José Serrano Venegas

Expediente 1045/2015 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 13 actuaciones registradas, la última del 5 de noviembre de 2015.

Datos del expediente

Expediente
1045/2015
Año
2015
Actuaciones
13
Última actuación
05/11/2015

Partes del expediente

  • José Serrano Venegas

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    En cinco de noviembre de dos mil quince, la licenciada María Soledad Torres Muguiro, Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, CERTIFICO: Que el término de diez días que prevé el artículo 86, de la Ley de Amparo vigente, transcurrió del veinte de octubre al tres de noviembre del año en curso, sin que se haya interpuesto recurso de revisión contra la sentencia dictada el nueve de octubre de dos mil quince, en el juicio de amparo 1045/2015.- DOY FE. En la misma fecha, la Secretaria licenciada María Soledad Torres Muguiro, doy cuenta al Juez con la certificación que antecede, así como con el estado que guardan los presentes autos.- CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a cinco de noviembre de dos mil quince. Visto el estado que guardan los presentes autos, y la certificación asentada por la Secretaria adscrita a este Juzgado, en el sentido de que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86, de la Ley de Amparo vigente, sin que se interpusiera recurso de revisión contra la sentencia dictada el nueve de octubre de dos mil quince, en la que se negó el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso JOSÉ SERRANO VENEGAS; en tal virtud, con fundamento en lo dispuesto por los numerales 356, fracción II, y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley Reglamentaria en consulta, se declara que dicha resolución HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales procedentes. En mérito de lo anterior, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 214 de la ley de la materia en consulta, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, y archívese el presente expediente como asunto concluido. Por otra parte, en su oportunidad y con fundamento en los puntos vigésimo, fracción III y vigésimo primero, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito, se determina que este expediente SÍ ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN, por haberse negado la protección constitucional solicitada, con excepción del escrito inicial de demanda (ampliación), de la sentencia emitida en autos, y en su caso, de la ejecutoria correspondiente, en razón de que este Juzgado considera que no revisten valor jurídico o histórico que amerite su conservación. Asimismo, de conformidad con lo previsto en el punto vigésimo primero, fracción III, primera parte, del citado Acuerdo General, se declara que ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN EL ORIGINAL DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN toda vez que se negó la suspensión definitiva de los actos reclamados; en consecuencia, agréguese este cuaderno al juicio de amparo en que se actúa. Por otra parte, el CUADERNO DUPLICADO DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN correspondiente al presente juicio de amparo ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, dado que no contiene valor jurídico o histórico por el cual deba conservarse; por tanto, guárdese por separado dicho cuaderno, para que una vez que transcurra el término de seis meses a que se refiere el citado punto vigésimo, se lleve a cabo su destrucción. En consecuencia, una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero del Acuerdo en cita, remítase este expediente por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes. Asimismo, en cumplimiento a lo dispuesto en el Punto Décimo Tercero del acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes. Finalmente, devuélvase a la autoridad responsable Primera Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas, el toca de apelación penal 91/2015, el juicio civil ordinario reivindicatorio 366/2010; promovido por Ma. de los Ángeles Serrano Flores, en su carácter de Albacea de la Sucesión Intestamentaria a Bienes de Plutarco Serrano Venegas; cuadernillo incidental de pago de gastos y costas relativo al juicio civil ordinario reivindicatorio 366/2010; testimonio formado con motivo del recurso de apelación en el expediente 472/2008, interpuesto en contra de la sentencia de treinta de septiembre de dos mil nueve; cuadernillo incidental de gastos y costas relativo al juicio civil ordinario reivindicatorio 366/2010; y, copia certificada del interdicto de recuperar la posesión relativa al expediente 472/2008, que en su oportunidad remitió en apoyo a su informe justificado. NOTIFÍQUESE POR OFICIO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES Y POR LISTA A LAS DEMÁS PARTES Así lo acordó y firma el licenciado Manuel Augusto Castro López, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, ante la licenciada María Soledad Torres Muguiro, Secretaria que autoriza y da fe. Ajc.

