José Trinidad Reynoso Serafin

Expediente 610/2016 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 3 actuaciones registradas, la última del 23 de mayo de 2016.

Datos del expediente

Expediente
610/2016
Año
2016
Actuaciones
3
Última actuación
23/05/2016

Partes del expediente

  • José Trinidad Reynoso Serafin

Actuaciones

  1. Principal

    En la ciudad de Zacatecas, Zacatecas, a veintitrés de mayo de dos mil dieciséis, el Secretario licenciado José de Jesús Martínez Torres, doy cuenta al Secretario en funciones de Juez con el oficio registrado con el folio 9835, con anexo. CONSTE Zacatecas, Zacatecas, a veintitrés de mayo de dos mil dieciséis. Agréguese a los autos para que obre como corresponda y surta los efectos legales el oficio de cuenta, suscrito por la Secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en la ciudad de León, mediante el cual devuelve debidamente diligenciado el exhorto 347/2016 (origen 153/2016), que se le envió a fin de que en auxilio de las labores de este Juzgado notificara al quejoso José Trinidad Reynoso Serafín el auto de veinticinco de abril de dos mil dieciséis lo que se llevó a cabo según el acta de notificación de once de mayo de dos mil dieciséis. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y acúsese el recibo de estilo. NOTIFÍQUESE. Así lo acordó y firma el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario en funciones de Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, designado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el veintisiete de abril de dos mil dieciséis, comunicada mediante oficio SEPLE./GEN./004/3450/2016, firmado por el licenciado Gonzalo Moctezuma Barragán, Secretario Ejecutivo del Pleno de dicho consejo, ante el licenciado José de Jesús Martínez Torres, Secretario que autoriza y da fe.

  2. Principal

    En dieciséis de mayo de dos mil dieciséis, el Secretario licenciado José de Jesús Martínez Torres, doy cuenta al Secretario en funciones de Juez con un oficio con registro 9368. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a dieciséis de mayo de dos mil dieciséis. Agréguese a sus autos para que obre como corresponda y surta los efectos legales a que haya lugar el oficio que remite la Secretaria del Juzgado Décimo Primero de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en León, mediante el cual acusa recibo del comunicado 20808/2016 del índice de este Juzgado; asimismo, informa que aceptó la competencia planteada por este Juzgado, para conocer de la demanda de garantías promovida por JOSÉ TRINIDAD REYNOSO SERAFÍN. En atención a lo anterior, y al no existir diligencia alguna por desahogar, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 214, de la Ley de Amparo vigente, se ordena el archivo definitivo del cuaderno de antecedentes en que se actúa, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno. Asimismo, se determina que el presente cuaderno auxiliar es susceptible de DESTRUCCIÓN, conforme a lo dispuesto en la fracción I, del punto vigésimo del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito y Tribunales Colegiados de Circuito; por lo que una vez que transcurra el término de seis meses a que el citado punto vigésimo se refiere, se realicen las gestiones necesarias para su destrucción. Finalmente, en cumplimiento a lo dispuesto en el punto décimo tercero del Acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el Acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes. NOTIFÍQUESE POR MEDIO DE LISTA. Así lo acordó y firma el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario en funciones de Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, designado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el veintisiete de abril de dos mil dieciséis, comunicada mediante oficio SEPLE./GEN./004/3450/2016, firmado por el licenciado Gonzalo Moctezuma Barragán, Secretario Ejecutivo del Pleno de dicho consejo, ante el licenciado José de Jesús Martínez Torres, Secretario que autoriza y da fe. Luis.

