José Sergio Silva Castellón
Expediente 443/2018 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán. 4 actuaciones registradas, la última del 19 de junio de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 443/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 19/06/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- José Sergio Silva Castellón
Actuaciones
- Principal
...CÚMPLASE...
- Principal
MORELIA, MICHOACÁN, SEIS DE JUNIO DE DOS MIL DIECIOCHO. Agréguese el escrito signado por el quejoso JOSÉ SERGIO SILVA CASTELLÓN; atento a su contenido, como lo solicita, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°, expídanse a su costa las copias simples a que se refiere en su ocurso de cuenta, previa identificación y recibo que de ello se deje en autos. En atención a la petición que formula en el sentido de que se permita el uso de cámaras fotográficas a fin de recabar y copiar de manera eficaz los acuerdos o resoluciones dictados en el presente asunto, dígasele que de conformidad con la Circular 12/2009, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a fin de obtener imágenes digitalizadas del contenido del presente expediente, mediante cualquier medio electrónico que así lo permita pero bajo las siguientes condiciones: cada vez que deseen fotografiar y/o usar cualquier otro medio electrónico para tomar notas de las constancias, deberán solicitarlo al Secretario, para que éste autorice ante su presencia la fotografía o escaneo, pero tales reproducciones sólo serán del contenido del auto o resolución sin firmas del Juez ni Secretario, por lo cual deberán dejar asentada razón del autorizado donde precisará que constancias tomó y el objeto por el cual lo hizo. En el entendido de que dicha consulta no opera respecto de documentos reservados o confidenciales. Apoya lo anterior, la tesis aislada número I.1o.A.23 K (10a.), del Tribunal Colegiado de Circuito, publicada en la página 1830, Libro 17, Abril de 2015, Tomo II, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto siguientes: "REPRODUCCIÓN DE CONSTANCIAS DEL EXPEDIENTE DE AMPARO. LAS PARTES Y SUS AUTORIZADOS PARA IMPONERSE DE LOS AUTOS, PUEDEN EMPLEAR CÁMARAS FOTOGRÁFICAS U OTROS MEDIOS ELECTRÓNICOS, SIN QUE DEBAN LIMITARSE A LOS PROVEÍDOS DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Durante la vigencia de la anterior Ley de Amparo, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, mediante la Circular 12/2009, comunicó a los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito que no existe inconveniente para permitir a las partes el empleo de medios digitales con la finalidad de imponerse "de los acuerdos" dictados en los expedientes de su interés, sin hacer referencia a la totalidad de los documentos que obren en autos. No obstante, la actual ley reglamentaria del juicio constitucional prevé el expediente electrónico como medio para la conservación de las constancias de los asuntos que se rigen bajo ese ordenamiento, como se desprende de su artículo 3o. Con motivo de esto último, las partes podrán consultar los expedientes mediante su firma electrónica y el sistema que se implemente para ello. En ese tenor, considerando que los quejosos, autoridades y terceros interesados tienen expedita la posibilidad de consultar los autos e, incluso, de solicitar copia de las constancias que obren en el expediente físico, no existe un motivo que justifique negarles su reproducción, a través de dispositivos electrónicos o sólo permitirlo tratándose de los proveídos del tribunal. En consecuencia, si se toma en cuenta que, por regla general, sólo pueden consultar el expediente las partes y el juzgador que conozca de un asunto que se encuentra subjúdice, además de los autorizados a quienes confían la defensa de sus intereses litigiosos, la reproducción a través de cámara fotográfica, escáner u otros dispositivos semejantes no sólo es permisible para dichas personas, sino que favorecería el ejercicio de sus derechos con mayor celeridad y sencillez, al no tener que esperar a que se provea favorablemente sobre la expedición de las copias que requieran". NOTIFÍQUESE.
