José Silverio Nieto Segura

Expediente 823/2022 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán. 5 actuaciones registradas, la última del 27 de septiembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
823/2022
Año
2022
Actuaciones
5
Última actuación
27/09/2022

Partes del expediente

  • José Silverio Nieto Segura

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, veintisiete de septiembre de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, y toda vez que la parte quejosa no interpuso recurso de revisión en contra de la resolución dictada en este juicio de amparo el quince de agosto de dos mil veintidós, con fundamento en los artículos 107, fracción VIII, de la Constitución Federal, 354, 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2º, se declara que dicha resolución ha quedado firme, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. En tal, virtud y toda vez de que por auto de quince de agosto de dos mil veintidós, se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, remítase al archivo como asunto totalmente concluido. Ahora bien, vistos los autos del presente asunto y tomando en consideración que se encuentra totalmente concluido, de conformidad con lo dispuesto en el artículo Quinto Transitorio, el Capítulo Segundo, artículo 6; Capítulo Tercero, ordinal 8; y, Capítulo Octavo, numeral 21, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que el presente asunto es susceptible de DESTRUCCIÓN, al ubicarse en la hipótesis prevista en el capítulo Octavo, artículo 21, inciso a), del Acuerdo en mención; ello, en razón de que este órgano jurisdiccional estima que carece de relevancia documental. Notifíquese.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, dos de septiembre de dos mil veintidós. Agréguese únicamente para que obre como corresponda el pedimento constitucional número 329/2020, signado por el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; sin que haya lugar a hacer mayor pronunciamiento, toda vez que mediante proveído de quince de agosto de dos mil veintidós, el presente juicio de amparo se sobreseyó fuera de audiencia; lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, treinta y uno de agosto de dos mil veintidós. Agréguese el oficio número 7558, signado por el perito en materia de informática..., designado por este órgano jurisdiccional, por medio del cual, en cumplimiento al requerimiento formulado el ocho de agosto del año en curso, manifiesta la imposibilidad con que se cuenta para llevar a cabo el desahogo de la prueba pericial en materia de informática, por las razones que expone en su oficio, es decir: "No es posible realizar el análisis forense solicitado sin que se realice el traslado del equipo de cómputo a analizar al laboratorio de Informática y Telecomunicaciones ubicado en la Coordinación Estatal de Servicios Periciales de la Fiscalía General de la República en el Estado de Michoacán ya que para poder llevar a cabo el análisis forense solicitado es indispensable el uso que equipo de análisis forense especializado el cual no puede ser trasladado a la notaria' en cuestión en cuanto a la manifestación del Notario Público Número 92 mencionada en el oficio con número 17305/2022 de fecha 18 de julio del año en curso en el cual menciona que "puede proporcionarle todos los documentos que sean necesarios para el cumplimiento de su cometido" no omito manifestar que el suscrito es únicamente perito en la especialidad de Informática Forense y no cuenta con la especialidad de Documentos Cuestionados, razón por La cual al no ser perito en la especialidad de Documentos Cuestionados no se encuentra facultado para realizar dictámenes en esa materia, por consiguiente no es posible realizar una pericial por parte del suscrito basándose única y exclusivamente en documentales. Basado en los protocolos de actuación pericial de la institución, uno de los pasos que se realizan durante el análisis forense solicitado es la copia de todos Los archivos localizados en el equipo de cómputo a analizar (copia forense) para posteriormente realizar la búsqueda de la información solicitada en esta copia, en relación a la manifestación del Notario Público Número 92 mencionada en el oficio con número 17305/2022 de fecha 18 de julio del año en curso que a la Letra dice "que no estaba en condiciones para autorizar al citado perito para que extraiga toda la documentación" por lo cual es necesario que se Le proporcione al suscrito copia de la autorización de la intervención de comunicaciones en la modalidad de extracción de datos respecto del equipo de cómputo y/o dispositivo de almacenamiento y/o en su caso manifieste la razón por la que no es necesaria dicha autorización lo anterior, lo anterior fundamentado en el Artículo 291 del código nacional de procedimientos penales ya que sin esta autorización (ya sea del dueño o en su defecto la autorización de la intervención de comunicaciones en La modalidad de extracción de datos respecto del equipo de cómputo) no es posible llevar a cabo intervención alguna." Consecuentemente, tomando en consideración las circunstancias de hecho que impiden el desahogo de la prueba pericial en materia de informática admitida en autos, así como que es el único medio de convicción pendiente por desahogar en el presente sumario constitucional, requiérase a la parte quejosa oferente de la prueba, para que dentro del término de tres días a que se refiere el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°, contados a partir del siguiente al en que reciba el oficio correspondiente, manifieste lo que a su interés legal convenga en relación con la imposibilidad con que se cuenta para llevar a cabo el desahogo de la multicitada prueba pericial, con el apercibimiento que de no realizar manifestación alguna, se tendrá por desinteresado en el ofrecimiento y desahogo de la misma, con las consecuencias legales correspondientes. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, quince de agosto de dos mil veintidós. Agréguese el oficio TCA/PRES/AMP/2706/2022, signado por la Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, por medio del cual, cumple con el requerimiento dado en auto de veintisiete de julio del año en curso, y remite su informe justificado, asimismo remite copia certificada de la resolución interlocutoria donde se resolvió el incidente de previo y especial pronunciamiento sobre falta de personalidad y personería, correspondiente al expediente número 92/2019; documentales que en términos del artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene como prueba de la citada autoridad responsable, mismas que se admiten y desahogas dada su propia y especial naturaleza. Ahora bien, de autos se desprende, en específico las constancias remitidas por la Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, a su informe justificado, se advierte que la citada autoridad responsable, el cinco de agosto de dos mil veintidós, resolución interlocutoria donde se resolvió el incidente de previo y especial pronunciamiento sobre falta de personalidad y personería, dentro del expediente número 92/2019. Atento a lo anterior, en la especie, se actualiza la causal de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo del texto literal que dice lo siguiente: ".ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;." Ello es así, en razón a que para que la referida causa de improcedencia se actualice, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, no deje ahí alguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal, según lo previene la jurisprudencia 198, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De los presentes autos se advierte que mediante auto de veintisiete de julio de dos mil veintidós, este Juzgado admitió la demanda de amparo promovido por José Silverio Nieto Segura, contra actos del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, por los actos reclamados consistentes en: "[.] IV.- ACTO RECLAMADO.- VIOLENTAR EL DERECHO FUNDAMENTAL QUE TENGO A UN PROCESO SIN DILACIONES Y A OBTENER ADMINISTRACION DE JUSTICIA PRONTA, OMITIENDO TRAMITAR EL JUICIO DEL QUE EMANAN LOS ACTOS RECLAMADOS, EN LOS PLAZOS Y TÉRMINOS QUE FIJA LA LEY. Omitiendo desahogar la audiencia incidental dentro las veinticuatro horas siguientes al 28 de mayo del año 2019, en que se interpuso el incidente de falta de personalidad y personera, omitiendo resolver el incidente de inmediato desahoga la audiencia de remota fecha 02 de marzo del año 2022, desacatando lo mandado en el artículo 763 de la Ley Federal del Trabajo, de aplicación supletoria a la Ley de los trabajadores al Servicio del estado de Michoacán de Ocampo y de sus municipios. [.]" Ahora bien, de las constancias que la Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, acompañó en copia certificada, correspondientes a la sentencia interlocutoria de cinco de agosto del presente año, emitida dentro del expediente número 92/2019, mismas que merecen pleno valor probatorio, en términos de lo establecido en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme al artículo 2°, se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo en vigor, en razón a que la omisión aquí reclamada ha dejado de surtir sus efectos, por haber surgido una situación jurídica que definitivamente destruyó la que dio motivo al amparo promovido. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 226, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dice: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena". Ello es así, dado que si bien es cierto que dentro del presente juicio, la parte quejosa señaló como acto reclamado la omisión de proveer la omisión del desahogo la audiencia incidental dentro de las veinticuatro horas ante la junta responsable, también los es que la Presidenta responsable, el cinco de agosto del presente año, dictó la resolución interlocutoria subsecuente a dicha audiencia, el cinco de agosto de dos mil veintidós, ordenando notificar a la parte actora y demandada. Por lo que, al haber surgido una situación jurídica que definitivamente destruyó a la que motivó el amparo, es indudable que, como ya se dijo, en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo en vigor, motivo por el cual procede SOBRESEER en el presente juicio de amparo fuera de audiencia, en términos del artículo 63, fracción V, del mismo ordenamiento legal. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia 415, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatos, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". Así como, por identidad de razón, la jurisprudencia número 10/2003, consultable a fojas 386 y 387, del tomo XVII, correspondiente al mes de marzo de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que textualmente dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". En ese contexto, se deja sin efectos la fecha de la audiencia Constitucional, programada para las NUEVE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL CINCO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

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