudió a esta vía con el fin de combatir la inactividad ministerial en la carpeta de que se trata. Sin embargo, la parte impetrante perdió de vista que el acto pasivo u omisivo es impugnable en sede jurisdiccional a través del recurso de queja establecido en el artículo 223 de la ley procesal penal local vigente en la fecha de la presentación de la demanda de amparo, desde luego, por ser el medio legal de defensa idóneo para ello, el cual es del tenor siguiente: 223. Deber de persecución penal. Cuando el Ministerio Público tenga conocimiento de la existencia de un hecho que revista caracteres de delito, investigará el hecho y, en su caso, promoverá la persecución penal, sin que pueda suspender, interrumpir o hacer cesar su curso, salvo en los casos previstos en la ley. En los casos en los que exista la posibilidad de aplicar una solución alterna, el Ministerio Público deberá canalizar el asunto al Centro de Justicia Alternativa. El denunciante, querellante, o el imputado, podrán acudir en queja ante Juez de Garantía por inactividad injustificada del Ministerio Público durante la investigación, o cuando éste omita tomar una determinación respecto de la misma, a pesar de que cuenta con los antecedentes necesarios para ello. Como es de verse, en el esquema penal acusatorio local el legislador tuvo la manifiesta intención de someter al control judicial o jurisdiccional, la actuación ministerial en el ejercicio de su función persecutora e investigadora de delitos, sin duda, con el propósito de garantizar los derechos de las víctimas y ofendidos del ilícito y la protección misma de la sociedad, evitándose que algún delito quede sin ser perseguido sin justificación jurídica. Para tal fin, el propio legislador estatal estableció diferentes herramientas jurídicas, entre las que destacan el recurso de queja previsto en el precepto legal de que se trata, conforme con el cual el denunciante, el querellante o el imputado en alguna carpeta de investigación cuentan con el derecho de atacar, en sede judicial, la inactividad ministerial durante la investigación, o la omisión de decidir respecto de ella, a pesar de la existencia de antecedentes necesarios al efecto. Con lo anterior queda claro que el recurso de queja que nos ocupa, constituye un medio legal de defensa que tiene por objeto el examen de la legalidad de la inactividad ministerial en la etapa de investigación correspondiente, con la consecuente reactivación de la función persecutora e investigadora que caracteriza legal y constitucionalmente a la institución del Ministerio Público. Por tanto, este juzgador advierte que en el caso opera la procedencia del medio de defensa que nos ocupa, precisamente, porque en la especie el impetrante se duele de una inactividad ministerial en la carpeta de investigación relativa, lo que, desde luego, constituye el objeto o materia de tal medio de impugnación, sin duda, con el propósito de que, en el mejor de los casos, se reactive y proceda con la prosecución penal correspondiente. En tal virtud, cabe concluir que la ley procesal penal estatal prevé un medio idóneo de defensa para cuestionar la legalidad de la conducta omisiva y contumaz asumida por la autoridad ministerial en la carpeta de investigación respectiva, que no es otro más que el de queja. Si esto es así, es evidente que antes de acudir al juicio que nos ocupa, la parte quejosa estuvo jurídicamente constreñida a agotar el medio idóneo de defensa de que se trata, lo cual no ocurrió en el caso, a pesar de que no se advierte que la impetrante tuvo alguna imposibilidad jurídica o fáctica para tal efecto. A mayor abundamiento, tenemos que el ordinal 281 del Código de Procedimientos Penales en el Estado de Chihuahua, estatuye que al decretarse la no vinculación a proceso del imputado, en caso de que no se reúna alguno de los requisitos previstos en el artículo 280 de la legislación en cita, el Juez en su caso, revocará las medidas cautelares personales y reales que hubiese decretado; sin embargo, el auto de no vinculación del imputado a proceso no impide que el Ministerio Público continúe con la investigación y posteriormente formule de nueva cuenta la imputación. Como es de verse, en el esquema penal acusatorio local el legislador tuvo la manifiesta intención de someter al control judicial o jurisdiccional, la actuación ministerial en el ejercicio de su función persecutora e investigadora de delitos, sin duda, con el propósito de garantizar los derechos de las víctimas y ofendidos del ilícito y la protección misma de la sociedad, evitándose que algún delito quede sin ser perseguido sin justificación jurídica. Para ello, el legislador estableció diferentes herramientas jurídicas, entre las cuales destaca un procedimiento seguido ante la autoridad jurisdiccional para revisar, en la propia sede judicial, una resolución de no ejercicio de la acción penal, tal y como lo prevé el numeral 227 de la legislación procesal de la materia, el cual estatuye: 227. Control judicial. Las decisiones del Ministerio Público sobre el archivo temporal, abstenerse de investigar y no ejercicio de la pretensión punitiva, la extinción de la pretensión punitiva por perdón u omisiones en la investigación, podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido ante el Juez de Garantía, dentro de los diez días posteriores a la notificación, con respecto a los tres primeros y el último hasta antes del cierre de la investigación. En