  2. Principal

    V I S T O S, para resolver, los autos del juicio de amparo 1045/2015; y, R E S U L T A N D O: 1°. Demanda de amparo. En escrito presentado el veintisiete de mayo de dos mil quince, en la Oficialía de Partes del Poder Judicial del Estado de Zacatecas, y remitida en su oportunidad al Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito con sede en esta ciudad, JOSÉ SERRANO VENEGAS por conducto de sus apoderados JUAN ANTONIO GONZÁLEZ LARA Y JOSÉ GILBERTO PELAYO CASTILLO, demandaron el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos de la Primera Sala de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas, que a continuación se precisan: "4. NORMA ACTO U OMISIÓN, QUE DE CADA AUTORIDAD SE RECLAMA. (Acto reclamado). De la Primera Sala Civil y de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia en el Estado que señalamos como autoridad responsable reclamamos la resolución dictada en fecha treinta de abril del año 2015, dentro del Toca de Apelación Civil número 91/2015 que modifica la resolución interlocutoria del incidente de liquidación de gastos y costas procesales emitida el catorce de enero de dos mil quince, por la Juez de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Mezquitera Norte, Juchipila, Zacatecas, misma que me fuera notificada al suscrito Lic. José Gilberto Pelayo Castillo de forma personal en fecha 07 de mayo en curso lo que se justifica con la cédula misma de notificaciones de tal resolución que constituye el acto reclamado. De la C. Juez de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Mezquitera Norte, Juchipila, Zacatecas, señalada también como autoridad responsable reclamamos la posible ejecución de la resolución ya referida dictada por la H. Primera Sala Civil y de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas dentro del Toca A.C. No. 91/2015. 2°. Trámite del juicio de amparo. La demanda de garantías de referencia se turnó para su conocimiento a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, por lo que su Titular dictó proveído el diecisiete de junio de dos mil quince, en que ordenó su registro bajo expediente 1045/2015, se pidió informe justificado a la autoridad señalada como responsable; se ordenó emplazar al tercero interesado; se dio intervención a la Agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción; y, fijó hora y día para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se desahogó al tenor del acta que antecede y que forma parte integral de la presente resolución. C O N S I D E R A N D O I. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, tiene competencia legal para fallar en definitiva en el presente juicio de garantías, de conformidad con los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo vigente; 48 y 54, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con el Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal por reclamarse actos dentro de la demarcación territorial en que este Juzgado Federal ejerce jurisdicción. II. Precisión y existencia del acto reclamado. II. 1. Precisión. Previo a analizar la certeza de los actos reclamados, debe precisarse cuáles son éstos, en términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo vigente. Para tal efecto se atenderá a los lineamientos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido en el sentido de analizar íntegramente la demanda y al observar con criterio amplio, no restrictivo para determinar la verdadera intención del promovente, sin cambiar su alcance y contenido, prescindiendo de los calificativos sobre inconstitucionalidad que realice, en términos de la jurisprudencia de los rubros "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." Y "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." En ese sentido, de una lectura íntegra del libelo constitucional y anexos que forman un todo, se advierte que los actos reclamados en la presente instancia constitucional, consisten en: La sentencia dictada el treinta de abril de mil quince, dentro del toca A.C. 91/2015 en la que se modifica la interlocutoria dictada dentro del incidente de liquidación de gastos y costas procesales dictada el catorce de enero de dos mil quince, por la Jueza de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de la Mezquitera Norte, Juchipila, Zacatecas. II. 2. Inexistencia, certeza o presunción de los actos reclamados. Una vez determinado cuál es el acto reclamado, por cuestión de técnica, a continuación se analizará la inexistencia o certeza del mismo, tal y como lo estableció una anterior integración del Máximo Tribunal de la Nación en la tesis del rubro "SENTENCIAS DE AMPARO. PRELACION LOGICA DE SUS CONSIDERANDOS." II. 2. 1. Certeza: Es cierto el acto reclamado a la autoridad responsable Primera Sala de lo Civil y de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas, con sede en esta ciudad, toda vez que así lo reconoció en su informe justificado. Resulta aplicable al caso, la jurisprudencia del rubro "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO." Además, su existencia se corrobora con el original del toca de apelación civil número 91/2015, en donde consta dicha resolución; Juicio Civil Ordinario Reivindicatorio número 366/2010, promovido por Ma. de los Angeles Serrano Flores como albacea de la sucesión intestamentaria a bienes de Prutarco Serrano Venegas contra José Serrano Venegas; cuadernillo incidental de pago de gastos y costas judiciales; y, testimonio formado con motivo del recurso de apelación interpuesto por José Serrano Venegas; documentales públicas a las que se les otorga valor probatorio pleno, en términos de lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según lo dispone el artículo 2° de esta última legislación. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 226 del rubro "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO." III. Procedencia del juicio de amparo. Una vez analizadas las actuaciones en este juicio de garantías, este Juez de Distrito no advierte la existencia de una causal de improcedencia. Al respecto, es aplicable, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del epígrafe "IMPROCEDENCIA.". En virtud de que no existe causa de improcedencia pendiente de atender, ni que este Juzgado advierta de oficio, procede analizar los conceptos de violación expuestos en la demanda de amparo. IV. Litis Constitucional. IV. 1. Conceptos de violación. Es innecesario transcribir los conceptos de violación, al no ser un requisito exigido por el artículo 74 de la Ley de Amparo vigente, conforme lo dispone la tesis cuyo rubro y texto son: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN EL JUEZ NO ESTÁ OBLIGADO A TRANSCRIBIRLOS.- El hecho de que el juez federal no transcriba en su fallo los conceptos de violación expresados en la demanda, no implica que haya infringido disposiciones de la Ley de Amparo, a la cual sujeta su actuación, pues no hay precepto legal alguno que establezca la obligación de llevar a cabo tal transcripción, además de que dicha omisión no deja en estado de indefensión al quejoso, dado que no se le priva de la oportunidad de recurrir la resolución y alegar lo que estime pertinente para demostrar en su caso, la ilegalidad de la misma". Ahora bien, en los conceptos de violación en su parte substancial se sostiene lo siguiente: a) Que la Jueza aplicó de manera incorrecta el artículo 327 del Código de Procedimientos Civiles de Zacatecas, que regula el actuar del Juzgador al tratarse de la valoración de la prueba pericial al extralimitarse, al enmendar y corregir unilateralmente el dictamen del perito tercero en discordia, posterior a su suscripción y presentación y tenerlo como válido. b) Que la Jueza vulnera en su perjuicio las garantías de fundamentación y motivación consagradas en el artículo 16 constitucional toda vez que con la deficiente interpretación y aplicación de una norma valida una actuación como lo es el dictamen pericial pues lo enmendó y modificó. c) Que la jueza de origen omitió la observancia y correcta aplicación de los artículos 3, 327 y 338 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Zacatecas, ya que fuera de toda atribución legal y pretextando la valoración de la prueba pericial enmendó y/o corrigió el dictamen pericial del tercero en discordia. V. Análisis de la constitucionalidad del acto reclamado. Los conceptos de violación expuestos por el quejoso son inoperantes. El acto reclamado por el quejoso consiste en la sentencia dictada el treinta de abril de mil quince, por la Primera Sala de lo Civil y de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas, dentro del toca A.C. 91/2015 en la que se modifica la interlocutoria dictada dentro del incidente de liquidación de gastos y costas procesales dictada el catorce de enero de dos mil quince, por la Jueza de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de la Mezquitera Norte, Juchipila, Zacatecas. Ahora bien, previo a exponer las razones que sustentan lo inoperante de los conceptos de violación, procede hacer una reseña de los antecedentes de los actos reclamados: 1) Ante el Juzgado de Primera Instancia y de lo Familiar de Juchipila, Zacatecas, se encuentra radicado el Juicio Civil Ordinario Reivindicatorio número 366/2010 promovido por Ma. de los Angeles Serrano Flores, en su carácter de albacea de la sucesión intestamentaria a bienes de Plutarco Serrano Venegas. 2) Seguido el procedimiento en sus etapas legales correspondientes el veintitrés de agosto de dos mil doce, se dictó sentencia en favor de la parte actora y se condenó al demandado, entre otras cosas al pago de gastos y costas (fojas 316 a 331 del expediente 366/2010). 3) Inconforme con esa resolución la parte demandada en el juicio natural promovió demanda de amparo directo el cual fue resuelto el veintisiete de junio de dos mil quince, en el cual se le negó el amparo y protección de la justicia federal (fojas 348 a 377 del expediente 366/2010). 4) El veinte de noviembre de dos mil catorce, la parte actora en el juicio natural promovió incidente de regulación de gastos y costas (fojas 1 a 6 del incidente de gastos y costas). 5) El catorce de enero de dos mil quince, se dictó resolución interlocutoria en la cual se condenó a la parte demandada al pago de pesos en favor de la actora (fojas 31 a 38 del incidente de gastos y costas). 