JOSE SANTIAGO BLANCO BARCENA y Otros.
Expediente 984/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 11 actuaciones registradas, la última del 17 de mayo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 984/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 17/05/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- JOSE SANTIAGO BLANCO BARCENA y Otros.
- Pablo Jaén Docor
- ARLET KARIME GARCÍA PÉREZ y Otros.
- PABLO JAÉN DOCOR y Otros.
- Arlet Karime García Pérez
- Jose Santiago Blanco Barcena
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, diecisiete de mayo de dos mil veintiuno. I. ADQUIERE FIRMEZA SENTENCIA. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hayan recurrido la sentencia dictada el veintisiete de abril de dos mil veintiuno, la cual sobreseyó en el presente juicio; por lo que, con fundamento en los numerales 355 y 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su numeral 2°, se declara que dicha resolución ha causado estado, para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y, en su oportunidad, archívese el asunto como totalmente concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto en el cual se sobreseyó en el juicio, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el numeral 21, inciso a), del ordenamiento en cita; sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. II. DEVOLUCIÓN DE CONSTANCIAS. Finalmente, ya que resulta innecesario conservar las documentales que remitió la autoridad responsable: 5. Rosalva Elena Zarate Herrera, Jueza de Control del Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Centro, con sede en la ciudad de Puebla, consistentes en tres discos versátiles digitales (dvd´s) relativos a la causa penal 1535/2020/PUEBLA de su índice, se ordena su devolución; sin que sea necesario requerir el acuse de recibo toda vez que la autoridad en mención se encuentra dentro del lugar de residencia de este juzgado Federal; por tanto, se instruye al actuario judicial que corresponda entregar el oficio respectivo, para que se cerciore que en el acuse de recibo de dicha misiva, se haga constar la entrega de los discos descritos. Notifíquese electrónicamente a la parte quejosa por conducto de su defensor particular; por lista a la parte tercero interesada; y mediante oficio a las autoridades responsables, a las fiscales tercero interesadas y al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito.Así lo proveyó y firma Horacio Óscar Rosete Mentado, Juez Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con sede en San Andrés Cholula, ante el(la) secretario(a) Maribel Pereda Corvera, que autoriza y da fe. Doy fe. [Firma electrónica]. [Firma electrónica]. GUSTAVO En la misma fecha, se turnó el expediente a la actuaría. Conste. [Firma electrónica]. El(la) suscrito(a) Secretario(a) del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con sede en San Andrés Cholula, Puebla, doy fe de que la resolución que antecede (y la promoción que le dio origen, en su caso) se agregó al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E) y coincide en su totalidad al expediente electrónico e impreso de conformidad con los párrafos quinto y séptimo del artículo 3 de la Ley de Amparo, en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 21, 22, 23, 24, 25 y 26 del Acuerdo General 12/2020 del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo. Doy fe. [Firma electrónica]. JUICIO DE AMPARO: 984/2020-B SECCIÓN: T R Á M I T E OFICIAL "C": G.M.M. "2021. AÑO DE LA INDEPENDENCIA" PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. JUZGADO TERCERO DE DISTRITO DE AMPARO EN MATERIA PENAL EN EL ESTADO DE PUEBLA Edificio Sede del Poder Judicial de la Federación en Puebla, Avenida Osa Menor, número 82, piso 12, Ala Sur, Ciudad Judicial Siglo