José Rubén Hernández Bustamantes y Otros.

Expediente 312/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 22 actuaciones registradas, la última del 18 de julio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
312/2023
Año
2023
Actuaciones
22
Última actuación
18/07/2023

Partes del expediente

  • Rosa María Molina Bailon
  • José Rubén Hernández Bustamantes y Otros.
  • José Rubén Hernández Bustamantes

Actuaciones

Las 4 más recientes de 22.

  1. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; dieciocho de julio de dos mil veintitrés. Causa ejecutoria la sentencia Vista la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el plazo de diez días que establece el artículo 86, de la Ley de Amparo, para que las partes interpusieran recurso de revisión en contra de la sentencia emitida en los presentes autos, sin que así lo hubieran hecho. En consecuencia, se declara que la sentencia ha causado ejecutoria, con fundamento en la fracción II del artículo 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la legislación de la materia, por mandato expreso de su artículo 2. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Resguardo de archivo de trámite Este expediente se considera un asunto concluido ya que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, por lo que, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia durante tres años contados a partir de esta data, donde será resguardado como archivo de trámite, según lo dispuesto en los artículos 8, fracción I, 9 y 34, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Valoración del expediente Ahora, se establece que, el expediente no tiene valor jurídico, ni valor histórico y carece de relevancia documental, por no encuadrar en alguno de los supuestos del artículo 14, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Luego, atento a la certificación de cuenta, el presente expediente es destruible una vez se haya cumplido el plazo de conservación de tres años de haberse dictado este acuerdo, dado que, se trata de un juicio de amparo en el que se sobreseyó, de conformidad con lo establecido en la fracción I, del Artículo 20 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. En atención a la certificación de cuenta, este juzgador califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 43 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113 de la legislación en comento. Se hace constar que, no obran documentos originales, por lo que, es innecesaria la notificación personal de este auto. Valoración del cuaderno incidental En cuanto al incidente de suspensión, toda vez que se concedió la suspensión provisional y la definitiva el incidente de suspensión es conservable, una vez se haya cumplido el plazo de conservación de tres años de haberse dictado este acuerdo, de conformidad con la fracción III, inciso b), del artículo 17, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Notifíquese por lista electrónica a las partes, por oficio a las autoridades responsables y cúmplase. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada ***, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada ***. Doy fe.