6) Contra dicha resolución interlocutoria se interpuso recurso de apelación misma que fue resuelta el treinta de abril de dos mil quince, por la Primera Sala de lo Civil y de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas, en la cual se modificó la interlocutoria impugnada en los siguientes términos: a) Por cuanto hace a la aprobación de partida de costas procesales, toda vez que quedó demostrado que el licenciado Javier Guadiana Tello, acreditó ser licenciado en derecho es procedente el cobro de costas e infundado el agravio formulado por el apelante respecto a la necesidad de comprobantes con requisitos fiscales. b) En relación a la aprobación de las partidas 32 y 33 de la planilla de gastos, por las cantidades de $1,500.00 (Un mil quinientos pesos 00/100 moneda nacional) y $3,500.00 (Tres mil quinientos pesos 00/100 moneda nacional), al ser fundados los agravios se modificó y no se aprobó el numerario antes precisado (fojas 167 a 179 del toca civil 91/2015), esto es, no procedió el cobro de las erogaciones relacionadas con peritajes, por no presentarse facturas. El quejoso, en sus conceptos de violación fundamentalmente señala: I) Que la Jueza aplicó de manera incorrecta el artículo 327 del Código de Procedimientos Civiles de Zacatecas, que regula el actuar del Juzgador al tratarse de la valoración de la prueba pericial al extralimitarse, al enmendar y corregir unilateralmente el dictamen del perito tercero en discordia, posterior a su suscripción y presentación y tenerlo como válido. II) Que la Jueza vulnera en su perjuicio las garantías de fundamentación y motivación consagradas en el artículo 16 constitucional toda vez que con la deficiente interpretación y aplicación de una norma valida una actuación como lo es el dictamen pericial pues lo enmendó y modificó. III) Que la jueza de origen omitió en su observancia y correcta aplicación los artículos 3, 327 y 338 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Zacatecas, ya que fuera de toda atribución legal y pretextando la valoración de la prueba pericial enmendó y/o corrige el dictamen pericial del perito tercero en discordia. Se sostiene que los citados conceptos de violación son inoperantes, en razón de que el quejoso formula sus argumentos en relación a la determinación realizada por la Jueza de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Juchipila, Zacatecas, al emitir la interlocutoria de catorce de enero de dos mil quince, en la que aprobó las partidas 32 y 33 de la planilla de gastos, por las cantidades de $1,500.00 (Un mil quinientos pesos 00/100 moneda nacional) y $3,500.00 (Tres mil quinientos pesos 00/100 moneda nacional), -foja 72 vuelta del toca 91/2015-, sin embargo, esa resolución quedó sustituida por la emitida el treinta de abril de dos mil quince, por la Primera Sala Civil y de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas, en la que inclusive modificó la resolución recurrida y dichas partidas no fueron aprobadas por la Sala responsable. Además, los argumentos expuestos por el impetrante de garantías en sus conceptos de violación no fueron planteados como agravios al interponer el recurso de apelación respectivo, para que pudieran ser analizados en la resolución reclamada, resultando por ello argumentos novedosos. Lo anterior se afirma porque del escrito de agravios presentado por el impetrante de amparo ante la Sala responsable el dos de marzo de dos mil quince (fojas 154 a 157 del toca civil 91/2015), expuso como tales: a) Que la jueza de Primera Instancia y de lo Familiar de Juchipila, Zacatecas, en relación a las costas, en el inciso 1) aprobó la cantidad de $56,214.00 (cincuenta y seis mil doscientos catorce pesos) por concepto de pago por el estudio del negocio y escrito de demanda, lo cual fundamentó en la Ley del Arancel, pero que sin embargo, en ningún momento el profesionista licenciado Javier Guadiana Tello, exhibió el recibo correspondiente a la parte actora, con los requisitos fiscales como lo marca la ley para hacerse acreedora al pago correspondiente, gasto que ésta realizó en su debido tiempo, debiendo el profesionista entregar el recibo de pago, para que aquella pudiera justificar dicho pago realizado en el incidente respectivo, gasto el aprobado que le causa perjuicio porque no se reunieron los requisitos fiscales, pues es ilegal que cobre algo sin justificar el pago realizado. b) Que le causa perjuicio que se haya aprobado los gastos relativos al pago de peritajes por la cantidad de $1500.00 (un mil quinientos pesos 00/100 moneda nacional), toda vez que la actora solo allegó copia simple del billete 0057958 que ampara el depósito que se hizo por la citada cantidad, por concepto de pago de honorarios, que sin embargo, esa copia simple no suple el recibo de pago que debió entregar el perito a la parte actora con los requisitos fiscales como lo marca la ley. Que además, le causa perjuicio la aprobación realizada por la Jueza por la cantidad de $3,500.00 (Tres mil quinientos pesos 00/100 moneda nacional) por concepto de pago de honorarios del perito tercero en discordia apoyándose en una copia simple del billete 0009253 que ampara el depósito de la cantidad citada, que con ello la jueza no aplica exactamente el artículo 78, párrafo segundo, del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Zacatecas, pues dicha disposición es clara al señalar que el billete debe reunir los requisitos fiscales y no solo haber exhibido copia simple del billete. Que con lo anterior se aplicó erróneamente los artículos 78 y 88 del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado de Zacatecas. (el agravio identificado con el inciso b) fue declarado fundado por la Sala responsable y por ello se modificó la interlocutoria dictada por la Jueza natural). En este tenor, de la lectura de los agravios propuestos ante la Sala Civil y de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas, se desprende que efectivamente el hoy impetrante omitió hacer valer los argumentos que ahora expone en su demanda de amparo, lo que desde luego implica la introducción de elementos novedosos a la litis planteada en segunda instancia, además, de que como se ha señalado esos argumentos están dirigidos a la actuación de la Jueza de Primera Instancia y de lo Familiar de Juchipila, Zacatecas, resultando por ello claro que son inoperantes al ser ajenos a la materia litigiosa y, por ende, no tienen por objeto combatir los fundamentos y motivos establecidos en el acto que por esta vía se reclama, por lo que sus consideraciones continúan rigiendo su sentido. En ese contexto, se reitera que resultan inoperantes los motivos de agravio que se proponen en esta instancia y que fueron descritos con anterioridad, pues se insiste, constituyen un aspecto novedoso que no se propuso al momento interponer el recurso de apelación de mérito, y por tanto, la autoridad responsable no estuvo en aptitud de atenderlos y pronunciarse al respecto. De esta forma se pone de relieve que los motivos de inconformidad en mención no tienden a combatir los fundamentos y motivos establecidos en la determinación controvertida, sino que introducen una nueva cuestión que no fue abordada en la misma, por parte de la responsable razón por la que devienen inoperantes. Al respecto es de citar, por analogía, la tesis del rubro y texto siguientes: "AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON AQUELLOS QUE SE REFIEREN A CUESTIONES NO INVOCADAS EN LA DEMANDA Y QUE, POR ENDE, CONSTITUYEN ASPECTOS NOVEDOSOS EN LA REVISIÓN. En términos del artículo 88 de la Ley de Amparo, la parte a quien perjudica una sentencia tiene la carga procesal de demostrar su ilegalidad a través de los agravios correspondientes. En ese contexto, y atento al principio de estricto derecho previsto en el artículo 91, fracción I, de la ley mencionada, resultan inoperantes los agravios referidos a cuestiones no invocadas en la demanda de garantías, toda vez que al basarse en razones distintas a las originalmente señaladas, constituyen aspectos novedosos que no tienden a combatir los fundamentos y motivos establecidos en la sentencia recurrida, sino que introducen nuevas cuestiones que no fueron abordadas en el fallo combatido, de ahí que no exista propiamente agravio alguno que dé lugar a modificar o revocar la resolución recurrida." "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN EN EL AMPARO DIRECTO. INOPERANCIA DE LOS QUE INTRODUCEN CUESTIONAMIENTOS NOVEDOSOS QUE NO FUERON PLANTEADOS EN EL JUICIO NATURAL. Si en los conceptos de violación se formulan argumentos que no se plantearon ante la Sala Fiscal que dictó la sentencia que constituye el acto reclamado, los mismos son inoperantes, toda vez que resultaría injustificado examinar la constitucionalidad de la sentencia combatida a la luz de razonamientos que no conoció la autoridad responsable, pues como tales manifestaciones no formaron parte de la litis natural, la Sala no tuvo la oportunidad legal de analizarlas ni de pronunciarse sobre ellas." Del mismo modo, se tiene que, en los citados conceptos de violación que hace valer el ahora quejoso con los mismos en modo alguno controvierte las consideraciones torales que motivaron a la autoridad responsable para emitir el fallo del que ahora se duele, tales como: Que era inexacto lo señalado por los apelantes, toda vez que de la aplicación del párrafo segundo del artículo 78 del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado, se desprende que, "donde la ley no distingue no se debe distinguir". Agregó la Sala, que es claro que ese mandamiento legal no exige que el profesionista deba exhibir recibo por concepto de honorarios con requisitos fiscales para la procedencia del cobro de costas. Que al contrario, la exhibición del título de licenciado en derecho, debidamente expedido y registrado en el Tribunal Superior de Justicia del Estado, es el requisito exigible para la procedencia del cobro de costas. Requisito, que dijo la Sala responsable, se cumplió, dado que en el incidente de liquidación de gastos y costas procesales del juicio de origen, se exhibió copia certificada expedida por el licenciado Eulogio Quitarte Notario Público número Veintitrés con ejercicio en este Estado de Zacatecas, de una cédula profesional 112691 a nombre del licenciado Javier Guadiana Tello, expedida el once de febrero de mil novecientos ochenta y siete, por la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública. Documento que dijo la Sala, la juez de origen le reconoció carácter de público en términos del artículo 283, fracción V del Código Adjetivo Civil vigente, al no estar comprobada judicialmente su falta de autenticidad o inexactitud, documental que además, le fue otorgado valor probatorio de en términos del artículo 323, fracción IV, en relación con el 325, fracción II, de la legislación procesal vigente y determinó acreditado que Javier Guadiana