XXI, Reserva Territorial Atlixcáyotl, San Andrés Cholula. Tel: (222) 303 7276. Correo: 3jdo6ctoap@correo.cjf.gob.mx. Maribel Pereda Corvera: 222 355 1924; Correo personal: maribel.pereda.corvera@correo.cjf.gob.mx. OF. 0162-1 CONGRESO DEL ESTADO DE PUEBLA. OF.0162-2 GOBERNADOR DEL ESTADO DE PUEBLA OF.0162-3 SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA. OF.0162-4 SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE PUEBLA OF.0162-5 ROSALVA ELENA ZARATE HERRERA, JUEZA DE CONTROL DEL JUZGADO DE ORALIDAD PENAL Y EJECUCIÓN DE LA REGIÓN JUDICIAL CENTRO DEL ESTADO DE PUEBLA, CON SEDE EN LA CAPITAL. ANTECEDENTE: CAUSA PENAL 1535/2020/PUEBLA. SE ANEXAN 3 DVD´S OF.0162-6 MARIANA LUCÍA SÁNCHEZ MINJARES, AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LITIGACIÓN DE PUEBLA -AUTORIDAD TERCERA INTERESADA-. OF.0162-7 ANABEL MARTÍNEZ ROSAS, AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LITIGACIÓN DE PUEBLA -AUTORIDAD TERCERA INTERESADA-. OF.0162 MPF AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL ADSCRITO (NO RESPONSABLE). EN LOS AUTOS DEL JUICIO DE AMPARO 984/2020-B, PROMOVIDO POR JOSÉ SANTIAGO BLANCO BÁRCENA, EN SU CARÁCTER DE DEFENSOR PARTICULAR DE LOS QUEJOSOS 1. ARLET KARIME GARCÍA PÉREZ Y 2. PABLO JAÉN DOCOR, CONTRA ACTOS DE USTED, SE DICTÓ LO SIGUIENTE: San Andrés Cholula, Puebla, diecisiete de mayo de dos mil veintiuno. I. ADQUIERE FIRMEZA SENTENCIA. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hayan recurrido la sentencia dictada el veintisiete de abril de dos mil veintiuno, la cual sobreseyó en el presente juicio; por lo que, con fundamento en los numerales 355 y 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su numeral 2°, se declara que dicha resolución ha causado estado, para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y, en su oportunidad, archívese el asunto como totalmente concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto en el cual se sobreseyó en el juicio, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el numeral 21, inciso a), del ordenamiento en cita; sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. II. DEVOLUCIÓN DE CONSTANCIAS. Finalmente, ya que resulta innecesario conservar las documentales que remitió la autoridad responsable: 5. Rosalva Elena Zarate Herrera, Jueza de Control del Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Centro, con sede en la ciudad de Puebla, consistentes en tres discos versátiles digitales (dvd´s) relativos a la causa penal 1535/2020/PUEBLA de su índice, se ordena su devolución; sin que sea necesario requerir el acuse de recibo toda vez que la autoridad en mención se encuentra dentro del lugar de residencia de este juzgado Federal; por tanto, se instruye al actuario judicial que corresponda entregar el oficio respectivo, para que se cerciore que en el acuse de recibo de dicha misiva, se haga constar la entrega de los discos descritos. Notifíquese electrónicamente a la parte quejosa por conducto de su defensor particular; por lista a la parte tercero interesada; y mediante oficio a las autoridades responsables, a las fiscales tercero interesadas y al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. Así lo proveyó y firma Horacio Óscar Rosete Mentado, Juez Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con sede en San Andrés Cholula, ante el(la) secretario(a) Maribel Pereda Corvera, que autoriza y da fe. Doy fe. [Firma electrónica]. [Firma electrónica]." LO QUE COMUNICO A USTED EN VÍA DE NOTIFICACIÓN PARA SU CONOCIMIENTO Y EFECTOS LEGALES CORRESPONDIENTES. SAN ANDRÉS CHOLULA, PUEBLA, 17 DE MAYO DE 2021. LA SECRETARIA DEL JUZGADO TERCERO DE DISTRITO DE AMPARO EN MATERIA PENAL EN EL ESTADO DE PUEBLA. (FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE) MARIBEL PEREDA CORVERA.
