José Santos Becerra Flores
Expediente 579/2016 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 5 actuaciones registradas, la última del 20 de mayo de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 579/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 20/05/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- José Santos Becerra Flores
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
El Secretario CERTIFICA: Que el término que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo para que las partes legitimadas interpusieran recurso de revisión ya transcurrió, sin que a la fecha se haya recibido recurso alguno; asimismo: Que tras una revisión del expediente en que se actúa, no se advierte que se haya exhibido documento con las características que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. De igual forma, se hace constar que no se aperturó incidente de suspensión de los actos reclamados; asimismo, que no se exhibió billete de depósito, garantía o fianza sobre los cuales se tenga que proveer su destino. Que no existen tomos de prueba o diversas constancias por devolver. Lo que se hace constar para los efectos legales a que haya lugar. Zacatecas, Zacatecas, veinte de mayo de dos mil dieciséis. Doy fe. En la misma fecha, el Secretario licenciado Faustino Rodríguez Flores, da cuenta al Secretario en funciones de Juez del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, con residencia en la ciudad del mismo nombre, con la certificación que antecede. Conste. El Secretario. Lic. Faustino Rodríguez Flores. Zacatecas, Zacatecas, veinte de mayo de dos mil dieciséis. Vista la certificación que antecede, de la cual se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de revisión contra la resolución por la que se decretó el sobreseimiento del presente juicio de amparo fuera de audiencia constitucional; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que la misma ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo. En razón de que dicha resolución no requiere de ejecución material, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, así como en lo establecido en el punto décimo, fracción I, del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, archívese el presente asunto como totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción de conformidad con el punto segundo, fracción XVI, y vigésimo primero, fracción II, del propio acuerdo; además porque el presente asunto no tiene relevancia documental; destrucción que ocurrirá después de haber transcurrido el plazo de cinco años a que se hace mención en dicho punto. Hágase la anotación en la carátula. OTRAS CONSIDERACIONES. Sin que en el caso, alguna de las partes haya allegado al cuaderno principal, algún documento que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que por sus características amerite ser devuelto. De igual manera se hace la aclaración que en el juicio de amparo en el que se actúa, no se aperturó incidente de suspensión de los actos reclamados, ni se exhibió billete o alguna otra garantía que amerite su devolución o proveer sobre su destino. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario de Juzgado, en funciones de Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, designado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el veintisiete de abril de dos mil dieciséis, comunicada mediante oficio SEPLE./GEN./004/3450/2016, firmado por el licenciado Gonzalo Moctezuma Barragán, Secretario Ejecutivo del Pleno de dicho consejo, ante el licenciado Faustino Rodríguez Flores, Secretario que autoriza y da fe.
- Principal
En seis de mayo de dos mil dieciséis, el Secretario licenciado Jesús Juan Carlos Rosales Cervantes, da cuenta al Secretario en funciones de Juez del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, con residencia en la ciudad del mismo nombre, con un oficio, y una diversa misiva, con número de registro 8965. Conste. Zacatecas, Zacatecas, seis de mayo de dos mil dieciséis. Téngase por recibido el oficio y anexo de cuenta que remite el Secretario de Gobierno Municipal de Guadalupe, Zacatecas, a través del cual refiere, que por un error del personal del departamento de oficialía de partes adscrito a dicha Secretaría, se recibió un oficio dirigido al Ayuntamiento del Municipio de Zacatecas, lo que informa para los efectos legales conducentes. En ese sentido, este Juzgado federal acuerda reexpedir el oficio 22061-7 (DX) dirigido al Ayuntamiento del Municipio de Zacatecas, a efecto de que a través del personal de la actuaría de este órgano constitucional sea entregado a la autoridad mencionada, con la finalidad de que quedé legalmente notificada del proveído de dos de mayo de la anualidad que transcurre. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario de Juzgado, en funciones de Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, designado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el veintisiete de abril de dos mil dieciséis, comunicada mediante oficio SEPLE./GEN./004/3450/2016, firmado por el licenciado Gonzalo Moctezuma Barragán, Secretario Ejecutivo del Pleno de dicho consejo, ante el licenciado Jesús Juan Carlos Rosales Cervantes, Secretario que autoriza y da fe. DEY