- Principal
MORELIA, MICHOACÁN, VEINTICINCO DE MAYO DE DOS MIL DIECIOCHO. Agréguese el escrito signado por el quejoso JOSÉ SERGIO SILVA CASTELLÓN, mediante el cual cumple con el requerimiento formulado en auto de diecisiete de mayo del año en curso, para lo cual señala que el acto que reclama en esta instancia constitucional es la diligencia de embargo de veinticinco de mayo de dos mil dieciocho, asimismo manifiesta que el estado que actualmente guarda el expediente 604/2014, se encuentra en etapa de ejecución. Ahora bien, vista la demanda de garantías, así como el escrito de cuenta, se advierte que resulta notoriamente improcedente pues en el caso se actualiza de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia prevista por la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el precepto 107, fracción IV, ambos dispositivos de la Ley de Amparo, que dicen: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: "XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". [.] "ARTÍCULO 107. El amparo indirecto procede: [.] "IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior;" V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." En efecto, la parte quejosa hace valer como acto reclamado la diligencia de embargo de veinticinco de mayo de dos mil dieciocho, dentro del expediente 604/2014. Lo anterior, pone de manifiesto la actualización de la causal de improcedencia invocada, porque la diligencia de embargo de veinticinco de abril de dos mil dieciocho, realizada por la Actuaria adscrita al Juzgado Tercero de Primera Instancia en Materia Civil, con sede en esta ciudad, dentro del juicio ordinario civil 604/2014, que sobre petición de herencia promovió María Estela, María Refugio, José Francisco, José Trinidad y José Francisco, todos de apellidos Tapia Calvario -terceros interesados, en contra del aquí quejoso-, no constituyen la última resolución en el procedimiento de ejecución de donde emana el acto reclamado, sino que es acto emitido dentro del periodo de ejecución del juicio natural. Luego, el juicio de garantías es improcedente, porque tal reclamo debe hacerse hasta que se apruebe o reconozca el cumplimiento total de lo sentenciado o se declare la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o que se ordene el archivo definitivo del expediente, en atención a que el hoy quejoso es la parte demandada en el juicio del que emana el acto reclamado. Tiene sustento a lo anterior la Tesis número P./J. 32/2001, aplicada por identidad de razón, visible en la página 31, Tomo XIII, Abril de 2001, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del tener literal siguiente: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ÚLTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA. La referida disposición exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, este requisito tiene como finalidad, de conformidad con lo previsto en la exposición de motivos de la ley citada, evitar que se abuse del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la legislación invocada, al que se acude en forma analógica, ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente". De igual forma, el acto aquí reclamado tampoco genera una afectación inmediata a los derechos sustantivos del quejoso, como bien pudieran ser la vida, la libertad, sus propiedades, entre otros. En efecto, si bien es cierto que a través del acto reclamado dictado en el procedimiento de ejecución de sentencia, el Juez ordenó el embargo dentro del expediente 604/2014, sin embargo, también lo es que aquél no afecta de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, y que por ello se deba excepcionalmente aplicar por analogía la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, ello es así si se toma en consideración que el embargo realizado dentro del citado juicio es una consecuencia jurídica de la resolución que se emitió dentro de ese sumario. Es así, porque si bien es verdad que el acto reclamado se dirige a lograr el cumplimiento de lo condenado en el juicio natural, también es cierto que todavía faltan otros actos que -sin ser la última resolución- serán tendentes a lograr el cumplimiento de aquélla, que solamente tienen, al igual que el embargo, el propósito de llevar a cabo la ejecución de la sentencia. Sustenta lo anterior, la tesis aislada del entonces Tercer Tribunal Colegiado del Tercer Circuito, publicada en la página 519, Tomo IX, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación que a la letra dice: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA EL EMBARGO TRABADO EN BIENES DEL PROMOVENTE. Si en la demanda de garantías se reclama el embargo trabado en bienes del promovente, como consecuencia de no haber acatado el proveído que lo requirió para cumplir voluntariamente con la sentencia definitiva, es claro que la demanda de amparo resulta improcedente conforme al numeral 114, fracción III, de la Ley de Amparo, pues no puede estimarse que con el embargo reclamado se ponga fin al procedimiento de ejecución, pues ello ocurrirá hasta que en su caso, se apruebe o desapruebe el remate de los bienes embargados en el referido procedimiento de ejecución". También es aplicable la tesis de la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1124, Tomo CV, Quinta Época del Semanario Judicial de la Federación, del tenor siguiente: "EMBARGO EN EJECUCION DE SENTENCIA. El juicio de garantías es notoriamente improcedente contra el embargo practicado en ejecución de sentencia, por no quedar el caso comprendido en la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo, pues la resolución que ordena el embargo de bienes, es el primer acto en el procedimiento de ejecución, que termina con el auto