- Principal
V I S T O S los autos para resolver el juicio de amparo indirecto número 984/2020, del índice del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, promovido por José Santiago Blanco Bárcena, en su carácter de defensor particular de los quejosos 1. Arlet Karime García Pérez y 2. Pablo Jaén Docor; y, R E S U L T A N D O: Primero. Demanda de amparo. Por escrito presentado el ocho de diciembre de dos mil veinte, de forma electrónica ante el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, turnado a este órgano jurisdiccional, José Santiago Blanco Bárcena, en su carácter de defensor particular de los quejosos 1. Arlet Karime García Pérez y 2. Pablo Jaén Docor, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del 1. Congreso del Estado de Puebla y otras autoridades. El promovente narró, bajo protesta de decir verdad, los antecedentes del caso, formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes y señaló como derechos fundamentales y garantías violados las contenidas en los artículos 14, 16, 17, 20, Apartado A, fracciones IV, V, VI y X, y 107, fracción X, primero párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Segundo. Auto de radicación y desechamiento. Por acuerdo dictado el diez de diciembre de dos mil veinte, este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla registró y radicó la demanda con el número de juicio de amparo indirecto 984/2020; asimismo, desechó íntegramente la demanda de amparo, por considerarse extemporánea la acción constitucional respecto del auto de vinculación a proceso dictado el doce de noviembre de dos mil veinte, dentro de la causa penal 1535/2020/PUEBLA, desechamiento que se hizo extensivo por cuanto a las normas reclamadas. Tercero. Recurso de queja. Inconforme con dicha determinación, el promovente interpuso recurso de queja, mismo que conoció el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, dentro del expediente de queja 2/2021, en donde mediante ejecutoria dictada el cuatro de febrero de dos mil veintiuno, se declaró fundado el medio de impugnación y se ordenó a este juzgado que, de no advertir diversa causa de improcedencia a la invocada en el auto combatido, admitiera a trámite la demanda de amparo. Cuarto. Auto admisorio. En cumplimiento a lo ordenado por la superioridad, mediante proveído de cuatro de marzo de dos mil veintiuno, este órgano jurisdiccional admitió a trámite la acción constitucional planteada, se requirió a las autoridades responsables sus informes justificados, se requirió a la juzgadora responsable remitir las constancias de las que se advirtiera la personalidad del promovente como defensor particular de los directos quejosos y se dio la intervención que legalmente corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. Quinto. Parte tercera interesada, personalidad del promovente y cita para audiencia. 1. En cumplimiento al citado auto admisorio y al acuerdo de treinta de marzo del año en curso -y en términos del artículo 5, fracción III, incisos c) y e), de la ley de la materia-, se tuvieron y emplazaron con el carácter de terceros interesados a: I. Eunice Miriam Sarabia García -víctima u ofendida del delito-. II. Mariana Lucía Sánchez Minjares, Agente del Ministerio Público de Litigación de Puebla -interviniente en la causa penal de origen-. III. Anabel Martínez Rosas, Agente del Ministerio Público de Litigación de Puebla -interviniente en la causa penal de origen-. 2. Asimismo, en ese proveído de treinta de marzo de este año, se tuvo por reconocida la personalidad de José Santiago Blanco Bárcena como defensor particular de los quejosos 1. Arlet Karime García Pérez y 2. Pablo Jaén Docor, dentro de la causa penal 1535/2020/PUEBLA; de conformidad con lo dispuesto por el artículo 14 de la Ley de Amparo. 3. De igual forma, se señalaron las nueve horas con cincuenta minutos del veintisiete de abril del año en curso para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se desarrolló al tenor del acta que antecede y culmina con el dictado de esta sentencia; y, C O N S I D E R A N D O Primero. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula, es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, por razón de materia y territorio, pues el acto de aplicación de las normas cuestionadas -auto de vinculación a proceso- se atribuye a una autoridad de esa materia, con residencia dentro de la jurisdicción de este órgano de control constitucional. Segundo. Precisión de los actos reclamados. Por cuestión de orden y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, resulta conveniente precisar los actos reclamados que se advierten del análisis integral de la demanda, para lo cual es necesario interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa. Así, del contenido integral de la demanda de amparo y de la revisión de los informes justificados, se advierte que José Santiago Blanco Bárcena, en su carácter de defensor particular de los quejosos 1. Arlet Karime García Pérez y 2. Pablo Jaén Docor, reclama: ( Del 1. Congreso del Estado