estos casos, el Juez convocará a una audiencia para decidir en definitiva, citando al efecto a la víctima u ofendido, al Ministerio Público y, en su caso, al imputado y a su defensor. En caso de incomparecencia de la víctima, el ofendido o sus representantes legales a la audiencia, a pesar de haber sido debidamente citados, el Juez de Garantía declarará sin materia la impugnación. Las resoluciones del Ministerio Público sobre las causas que excluyen el delito, señaladas en el artículo 28 del Código Penal, serán revisables de oficio por el Juez de Garantía en audiencia celebrada para tal efecto, quien podrá resolver lo conducente por escrito dentro de los cinco días hábiles siguientes o en la misma audiencia. El Juez podrá dejar sin efecto la decisión del Ministerio Público y ordenarle reabrir la investigación o continuar con la persecución penal, sólo cuando considere que no se está en presencia de los supuestos que la ley establece para disponer alguna de las decisiones mencionadas en el párrafo anterior. En esa hipótesis, el juez debe convocar a una audiencia para decidir en definitiva, citándose para ello a la víctima o el ofendido, así como a la fiscalía y, en su caso, al imputado y defensor, pero en caso de incomparecencia a la audiencia de parte de la víctima, el ofendido o sus representantes legales, a pesar de su citación, el juez debe declarar sin materia la vía impugnación relativa. Con esto es por demás evidente que en la ley procesal de la materia hay una vía de impugnación, en sede judicial, para atacar, cuestionar o poner en entredicho la abstención de investigar y el no ejercicio de la pretensión punitiva, como es el procedimiento jurisdiccional previsto en el artículo 227 de la ley procesal, que se limita a una audiencia en la que la autoridad judicial debe decidir en definitiva sobre el particular. Siendo así, es evidente que antes de acudir al juicio que nos ocupa, la parte quejosa estuvo jurídicamente constreñida a agotar la vía de impugnación prevista por la ley procesal de la materia a efecto de cuestionar el acto de que se trata, lo cual no aconteció en el caso, a pesar de que no se advierte que la impetrante tuvo una imposibilidad jurídica o fáctica para tal efecto. Por lo anterior, no hay duda que en este caso se actualiza la causal de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, puesto que la impetrante no acudió ante la vía idónea prevista por la ley de la materia para impugnar los actos que aquí nos ocupan, en términos de los artículos 223 y 227 de la ley procesal respectiva. A ese respecto, cabe invocarse la jurisprudencia 1a./J. 118/2010, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, Marzo de 2011, Materia Común, página 17, de la Novena Época, registro 162669, que reza: ACCIÓN PENAL. MOMENTOS EN QUE PUEDEN IMPUGNARSE EN AMPARO INDIRECTO LAS RESOLUCIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO SOBRE EL NO EJERCICIO O DESISTIMIENTO DE AQUÉLLA (INTERPRETACIÓN DEL RÉGIMEN TRANSITORIO DEL DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL DE LA REPÚBLICA, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 18 DE JUNIO DE 2008). De los artículos transitorios del citado decreto, se advierte que cuando alguna legislatura no ha establecido el sistema penal acusatorio dentro de la legislación secundaria correspondiente ni ha emitido la declaratoria que señale expresamente que dicho sistema ha sido incorporado en los ordenamientos, o bien, la declaratoria en que se establezca que ya existían ordenamientos preconstitucionales sobre la materia, como estos aspectos condicionan la vigencia de las reformas y adiciones de mérito, al existir una vacatio legis que no puede exceder el plazo de ocho años dispuesto para ello, el fundamento para reclamar en amparo indirecto las determinaciones de no ejercicio o desistimiento de la acción penal se encuentra en el artículo 21, cuarto párrafo, de la Constitución General de la República, antes de reformarse, pues esas circunstancias hacen que siga surtiendo efectos. En cambio, de haberse cumplido las condiciones para la entrada en vigor de las reformas y adiciones constitucionales, la víctima u ofendido debe impugnar las determinaciones referidas ante el Juez facultado dentro del sistema acusatorio instaurado, en razón de que la intención del Constituyente Permanente fue que en el nuevo esquema procesal el órgano jurisdiccional conozca de esas impugnaciones para controlar su legalidad, y que contra la resolución que se emita al respecto, proceda el juicio de garantías conforme al vigente artículo 20, apartado C, fracción VII, de la Ley Fundamental. Así como la tesis XVII.1o.P.A.72 P, del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoséptimo Circuito, asentada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, Abril de 2011, Materia Común, página 1194, de la Novena Época, registro 162442, del rubro y texto: ACCIÓN PENAL. CONTRA LA OMISIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO DE PRONUNCIARSE SOBRE SU EJERCICIO, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XV, DE LA LEY DE LA MATERIA, SI PREVIAMENTE NO SE AGOTA EL RECURSO DE QUEJA (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA). Las decisiones del Ministerio Público en el Estado de Chihuahua sobre el archivo temporal, la abstención de investigar y no ejercicio de la acción penal, así como de su extinción por perdón u omisiones en la investigación, pueden ser