Jose Santiago Blanco Barcena
Expediente 1626/2016 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 56 actuaciones registradas, la última del 14 de diciembre de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 1626/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 56
- Última actuación
- 14/12/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Jose Santiago Blanco Barcena
- Luis Octavio Colombres Flores
- LUIS OCTAVIO COLOMBRES FLORES y Otros.
- JOSE SANTIAGO BLANCO BARCENA y Otros.
- Juez de lo Penal de San Pedro Cholula, Puebla
Actuaciones
Las 4 más recientes de 56.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, catorce de diciembre de dos mil diecisiete. Agréguese a los autos el escrito signado por Juan Carlos Peña Arrona, apoderado legal de Afianzadora Aserta, Sociedad Anónima de Capital Variable y, en atención a su contenido, téngasele acusando recibo del oficio número CUMP. 2358-2, mediante el cual se le remitió la póliza de fianza número 3784-00289-5 e informo que procedió a cancelarla; lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. Por otro lado, téngasele señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que refiere en su escrito de cuenta.
- Principal
(SE PUBLICA POR LISTA AVISO) SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA SIGUIENTE RESOLUCIÓN: San Andrés Cholula, Puebla, veintidós de noviembre de dos mil diecisiete. Visto, agréguese a los autos el telegrama y el oficio recibido vía correo electrónico remitidos por el Servidor Público designado por el Coordinador de la Agencia Estatal de Investigación de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, por medio de los cuales informa a esta autoridad que el nueve de octubre de dos mil diecisiete, recibió el oficio CUMP. 2030-5 por medio del cual se ordenó notificar el auto de veintinueve de septiembre de dos mil diecisiete, de lo que toma conocimiento la suscrita Jueza Federal para los efectos legales a que haya lugar. Por otro lado, vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que el plazo general de quince días que establece el artículo 202 de la Ley de Amparo, para que las partes se inconformaran en contra del acuerdo dictado el veintinueve de septiembre de dos mil diecisiete, mediante el cual se tuvo por cumplida la ejecutoria emitida en este juicio de amparo, transcurrió del diecisiete de octubre al nueve de noviembre de dos mil diecisiete, sin que se hayan inconformado con el citado proveído. En consecuencia, en términos del artículo 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha quedado firme. En otro sentido, ya que resulta innecesario conservar la prueba documental que remitió el Juez Tercero de lo Penal de Oaxaca, con residencia en Santa María Ixcotel, en apoyo a su informe justificado, devuélvasele los anexos I y II, y requiérasele para que en el improrrogable término de veinticuatro horas, contadas a partir de la notificación del presente proveído, se sirvan acusar de recibo. Apercibidas que de no hacerlo se le impondrá una multa equivalente a cincuenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente al momento de la emisión de esta determinación, de conformidad con los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo y con base en lo previsto por los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas disposiciones diversas de la Constitución Federal, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de ese año, se establece que el presente asunto en el que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración después de transcurridos cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción IV del punto vigésimo primero del ordenamiento en cita, debiéndose conservar la demanda y sentencia respectiva, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. En cuanto al original del incidente de suspensión, en virtud de que se concedió la medida cautelar solicitada, con fundamento en la fracción III del aludido artículo vigésimo primero del citado Acuerdo, se decreta que es susceptible de depuración, en el término señalado en el párrafo que antecede, esto es, después de transcurridos cinco años, debiendo conservar aquéllas actuaciones en las que se concedió la medida. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en la fracción III del artículo vigésimo del referido Acuerdo es susceptible de destrucción transcurridos seis meses a partir de esta fecha, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en el duplicado. Por otro lado, se ordenan fijar las anotaciones correspondientes en la carátula del presente expediente, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo en el punto Décimo Primero del Acuerdo en Comento (1/2009). Finalmente, visto el estado procesal que guardan los presentes autos del incidente de suspensión, de los que se advierte que mediante proveído de doce de diciembre de dos mil dieciséis (foja 81), la parte quejosa exhibió la póliza de fianza número 3784-0289-5, expedida por la afianzadora Aserta, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero Aserta por la cantidad de $50,000.00 (cincuenta mil pesos, cero centavos moneda nacional), a fin de garantizar la suspensión definitiva que le fue concedida en la interlocutoria de veintiocho de noviembre de dos mil dieciséis, y atento que por auto de esta misma fecha, se ordenó el archivo del presente juicio de amparo, se provee lo siguiente: Primeramente, debe decirse que el artículo 156 de la Ley de Amparo, establece: Artículo 156. Cuando se trate de hacer efectiva la responsabilidad proveniente de las garantías y contragarantías que se otorguen con motivo de la suspensión, se tramitará ante el órgano jurisdiccional que conozca de ella un incidente en los términos previstos por esta Ley, dentro de los seis meses siguientes al día en que surta efectos la notificación a las partes de la resolución que en definitiva ponga fin al juicio. De no presentarse la reclamación dentro de ese plazo y previa vista a las partes, se procederá a la devolución o cancelación, en su caso, de la garantía o contragarantía, sin perjuicio de que pueda exigirse dicha responsabilidad ante autoridad judicial competente. El anterior artículo establece que cuando se trate de hacer efectiva la responsabilidad proveniente de las garantías y contragarantías que se otorguen con motivo de la suspensión, se tramitará ante el órgano jurisdiccional que conozca de ella un incidente en los términos previstos por esta Ley, dentro de los seis meses siguientes al día en que surta efectos la notificación a las partes de la resolución que en definitiva ponga fin al juicio. De no presentarse la reclamación dentro de ese plazo y previa vista a las partes, se procederá a la devolución o cancelación, en su caso, de la garantía o contragarantía, sin perjuicio de que pueda exigirse dicha responsabilidad