de Puebla, la aprobación de los artículos 419, fracción IV, y 420 -reformado mediante decreto publicado el veintinueve de diciembre de dos mil diecisiete- del Código Penal del Estado de Puebla. ( Del 2. Gobernador del Estado de Puebla, la promulgación de los artículos 419, fracción IV, y 420 -reformado mediante decreto publicado el veintinueve de diciembre de dos mil diecisiete- del Código Penal del Estado de Puebla. ( Del 3. Secretario General de Gobierno del Estado de Puebla, el refrendo de los artículos 419, fracción IV, y 420 -reformado mediante decreto publicado el veintinueve de diciembre de dos mil diecisiete- del Código Penal del Estado de Puebla. ( Del 4. Secretario de Seguridad Pública del Estado de Puebla, la falta de refrendar el decreto publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla el veintinueve de diciembre de dos mil diecisiete, por el cual se reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones del Código Penal del Estado de Puebla, en materia del Sistema Anticorrupción del Estado, en específico su artículo 420. ( De 5. Rosalva Elena Zarate Herrera, Jueza de Control del Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Centro del Estado de Puebla, con sede en la capital, el auto de vinculación a proceso dictado en audiencia oral celebrada el doce de noviembre de dos mil veinte, dentro de la causa penal 1535/2020/PUEBLA, por la probable responsabilidad de los quejosos en la comisión de los hechos con apariencia de los delitos de falsedad en declaraciones judiciales y abuso de autoridad, previstos y sancionados por los artículos 254, fracción II, y 419, Fracción IV, y 420 -respectivamente-, en relación con los diversos 11, 13 y 21, fracción I, todos del Código Penal del Estado de Puebla, en agravio de Eunice Miriam Sarabia García. No obsta que respecto del acto atribuido al 4. Secretario de Seguridad Pública del Estado de Puebla, el promovente lo tilde como la omisión de dicho secretario en refrendar el decreto publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla el veintinueve de diciembre de dos mil diecisiete, por el cual se reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones del Código Penal del Estado de Puebla, en materia del Sistema Anticorrupción del Estado, en específico su artículo 420; ello, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 84, párrafo segundo, de la Constitución Política del Estado de Puebla. Sin embargo, tal cuestión deberá dilucidarse al resolver sobre el fondo del asunto -en caso de superarse la procedencia del juicio de amparo-, es decir, en esa etapa se establecerá si efectivamente la autoridad responsable incurrió en la omisión de no refrendar el aludido decreto y, en su caso, si dicha omisión es violatoria de los derechos fundamentales. Tercero. Existencia o inexistencia del acto reclamado. Por razón de método en toda sentencia de amparo, primeramente se debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y, sólo en el primer caso, estudiar las causales de improcedencia aducidas o que de forma oficiosa se adviertan, para por último, de resultar procedente el juicio, analizar el fondo del asunto. Ahora bien, el quejoso, por conducto de su defensor particular, atribuye los actos reclamados -que quedaron precisados en el considerando que antecede- a las autoridades responsables siguientes: No. Orden Autoridad responsable Sentido del informe justificado Fojas 1 1. Congreso del Estado de Puebla. Omisa. --- 2 2. Gobernador del Estado de Puebla -por conducto de su representante-. Acepta. 96 a 112. 3 3. Secretario General de Gobierno del Estado de Puebla -por conducto de su representante-. Acepta. 113 a 117. 4 4. Secretario de Seguridad Pública del Estado de Puebla -por conducto de su representante-. Acepta. 93. 5 5. Rosalva Elena Zarate Herrera, Jueza de Control del Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Centro del Estado de Puebla, con sede en la capital -por conducto del juez de control José Álvaro Sarmiento Márquez-. Acepta. 118 a 120. Tabla Única. Las autoridades responsables 2. Gobernador del Estado de Puebla, 3. Secretario General de Gobierno del Estado de Puebla y 4. Secretario de Seguridad Pública del Estado de Puebla convinieron en la existencia de los actos que a cada una se les imputa en la demanda de amparo; de ahí que se tenga plenamente probada su existencia. Por su parte, el 1. Congreso del Estado de Puebla no rindió su informe justificado, a pesar de estar debidamente notificado del auto por el cual se le requirió el mismo y de haber fenecido el plazo de quince días que se le concedió para tal efecto; por tanto, con fundamento en el cuarto párrafo del artículo 117 de la Ley de Amparo, se presume cierto el acto que se le atribuye. Además, la certeza de los actos atribuidos a las citadas autoridades se corrobora con la publicación correspondiente de las normas reclamadas, dado que constituye un hecho notorio, en términos de los artículos 86 y 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo y aunado a que su existencia