José Silva Sotelo

Expediente 1240/2023 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán. 5 actuaciones registradas, la última del 29 de septiembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1240/2023
Año
2023
Actuaciones
5
Última actuación
29/09/2023

Partes del expediente

  • José Silva Sotelo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, veintinueve de septiembre de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los presentes autos y toda vez que de la certificación secretarial que antecede se desprende que ha transcurrido el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa interpusiera el recurso de revisión que prevé el artículo 81, fracción I, inciso e), de la ley en comento, contra la sentencia dictada el treinta y uno de agosto de dos mil veintitrés, por medio del cual se sobreseyó el presente juicio de amparo. En consecuencia, con fundamento en los artículos 107, fracción VIII, de la Constitución Federal, 354, 355, 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2º, se declara que dicha sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, glósese el cuaderno de suspensión; y, en su oportunidad, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo. No obsta a lo anterior, el hecho de que no se haya realizado el cómputo a las demás partes en el presente sumario Constitucional, para la interposición del recurso de revisión, en atención a que se determinó sobreseer el amparo; por tanto, no les irroga perjuicio alguno. Ahora bien, tomando en consideración que el presente expediente se encuentra totalmente concluido, de conformidad con lo dispuesto en el Título Segundo, el Capítulo Primero, artículo 6; Capítulo Segundo, ordinal 8; y, Capítulo Sexto, numeral 20, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se determina que el presente asunto es susceptible de DESTRUCCIÓN al ubicarse en la hipótesis prevista en el capítulo Sexto, artículo 20, fracción I, del Acuerdo en mención. Luego, como en los autos del incidente de suspensión se negó la suspensión definitiva, el original del incidente de suspensión es susceptible de Destrucción, en términos del artículo 20, fracción III, del referido Acuerdo General. Notifíquese.

  2. Principal

    EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C, RESPECTIVAMENTE, DE LA LEY DE AMPARO, PUBLICADA EL DOS DE ABRIL DE DOS MIL TRECE, EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA DE ACUERDOS QUE SE PUBLICA EN ESTE JUZGADO FEDERAL, A LA PARTE QUEJOSA, EL(LA) ACUERDO Y/O RESOLUCIÓN, DE FECHA VEINTINUEVE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, EL(LA) CUAL EN LO CONDUCENTE SEÑALA: Morelia, Michoacán, veintinueve de septiembre de dos mil veintitrés. Agréguese el escrito signado por el quejoso ********************, por medio del cual, cumple con la prevención efectuada en auto de veinte de septiembre de dos mil veintitrés; en consecuencia, vista la demanda de amparo y escrito aclaratorio se advierte que la parte quejosa señala como actos reclamado al Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción de la Fiscalía General del Estado de Michoacán y otras autoridades, los consistentes en: "IV.-Actos reclamados. .- El acuerdo de no ejercicio de la acción penal de fecha 19 diecinueve de junio de 2023 dos mil veintitrés, acordado y firmado por ******************** Agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción dentro de la carpeta de investigación con número único de caso ******************** expediente ******************** instruida en contra del Juez ******************** y el candidato al gobierno de Michoacán Magistrado ********************, y víctima ******************** Acuerdo de no ejercicio de la acción penal de fecha 19 diecinueve de junio de 2023 dos mil veintitrés de la carpeta en comento en el párrafo anterior, revisado por el Doctor en Derecho ******************** Titular de la Unidad de Delitos cometidos por Servidores Públicos y Privados de la Fiscalía Especializada en combate a la Corrupción, y Acuerdo de no ejercicio de la acción penal de fecha 19 diecinueve de junio de 2023 dos mil veintitrés autorizado por el doctor en derecho ******************** Fiscal Estatal Anticorrupción de la Fiscalía General del Estado de Michoacán dentro de la carpeta de investigación con número único de caso ******************** expediente ******************** instruida en contra del Juez ******************** y el candidato al gobierno de Michoacán y Magistrado ********************. Acuerdo de no ejercicio de la acción penal de fecha 19 diecinueve de junio de 2023 dos mil veintitrés en perjuicio de la víctima ********************, hoy daño moral y material del ofendido ********************. [.] ." Ahora bien, del contenido íntegro de la demanda de amparo, su escrito aclaratorio y anexos adjuntos a la misma, se advierte que la parte quejosa hace consistir el acto reclamado en: El acuerdo de no ejercicio de la acción penal de diecinueve de junio de dos mil veintitrés, dictado dentro de la carpeta de investigación con número único de caso ********************, expediente ********************. En tales condiciones, se advierte que resulta notoriamente improcedente pues en el caso se actualiza de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, pues se estima que la parte quejosa ejerció su acción Constitucional de manera extemporánea. Es así, ya que el aludido precepto de la legislación de la materia establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. [.]". Conforme a dicha disposición, la acción constitucional resulta inviable cuando se promueve contra normas generales o actos consentidos tácitamente, es decir, en el supuesto de que la parte quejosa omite solicitar la protección de la justicia federal dentro de los plazos previstos en la ley de la materia. Sobre el tema, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció en el siguiente criterio, los requisitos para estimar cuando el justiciable aceptó tácitamente la actuación de la autoridad. "ACTO CONSENTIDO. CONDICIONES PARA QUE SE LE TENGA POR TAL. La H. Segunda Sala de este Alto Tribunal ha sustentado el criterio que este Pleno hace suyo, en el sentido de que para que se consienta un acto de autoridad, expresa o tácitamente, se requiere que ese acto exista, que agravie al quejoso y que éste haya tenido conocimiento de él sin haber deducido dentro del término legal la acción constitucional, o que se haya conformado con el mismo, o lo haya admitido por manifestaciones de voluntad." En ese sentido, se tiene que se trata de una actuación consentida tácitamente, cuando: 1) El acto reclamado existe y la parte quejosa lo conoce. 2) Causa un agravio al justiciable, pues de lo contrario, aunque dicho impetrante se haya conformado con aquél, ninguna relevancia tendría para la promoción del amparo; 3) El peticionario haya omitido instar el juicio Constitucional, dentro del plazo legal previsto. Luego, para efectos de aclarar el último punto señalado, es menester observar lo establecido en las siguientes disposiciones de la Ley de Amparo: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo. Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor". De la interpretación armónica de los preceptos legales transcritos, se obtiene que, por regla general, la demanda de amparo debe promoverse en un plazo de quince días, los cuales se computan a partir de tres momentos, a saber: a) Cuando la notificación del acto reclamado surta efectos, conforme a la ley aplicable; b) De que el quejoso haya tenido conocimiento del acto o de su ejecución; o, c) El promovente se haya ostentado sabedor del acto. Por lo que, si la demanda, en modo alguno, no se presenta en ese lapso, el acto reclamado se estimará consentido. Empero, la regla general de ninguna manera aplica cuando se reclama la constitucionalidad de una ley autoaplicativa o el procedimiento de extradición; sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal donde se imponga pena de prisión; actos encaminados a privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva la propiedad, posesión, disfrute de derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal. Tampoco cuando se trata de actos que pongan en peligro la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación, expulsión, proscripción, destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución General de la República ni la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales. En el caso concreto, se advierte la reunión de las exigencias necesarias para estimar la configuración de un consentimiento tácito de los actos reclamados, en razón a que se actualiza el supuesto previsto en el inciso b), antes citado, pues en el capítulo de fecha de conocimiento del acto reclamado, la parte quejosa, manifiesta bajo protesta de decir verdad que conoció de los actos reclamados el veintisiete de julio de dos mil veintitrés. Sirve de apoyo a ello, por las razones que informa la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Volumen 217-228, Tercera Parte, página 80, registro digital 237114, que dice: "DEMANDA DE AMPARO, PRESENTACION EXTEMPORANEA DE LA. CASOS EN QUE SE PUEDE DECRETAR EL SOBRESEIMIENTO AUN CUANDO NO ESTE PROBADA LA NOTIFICACION FORMAL DEL ACTO RECLAMADO AL QUEJOSO. Si