- Principal
En dos de mayo de dos mil dieciséis, el Secretario licenciado Faustino Rodríguez Flores, da cuenta al Secretario en funciones de Juez, con un oficio; y un anexo certificado con número de registro 8614, así como con el estado procesal que guardan los presentes autos, en específico con la circunstancia que se encuentran señaladas las once horas del doce de mayo de dos mil dieciséis, para la celebración de la audiencia constitucional. Conste. Zacatecas, Zacatecas, dos de mayo de dos mil dieciséis. Agréguese a los autos el oficio y anexo certificado de cuenta que remite la autoridad responsable Magistrada Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Zacatecas, a través del cual en atención al requerimiento que le fue señalado en el auto admisorio, en relación al artículo 64 de la Ley de Amparo; remite copia certificada del laudo pronunciado el veintiocho de abril de dos mil dieciséis emitido dentro del juicio laboral 009/2014, del cual el quejoso combate en esta instancia la omisión de emitir la resolución correspondiente. Ahora bien, como lo impone el precepto 62 de la Ley de Amparo, se advierte la improcedencia del juicio de amparo, respecto al acto del que se duele el justiciable, consistente en la omisión en que ha incurrido la autoridad responsable, esto es, dictar el laudo el laudo respectivo en el juicio de origen y en el cual el aquí quejoso ostenta el carácter de actor, ya que al respecto se actualiza el supuesto previsto en la fracción XXI del precepto 61 de la Ley de Amparo, en lo que se reseña como la circunstancia de que han cesado los efectos del acto reclamado, como se explica enseguida. La disposición jurídica de que se habla, expresamente establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.)" La cesación de efectos del acto reclamado se traduce en que lo que dictó, ejecutó o pretende ejecutar la autoridad responsable, deja de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa al cesar su actuación, es decir, ello implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos del acto. La causal de improcedencia referida está determinada por la imposibilidad de cristalizar el fin del juicio de amparo, que es restituir a la parte agraviada en el pleno goce de la garantía individual violada restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo y, cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la garantía exija. Luego, de la interpretación de los artículos 61, fracción XXI y 77, fracción I, de la Ley de Amparo, se concluye que la causa de improcedencia del juicio constitucional consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, se actualiza cuando las cosas han vuelto al estado que tenían hasta antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular o, habiéndola irrumpido, la cesación no deja huella alguna. En el caso que nos ocupa, de las constancias de cuenta, consistentes en copia certificada del laudo de veintiocho de abril del presente año, determinado en los autos del expediente 009/2014, del índice del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Zacatecas, respecto del juicio laboral, promovido por José Santos Becerra Flores, contra el Municipio de Guadalupe, Zacatecas, -a las que se le confiere valor probatorio pleno en términos de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, al tratarse de copias certificadas expedidas por funcionario público en ejercicio de sus facultades-, se advierte que la omisión de dictar laudo que resuelva el juicio de origen, ha sido colmada por la autoridad responsable, al haber emitido el laudo correspondiente. En relación a esta situación, conviene mencionar que el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, prevé que el sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando durante el juicio se materialice un supuesto de improcedencia y, que conforme a la postura de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debe ser manifiesta (cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara, de forma que con alguna prueba se desvirtúe) e indudable (cuando existe la certidumbre y la plena convicción de que la hipótesis de improcedencia analizada opera en el caso a estudio). Al respecto, resulta ilustrativa la jurisprudencia 2a./J. 10/2003, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XVII, marzo de 2003, página 386, que establece: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Por tanto, han cesado los efectos del acto reclamado, pues ya se dictó el laudo correspondiente al juicio natural; en esa medida, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. Sirve de puntual apoyo a lo anterior el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Tesis listada con el número 2a./J. 59/99, página 38, del Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época, cuyo rubro y texto dicen: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De tal guisa, al actualizarse la causal de improcedencia aludida, con apoyo en el artículo 63 fracción V de la ley de la materia, lo