no es objeto de prueba. Finalmente, la jueza de control responsable -por conducto de diverso juez- convino en la existencia del acto que se le imputa, lo cual se confirma con las probanzas remitidas en apoyo a su informe justificado, consistentes en copia certificada de los registros escritos de la citada causa penal y las audiencias contenidas en los discos versátiles digitales (DVD), las que tienen pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo -por tratarse de documentales públicas-. De ahí que se tenga plenamente probada su existencia. Cuarto. Ponderaciones previas. I. Jurisprudencias y tesis aplicadas. Se hace la precisión que las jurisprudencias y tesis invocadas en la presente sentencia correspondientes a la décima época y anteriores, no obstante haber sido integradas con la ley anterior, continúan en vigor y, por ende, son aplicables, dado que no se oponen a la ley vigente, ello de conformidad con el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente. II. Normas aplicables. La causa penal de la que deriva el auto de vinculación a proceso se tramita conforme al nuevo sistema de justicia penal, por lo cual, es evidente que le son aplicables las disposiciones que regulan a este nuevo sistema. En consecuencia, para verificar su constitucionalidad se debe atender al texto reformado el dieciocho de junio de dos mil ocho, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como a lo previsto en el Código Nacional del Procedimientos Penales. III. Principio de estricto derecho o su excepción (suplencia de la queja). En el presente asunto, rige el principio de suplencia de la queja, en términos de lo dispuesto en el artículo 79, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, ya que los quejosos tienen el carácter de imputados en el procedimiento penal de origen. Quinto. Procedencia del amparo indirecto. De conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo las causales de improcedencia del juicio, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia. Cierto, para que el juzgador de amparo pueda analizar la constitucionalidad del acto reclamado, es necesario que la acción intentada sea procedente, es decir, no existan obstáculos que impidan pronunciarse sobre la cuestión planteada, los cuales, se denominan causas de improcedencia. Así, la improcedencia es una institución jurídica por la cual, en un primer momento del juicio, que no involucra el conocimiento de fondo de la acción intentada, se debe indagar si están constituidos los presupuestos necesarios que configuran la relación procesal y obligan al juzgador a resolver sobre la constitucionalidad del acto reclamado. A mayor abundamiento, la improcedencia del juicio de amparo constituye un obstáculo que impide el pronunciamiento de fondo; por tanto, dicho estudio debe hacerse previo al análisis de la constitucionalidad del acto reclamado, pues de actualizarse alguna causa de inviabilidad, sería imposible el examen de la litis constitucional. Por ende, este juzgado procede al estudio de la causal de improcedencia que se advierte de oficio. Consentimiento expreso del acto reclamado. El suscrito juzgador considera que respecto del auto de vinculación reclamado opera la causal de improcedencia que resulta del artículo 61, fracción XIII, de la Ley de Amparo, consistente en el consentimiento expreso al acto combatido. Se explica. La fracción XIII, del artículo 61 de la ley de la materia, prevé como causa de improcedencia del juicio de derechos fundamentales el consentimiento expreso del quejoso al acto que combate, lo que se produce cuando, respecto de tal acto, el interesado expresa un allanamiento, anuencia o conformidad de manera verbal, por escrito o por signos inequívocos, pero que sea indudable y completo, es decir, debe revelar de manera evidente que se ha conformado con la decisión y consecuencias integrales que implican el acto de autoridad reclamado. Ahora bien, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 220/2016, indicó que la reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos -publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008- introdujo la justicia restaurativa como eje toral del sistema. En efecto, precisó que esa clase de justicia conlleva la creación de nuevos caminos de solución para encausar, mediante mecanismos alternativos, los conflictos de naturaleza penal que podrán encontrar mejor solución que en el juicio, los cuales, si bien parten de la comisión de un hecho delictivo, se distinguen porque no buscan declarar la responsabilidad penal del imputado, ya que su prioridad radica en restaurar el daño causado y concluir el conflicto penal sin la imposición de una pena. De modo que, - afirmó- cuando el juicio de amparo se promovía contra el auto de vinculación a proceso y posterior a su emisión el quejoso -en su calidad de imputado- accedía a un mecanismo alternativo, mediante la suscripción de un acuerdo reparatorio o de la suspensión del proceso a prueba, dicha manifestación entrañaba el consentimiento del acto