que aprueba o no el remate". Máxime que el acto reclamado no es de ejecución irreparable, ya que no incide directamente en alguno de los derechos sustantivos tutelados por la Constitución Federal, porque el pretendido embargo, como ya se dijo, constituye una consecuencia de que la parte demandada no obtuvo sentencia favorable en el juicio de origen. Tiene aplicación, en lo conducente, la jurisprudencia número 1a./J. 28/2010, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 60, Tomo XXXI, Mayo de 2010, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto siguientes: "AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONTRA ACTOS DICTADOS DESPUÉS DE CONCLUIDO EL JUICIO EN LA FASE DE CUMPLIMIENTO VOLUNTARIO DE LA SENTENCIA. La razón medular del legislador para establecer la regla de procedencia del juicio de garantías contenida en el segundo párrafo de la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo, relativa a que tratándose de actos dictados dentro del procedimiento de ejecución de sentencia el amparo sólo procede contra la resolución que pone fin a dicho procedimiento, pudiéndose reclamar en la misma demanda las violaciones cometidas durante éste que hubieran dejado sin defensa al quejoso, es el eficaz cumplimiento de las sentencias judiciales como tutela del Estado en la impartición de justicia; de ahí que ello también opera respecto de los actos tendentes al cumplimiento de la sentencia de condena o su preparación, ya sea en la instancia de forzoso cumplimiento o en la etapa voluntaria para el demandado. Por tanto, el amparo indirecto es improcedente contra actos dictados después de concluido el juicio en la fase de cumplimiento voluntario de la sentencia, porque no se trata de la última resolución en el periodo de ejecución. Lo anterior es así, porque si bien es cierto que tales actos no tienden directamente a obtener su cumplimiento sino que únicamente lo preparan, también lo es que la procedencia o improcedencia del juicio de garantías contra actos dictados después de concluido el juicio y que corresponden a la ejecución de sentencia no se determina por el aspecto procesal formal de haberse dado inicio o aperturado el procedimiento de apremio o de cumplimiento forzoso de la sentencia, que es un aspecto meramente formal, sino que lo determinante es establecer si existe cosa juzgada como institución procesal fundamental para identificar los actos después de concluido el juicio". Por lo que al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia citada, resulta improcedente la demanda de garantías y, por ende, procede DESECHARLA, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
- Principal
.En cumplimiento a lo establecido en el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo, publicada el dos de abril de dos mil trece en el Diario Oficial de la Federación, en vigor a partir del día siguiente, se notifica por lista que se publica en los estrados de este Juzgado Federal; a la parte quejosa, el acuerdo de fecha veinticinco de mayo de dos mil dieciocho, el cual en lo conducente señala: Agréguese el escrito signado por el quejoso JOSÉ SERGIO SILVA CASTELLÓN, mediante el cual cumple con el requerimiento formulado en auto de diecisiete de mayo del año en curso, para lo cual señala que el acto que reclama en esta instancia constitucional es la diligencia de embargo de veinticinco de mayo de dos mil dieciocho, asimismo manifiesta que el estado que actualmente guarda el expediente 604/2014, se encuentra en etapa de ejecución. Ahora bien, vista la demanda de garantías, así como el escrito de cuenta, se advierte que resulta notoriamente improcedente pues en el caso se actualiza de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia prevista por la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el precepto 107, fracción IV, ambos dispositivos de la Ley de Amparo, que dicen: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: "XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". [.] "ARTÍCULO 107. El amparo indirecto procede: [.] "IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior;" V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." En efecto, la parte quejosa hace valer como acto reclamado la diligencia de embargo de veinticinco de mayo de dos mil dieciocho, dentro del expediente 604/2014. Lo anterior, pone de manifiesto la actualización de la causal de improcedencia invocada, porque la diligencia de embargo de veinticinco de abril de dos mil dieciocho, realizada por la Actuaria adscrita al Juzgado Tercero de Primera Instancia en Materia Civil, con sede en esta ciudad, dentro del juicio ordinario civil 604/2014, que sobre petición de herencia promovió María Estela, María Refugio, José Francisco, José Trinidad y José Francisco, todos de apellidos Tapia Calvario -terceros interesados, en contra del aquí quejoso-, no constituyen la última resolución en el procedimiento de ejecución de donde emana el acto reclamado, sino que es acto emitido dentro del periodo de ejecución del juicio natural. Luego, el juicio de garantías es improcedente, porque tal reclamo debe hacerse hasta que se apruebe o reconozca el cumplimiento total de lo sentenciado o se declare la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o que se ordene el archivo definitivo del expediente, en atención a que el hoy quejoso es la parte demandada en el juicio del que emana el acto reclamado. Tiene sustento a lo anterior la Tesis número P./J. 32/2001, aplicada por identidad de razón, visible en la página 31, Tomo XIII, Abril de 2001, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del tener literal siguiente: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ÚLTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA. La