  2. Principal

    Sentencia Ciudad Juárez, Chihuahua; veintisiete de junio de dos mil veintitrés. Vistos, para resolver los autos del juicio de amparo 312/2023-I-1, promovido por ******* y *******. Resultando Primero. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el dieciséis de marzo de dos mil veintitrés, en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, con sede en esta ciudad, se recibió la demanda de amparo que se turnó a este juzgado el mismo día, la parte quejosa demandó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra actos de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje, así como a la Central de actuarios de dicha Junta, ambos con sede en esta ciudad, de quienes reclamó: IV.-ACTOS RECLAMADOS: ÚNICO: La cita de espera del 17 de septiembre y el emplazamiento de fecha 18 de septiembre, ambas del año 2019. Realizada en contra de *******, ******* y *******, por parte del actuario. Segundo. Derechos constitucionales que se estiman violentados. La parte quejosa señaló como derechos vulnerados los contenidos en los artículos 1, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tercero. Tramitación de la demanda. Por auto de diecisiete de marzo de dos mil veintitrés, la demanda de amparo se registró con el número 312/2023-I-1, se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado, se dio la intervención legal que le compete a la agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción, y se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Cuarto. Ampliación de la demanda. En auto de dieciséis de mayo de dos mil veintitrés, se tuvo a parte quejosa ampliando su demanda de amparo, respecto a la autoridad que señaló como Actuario número 11 adscrito a la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y, atento a ello, se solicitó el informe justificado, se dio vista al agente del Ministerio Público de la Federación, y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual previo diferimiento se celebró al tenor del acta que antecede. Considerando Primero. Competencia legal. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente por razón de materia, grado y territorio, para resolver el presente juicio de amparo, conforme a lo dispuesto en los artículos 94, 103, fracción I y 107, fracciones I y VII, de la Constitución Federal; 49, 124 y 125 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el Acuerdo General 03/2013, artículo segundo, fracción XVII, numeral 3 y artículo tercero, fracción XVII, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, pues se reclama una omisión dentro de un juicio de índole laboral que se tramita en el territorio en el que este Juzgado ejerce jurisdicción. Segundo. Fijación de los actos reclamados. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, tomando en cuenta la totalidad de las constancias que integran el presente juicio, se precisa que los quejosos reclaman la cita de espera del diecisiete de septiembre y el emplazamiento de dieciocho de septiembre, ambas de dos mil diecinueve, realizadas en contra de *******, ******* y *******, por parte del actuario señalado como responsable, en el expediente *******. Tercero. Existencia del acto reclamado. La Presidenta de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje en representación de la misma, Coordinador de Actuarios y Actuario número 11 adscrito a dicha Junta, todos en esta ciudad, en sus informes justificados manifestaron que son ciertos los actos reclamados; y, para acreditar su dicho remitió copia certificada del expediente *******. Constancias que cuentan con valor probatorio pleno de conformidad con los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo, pues fueron certificadas respecto de su original, por el Secretario de Acuerdos adscrito a la Junta responsable, que cuenta con fe pública, quien además estampó su firma original y sello original de dicho órgano, en las leyendas relativas. Por lo tanto, se tiene fehacientemente demostrada la existencia del acto reclamado por los quejosos. Cuarto.- Improcedencia. Establecida la existencia de los actos reclamados, previo al estudio de la cuestión planteada debe examinarse si se actualiza algún motivo de improcedencia del presente juicio de amparo, por su análisis preferente y de orden público, lo aleguen o no las partes, al tenor de lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Amparo en vigor. Al efecto, cabe citar la tesis de jurisprudencia ciento cincuenta y ocho, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página doscientos sesenta y dos del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1985, Parte VIII, Materia Común, que dice así: IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías. Así, en el caso, se actualiza la causa de improcedencia que se prevé en el numeral 61, fracción XII, en relación con lo que se insta en el diverso arábigo 5º, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, pues la parte quejosa carece de interés jurídico en el presente juicio, ya que no acreditó ser parte procesal del expediente laboral del índice de la responsable, como lo afirma; y, por ende, carece de legitimación para reclamar de la Junta Especial Número Veintiséis de la Federal de Conciliación y Arbitraje, la cita de espera del diecisiete de septiembre y el emplazamiento de dieciocho de septiembre, ambas de dos mil diecinueve, realizadas en contra de *******, ******* y *******, por parte del actuario señalado como responsable. Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; [.] Artículo 5º. Son partes en el juicio de amparo: El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; [.] En relación con el tema, en el contenido de los artículos 107, fracción I, de la Constitución General de la República y, 6º de la Ley de Amparo, se conforma el llamado interés jurídico, el cual reside en el derecho que le asiste a un particular para reclamar en la vía de amparo algún acto u omisión que estime violatorio de garantías en su perjuicio, cuya ausencia en quien ocurre a solicitar la protección constitucional, provoca la causa de improcedencia en estudio. 