reclamado, que como causa de improcedencia prevé el artículo 61, fracción XIII, de la Ley de Amparo, ya que su voluntad de concluir el proceso penal a través de vías de solución alternas debía entenderse para todos los efectos legales. Es así, -se dijo- porque uno de los presupuestos para transitar por la justicia restaurativa consistía en el consentimiento libre y voluntario del imputado de someter la solución de la controversia penal a un mecanismo alternativo, lo que implicaba la libre aceptación de los hechos de la imputación o que, al menos, no los cuestionara, ya que esa aceptación no era gratuita, sino que perseguía un beneficio, pues consentir las bases jurídicas en que se sustenta la vinculación a proceso pasaba por buscar una solución construida en la lealtad de las partes para la efectiva solución del conflicto penal, al obligarse a reparar el daño causado por la comisión del delito y, a cambio, evitar la posibilidad de que se impusiera una pena privativa de libertad, en delitos que por la especial naturaleza de los derechos que tutelaban podían ser renunciables. Estimar lo contrario, -se sostuvo- no sólo sería un exceso de rigor técnico de la acción de amparo, sino que también desnaturalizaría el nuevo sistema penal, al premiar que el imputado ejerza intereses incompatibles; uno, que tiene como presupuesto la validez del acto reclamado, al participar en una solución alterna; y, otro, que lo cuestione a través del juicio de amparo, lo que jurídicamente -se estableció- era inadmisible. Por tanto, -se concluyó- si la referida causa de improcedencia se actualizaba antes de la presentación de la demanda, motivaría que la misma se desechara por notoriamente improcedente, o bien, si sobrevenía durante la tramitación del amparo, generaría el sobreseimiento del juicio, incluso antes de la celebración de la audiencia constitucional. Sentado lo anterior, de la causa penal 1535/2020/PUEBLA, se advierten los siguientes antecedentes: 1. El veinte de agosto de dos mil veinte, la jueza de control de origen radicó la causa penal de origen con el oficio signado por Anabel Martínez Rosas, Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Investigación de Hechos de Corrupción "A" y, ante la solicitud formulada en dicha comunicación, señaló las diez horas del nueve de septiembre de esa anualidad, a fin de que se llevara a cabo la audiencia de formulación de imputación en contra de 1. Arlet Karime García Pérez y 2. Pablo Jaén Docor -ahora quejosos-, por su probable responsabilidad en la comisión de los hechos con apariencia de los delitos de falsedad en declaraciones judiciales y abuso de autoridad, previstos y sancionados por los artículos 254, fracción II, y 419, Fracción IV, y 420 -respectivamente-, en relación con los diversos 11, 13 y 21, fracción I, todos del Código Penal del Estado de Puebla, en agravio de Eunice Miriam Sarabia García. 2. En audiencia de nueve de septiembre de dos mil veinte, la defensa hizo constar que no contaba con la carpeta de investigación, por lo que la jueza de control, ante falta de oposición por parte de la fiscalía, indicó que no existían condiciones para llevar a cabo la audiencia inicial (formulación de la imputación) y señaló las diez horas del treinta de septiembre siguiente para tales efectos. 3. En acuerdo de treinta de septiembre de dos mil veinte, se tuvo al defensor de los quejosos solicitando el diferimiento de la audiencia inicial en atención a que la fiscalía le había corrido traslado con nuevos datos de prueba; por ende, la jueza de control señaló las doce horas del nueve de noviembre de dos mil veinte para la celebración de la indicada audiencia. 4. En audiencia inicial de nueve de noviembre de dos mil veinte, se efectuó -medularmente- lo siguiente: ( La fiscalía formuló imputación en contra de 1. Arlet Karime García Pérez y 2. Pablo Jaén Docor -ahora quejosos-, por su probable responsabilidad en la comisión de los hechos con apariencia de los delitos de falsedad en declaraciones judiciales y abuso de autoridad, previstos y sancionados por los artículos 254, fracción II, y 419, Fracción IV, y 420 -respectivamente-, en relación con los diversos 11, 13 y 21, fracción I, todos del Código Penal del Estado de Puebla, en agravio de Eunice Miriam Sarabia García. ( Después de que los imputados se reservaran su derecho a declarar, la fiscalía expuso los datos de prueba para sustentar su solicitud de vincularlo a proceso. ( En razón de que aquéllos se acogieron al término de ciento cuarenta y cuatro horas para resolver su situación jurídica, la autoridad jurisdiccional señaló las quince horas del doce de noviembre de dos mil veinte, para la continuación de la audiencia inicial. ( Previo debate, se impuso a los imputados como medidas cautelares, por todo el tiempo que durara el procedimiento, la siguientes: i) la presentación periódica; ii) la exhibición de una garantía económica equivalente a $3000 pesos; iii) la prohibición de salir del país; y, iv) la suspensión temporal en el ejercicio de su cargo como servidores públicos con retención del 70% de sus percepciones, para que el 30% restante constituyera un ingreso mínimo de subsistencia. 