procedente es sobreseer en el juicio de amparo. No es obstáculo para el sentido de la presente resolución, el contenido de la tesis de jurisprudencia 205/2008 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación publicada en la página seiscientos cinco del tomo XXIX de enero de dos mil nueve del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, cuyo rubro es el siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO POR VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 8o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. OPERA CUANDO LA AUTORIDAD RESPONSABLE AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO EXHIBE LA CONTESTACIÓN A LA PETICIÓN FORMULADA, QUEDANDO EXPEDITOS LOS DERECHOS DEL QUEJOSO PARA AMPLIAR SU DEMANDA INICIAL, PROMOVER OTRO JUICIO DE AMPARO O EL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA QUE PROCEDA."; pues la hipótesis a que hace mención, versa respecto a violaciones del artículo 8° constitucional relativas al derecho de petición; siendo que, en el juicio que nos ocupa, el quejoso argumentó violación a la garantía contenida en el numeral 17, que impacta en el retardo de la impartición de justicia, originada por la omisión de la responsable en dictar el laudo correspondiente al juicio laboral 009/2014. En las relatadas consideraciones, al haberse actualizado en la especie la causa de improcedencia en el presente juicio, se impone necesario SOBRESEER en el juicio de amparo con fundamento en los artículos 61, fracción XXI y 63 fracción V de la Ley de Amparo. Consecuentemente, se dejan sin efecto las once horas del doce de mayo de dos mil dieciséis, señaladas para la celebración de la audiencia constitucional a que se refiere el artículo 124 de la Ley de Amparo. Notifíquese; mediante oficio a la autoridad señalada como responsable y parte tercero interesada y personalmente a la parte quejosa, conforme a lo establecido en el artículo 26 en la fracción I, inciso F), de la Ley de Amparo. Así lo acordó y firma el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario de Juzgado, en funciones de Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, designado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el veintisiete de abril de dos mil dieciséis, comunicada mediante oficio SEPLE./GEN./004/3450/2016, firmado por el licenciado Gonzalo Moctezuma Barragán, Secretario Ejecutivo del Pleno de dicho consejo, ante el licenciado Faustino Rodríguez Flores, Secretario que autoriza y da fe. Dey__ Sise___
- Principal
SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL AUTO DICTADO EN FECHA DOS DE MAYO DE DOS MIL DIECISÉIS, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO b), DE LA LEY DE AMPARO: "En dos de mayo de dos mil dieciséis, el Secretario licenciado Faustino Rodríguez Flores, da cuenta al Secretario en funciones de Juez, con un oficio; y un anexo certificado con número de registro 8614, así como con el estado procesal que guardan los presentes autos, en específico con la circunstancia que se encuentran señaladas las once horas del doce de mayo de dos mil dieciséis, para la celebración de la audiencia constitucional. Conste. Zacatecas, Zacatecas, dos de mayo de dos mil dieciséis. Agréguese a los autos el oficio y anexo certificado de cuenta que remite la autoridad responsable Magistrada Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Zacatecas, a través del cual en atención al requerimiento que le fue señalado en el auto admisorio, en relación al artículo 64 de la Ley de Amparo; remite copia certificada del laudo pronunciado el veintiocho de abril de dos mil dieciséis emitido dentro del juicio laboral 009/2014, del cual el quejoso combate en esta instancia la omisión de emitir la resolución correspondiente. Ahora bien, como lo impone el precepto 62 de la Ley de Amparo, se advierte la improcedencia del juicio de amparo, respecto al acto del que se duele el justiciable, consistente en la omisión en que ha incurrido la autoridad responsable, esto es, dictar el laudo el laudo respectivo en el juicio de origen y en el cual el aquí quejoso ostenta el carácter de actor, ya que al respecto se actualiza el supuesto previsto en la fracción XXI del precepto 61 de la Ley de Amparo, en lo que se reseña como la circunstancia de que han cesado los efectos del acto reclamado, como se explica enseguida. La disposición jurídica de que se habla, expresamente establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.)" La cesación de efectos del acto reclamado se traduce en que lo que dictó, ejecutó o pretende ejecutar la autoridad responsable, deja de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa al cesar su actuación, es decir, ello implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos del acto. La causal de improcedencia referida está determinada por la imposibilidad de cristalizar el fin del juicio de amparo, que es restituir a la parte agraviada en el pleno goce de la garantía individual violada restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo y, cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la garantía exija. Luego, de la interpretación