bien es cierto que sólo se puede sobreseer en el juicio de amparo cuando la causal de improcedencia en que se apoya el sobreseimiento se encuentra plenamente acreditada, también lo es que para que se actualice la prevista en la fracción XII del artículo 73 de la Ley de Amparo no es necesario exigir que esté probada la notificación formal del acto reclamado al quejoso, sino que basta la prueba plena de que éste tuvo conocimiento de su existencia para que, a partir del día siguiente a la fecha de tal conocimiento, se inicie el cómputo de los quince días a que se refiere el artículo 21 del ordenamiento legal en cita." De igual manera, por las razones que informa la Tesis IV.2o.A.29 K, Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXII, Octubre de 2005, página 2336, registro digital 177026, que establece: "DEMANDA DE AMPARO. EL CÓMPUTO DEL TÉRMINO PARA SU PRESENTACIÓN SE INICIA A PARTIR DE QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO DEL ACTO, AUN CUANDO ÉSTE SEA DE TRACTO SUCESIVO. El artículo 21 de la Ley de Amparo establece como regla general para la interposición de la demanda de garantías el plazo de quince días; sin embargo, existen algunas excepciones, previstas en los numerales 22, 217 y 218 del mismo ordenamiento, para casos especiales, como son, asuntos en materia penal, agraria, de inconstitucionalidad de leyes autoaplicativas y cuando se reclama el ilegal emplazamiento, y el quejoso no tiene su residencia en el lugar en el que se verifica el juicio. Asimismo, el propio artículo 21, señala a partir de qué momento debe iniciarse el cómputo correspondiente a los quince días, a saber: a) desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de la resolución o acuerdo que reclame o de su ejecución; y, c) desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos. Por otro lado, del capítulo III, título segundo, de la invocada ley, se advierte que es importante precisar la naturaleza del acto reclamado para poder decidir si existe algún efecto susceptible de suspenderse. Así tratándose del acto reclamado consistente, por ejemplo, en la suspensión de actividades relacionadas con la construcción, debe considerarse que se trata de un acto de tracto sucesivo, toda vez que la autoridad debe actuar constantemente, ejerciendo presión fáctica sobre la empresa quejosa, a efecto de impedir que ésta continúe con las actividades relacionadas con la construcción. Sin embargo, la circunstancia de que ese acto reclamado sea de tracto sucesivo, no implica que la quejosa pueda promover la demanda de amparo en cualquier tiempo, mientras que permanezca la suspensión de actividades reclamada, puesto que si bien es cierto que conforme al artículo 141 de la Ley de Amparo es factible obtener la suspensión en cualquier tiempo mientras no se dicte sentencia ejecutoria, también lo es que para efectos de la presentación de la demanda de amparo, el cómputo debe hacerse a partir de los momentos que señala el artículo 21 de la Ley de Amparo, puesto que es desde que el quejoso tiene conocimiento de los actos reclamados, cuando está en posibilidad de impugnarlos, y si no lo hace, deben considerarse consentidos tácitamente, puesto que así lo dispone el artículo 73 fracción XII, de la referida ley." De esta manera, al confrontar la temporalidad en que la parte quejosa fue notificada del acto reclamado en la presente instancia constitucional (veintisiete de julio de dos mil veintitrés), con la fecha de promoción del juicio de amparo (diecinueve de septiembre de dos mil veintitrés), se advierte que transcurrió más de un mes, comenzando a transcurrir el término para la promoción del juicio de amparo al día hábil siguiente, es decir, trascurrió del veintiocho de julio al diecisiete de agosto del año en curso, mientras que la demanda de amparo fue presentada el diecinueve de septiembre de dos mil veintitrés, como se advierte del sello de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, de ahí que resulta inconcuso que la demanda de amparo fue presentada de manera extemporánea. Situación que revela un transcurso excesivo del término general de quince días previsto en el artículo 17, primer párrafo de la Ley de Amparo, lo cual se traduce en un consentimiento tácito de los actos reclamados, es decir, en la actualización de la causa de improcedencia prevista en la fracción XIV, del precepto 61, de ese ordenamiento jurídico. Sin que pase inadvertido, que la parte quejosa reclame que se vulneraron los principios de legalidad, seguridad jurídica y debido proceso consagrados en los artículos 14 y 16 Constitucional, al considerar que se le violentaron