  3. Principal

    En veinticinco de abril de dos mil dieciséis, el Secretario licenciado José de Jesús Martínez Torres, doy cuenta al Secretario encargado del despacho del Juzgado con la demanda de amparo registrada con el número 8140. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a veinticinco de abril de dos mil dieciséis. Vista la demanda de amparo presentada por vía electrónica de conformidad con el acuerdo general conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo y artículo 3 de la citada normatividad, promovida por José Trinidad Reynoso Serafín, contra actos del Juez Segundo de Distrito del Estado de Zacatecas, con residencia en esta ciudad. Acúsese recibo de estilo; fórmese y regístrese el expediente en el libro de gobierno bajo el número 610/2016-3; y en atención a su contenido, se acuerda: Del análisis integral de la demanda de garantías, se advierte que este Juzgado de Distrito carece de competencia legal para conocer de la misma, de acuerdo con las consideraciones siguientes: En esencia, la competencia legal en el ámbito judicial, es la facultad que la ley otorga a un órgano de esa naturaleza para que conozca determinados asuntos, dentro de los límites que la propia norma determina. De ahí la regla de competencia relativa a que si la ley no faculta al órgano jurisdiccional, éste no puede intervenir legalmente en un asunto determinado. El tratadista Carlos Arellano García, afirma que es la aptitud que tiene el juzgador para intervenir con la debida incumbencia en el desempeño de la función jurisdiccional. En el ámbito gramatical, es la facultad legal que tiene un órgano del Estado para ejercitar derechos y cumplir obligaciones. Respecto al órgano jurisdiccional, en el proceso, la competencia aludirá a la aptitud legal que tiene un órgano del Estado para ejercitar derechos y cumplir obligaciones referidos al desempeño de la función jurisdiccional ante el caso concreto controvertido en el que se ha tomado injerencia. A su vez, Escriche Joaquín, indica que es la controversia o disputa que se suscita entre dos o más jueces o tribunales sobre cuál de ellos, es el que debe conocer de cierta causa o negocio. Agrega que la palabra competencia, no sólo aplica al derecho de juzgar un negocio contencioso, sino también a la contienda de dos jueces sobre este derecho. De lo anterior se obtiene que las cuestiones de competencia se rigen por el derecho público que reglamenta el orden general del Estado en sus relaciones con los gobernados y los demás estados, de modo que si se presenta entre autoridades judiciales no debe existir tardanza en establecer a qué juzgador corresponde el conocimiento de determinado asunto. Asimismo, debe distinguirse entre competencia y jurisdicción. La primera precisa los límites a que se sujeta un órgano que tiene jurisdicción, siguiéndose de ello que todo Juez tiene competencia cuando se le concede jurisdicción, pero no todo Juez que tiene jurisdicción tiene competencia para conocer todo tipo de asuntos, sino sólo respecto de los que además tenga competencia. Tiene jurisdicción porque puede decir el derecho, pero únicamente tiene competencia para decidirlo en los casos específicos para los que la ley lo autoriza, pero no para otros, pues esto excedería los límites dentro de los que se le permite actuar. Por ello, se afirma justificadamente que la competencia es la medida de la jurisdicción. Estos principios, doctrinalmente aceptados y recogidos en las leyes procesales, son importantes para solucionar el presente conflicto competencial. De acuerdo a lo estatuido por La Ley de Amparo vigente, se prevén diversos tipos de competencia: a) Competencia por vía; b) Competencia por territorio; c) Competencia por materia; d) Competencia por grado; e) Competencia auxiliar; y, f) Competencia por turno. De esos factores que delimitan la competencia de los Tribunales de la Federación, interesa destacar el referente a la competencia por territorio, que atañe al caso concreto que se plantea. Por dicha competencia legal debe entenderse como el espacio geográfico específico en donde los juzgadores ejercen su función jurisdiccional, esto es, resolver las cuestiones litigiosas sometidas a su conocimiento de acuerdo a determinado límite geográfico al que se encuentran circunscritos. Así, la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene competencia en todo el territorio nacional, en razón de que las normas jurídicas vigentes no le fijan límites territoriales a su jurisdicción. En cambio, los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito, así como los Juzgados de Distrito, solamente tienen competencia para actuar dentro de una determinada circunscripción territorial, en la actualidad, ha estado delimitada por diversos acuerdos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Al respecto, debe indicarse que el artículo 37 de la Ley de Amparo vigente, establece tres reglas para fijar la competencia de los Jueces de Distrito en los asuntos cuyo conocimiento les corresponda: 1) será competente el Juez de Distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; 2) cuando el acto puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda; y; 3) cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. En ese sentido, de la lectura integral del libelo constitucional, se advierte que el acto reclamado se hizo consistir en: "IV.