impugnadas por la víctima u ofendido ante el Juez de Garantía, a través del recurso de queja en términos de los artículos 223 y 227 del Código de Procedimientos Penales del Estado. Ahora bien, si a través del amparo se impugna la omisión de la representación social de pronunciarse sobre dicha pretensión punitiva sin agotar el citado recurso, es inconcuso que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XV, de la Ley de Amparo, al no haberse agotado el principio de definitividad que rige al juicio de garantías, sin que dicho acto pueda considerarse como una excepción a tal principio pues, de acuerdo con el último numeral, sólo se admiten dos excepciones: a) cuando las leyes que rigen los actos reclamados exijan mayores requisitos que la Ley de Amparo para conceder la suspensión definitiva, y b) cuando el acto reclamado carezca de fundamentación, por lo que no puede atenderse una hipótesis ajena. En congruencia con todo lo expresado lo procedente en este caso es, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, sobreseer en el juicio de amparo que nos ocupa, lo que imposibilita a este juzgador abordar el fondo, justamente, porque la principal consecuencia del sobreseimiento es poner fin al juicio sin analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado en el juicio de amparo. Por su aplicación, es de citarse la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la Séptima Época, registro 232302, fuente Semanario Judicial de la Federación, Volumen 187-192, Primera Parte, Materia Común, página 88, del tenor siguiente: SOBRESEIMIENTO, EFECTOS DEL. El sobreseimiento en un juicio de amparo, por alguna de las causas que la ley señala, impide a la autoridad judicial federal entrar al estudio del fondo de la cuestión planteada, por estar cumplida una condición de improcedencia del amparo, cuestión que debe ser examinada previamente a las violaciones constitucionales atribuidas al acto reclamado, aun en el supuesto de que efectivamente hayan sido cometidas las violaciones de garantías que se señalan. En mérito de lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 103 y 107 Constitucionales, 63, 74 y 75 de la Ley de Amparo en vigor, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se Resuelve: ÚNICO. Se sobresee en este juicio de amparo. Notifíquese. Lo resolvió y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.

  3. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; veinte de julio de dos mil dieciséis. Visto el estado de autos, se advierte que el trece de julio del año en curso, se llevó a cabo el emplazamiento de los tercero interesados XXX y XXXXX, en los términos ordenados, razón por la cual, no tuvieron la oportunidad de imponerse de los autos del presente juicio en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo, en razón de que de no mediaron por lo menos ocho días entre el emplazamiento y el día fijado para la celebración de la audiencia constitucional, señalada para el día de hoy. En consecuencia y a fin de no trastocar las reglas esenciales del procedimiento y evitar así una posible reposición del mismo, se difiere la audiencia constitucional y se señalan las diez horas con cincuenta minutos del once de agosto de dos mil dieciséis, para que tenga verificativo. Es aplicable en lo conducente, la tesis V.4º.1 K, sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, visible Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXI, Marzo de 2005, Novena Época, a foja 1119, de rubro y texto siguientes: EMPLAZAMIENTO AL TERCERO PERJUDICADO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. SI EN LA REVISIÓN EL TRIBUNAL ADVIERTE QUE NO MEDIARON POR LO MENOS OCHO DÍAS ENTRE LA FECHA EN QUE ÉSTE SE VERIFICÓ Y AQUELLA EN QUE SE CELEBRÓ LA AUDIENCIA, DEBE ORDENAR LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO SIEMPRE Y CUANDO ADVIERTA QUE NO HABRÁ DE SOBRESEERSE O NEGARSE EL AMPARO SOLICITADO. A efecto de que el tercero perjudicado esté en aptitud de comparecer al juicio de garantías en defensa de sus derechos procesales, es menester que entre la fecha del emplazamiento y aquella en que se celebre la audiencia constitucional, medie por lo menos el plazo de ocho días, similar a aquel que exige el artículo 149, primer párrafo, segunda parte, de la Ley de Amparo, como anticipación para que, con relación a la audiencia de ley, sean dados a conocer a las partes los informes justificados que rindan las autoridades responsables. Tal postura obedece, en principio, al cumplimiento de las formalidades esenciales del procedimiento de amparo cuya observancia es obligatoria para los tribunales de control constitucional; y, en segundo término, a la oportunidad de defensa que debe darse al tercero al acudir al juicio de garantías. Así, si en el amparo indirecto se emplazó al tercero perjudicado sin la mencionada anticipación de al menos ocho días, a la fecha en que se desahogó la audiencia constitucional, es inconcuso que no se le concedió la oportunidad de acudir en defensa de sus derechos; por ende, el Tribunal Colegiado que conozca de la revisión debe mandar reponer el procedimiento a fin de que el Juez de Distrito le otorgue, al menos, el plazo enunciado para comparecer al juicio de amparo; siempre y cuando no advierta que habrá de sobreseerse o negarse el amparo solicitado. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado XXX, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada XXXX. Doy fe.