referida disposición exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, este requisito tiene como finalidad, de conformidad con lo previsto en la exposición de motivos de la ley citada, evitar que se abuse del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la legislación invocada, al que se acude en forma analógica, ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente". De igual forma, el acto aquí reclamado tampoco genera una afectación inmediata a los derechos sustantivos del quejoso, como bien pudieran ser la vida, la libertad, sus propiedades, entre otros. En efecto, si bien es cierto que a través del acto reclamado dictado en el procedimiento de ejecución de sentencia, el Juez ordenó el embargo dentro del expediente 604/2014, sin embargo, también lo es que aquél no afecta de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, y que por ello se deba excepcionalmente aplicar por analogía la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, ello es así si se toma en consideración que el embargo realizado dentro del citado juicio es una consecuencia jurídica de la resolución que se emitió dentro de ese sumario. Es así, porque si bien es verdad que el acto reclamado se dirige a lograr el cumplimiento de lo condenado en el juicio natural, también es cierto que todavía faltan otros actos que -sin ser la última resolución- serán tendentes a lograr el cumplimiento de aquélla, que solamente tienen, al igual que el embargo, el propósito de llevar a cabo la ejecución de la sentencia. Sustenta lo anterior, la tesis aislada del entonces Tercer Tribunal Colegiado del Tercer Circuito, publicada en la página 519, Tomo IX, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación que a la letra dice: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA EL EMBARGO TRABADO EN BIENES DEL PROMOVENTE. Si en la demanda de garantías se reclama el embargo trabado en bienes del promovente, como consecuencia de no haber acatado el proveído que lo requirió para cumplir voluntariamente con la sentencia definitiva, es claro que la demanda de amparo resulta improcedente conforme al numeral 114, fracción III, de la Ley de Amparo, pues no puede estimarse que con el embargo reclamado se ponga fin al procedimiento de ejecución, pues ello ocurrirá hasta que en su caso, se apruebe o desapruebe el remate de los bienes embargados en el referido procedimiento de ejecución". También es aplicable la tesis de la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1124, Tomo CV, Quinta Época del Semanario Judicial de la Federación, del tenor siguiente: "EMBARGO EN EJECUCION DE SENTENCIA. El juicio de garantías es notoriamente improcedente contra el embargo practicado en ejecución de sentencia, por no quedar el caso comprendido en la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo, pues la resolución que ordena el embargo de bienes, es el primer acto en el procedimiento de ejecución, que termina con el auto que aprueba o no el remate". Máxime que el acto reclamado no es de ejecución irreparable, ya que no incide directamente en alguno de los derechos sustantivos tutelados por la Constitución Federal, porque el pretendido embargo, como ya se dijo, constituye una consecuencia de que la parte demandada no obtuvo sentencia favorable en el juicio de origen. Tiene aplicación, en lo conducente, la jurisprudencia número 1a./J. 28/2010, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 60, Tomo XXXI, Mayo de 2010, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto siguientes: "AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONTRA ACTOS DICTADOS DESPUÉS DE CONCLUIDO EL JUICIO EN LA FASE DE CUMPLIMIENTO VOLUNTARIO DE LA SENTENCIA. La razón medular del legislador para establecer la regla de procedencia del juicio de garantías contenida en el segundo párrafo de la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo, relativa a que tratándose de actos dictados dentro del procedimiento de ejecución de sentencia el amparo sólo procede contra la resolución que pone fin a dicho procedimiento, pudiéndose reclamar en la misma demanda las violaciones cometidas durante éste que hubieran dejado sin defensa al quejoso, es el eficaz cumplimiento de las sentencias judiciales como tutela del Estado en la impartición de justicia; de ahí que ello también opera respecto de los actos tendentes al cumplimiento de la sentencia de condena o su preparación, ya sea en la instancia de forzoso cumplimiento o en la etapa voluntaria para el demandado. Por tanto, el amparo indirecto es improcedente contra actos dictados después de concluido el juicio en la fase de cumplimiento voluntario de la sentencia, porque no se trata de la última resolución en el periodo de ejecución. Lo anterior es así, porque si bien es cierto que tales actos no tienden directamente a obtener su cumplimiento sino que únicamente lo preparan, también lo es que la procedencia o improcedencia del juicio de garantías contra actos dictados después de concluido el juicio y que corresponden a la ejecución de sentencia no se determina por el aspecto procesal formal de haberse dado inicio o aperturado el procedimiento de apremio o de cumplimiento forzoso de la sentencia, que es un aspecto meramente formal, sino que lo determinante es establecer si existe cosa juzgada como institución procesal fundamental para identificar los actos después de concluido el juicio". Por lo que al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia citada, resulta improcedente la demanda de garantías y, por ende, procede DESECHARLA, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo
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