de los artículos 61, fracción XXI y 77, fracción I, de la Ley de Amparo, se concluye que la causa de improcedencia del juicio constitucional consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, se actualiza cuando las cosas han vuelto al estado que tenían hasta antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular o, habiéndola irrumpido, la cesación no deja huella alguna. En el caso que nos ocupa, de las constancias de cuenta, consistentes en copia certificada del laudo de veintiocho de abril del presente año, determinado en los autos del expediente 009/2014, del índice del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Zacatecas, respecto del juicio laboral, promovido por José Santos Becerra Flores, contra el Municipio de Guadalupe, Zacatecas, -a las que se le confiere valor probatorio pleno en términos de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, al tratarse de copias certificadas expedidas por funcionario público en ejercicio de sus facultades-, se advierte que la omisión de dictar laudo que resuelva el juicio de origen, ha sido colmada por la autoridad responsable, al haber emitido el laudo correspondiente. En relación a esta situación, conviene mencionar que el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, prevé que el sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando durante el juicio se materialice un supuesto de improcedencia y, que conforme a la postura de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debe ser manifiesta (cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara, de forma que con alguna prueba se desvirtúe) e indudable (cuando existe la certidumbre y la plena convicción de que la hipótesis de improcedencia analizada opera en el caso a estudio). Al respecto, resulta ilustrativa la jurisprudencia 2a./J. 10/2003, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XVII, marzo de 2003, página 386, que establece: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Por tanto, han cesado los efectos del acto reclamado, pues ya se dictó el laudo correspondiente al juicio natural; en esa medida, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. Sirve de puntual apoyo a lo anterior el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Tesis listada con el número 2a./J. 59/99, página 38, del Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época, cuyo rubro y texto dicen: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De tal guisa, al actualizarse la causal de improcedencia aludida, con apoyo en el artículo 63 fracción V de la ley de la materia, lo procedente es sobreseer en el juicio de amparo. No es obstáculo para el sentido de la presente resolución, el contenido de la tesis de jurisprudencia 205/2008 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación publicada en la página seiscientos cinco del tomo XXIX de enero de dos mil nueve del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, cuyo rubro es el siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO POR VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 8o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. OPERA CUANDO LA AUTORIDAD RESPONSABLE AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO EXHIBE LA CONTESTACIÓN A LA PETICIÓN FORMULADA, QUEDANDO EXPEDITOS LOS DERECHOS DEL QUEJOSO PARA AMPLIAR SU DEMANDA INICIAL, PROMOVER OTRO JUICIO DE AMPARO O EL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA QUE PROCEDA."; pues la hipótesis a que hace mención, versa respecto a violaciones del artículo 8° constitucional relativas al derecho de petición; siendo que, en el juicio que nos ocupa, el quejoso argumentó violación a la garantía contenida en el numeral 17, que impacta en el retardo de la impartición de justicia, originada por la omisión de la responsable en dictar el laudo correspondiente al juicio laboral 009/2014. En las relatadas consideraciones, al haberse actualizado en la especie la causa de improcedencia en el presente juicio, se impone necesario SOBRESEER en el juicio de amparo con fundamento en los artículos 61, fracción XXI y 63 fracción V de la Ley de Amparo. Consecuentemente, se dejan sin efecto las once horas del doce de mayo de dos mil dieciséis, señaladas para la celebración de la audiencia constitucional a que se refiere el artículo 124 de la Ley de Amparo. Notifíquese; mediante oficio a la autoridad señalada como responsable y parte tercero interesada y personalmente a la parte quejosa, conforme a lo establecido en el artículo 26 en la fracción I, inciso F), de la Ley de Amparo. Así lo acordó y firma el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario de Juzgado, en funciones de Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, designado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el veintisiete de abril de dos mil dieciséis, comunicada mediante oficio SEPLE./GEN./004/3450/2016, firmado por el licenciado Gonzalo Moctezuma Barragán, Secretario Ejecutivo del Pleno de dicho consejo, ante el licenciado Faustino Rodríguez Flores, Secretario que autoriza y da fe. Dey"
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