  4. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; siete de julio de dos mil dieciséis. Visto el estado que guardan los autos, se desprende que de las documentales que anexaron las responsables a su informe justificado, a ******* y a *******, de conformidad con el artículo 5, fracción III, inciso d), de la Ley de Amparo, les reviste el carácter de terceros interesados. Atento a lo anterior, se ordena el emplazamiento de los citados terceros, por conducto de la Actuaria de la adscripción, en los domicilios que obran en autos a fojas cincuenta y dos y sesenta y dos.. En consecuencia, a fin de dar margen a lo anterior se difiere la audiencia señalada para el día de hoy, y se fijan las DIEZ HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL VEINTE DE JULIO DE DOS MIL DIECISÉIS, para su desahogo. Lo anterior encuentra apoyo en la tesis IX.1º.26 C emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, visible en la página 580 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta VIII, Noviembre de 1998, Novena Época, cuyo rubro y texto es el siguiente: TERCERO PERJUDICADO EN EL JUICIO DE AMPARO. RAZÓN DE SU EMPLAZAMIENTO. La necesidad de emplazar al tercero perjudicado en el juicio de amparo, tiende a observar la garantía de audiencia y así otorgarle la oportunidad legal de comparecer al mismo y defender sus intereses, haciendo las alegaciones que considere convenientes y ofrecer todas las pruebas para ese efecto. De igual forma, por identidad de razón, sirve de sustento jurídico la jurisprudencia XV.2º.J/9, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, tomo 83, de noviembre de 1994, página 78, del siguiente tenor: REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. PROCEDE POR FALTA DE EMPLAZAMIENTO AL TERCERO PERJUDICADO. Si los demandados en el juicio natural, ahora tercero perjudicados, no fueron emplazados oportunamente en el juicio constitucional y, consecuentemente, tampoco fueron oídos, ello se traduce en una violación al procedimiento que amerita su reposición, de conformidad con el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo. Así como la tesis I.9o.P.55 P (10a.), aprobada por el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 8, Julio de 2014, Tomo II, Materia Constitucional, Común, página 1321, de la Décima Época, registro 2007048, que a la letra dice: TERCERO INTERESADO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN MATERIA PENAL. TIENE ESE CARÁCTER EL INCULPADO, CUANDO AQUÉL ES PROMOVIDO POR LA VÍCTIMA U OFENDIDO DEL DELITO, CONTRA ACTOS DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LOS PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN VII, DE LA LEY DE LA MATERIA (INTERPRETACIÓN CONFORME DEL ARTÍCULO 5o., FRACCIÓN III, INCISO D), DE LA LEY DE AMPARO). De una interpretación conforme del artículo 5o., fracción III, inciso d), de la Ley de Amparo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales, así como con la jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se concluye que el inculpado tiene el carácter de tercero interesado cuando el quejoso es la víctima u ofendido del delito, no sólo cuando en averiguación previa se señala como acto reclamado el no ejercicio o desistimiento de la acción penal, sino contra todos los actos del Ministerio Público, como los previstos en el artículo 107, fracción VII, de la ley citada, que señala que el amparo indirecto procede: "contra las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal, o por suspensión de procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño". Lo anterior, toda vez que las violaciones a derechos humanos -como lo es la adecuada defensa-, es de especial atención, pues como lo señaló la citada Corte Interamericana, esa prerrogativa necesariamente debe ejercerse desde que se señala a una persona como posible autor o partícipe de un hecho punible y sólo culmina cuando finaliza el proceso, incluyendo, en su caso, la etapa de ejecución de la pena, lo cual debe respetarse en los procedimientos o actuaciones previas o concomitantes a los procesos judiciales, verbigracia, el amparo indirecto; por tanto, es indispensable que el inculpado participe en igualdad de circunstancias con la víctima u ofendido, esto es, deben contar con amplias posibilidades de ser oídos y actuar en el juicio de amparo respectivo, y la mejor forma de lograrlo es a través de su reconocimiento como tercero interesado en el juicio de amparo indirecto. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.

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