dichos derechos, sin embargo, ello no es suficiente para justificar la interposición extemporánea de la demanda de amparo, por las razones que informa la tesis del Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo III, Segunda Parte-1, Enero-Junio de 1989, página 255, registro digital 228280, que dice: "DEMANDA DE AMPARO EXTEMPORANEA, CASO EN QUE AUNQUE EL QUEJOSO DESCONOZCA LA FUNDAMENTACION DEL ACTO RECLAMADO, PROCEDE ESTIMAR LA. Si bien es verdad que en el citado capítulo de antecedentes, el quejoso no manifestó conocer las consideraciones jurídicas que sustentaron el acto reclamado, ese desconocimiento, en realidad, no justifica la extemporaneidad en la interposición de la demanda de amparo, pues, en los conceptos de violación sólo se denunciaron infracciones a las garantías que consagran los artículos 14 y 16 constitucionales, en virtud de que, sostuvo aquél, la perforación del pozo acuífero, se llevó a cabo, sin existir previo juicio y sin que se hubiese fundado y motivado la causa legal del procedimiento; luego entonces, no puede argumentarse, como sugiere el recurrente, que la ignorancia de la fundamentación del acto reclamado, fuese lo que ocasionó la tardanza en la incoación del amparo, si contra esa fundamentación, no se expresó motivo de queja alguno y sólo se denunció, la inexistencia de un juicio previo y de un mandato de autoridad constitucionalmente fundado y motivado que legitimara la ejecución del acto reclamado. La verdad es que, como pudo apreciarse, el quejoso sí estuvo en aptitud de impugnar oportunamente a través del amparo, la ejecución del pozo referido, sin que para ello, fuese necesario conocer las consideraciones jurídicas que sustentaron a la orden de dicha ejecución." Asimismo, por las razones que informa la jurisprudencia 1a./J. 10/2014 (10a.), de la Primera Sala del Máximo Tribunal, localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 3, Febrero de 2014, Tomo I, página 487, registro digital 2005717, que establece: "PRINCIPIO PRO PERSONA Y RECURSO EFECTIVO. EL GOBERNADO NO ESTÁ EXIMIDO DE RESPETAR LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA PREVISTOS EN LAS LEYES PARA INTERPONER UN MEDIO DE DEFENSA. Si bien la reforma al artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de 10 de junio de 2011, implicó la modificación del sistema jurídico mexicano para incorporar el denominado principio pro persona, el cual consiste en brindar la protección más amplia al gobernado, así como los tratados internacionales en materia de derechos humanos, entre ellos el derecho a un recurso efectivo, previsto en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ello no significa que en cualquier caso el órgano jurisdiccional deba resolver el fondo del asunto, sin que importe la verificación de los requisitos de procedencia previstos en las leyes nacionales para la interposición de cualquier medio de defensa, ya que las formalidades procesales son la vía que hace posible arribar a una adecuada resolución, por lo que tales aspectos, por sí mismos, son insuficientes para declarar procedente lo improcedente." Y la diversa tesis, visible en la página 92, Segunda Parte-1, correspondiente de Julio a Diciembre de 1988, de la Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación que dice: "AMPARO, TERMINO PARA LA INTERPOSICION DEL. CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO. Si el quejoso manifiesta en su demanda de garantías en qué fecha tuvo conocimiento del acto reclamado, tal manifestación constituye una confesión que hace prueba plena de conformidad con lo dispuesto por los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en el juicio de amparo, por lo que a partir de esa fecha debe hacerse el cómputo del término que señala el artículo 21 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Federal." Por lo que al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia citada, resulta improcedente la demanda de derechos fundamentales y, por ende, procede DESECHARLA, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, veintiséis de septiembre de dos mil veintitrés. Agréguese el oficio 30324/2023 signado por la Secretaria del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán, mediante el cual informa la vinculación electrónica del juicio de amparo registrado bajo número ******************** de su índice, el cual fue promovido por ********************, al expediente en que se actúa; lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, veinte de septiembre de dos mil veintitrés.