- ACTO RECLAMADO: LA NEGATIVA DE ACTUALIZAR EN LA VÍA INCIDENTAL PLANTEADA, LA SANCION QUE LEGALMENTE CORRESPONDE POR EL DELITO DE CONTRA LA SALUD, EN LA MODALIDAD DE TRANSPORTE DE CANNABIS SATIVA L O MARIHUANA EN GRADO DE TENTATIVA AL NO EXISTIR MODIFICATIVAS QUE AGRAVEN EL DELITO". Conforme a lo anterior; así como al análisis integral de la demanda de amparo que se plantea, se obtiene que el acto reclamado consiste en la resolución dictada por el Juez Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas, el catorce de enero del año en curso, en la que consideró improcedente la solicitud de actualización de la pena que le fue puesta en la causa penal 104/2011-IV,por su responsabilidad penal en la comisión el delito contra la salud en la modalidad de transporte de marihuana en grado de tentativa; petición que hizo valer a través de un incidente no especificado. Ahora bien, en la demanda de amparo refiere el garante estar recluido en el Centro Federal de Readaptación Social Número 12 C.P.S., el cual se ubica en Ocampo, Guanajuato; y atendiendo a que en la especie reclama la determinación en la que se le negó la solicitud de actualización de la pena de prisión que le fue impuesta, por ello es que se considera que conforme a la primera regla de competencia citada, dicho acto se seguirá ejecutando en el lugar donde el promovente del amparo está recluido y, por ende, la competencia legal para conocer del juicio de amparo corresponde al órgano de control constitucional en cuya jurisdicción se ubica ese centro penitenciario; y que en el caso concreto resulta ser un Juez de Distrito con residencia en la Ciudad de León, Guanajuato. En apoyo a lo determinado, se invoca la tesis aislada I.7o.P.65 P, sustentada por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, localizada en la página 781, tomo XXI, materia penal, junio de 2005, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del tenor literal siguiente: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA LA OMISIÓN DE LA RESPONSABLE DE RESPONDER A LA SOLICITUD DEL REO DE OBTENER UN BENEFICIO EN RELACIÓN CON SU LIBERTAD PERSONAL. CORRESPONDE AL JUEZ EN CUYA JURISDICCIÓN SE ENCUENTRA RECLUIDO. La omisión de la autoridad responsable de responder a la solicitud del sentenciado de obtener el beneficio en relación con su libertad personal, es un acto de inactividad que por regla general no trae aparejada ejecución material alguna; sin embargo, tal inactividad ocasiona que el reo continúe privado de su libertad personal en el lugar de su reclusión, lo que se traduce en un efecto positivo, y por ende, en un acto de ejecución material para los fines del juicio de amparo; por tanto, al continuar la situación de privación de libertad del individuo, dicho acto se seguirá ejecutando donde se encuentra recluido y, por lo mismo, es competente para conocer del juicio de garantías un Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ubique el domicilio del centro penitenciario, de conformidad con el primer párrafo del artículo 36 de la Ley de Amparo." De igual manera, es aplicable por identidad de razones, la tesis jurisprudencial por contradicción de tesis 1a./J.48/2005, emitida por la Primera Sala del Alto Tribunal, ubicada en la página 5, tomo XXI, materia penal, junio de 2005, Novena Época del Semanario judicial de la Federación y su Gaceta, del siguiente título y texto: "COMPETENCIA EN AMPARO. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN ESTÉ RECLUIDO EL QUEJOSO, EN EL MOMENTO EN QUE SE LE NIEGUE O NO SE DÉ TRÁMITE A SU SOLICITUD DE OTORGAMIENTO RESPECTO DE ALGUNO DE LOS BENEFICIOS PARA SUSPENDER LA EJECUCIÓN DE LA PENA DE PRISIÓN. Del artículo 36 de la Ley de Amparo se advierten tres reglas para fijar la competencia de los Jueces de Distrito, a saber: a) será competente el del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; b) cuando el acto haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, será competente cualquiera de los Jueces de esas jurisdicciones, a prevención; y, c) cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese dictado la resolución reclamada. Ahora bien, si se toma en cuenta que el reo está privado de su libertad en el momento en el que solicita la concesión de alguno de los beneficios previstos en la ley para suspender la ejecución de la pena de prisión, es indudable que conforme a la primera regla de competencia citada, dicho acto se seguirá ejecutando en el lugar donde aquél esté recluido y, por ende, cuando se niegue el beneficio o no se dé trámite a la solicitud indicada, resulta competente para conocer del juicio de garantías relativo el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ubique el centro penitenciario. Por las consideraciones expuestas, con fundamento en el artículo 48 de la Ley de Amparo vigente, este Juzgado declina la competencia para que conozca de la demanda de garantías promovida por José Trinidad Reynoso Serafín al Juez de Distrito el Estado de Guanajuato, con residencia en la ciudad de León, en turno, para que resuelva acerca de la competencia planteada, acompañándole el original del expediente. Fórmese cuaderno de antecedentes y regístrese en el libro de gobierno. Por último, atendiendo a que el quejoso se encuentra recluido en el Centro Federal de Readaptación Social Número 12 C.P.S., ubicado en Ocampo, Guanajuato; el cual se encuentra fuera de la sede de este Juzgado de Distrito; por tanto, con fundamento en lo previsto por el artículo 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, de acuerdo con el numeral 2º de la Ley de Amparo, gírese atento exhorto al Juez de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en la Ciudad de León, en turno, para que en auxilio de las labores de este Juzgado, comisione a quien corresponda, a fin de que le notifique la presente determinación al quejoso José Trinidad Reynoso Serafín; asimismo, lo requiera para que dentro del término de tres días siguientes a su legal notificación, señale domicilio en esta ciudad de Zacatecas, para oír y recibir notificaciones; con el apercibimiento que de no hacerlo en el plazo indicado, las posteriores, aun las de carácter personal, se le practicarán por medio de lista de conformidad con lo previsto por el numeral 29 de la ley de la materia en consulta. NOTIFIQUESE PERSONALMENTE AL QUEJOSO EN EL LUGAR DE SU RECLUSIÓN Y POR LISTA A LAS DEMÁS PARTES. Así lo acordó y firma el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, encargado del despacho por licencia de la titular, conforme a lo establecido en el artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ante el licenciado José de Jesús Martínez Torres, Secretario que autoriza y da fe. L/J/J/M/T Luis.

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