Tello, contaba con la profesión de licenciado en derecho, requisito exigible para la procedencia del cobro de éstas (fojas 172 y 173 del toca civil 91/2015). De ahí que, se advierta que el quejoso deja de controvertir de forma eficaz las consideraciones torales que sustentan el fallo en cuestión, es decir, no controvierte que la responsable considera correcta la determinación de la jueza natural al tener por acreditado el carácter de licenciado en derecho del licenciado Javier Guadiana Tello, y que por ello es correcto el cobro de costas; para que este juzgador se encontrara en aptitud de determinar si le asiste la razón al peticionario de amparo. Esto es, el quejoso se limita a indicar que le causa perjuicio que la Jueza de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Juchipila, Zacatecas, aplicó inexactamente lo dispuesto por el artículo 327 del Código de Procedimientos Civiles de Zacatecas, que regula el actuar del Juzgador al tratarse de la valoración de la prueba pericial al extralimitarse la jueza al enmendar y corregir unilateralmente el dictamen del perito tercero en discordia, posterior a su suscripción y presentación y tenerlo como válido; que existe una deficiente interpretación y aplicación de una norma con lo cual se valida una actuación; y, que la jueza de origen omitió en su observancia y correcta aplicación de los artículos 3, 327 y 338 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Zacatecas, ya que fuera de toda atribución legal y pretextando la valoración de la prueba pericial enmendó y/o corrige el dictamen pericial del tercero en discordia; pero no cuestiona que la responsable sostenga que quedó demostrado el carácter de licenciado en derecho de Javier Guadiana Tello y con ello procedente el cobro de costas. Lo anterior es así, para lo cual es importante tener presente que la parte a quien perjudica una resolución determinada tiene la carga procesal de demostrar su ilegalidad a través de los conceptos de violación correspondientes, lo que se cumple cuando los argumentos expresados se encaminan a combatir las consideraciones en que se sustenta dicha determinación con los que se justifique su transgresión, tomando en cuenta que las decisiones jurisdiccionales están investidas de una presunción de validez que debe ser destruida por la parte a quien le perjudique; aspecto que no sucedió en la especie. Así se tiene que los argumentos que se expresen como conceptos de violación en la demanda de amparo deben, invariablemente, estar dirigidos a descalificar y evidenciar la ilegalidad de las consideraciones en que se sustenta la autoridad responsable en la emisión del acto reclamado, de lo contrario, las manifestaciones que se viertan no podrán ser analizadas por el Juez de Distrito, resultando por ende, inoperantes. De tal suerte, que lo anterior implica la imposibilidad de ocuparse de las afirmaciones que realiza en esta instancia constitucional el quejoso, máxime que alega en relación a lo actuado por la jueza natural sin que en la especie opere, la figura de la suplencia de la queja en términos de lo establecido en el artículo 79 de la Ley de Amparo. Apoya lo anterior, en lo conducente, la tesis del rubro y texto siguientes: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES, SI SE CONCRETAN A REPETIR LOS AGRAVIOS Y NO ATACAN LAS CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS DEL FALLO. Si en los conceptos de violación el quejoso se concreta a repetir en esencia los agravios expresados en la apelación, y omite atacar las consideraciones y fundamentos que sirvieron a la Sala responsable para confirmar el fallo de primera instancia, dichos conceptos de violación resultan inoperantes." Sin que obste a lo concluido que baste expresar la causa de pedir para que sea procedente el análisis de la cuestión controvertida y de esta manera se obtenga la protección de la Justicia de la Unión pretendida, pues ello en modo alguno implica que la parte quejosa se limite a hacer meras afirmaciones carentes de sustento o fundamento, porque es precisamente a dicha parte procesal a quien corresponde exponer razonadamente el por qué estima inconstitucional o ilegal la resolución que reclama. Aplica al caso la tesis del rubro y texto siguientes: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. RESULTAN INOPERANTES POR INSUFICIENTES SI NO ATACAN TODOS LOS ARGUMENTOS QUE SUSTENTAN EL SENTIDO DE LA SENTENCIA COMBATIDA. Resultan inoperantes los conceptos de violación expuestos en la demanda de amparo directo que no controvierten todas las consideraciones y fundamentos torales del fallo reclamado, cuando, por sí solos, pueden sustentar el sentido de aquél, por lo que al no haberse controvertido y, por ende, no demostrarse su ilegalidad, éstos continúan rigiendo el sentido de la resolución combatida en el juicio constitucional. De ahí que los conceptos de violación resulten inoperantes por insuficientes, pues aun de resultar fundados no podrían conducir a conceder la protección constitucional solicitada." También es aplicable al caso, la tesis de la voz y texto siguientes: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. AUN CUANDO PARA LA PROCEDENCIA DE SU ESTUDIO BASTA CON EXPRESAR LA CAUSA DE PEDIR, ELLO NO IMPLICA QUE LOS QUEJOSOS O RECURRENTES SE LIMITEN A REALIZAR MERAS AFIRMACIONES