****************************************Vista la demanda presentada por ... quien se ostenta apoderado jurídico de ..., contra actos de Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Michoacán y otras autoridades, por el acto que hace consistir en:**************************************** "IV.-Actos reclamados.********************.- El acuerdo de no ejercicio de la acción penal de fecha 19 diecinueve de junio de 2023 dos mil veintitrés, acordado y firmado por ... Agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción dentro de la carpeta de investigación con número único de caso ... expediente ... instruida en contra del Juez ... y el candidato al gobierno de Michoacán Magistrado ..., y víctima ********************Acuerdo de no ejercicio de la acción penal de fecha 19 diecinueve de junio de 2023 dos mil veintitrés de la carpeta en comento en el párrafo anterior, revisado por el Doctor en Derecho ... Titular de la Unidad de Delitos cometidos por Servidores Públicos y Privados de la Fiscalía Especializada en combate a la Corrupción, y ********************Acuerdo de no ejercicio de la acción penal de fecha 19 diecinueve de junio de 2023 dos mil veintitrés autorizado por el doctor en derecho Alejandro Carrillo Ochoa Fiscal Estatal Anticorrupción de la Fiscalía General del Estado de Michoacán dentro de la carpeta de investigación con número único de caso ... expediente ... instruida en contra del Juez ... y el candidato al gobierno de Michoacán y Magistrado ...********************Acuerdo de no ejercicio de la acción penal de fecha 19 diecinueve de junio de 2023 dos mil veintitrés en perjuicio de la víctima ..., hoy daño moral y material del ofendido .... [.] ." ****************************************En tales condiciones, en atención al contenido de los artículos 251, 252, 253 y 260 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19 y Reforma, Adiciona y Deroga Diversas Disposiciones Relativas a la Utilización de Medios Electrónicos y Soluciones Digitales como Ejes Rectores del Nuevo Esquema de Trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación y que entró en vigor el día siete de noviembre de dos mil veintidós, hágase saber a las partes, que este órgano jurisdiccional a partir del día de hoy tramitará e integrara el presente asunto a través de los medios tecnológicos y soluciones digitales; para ello, se procurará que el contenido de las promociones, los acuerdos, resoluciones o sentencias y los correspondientes registros administrativos, se generen de manera electrónica; por lo que, se imprimirá únicamente lo que resulte indispensable para el impulso del presente asunto. ****************************************Se ordena formar y registrar los expedientes impreso y electrónico en el libro de gobierno de este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes respectivamente, con el número 1240/2023. ****************************************Ahora bien, a fin de estar en condiciones de proveer sobre la admisión o desechamiento de la aludida demanda, en términos de lo dispuesto por el artículo 261 de la Ley de Amparo, que prevé las sanciones penales y pecuniarias a que se harán acreedores los quejosos que al formular su demanda de amparo afirmen hechos falsos u omitan las que les consten; con apoyo en los numerales 108, fracción IV, y 114, fracciones ll y lIl, de la referida Ley de Amparo, requiérase a ... para que dentro del término de cinco días contados a partir del siguiente al en que quede debidamente notificado del presente proveído, por escrito cumpla con lo siguiente: ****************************************Vía antecedentes del acto reclamado, señale de manera clara y precisa qué tipo de audiencia se celebró el diez de agosto de dos mil veintitrés y su continuación de uno de septiembre delmismo año, ante el Juez de control del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral Región Morelia, toda vez que al respecto es impreciso y ambiguo.****************************************Lo anterior es así, en atención a que si bien del apartado relativo al acto reclamado de su escrito inicial de demanda lo hace consistir en el acuerdo de no ejercicio de la acción penal de diecinueve de junio de dos mil veintitrés, sin embargo, en los antecedentes señala que en fecha diez de agosto y uno de septiembre comparecieron ante el Juez de Control del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral Región Morelia, específicamente celebrándose audiencia en ésta última fecha, sin especificar qué tipo de audiencia se desahogó y qué tipo de determinación se dictó en la misma, lo anterior, a efecto de que este órgano jurisdiccional se encuentre en condiciones de acordar lo que en derecho corresponda.