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; [.] Asimismo, el artículo 6º del ordenamiento legal en cita, a la letra establece: 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita. [.] Por ello, si bien el interés jurídico para controvertir la cita de espera y emplazamiento reclamados, correspondería a la parte interesada cuya esfera se halla vinculada con el procedimiento laboral de origen, también lo es, que no se cuenta con medio de convicción idóneo alguno a fin de acreditar que quienes promueven tengan el carácter de parte en el juicio laboral de origen, ello no obstante que se ostentan como terceros extraños. Aunado a que la carga de probar el interés jurídico le corresponde a la parte quejosa desde la presentación de la demanda de amparo; porque, únicamente puede presumirse la existencia del acto atribuido a la responsable, pero no los hechos señalados en la demanda. Cobra aplicación, por analogía, la jurisprudencia P./J. 23/2014 (10a.), que resolvió la Contradicción de Tesis 153/2012, aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 5, Abril de 2014, Tomo I, Página 206, Décima Época, Materia Común, con número de registro: 2006144, que establece: INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. CUANDO SE RECLAMAN VIOLACIONES PROCESALES Y EL QUEJOSO NO ACREDITA HABER SIDO PARTE EN EL JUICIO DE ORIGEN, SE DEBE DETERMINAR LA FALTA DE AQUÉL Y, POR ENDE, LA IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO, AUNQUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE NO HAYA RENDIDO SU INFORME JUSTIFICADO. La impugnación de violaciones procesales en el juicio de amparo indirecto requiere que el quejoso haya sido parte en el juicio ordinario del cual deriva el acto reclamado, pues sólo por ello es que cuenta con el derecho público subjetivo para que deba desplegarse correctamente la función jurisdiccional de la autoridad que conoce de su reclamo o donde deduce su defensa, y es uno de los presupuestos a verificar para establecer la procedencia del juicio, ya que el interés jurídico es un presupuesto para su procedencia, con fundamento en el artículo 73, fracción V, de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, debiendo ser este estudio, previo al análisis de fondo de la cuestión planteada. Por tanto, como la presunción de que es cierto el acto reclamado por haber sido omisa la autoridad responsable al no rendir informe justificado se refiere únicamente a la certeza de aquél, pero no a la de los actos o hechos diversos en que el quejoso basa su acción de amparo, se concluye que la falta de prueba que corrobore el dicho del quejoso de ser parte en el procedimiento del cual deriva el acto reclamado, lleva a determinar la falta de interés jurídico y, en consecuencia, la improcedencia del juicio de amparo. Ahora bien, la parte quejosa señala como actos reclamados, la cita de espera del diecisiete de septiembre y el emplazamiento de dieciocho de septiembre, ambas de dos mil diecinueve, realizadas en contra de *******, ******* y *******, por parte del actuario señalado como responsable, en el expediente *******; pues consideran que vulneran sus derechos fundamentales. Asimismo, del capítulo de antecedentes de la demanda bajo protesta de decir verdad manifestaron lo siguiente: [.] 1.- En el caso, que en fecha 23 de febrero del presente año, acudieron por parte de la junta local de conciliación y arbitraje a mi domicilio ubicado en ******* en esta ciudad. El funcionario que acudió de nombre Jesús, me manifestó que existía una demanda en mi contra por parte del C. *******, y que estaban ahí para dar cumplimiento a un laudo de fecha 18 de agosto de 2020. En ese momento me exigieron el pago a pesar de explicarles que el suscrito, no es *******, mi nombre completo y correcto es *******. 2.- Así mismo, en días subsecuentes, el suscrito acudí a la junta de conciliación para revisar el expediente donde se me estaba imputando un despido y el pago derivado del laudo y me percaté que el 13 de septiembre del 2019 se presentó una demanda y en fecha 17 de septiembre del 2019, dejaron cita de espera a *******, ******* y *******. El 18 de septiembre del 2019 emplazan a *******, ******* y *******. La cita de espera y el emplazamiento fueron dejados en el domicilio ubicado en ******* en esta ciudad, domicilio que no es de los suscritos, tal como se puede apreciar de la constancia de las cédulas fiscales que se anexan. Donde ambas coinciden en la calle y solo existe una descrepancia por un error, en el número exterior, pero en ambas cedulas, no se desprende que el número exterior sea el ******* y mucho menos que sea de la *******. 3.- Es así, que el domicilio que aparece en la demanda y en la constancia del actuario que se encargó de la notificación, es diverso al ubicado en ******* en esta ciudad. [.] Para acreditar su interés jurídico los quejosos en este juicio de amparo exhibieron: Constancia de situación fiscal expedida el catorce de marzo de dos mil veintitrés, por la Secretaría de Administración Tributaria, a nombre de *******, con domicilio en *******, en esta ciudad. Constancia de situación fiscal expedida el catorce de marzo de dos mil veintitrés, por la Secretaría de Administración Tributaria, a nombre de *******, con domicilio en *******, en esta ciudad. Recibo expedido por la Comisión Federal de Electricidad a nombre de *******, con domicilio en *******, en esta ciudad. Acta de Matrimonio de ******* y *******, expedida por el registro civil del Estado de Chihuahua. Documentales que cuentan con valor probatorio de conformidad con lo dispuesto por los numerales 133, 197 y 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su ordinal 2°. Sin embargo, las documentales de referencia resultan legalmente insuficientes para acreditar el interés jurídico de los promoventes de amparo, en atención a las siguientes consideraciones: En el caso, los quejosos se ostentan como terceros extraños al expediente *******, del índice de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, promovido por *******, contra *******, ******* y *******, ello en virtud de la cita de espera de diecisiete de septiembre y el emplazamiento de dieciocho de septiembre, ambas de dos mil diecinueve, realizadas en contra de *******, ******* y *******, por lo que, como se aprecia no forman parte del juicio laboral de origen, y las documentales ofrecidas no acreditan que tengan interés en el citado juicio. Es por ello que, ante la falta de prueba idónea que corrobore el dicho de la parte quejosa, en el sentido de que efectivamente figura como parte dentro de algún juicio laboral, conlleva a determinar la falta de interés jurídico y, en consecuencia, la improcedencia del presente juicio de amparo indirecto; por tanto, de conformidad con lo que se establece en el artículo 63, fracción V, del ordenamiento legal citado, se decreta el sobreseimiento en el juicio. Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: [.] V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior. [.] Cabe destacar que, no se está en el supuesto que se prevé en el numeral 75 de la ley de la materia, que impone la obligación al Juez de Distrito de recabar de oficio las constancias que, siendo rendidas ante la responsable, sean necesarias para resolver el asunto, dado que la aplicación de aquél precepto se actualiza cuando la autoridad reconoce la existencia del acto en su informe justificado, sosteniendo únicamente su legalidad; situación diversa a la que en este caso nos ocupa, pues si bien existe una cita de espera y un emplazamiento los mismos no se encuentran dirigidos a los quejosos, sino a *******, ******* y *******, en cuyo caso, se reitera, corresponde la carga de la prueba a la parte quejosa, el acto de molestia causado, virtud que su constitucionalidad o inconstitucionalidad depende de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto. Tampoco es óbice a lo anteriormente determinado, el hecho de que todo lo declarado en la demanda de amparo se haya realizado bajo protesta de decir verdad, pues ello tampoco acredita el interés jurídico del justiciable, toda vez que, se insiste, resulta necesario que se aporten pruebas fehacientes encaminadas a demostrar ese interés. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 3a./J. 27/90, establecida por la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo V, Primera Parte, Enero-Junio de 1990, página 229, Octava Época, Materia Común, número de registro 207221, que dice: INTERÉS JURÍDICO. NO LO DEMUESTRA LA MANIFESTACIÓN DEL QUEJOSO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD. La circunstancia de que todo lo declarado en el juicio de amparo promovido por el quejoso, se haya hecho bajo protesta de decir verdad, no acredita el interés jurídico que se tiene para el ejercicio de la acción de amparo, ya que es necesario que se aporten pruebas fehacientes de ese interés. Igualmente, sustenta esa exposición, la jurisprudencia 3a./J. 28/90, publicada por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo V, Primera Parte, Enero-Junio de 1990, página 230, Octava Época, Materia Común, registro 207223, de rubro y texto: INTERES JURÍDICO PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. A FIN DE TENERLO POR ACREDITADO NO BASTA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA RESPECTIVA. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción I, de la Constitución General de la República y 4o. de la Ley de Amparo en relación con la fracción V del artículo 73 de este ordenamiento, el juicio de garantías se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, lo que significa que uno de los presupuestos para la procedencia de la acción constitucional es la comprobación plena del interés jurídico del quejoso, pudiendo hacerlo por cualquiera de los medios de prueba previstos por las leyes, pero no basta para tenerse por acreditado el solo hecho de presentar la demanda respectiva, lo que implica únicamente la pretensión de excitar el órgano jurisdiccional, pero no la comprobación de que la ley o acto reclamado lesionan sus intereses jurídicos por lo que de no satisfacerse dichos requisitos, debe sobreseerse en el juicio de amparo. Aunado a las consideraciones antes señaladas, es dable precisar que a pesar de que los quejosos refieren ser terceros extraños en el juicio laboral de que se trata, la suplencia de la queja no puede llegar al extremo de suplir la falta de demostración del interés jurídico en ésta instancia constitucional, ya que esto equivaldría al reconocimiento de la existencia de un derecho y, por el contrario, el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada. Con apoyo a lo anterior, el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis visible en el Semanario Judicial de la Federación, Volumen LVI, Primera Parte, Página 152, Sexta Época, Materia Común, registro 258050, que indica: SUPLENCIA DE LA QUEJA. INTERES JURIDICO. La suplencia de la queja en materia de leyes declaradas inconstitucionales por la jurisprudencia de esta Suprema Corte de Justicia, a que se refieren los artículos 107, fracción II, párrafo segundo, de la Constitución Federal y 76, segundo párrafo, de la ley orgánica del juicio de garantías, no puede llegar al extremo de suplir la falta de demostración del interés jurídico del promovente del amparo, ya que esto equivaldría al reconocimiento de la existencia de una acción popular para reclamar la inconstitucionalidad de las leyes, sistema que no acepta nuestro derecho, sino que por el contrario, de acuerdo con la fracción I, del artículo 107, constitucional, el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, y por su parte, el artículo 4o. de la ley reglamentaria del juicio constitucional establece que el juicio de amparo únicamente podrá promoverse por la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclama, lo que significa que es presupuesto indispensable para el examen de la controversia constitucional, la comprobación del interés jurídico del quejoso. Así como, la diversa tesis VIII.4o.10 K, dictada por el Cuarto Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, editada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XX, Noviembre de 2004, Página 2031, Novena Época, Materia Común, registro 180054, que dice: SUPLENCIA DE LA QUEJA. NO TIENE EL ALCANCE DE HACER PROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO, SI EL QUEJOSO NO ACREDITÓ SU INTERÉS JURÍDICO. La figura procesal de la suplencia de la queja deficiente, establecida en el artículo 76 Bis de la Ley de Amparo, sólo constriñe al juzgador federal para que subsane de oficio la insuficiencia o ausencia de los conceptos de violación y, en su caso, de los agravios expresados por el quejoso, en los supuestos previstos por las distintas fracciones contenidas en dicho precepto, pero no tiene el alcance de obligarlo a considerar procedente el juicio de garantías cuando no lo sea, porque el análisis de las causales de improcedencia es preferente al estudio de la constitucionalidad del acto reclamado, en términos del artículo 73, última parte, de la legislación reglamentaria citada; por tanto, el Juez de Distrito no puede estimar procedente la pretensión constitucional ejercida por el quejoso, cuando éste no acredita su interés jurídico. Por otra parte, al tenor del sentido del fallo no se analizan los conceptos de violación, debido a los efectos jurídicos que provoca el sobreseimiento, en atención al criterio sustentado por el Tribunal Colegiado del Sexto Circuito en la tesis publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Volumen 86, Sexta Parte, Página 93, Séptima Época, Materia Común, número de registro 254008, de rubro: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE EL ESTUDIO DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN." En mérito de lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 73, 74, 76 y 217 de la Ley de Amparo, se resuelve: Único. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por ******* y *******, por las razones precisadas en el considerando cuarto de la presente determinación. Notifíquese por lista electrónica a las partes, y por oficio a las autoridades responsables. Lo resolvió y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.