SIN FUNDAMENTO. El hecho de que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya establecido en su jurisprudencia que para que proceda el estudio de los conceptos de violación o de los agravios, basta con que en ellos se exprese la causa de pedir, obedece a la necesidad de precisar que aquéllos no necesariamente deben plantearse a manera de silogismo jurídico, o bien, bajo cierta redacción sacramental, pero ello de manera alguna implica que los quejosos o recurrentes se limiten a realizar meras afirmaciones sin sustento o fundamento, pues es obvio que a ellos corresponde (salvo en los supuestos legales de suplencia de la queja) exponer razonadamente el porqué estiman inconstitucionales o ilegales los actos que reclaman o recurren. Lo anterior se corrobora con el criterio sustentado por este Alto Tribunal en el sentido de que resultan inoperantes aquellos argumentos que no atacan los fundamentos del acto o resolución que con ellos pretende combatirse." En ese tenor, al resultar inoperantes los conceptos de violación propuestos por el quejoso lo procedente es negar y se niega la protección constitucional que se solicita, sin que haya lugar, como ya se explicó, a suplir la deficiencia de la queja en términos de lo establecido en el artículo 79 de la Ley de Amparo. La negativa del amparo debe hacerse extensiva respecto de la autoridad responsable Juez de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Juchipila, Zacatecas al no haberse reclamado por vicios propios el acto de ejecución que se le atribuye. Lo anterior, acorde con la tesis siguiente: "AUTORIDADES EJECUTORAS. Si no aparece que la autoridad que ordenó el acto, ha violado con él garantías individuales, lo mismo debe afirmarse respecto de las autoridades que son meras ejecutoras, si de esta autoridad no se combaten actos por vicios propios." Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76 y 217, de la Ley de Amparo vigente, se resuelve: ÚNICO. LA JUSTICIA DE LA UNIÓN NO AMPARA NI PROTEGE a JOSÉ SERRANO VENEGAS por conducto de sus apoderados JUAN ANTONIO GONZÁLEZ LARA Y JOSÉ GILBERTO PELAYO CASTILLO, contra los actos que reclama de la autoridad responsable precisada en el resultando primero de esta sentencia en términos de los razonamientos expuestos en el último considerando. NOTIFIQUESE PERSONALMENTE A LAS PARTES Y POR OFICIO A LA AUTORIDAD RESPONSABLE. Así lo resolvió y firma el licenciado MANUEL AUGUSTO CASTRO LÓPEZ, Juez Primero de Distrito en el Estado, quien actúa con Secretario que autoriza, licenciado Juan García Trejo, hasta hoy nueve de octubre de dos mil quince, en que lo permitieron las labores del juzgado- DOY FE. sise

  3. Principal

    SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA Y TERCERO INTERESADA, LA RESOLUCIÓN DE NUEVE DE OCTUBRE DE DOS MIL QUINCE, LO ANTERIOR, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO POR EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO b) DE LA LEY DE AMPARO: "ÚNICO. LA JUSTICIA DE LA UNIÓN NO AMPARA NI PROTEGE a JOSÉ SERRANO VENEGAS por conducto de sus apoderados JUAN ANTONIO GONZÁLEZ LARA Y JOSÉ GILBERTO PELAYO CASTILLO, contra los actos que reclama de la autoridad responsable precisada en el resultando primero de esta sentencia en términos de los razonamientos expuestos en el último considerando."

  4. Incidental

    AUDIENCIA INCIDENTAL. En la ciudad de Zacatecas, Zacatecas, a las DIEZ HORAS CON CINCO MINUTOS DEL QUINCE DE JULIO DE DOS MIL QUINCE, día y hora señalados para la celebración de la audiencia incidental relacionada con el juicio de amparo 1045/2015 el licenciado Manuel Augusto Castro López, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, quien actúa con el Secretario, licenciado José de Jesús Martínez Torres, Secretario que autoriza y da fe, encontrándose en audiencia pública, con fundamento en el artículo 144 de la Ley de Amparo, la declaró abierta, sin contar con la asistencia de las partes. Enseguida, el Secretario da cuenta con un oficio con registro 14066, signados por la Agente del Ministerio Público de la Federación, adscrita a este Tribunal Federal. A continuación, el Secretario procede a relacionar las constancias que integran el presente incidente de suspensión entre las que destaca la copia de la demanda de garantías promovida por José Serrano Venegas por conducto de sus apoderados legales Juan Antonio González Lara y José Gilberto Pelayo Castillo y el informe previo rendido por la autoridad responsable Juez de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Juchipila, Zacatecas. A lo anterior, el Juez acuerda: Téngase por hecha la relación de constancias que precede y por rendido el informe previo de la autoridad responsable antes citada, de conformidad con el artículo 140 de la Ley de Amparo vigente; asimismo, en atención al contenido del pedimento signado por la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Tribunal Federal, con fundamento en el numeral 278, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, expídanse a su costa las copias simples que refiere, mismas que les serán entregadas previa identificación y toma de razón que por su recibo se asiente en autos. Acto continuo, se abre el período probatorio, en el que se hace constar que ninguna de las partes ofreció medio de convicción alguno, motivo