****************************************En la inteligencia que de ser el caso, deberá narrar bajo protesta de decir verdad los antecedentes, pues la finalidad de ésta es evitar el abuso del ejercicio de la acción de garantías, imponiendo sanciones al quejoso que manifieste hechos o abstenciones falsos en la demanda constitucional, según lo dispuesto en el artículo 261 de la Ley de la materia, que señala que cuando algún quejoso o su abogado autorizado o ambos, con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda admiten hechos falsos u omita los que le consten, en relación con el acto reclamado, se harán acreedores a una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trecientos días de salario, adquiriendo con ello la responsabilidad que conlleva su manifestación dadas las consecuencias legales que de dicha protesta pudieran derivarse; por lo que si lo aseverado por el quejoso bajo protesta de decir verdad, resulta falso, será sancionado. Además, esa protesta de decir verdad es susceptible de influir en el ánimo del juzgador de que los hechos o abstenciones expresados bajo esa condición, sucedieron en la forma que se describen y si bien pueden no implicar la veracidad de lo narrado, sí presuponen su certeza. ****************************************Tiene aplicación a lo anterior, por identidad de razón la tesis P./J. 127/99, consultable en la página 32, del Tomo X, correspondiente al mes de noviembre de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo texto dice: ********************"PROTESTA DE DECIR VERDAD. ES UN REQUISITO FORMAL QUE DEBE MANIFESTARSE DE MANERA EXPRESA EN EL ESCRITO DE DEMANDA DE AMPARO, QUE NO PUEDE SER SUSTITUIDO POR LA EXPRESIÓN FINAL "PROTESTO LO NECESARIO" Y CUYA OMISIÓN PUEDE LLEVAR AL JUZGADOR DE AMPARO A TENER POR NO INTERPUESTA LA DEMANDA. Al señalar el artículo 116, fracción IV de la Ley de Amparo, como requisito en la demanda, el relativo a que el quejoso manifieste "bajo protesta de decir verdad" los hechos o abstenciones que le consten y que constituyen los antecedentes del acto reclamado o fundamento de los conceptos de violación, estableció, con este requisito legal, que no constituye una fórmula sacramental o solemne, la obligación a cargo del quejoso de manifestar que su relato de hechos lo hace con sujeción a la verdad. Ahora bien, la omisión de esa declaración, puede llevar al juzgador a tener por no interpuesta la demanda, en caso de que el solicitante del amparo no llene ese requisito cuando sea prevenido para ello, de conformidad con el artículo 146 de la Ley de Amparo. De igual forma, el hecho de que, aun habiendo realizado la protesta de decir verdad, el quejoso incurra en falsedad, lo hace acreedor a las sanciones privativas de libertad o pecuniarias, establecidas en el artículo 211 de la Ley de Amparo. De ahí que la frase "Protesto lo necesario", que aparece comúnmente al final de una demanda, como expresión de cortesía y que deja ver que el ocursante manifiesta a la autoridad sus respetos, atenciones y consideraciones no puede ser utilizada en sustitución de la protesta de decir verdad, establecido como requisito en la demanda de amparo, ya que ambas expresiones tienen contenidos y finalidades distintas". ****************************************Así como la tesis I.7o.A.100 K, visible en la página 990, tomo XXIII, Abril de 2006, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice:******************** ********************"DEMANDA DE GARANTÍAS. FORMA EN QUE DEBE CUMPLIRSE EL REQUISITO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 116, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE AMPARO, RESPECTO A LA EXPRESIÓN DE LOS HECHOS Y ABSTENCIONES QUE LE CONSTEN AL GOBERNADO Y QUE CONSTITUYAN ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO O FUNDAMENTO DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. Conforme al precepto legal aludido, la parte quejosa debe manifestar los hechos y abstenciones descritos con antelación; sin embargo, en la hipótesis de que no sea satisfecha dicha carga procesal, el Juez Federal debe requerir para que sea subsanada la irregularidad. Ahora bien, en el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española, página mil ciento noventa y dos, vigésima segunda edición, Editorial Espasa Calpe, Sociedad Anónima, dos mil uno, Madrid, España, se establecen distintas acepciones de la palabra "hecho", entre ellas, las siguientes: "hecho, cha. [...] 5. Cosa que sucede. 6. [...] Acción que se ha llevado a cabo, adelantándose a cualquier evento que pudiera dificultarla o impedirla [...]". Por su parte, en la página ciento sesenta y dos de la obra consultada, es definido el vocablo "antecedente" de diferentes maneras, entre las cuales destaca la que se reproduce a continuación: "[...] 