5. El doce de noviembre de dos mil veinte, se continuó con la audiencia inicial, en la que se realizó -sustancialmente- lo siguiente: ( Previo debate y oportunidad para contestar la solicitud de vinculación a proceso, la jueza de control dictó auto de vinculación a proceso en contra de los imputados, por su probable responsabilidad en la comisión de los hechos con apariencia de los delitos de falsedad en declaraciones judiciales y abuso de autoridad, previstos y sancionados por los artículos 254, fracción II, y 419, Fracción IV, y 420 -respectivamente-, en relación con los diversos 11, 13 y 21, fracción I, todos del Código Penal del Estado de Puebla, en agravio de Eunice Miriam Sarabia García. ( Finalmente, previo debate de las partes, se autorizó el plazo de dos meses para el cierre de investigación complementaria. 6. En audiencia oral de ocho de abril de dos mil veintiuno, se decretó en favor de los imputados la suspensión condicional del proceso por el término de ocho meses, así como la suspensión de la medidas cautelares impuestas. En tales condiciones, se estima que los ahora quejosos, al acogerse a la suspensión condicional del proceso como un medio alternativo para la solución del conflicto penal, consintieron el auto de vinculación a proceso que en la presente instancia constitucional se reclama, ya que su voluntad de concluir el proceso penal a través de esa vía de solución alterna debe entenderse para todos los efectos legales. Por tanto, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo y en lo resuelto por la Primera Sala del Máximo Tribunal del País, se sobresee el presente juicio de amparo indirecto, por cuanto al auto de vinculación a proceso dictado en audiencia oral celebrada el doce de noviembre de dos mil veinte, dentro de la causa penal 1535/2020/PUEBLA, por la probable responsabilidad de los quejosos en la comisión de los hechos con apariencia de los delitos de falsedad en declaraciones judiciales y abuso de autoridad, previstos y sancionados por los artículos 254, fracción II, y 419, Fracción IV, y 420 -respectivamente-, en relación con los diversos 11, 13 y 21, fracción I, todos del Código Penal del Estado de Puebla, en agravio de Eunice Miriam Sarabia García. Sobreseimiento que se hace extensivo por cuanto la aprobación, la promulgación y el refrendo de los artículos 419, fracción IV, y 420 -reformado mediante decreto publicado el veintinueve de diciembre de dos mil diecisiete- del Código Penal del Estado de Puebla, así como a la la falta de refrendo del decreto publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla el veintinueve de diciembre de dos mil diecisiete, por el cual se reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones del Código Penal del Estado de Puebla, en materia del Sistema Anticorrupción del Estado, en específico su artículo 420, al haberse declarado improcedente el juicio de amparo que se promueve en contra de su acto de aplicación (el referido auto de vinculación a proceso). En efecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido, jurisprudencialmente, que cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, el juzgador no debe desvincular el estudio de la disposición impugnada del que concierne a su acto de aplicación. De ahí que determinó que el juzgador de amparo debe analizar, en principio, si el juicio de amparo resulta procedente en cuanto al acto de aplicación impugnado, es decir, si constituye el primero que concrete en perjuicio del quejoso la hipótesis jurídica controvertida y si en relación con él no se actualiza una diversa causa de improcedencia; de no acontecer así, se impondrá sobreseer en el juicio respecto del acto de aplicación y la norma impugnada. Entonces, en observancia a ese criterio, es que debe también debe sobreseerse respecto de las normas generales impugnadas por vicios de fondo y por vicios en su procedimiento legislativo. Atento a lo considerado, el suscrito juzgador Federal se encuentra jurídicamente imposibilitado para realizar el estudio de los conceptos de violación formulados en contra de los actos aquí reclamados, pues la actualización de algún motivo que haga improcedente el juicio impide un pronunciamiento sobre cualquier cuestión que ataña al fondo de la litis, ya que la consecuencia del sobreseimiento es poner fin al juicio sin resolver la cuestión de fondo. Sexto. Forma de publicación de la sentencia. En términos del artículo 6, apartado A, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en lo dispuesto en los diversos preceptos 70 y 73, fracción II, 106, fracción III, y 111 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los numerales 1, 9, 11, 68, 110, 113, 117, 118 y 164 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, toda vez que se estima que las sentencias dictadas en los juicios de amparo son de interés público, con el objeto de salvaguardar aquella información reservada o