por el cual, se cierra tal período. En el período de alegatos, el Secretario da por reproducidos los formulados por la Agente del Ministerio Público Federal adscrita, en su pedimento 340/2015, con el que se ha dado cuenta en líneas que anteceden; por tanto, al no existir actuaciones pendientes por desahogar, lo procedente es dictar la siguiente resolución: VISTOS para resolver los autos del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 1045/2015; y, R E S U L T A N D O 1. José Serrano Venegas por conducto de sus apoderados legales Juan Antonio González Lara y José Gilberto Pelayo Castillo promovió juicio de amparo en el que solicitó la suspensión provisional y definitiva del acto reclamado al Juez de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Juchipila, Zacatecas y otra autoridad. 2. Por auto de diecisiete de junio de dos mil quince, se dio trámite a este incidente, en el que se negó la suspensión provisional solicitada, se requirió a las autoridades responsables su informe previo; se notificó a la Agente del Ministerio Público Federal adscrita; posteriormente, se citó a las partes a la audiencia incidental para que tuviera verificativo en esta misma fecha, la cual se celebró en los términos del acta que antecede y que forma parte integral de la presente resolución. 3. Mediante Interlocutoria de veinticuatro de junio de dos mil quince, se resolvió el presente incidente de suspensión en lo que respecta a diversa autoridad, por lo que en la presente interlocutoria únicamente se procederá a resolver lo conducente respecto a la autoridad responsable Juez de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Juchipila, Zacatecas. C O N S I D E R A N D O: I. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas es legalmente competente para resolver el presente incidente de suspensión, por tener competencia legal para conocer del juicio de garantías del cual deriva esta incidencia, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, fracción I, 35, 125, 128, 144 y demás relativos de la Ley de Amparo vigente; y 53, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. II. Por razón de técnica jurídica y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, aplicado por analogía, el cual señala que las sentencias que se dicten en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados que se obtengan del estudio y análisis conjunto de la demanda de garantías, atendiendo a la tesis de jurisprudencia P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 32, Tomo XI, Abril de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es: "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS". Bajo esa tesitura, es dable precisar, que el acto reclamado sustancialmente consiste en la resolución dictada el treinta de abril de dos mil quince, dentro del toca de apelación civil 91/2015, que modifica la resolución interlocutoria del incidente de liquidación de gastos y costas procesales emitida el catorce de enero de dos mil quince, por la Juez de Primera instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial Mezquitera Norte, Juchipila, Zacatecas. III. La autoridad responsable Juez de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Juchipila, Zacatecas, al rendir su informe previo, aceptó la existencia del acto que le reclama el quejoso. IV. No obstante que la autoridad responsable aceptó como cierto el acto que le reclama el impetrante de garantías, en el caso resulta improcedente conceder la suspensión definitiva, en razón de que como se ha establecido con antelación, la parte quejosa señala como acto reclamado la resolución dictada el treinta de abril de dos mil quince, dentro del toca de apelación civil 91/2015; toda vez que la citada resolución al ya haberse emitido, constituye un acto que se consumó desde el momento mismo en que se pronunció; por tanto, no procede otorgar la suspensión definitiva que solicita, pues ello equivaldría a darle efectos restitutorios, los cuales en su caso, son propios de la sentencia que se pronuncie en el expediente principal del que deriva esta incidencia. Lo anterior encuentra apoyo en la Jurisprudencia número 12, consultable en la página 13, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación de 1917 a 2000, del contenido siguiente: "ACTOS CONSUMADOS. SUSPENSIÓN IMPROCEDENTE.- Contra los actos consumados es improcedente conceder la suspensión, pues equivaldría a darse efectos restitutorios, los cuales son propios de la sentencia definitiva que en el amparo se pronuncie.". Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 138, fracción III, 140 y 217 de la Ley de Amparo vigente, se R E S U E L V E: ÚNICO. SE NIEGA A José Serrano Venegas la suspensión definitiva contra el acto que reclama a la autoridad responsable Juez de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Juchipila, Zacatecas, por los motivos precisados en el considerando IV de esta interlocutoria. NOTIFÍQUESE MEDIANTE OFICIO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES Y POR LISTA A LAS DEMÁS PARTES. Así lo resolvió y firma el licenciado Manuel Augusto Castro López, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, quien actúa ante el licenciado José de Jesús Martínez Torres, Secretario que autoriza y da fe.

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