2. m. Acción, dicho o circunstancia que sirve para comprender o valorar hechos posteriores.". De la misma manera, en la página veintiuno del diccionario mencionado se establecen los conceptos de la palabra "acción", entre otros, los que se transcriben enseguida: "[...] Ejercicio de la posibilidad de hacer. 2. Resultado de hacer". En la página catorce se define el vocablo "abstención" de la manera siguiente: "[...] Acción y efecto de abstenerse". En esas condiciones se concluye que para dar cumplimiento al requisito previsto en la fracción IV del artículo 116 de la Ley de Amparo, concerniente a la manifestación bajo protesta de decir verdad sobre los hechos o abstenciones que le constan al gobernado y que constituyen antecedentes del acto reclamado o fundamentos de los conceptos de violación, es necesario realizar una narración precisa de todos aquellos acontecimientos de carácter positivo o negativo ocurridos con antelación a los actos reclamados y que por su estrecha relación resultan relevantes para conocer la verdad legal al resolverse el juicio de garantías, incluyendo los aspectos que influyan en su procedencia por ser una cuestión de orden público conforme al último párrafo del artículo 73 de la citada ley". ****************************************Y la diversa jurisprudencia P./J. 13/2017 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Materia Común, Décima Época, publicada el dieciocho de agosto de dos mil diecisiete, en el Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto siguientes: ****************************************"VISTA AL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL. LOS JUZGADORES DE AMPARO DEBEN ORDENARLA ANTE EL CONOCIMIENTO DE ACTOS REALIZADOS DURANTE LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO CONSTITUCIONAL QUE PODRÍAN RESULTAR CONSTITUTIVOS DE ALGUNO DE LOS DELITOS ESPECIALES TIPIFICADOS EN EL ARTÍCULO 261 DE LA LEY DE LA MATERIA. Los artículos 15, 121, 209, 237, fracción III y 271 de la Ley de Amparo facultan a los órganos jurisdiccionales de amparo para que, con independencia de la intervención del Ministerio Público Federal como parte en los juicios de la materia, hagan del conocimiento de este último los hechos que podrían ser constitutivos de delitos; por otra parte, el artículo 222 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece la obligación ineludible de las autoridades en ejercicio de sus funciones públicas -y hasta de las partes que intervengan en el procesode denunciar y hacer del conocimiento de la representación social la probable existencia de un hecho que la ley señale como delito. De lo anterior se colige que los juzgadores de amparo deben dar vista al Ministerio Público Federal ante el conocimiento de actos realizados durante la tramitación del juicio constitucional que podrían resultar constitutivos de alguno de los delitos especiales previstos en el artículo 261 de la Ley de Amparo, a fin de que la representación social investigue de inmediato". ************************************************************Bajo apercibimiento que en caso de no cumplir con los requerimientos antes formulados en el plazo concedido, se acordará lo que en derecho corresponda. ****************************************SOLICITUD A HOMÓLOGOS FEDERALES.****************************************En otro contexto, de la certificación de cuenta, se advierte que ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, se tramita el juicio de amparo 965/2023, asimismo existe registro del diverso 745/2022, promovidos por Laura Gamiño Ortiz; por tanto se solicita al titular de dicho órgano jurisdiccional, de no tener inconveniente alguno remita copia certificada de la demanda de amparo y en su caso de la resolución de dicho sumario constitucional y/o realice la vinculación electrónica de los citados juicios de amparo, con el juicio en que se actúa.****************************************De igual manera, solicítese de manera atenta a la Titular del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, que de no tener inconveniente alguno remita copia certificada de la demanda de amparo y en su caso de la resolución de dicho sumario constitucional y/o realice la vinculación electrónica del juicio de amparo registrado bajo número 366/2021 de su índice, el cual fue promovido por ****************************************Por otro lado, se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el ubicado en la calle ********************, número ********************, Colonia ********************, en esta ciudad.