  3. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; veinte de junio de dos mil veintitrés. Cumple requerimiento Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda el oficio y anexo de cuenta, signados por la Presidenta de la Junta Especial número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, mediante el cual da cumplimiento al requerimiento que se le formuló en proveído de doce de junio del año en curso; al efecto informa la situación jurídica del expediente *******, lo que acredita con impresión con firmas autógrafas del acuerdo de dieciséis de junio de la presente anualidad, ello de conformidad con lo dispuesto por el artículo 75 de la Ley de Amparo. Prueba documental Téngase a la oficiante ofreciendo la prueba documental que, en alcance a su informe justificado remite, la que se tiene por admitida y desahogada dada su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de hacer relación de ésta en la audiencia constitucional, con fundamento en los artículos 119 y 124 de la Ley de Amparo. Notifíquese por lista electrónica a las partes y cúmplase. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.

  4. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; trece de junio de dos mil veintitrés. Estado de autos Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se desprende que el día de hoy se encuentra señalada la audiencia constitucional, y que mediante proveído de doce de junio del año en curso, se requirió a la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, a efecto de que informe la situación jurídica del expediente *******, sin que a la fecha se haya recibido promoción alguna al respecto, ni obre en autos la constancia de notificación por la cual le fue requerida la información. Diferimiento de audiencia Atento a lo anterior, existe imposibilidad para celebrar la audiencia señalada para el día de hoy, por lo que se fijan las nueve horas con veinte minutos del veintisiete de junio de dos mil veintitrés, para su celebración. Notificación por lista electrónica a las autoridades responsables Los acuerdos de trámite de menor trascendencia se notificaran por lista a las partes, entre ellas a la autoridad, ya sea como responsable o como tercero interesado, de conformidad con lo establecido en la jurisprudencia por contradicción número 2a./J. 176/2012, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro XVI, enero de 2013, Tomo 2, Materia Común, visible en la página 1253, del siguiente tenor: NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Acorde con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto, competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar. Notifíquese por lista electrónica y cúmplase. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.

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