confidencial contenida en esta sentencia, se ordena la elaboración de la versión pública suprimiendo los datos relativos a dicha información y ponerla a disposición del público para su consulta, conforme los mecanismos establecidos en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes para tal efecto, así como también cuando se efectúe la solicitud correspondiente, en conformidad con el procedimiento de acceso a la información establecido en el Título Quinto de la legislación referida en último término. Séptimo. Notificación a la parte quejosa. Con fundamento en el artículo 27, fracción IV, de la Ley de Amparo, se ordena notificar electrónicamente a los quejosos la presente sentencia, por conducto de su defensor particular José Santiago Blanco Bárcena, quien tiene concedido el acceso al expediente electrónico y que las notificaciones se le realicen de forma electrónica. Por lo expuesto y fundado; con apoyo además en lo establecido por los artículos 61, 63, 75 y 76 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: Primero. Se sobresee en el juicio de amparo indirecto, promovido por José Santiago Blanco Bárcena, en su carácter de defensor particular de los quejosos 1. Arlet Karime García Pérez y 2. Pablo Jaén Docor, contra los actos, autoridades y por los motivos precisados en los considerandos segundo, tercero y quinto de esta sentencia. Segundo. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el considerando último de este fallo. Notifíquese electrónicamente a los quejosos 1. Arlet Karime García Pérez y 2. Pablo Jaén Docor, por conducto de su defensor particular José Santiago Blanco Bárcena; por lista a la tercera interesada Eunice Miriam Sarabia García; y, por oficio a las autoridades responsables, a las fiscales terceras interesadas y al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, diecinueve de abril de dos mil veintiuno. Agréguese a los presentes autos el oficio remitido -ordinariamente- por 5. José Álvaro Sarmiento Márquez, Juez de Control del Juzgado de Oralidad y de Ejecución de la Región Judicial Centro, con sede en la ciudad de Puebla, con anexo; y, en atención a su contenido, téngasele remitiendo el registro de audio y video de la audiencia celebrada el ocho de abril de dos mil veintiuno, dentro de la carpeta judicial administrativa 1535/2020/PUEBLA. En consecuencia, de conformidad con el artículo 119 de la Ley de Amparo, ténganse como prueba dicha documental, sin perjuicio de relacionarla nuevamente en el momento procesal oportuno. Respecto al disco versátil digital que remite no ha lugar a señalar fecha para su reproducción, dada su naturaleza jurídica de prueba documental pública, la cual se tiene por desahogada por su especial naturaleza. Guárdese en sobre cerrado el disco óptico que acompaña, mismo que se glosa al expediente, para los efectos legales a que haya lugar. Sustenta lo antes expuesto el siguiente criterio: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga." Notifíquese electrónicamente a la parte quejosa, por conducto de su defensor particular o personal autorizado; y, por lista a las demás partes.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, dieciséis de abril de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el oficio remitido por 5. José Álvaro Sarmiento Márquez, Juez de Control del Juzgado de Oralidad y de Ejecución de la Región Judicial Centro, con sede en la ciudad de Puebla -vía correo institucional-, mediante el cual, informa que en audiencia oral celebrada el ocho de abril de dos mil veintiuno, dentro de la causa penal 1530/2020/PUEBLA, se decretó la suspensión de las medidas cautelares impuestas a los imputados Arlet Karime García Pérez y Pablo Jaén Docor -aquí quejosos- y se decretó la suspensión condicional del proceso. En consecuencia, con fundamento en el artículo 75 de la Ley de Amparo, se requiere a 5. José Álvaro Sarmiento Márquez, Juez de Control del Juzgado de Oralidad y de Ejecución de la Región Judicial Centro, con sede en la ciudad de Puebla, para que en el plazo de tres días, computado legalmente, remita a esta autoridad federal: 1. El registro audiovisual de la audiencia celebrada el ocho de abril de dos mil veintiuno, dentro de la causa penal 1530/2020/PUEBLA; 2. El índice cronológico de su desarrollo, en el que precise el momento de intervención de cada una de las partes; y, 3. La versión escrita de la resolución dictada en esa fecha. Apercibido que de no cumplir con lo anterior, en el plazo señalado, se le impondrá una multa de cien veces, calculado al valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), vigente al momento de la emisión de este proveído, de conformidad con los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con lo dispuesto en los artículos 237, fracción I, y 260, fracción II, de la Ley de Amparo. Notifíquese electrónicamente a la parte quejosa, por conducto de su defensor particular o personal autorizado; por lista a las demás partes; y, por oficio al juez responsable...
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