****************************************Por otro lado, en términos de lo establecido por el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se invita a las partes a efecto de que, de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea, así como para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido se deberá registrar y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. ****************************************Desde este momento se autoriza a las partes el uso de cámaras fotográficas a fin de recabar y copiar de manera eficaz los acuerdos o resoluciones dictados en el presente asunto, de conformidad con la Circular 12/2009, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, a fin de obtener imágenes digitalizadas del contenido del presente expediente, mediante cualquier medio electrónico que así lo permita pero bajo las siguientes condiciones: cada vez que deseen fotografiar y/o usar cualquier otro medio electrónico para tomar notas de las constancias, deberán solicitarlo al Secretario, para que éste autorice ante su presencia la fotografía o escaneo, pero tales reproducciones sólo serán del contenido del auto o resolución sin firmas del Juez ni Secretario, por lo cual deberán dejar asentada razón del autorizado donde precisará que constancias tomó y el objeto por el cual lo hizo. ****************************************En el entendido de que dicha consulta no opera respecto de documentos reservados o confidenciales. ****************************************Apoya lo anterior, la tesis aislada número I.1o.A.23 K (10a.), del Tribunal Colegiado de Circuito, publicada en la página 1830, Libro 17, Abril de 2015, Tomo II, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto siguientes:****************************************"REPRODUCCIÓN DE CONSTANCIAS DEL EXPEDIENTE DE AMPARO. LAS PARTES Y SUS AUTORIZADOS PARA IMPONERSE DE LOS AUTOS, PUEDEN EMPLEAR CÁMARAS FOTOGRÁFICAS U OTROS MEDIOS ELECTRÓNICOS, SIN QUE DEBAN LIMITARSE A LOS PROVEÍDOS DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Durante la vigencia de la anterior Ley de Amparo, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, mediante la Circular 12/2009, comunicó a los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito que no existe inconveniente para permitir a las partes el empleo de medios digitales con la finalidad de imponerse "de los acuerdos" dictados en los expedientes de su interés, sin hacer referencia a la totalidad de los documentos que obren en autos. No obstante, la actual ley reglamentaria del juicio constitucional prevé el expediente electrónico como medio para la conservación de las constancias de los asuntos que se rigen bajo ese ordenamiento, como se desprende de su artículo 3o. Con motivo de esto último, las partes podrán consultar los expedientes mediante su firma electrónica y el sistema que se implemente para ello. En ese tenor, considerando que los quejosos, autoridades y terceros interesados tienen expedita la posibilidad de consultar los autos e, incluso, de solicitar copia de las constancias que obren en el expediente físico, no existe un motivo que justifique negarles su reproducción, a través de dispositivos electrónicos o sólo permitirlo tratándose de los proveídos del tribunal. En consecuencia, si se toma en cuenta que, por regla general, sólo pueden consultar el expediente las partes y el juzgador que conozca de un asunto que se encuentra subjúdice, además de los autorizados a quienes confían la defensa de sus intereses litigiosos, la reproducción a través de cámara fotográfica, escáner u otros dispositivos semejantes no sólo es permisible para dichas personas, sino que favorecería el ejercicio de sus derechos con mayor celeridad y sencillez, al no tener que esperar a que se provea favorablemente sobre la expedición de las copias que requieran". ****************************************Hágase del conocimiento de las partes en este asunto, que todas las resoluciones emitidas en este expediente, así como los datos que en las mismas se asienten, de conformidad con el considerando décimo quinto del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, son públicos y para su difusión no se requiere del consentimiento de ellas; sin embargo, en caso de existir oposición expresa por alguna de las partes, y de ser procedente la publicación se suprimirán los datos personales, salvo su nombre, y en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional. ****************************************Notifíquese personalmente.

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