ante autoridad judicial competente. Como se adelantó, en el caso, la parte quejosa exhibió la póliza de fianza número 3784-0289-5, expedida por la afianzadora Aserta, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero Aserta por la cantidad de $50,000.00 (cincuenta mil pesos, cero centavos moneda nacional), para garantizar la suspensión definitiva concedida. Así también, se observa que el presente juicio de amparo ha concluido, motivo por el cual en términos del artículo 130 de la Ley de Amparo, los efectos de la suspensión han cesado. Sin embargo, en la especie, no es aplicable lo dispuesto por el artículo 156 de la ley de la materia, pues con dicha garantía de depósito no se garantizaron daños y perjuicios que pudieran haberse ocasionado con el otorgamiento de la medida cautelar, sino que durante su vigencia el impetrante pudiera ser devuelto a la autoridad responsable que emitió el acto privativo de libertad, de manera que es innecesario esperar a que transcurran los seis meses que se indican en ese numeral, como plazo para que pueda ordenarse la cancelación de la garantía de mérito, pues no existe razón objetiva alguna para que se agote dicho lapso y, por ende, tampoco para que, previo a la devolución del documento, se de vista a las partes, pues el objeto de la misma es que quien tenga interés en hacer efectiva la garantía, manifieste lo que a su derecho convenga y, en el caso, como se dijo, con el otorgamiento de la medida cautelar, se garantizó que el impetrante pudiera ser devuelto a la autoridad responsable que lo reclama, por lo que no existen daños y perjuicios. En tales condiciones, dado el estado que guarda el presente incidente, resulta innecesario la conservación de la misma, por lo cual se ordena la cancelación de la póliza de fianza número 3784-0289-5, expedida por la afianzadora Aserta, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero Aserta por la cantidad de $50,000.00 (cincuenta mil pesos, cero centavos moneda nacional), ello con fundamento en lo dispuesto por los artículos 174 y 293 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas. En consecuencia, se ordena la devolución de la citada póliza a la afianzadora que la expidió en la oficina ubicada en la ciudad de Puebla; y se solicita a quien la represente legalmente, que informe a este órgano jurisdiccional sobre la cancelación de la referida póliza de fianza que se había recibido para garantizar la suspensión provisional. En el entendido que de omitir hacerlo, se le impondrá una multa equivalente a cincuenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente al momento de la emisión de este proveído, de conformidad con los artículos 237 fracción I y 259 de la Ley de Amparo.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintidós de noviembre de dos mil diecisiete. Visto, agréguese a los autos el telegrama y el oficio recibido vía correo electrónico remitidos por el Servidor Público designado por el Coordinador de la Agencia Estatal de Investigación de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, por medio de los cuales informa a esta autoridad que el nueve de octubre de dos mil diecisiete, recibió el oficio CUMP. 2030-5 por medio del cual se ordenó notificar el auto de veintinueve de septiembre de dos mil diecisiete, de lo que toma conocimiento la suscrita Jueza Federal para los efectos legales a que haya lugar. Por otro lado, vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que el plazo general de quince días que establece el artículo 202 de la Ley de Amparo, para que las partes se inconformaran en contra del acuerdo dictado el veintinueve de septiembre de dos mil diecisiete, mediante el cual se tuvo por cumplida la ejecutoria emitida en este juicio de amparo, transcurrió del diecisiete de octubre al nueve de noviembre de dos mil diecisiete, sin que se hayan inconformado con el citado proveído. En consecuencia, en términos del artículo 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha quedado firme. En otro sentido, ya que resulta innecesario conservar la prueba documental que remitió el Juez Tercero de lo Penal de Oaxaca, con residencia en Santa María Ixcotel, en apoyo a su informe justificado, devuélvasele los anexos I y II, y requiérasele para que en el improrrogable término de veinticuatro horas, contadas a partir de la notificación del presente proveído, se sirvan acusar de recibo. Apercibidas que de no hacerlo se le impondrá una multa equivalente a cincuenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente al momento de la emisión de esta determinación, de conformidad con los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo y con base en lo previsto por los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas disposiciones diversas de la Constitución Federal, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de ese año, se establece que el presente asunto en el que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración después de transcurridos cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción IV del punto vigésimo primero del ordenamiento en cita, debiéndose conservar la demanda y sentencia respectiva, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. En cuanto al original del incidente de suspensión, en virtud de que se concedió la medida cautelar solicitada, con fundamento en la fracción III del aludido artículo vigésimo primero del citado Acuerdo, se decreta que es susceptible de depuración, en el término señalado en el párrafo que antecede, esto es, después de transcurridos cinco años, debiendo conservar aquéllas actuaciones en las que se concedió la medida. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en la fracción III del artículo vigésimo del referido Acuerdo es susceptible de destrucción transcurridos seis meses a partir de esta fecha, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en el duplicado. Por otro lado, se ordenan fijar las anotaciones correspondientes en la carátula del presente expediente, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo en el punto Décimo Primero del Acuerdo en Comento (1/2009). Finalmente, visto el estado procesal que guardan los presentes autos del incidente de suspensión, de los que se advierte que mediante proveído de doce de diciembre de dos mil dieciséis (foja 81), la parte quejosa exhibió la póliza de fianza número 3784-0289-5, expedida por la afianzadora Aserta, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero Aserta por la cantidad de $50,000.00 (cincuenta mil pesos, cero centavos moneda nacional), a fin de garantizar la suspensión definitiva que le fue concedida en la interlocutoria de veintiocho de noviembre de dos mil dieciséis, y atento que por auto de esta misma fecha, se ordenó el archivo del presente juicio de amparo, se provee lo siguiente: Primeramente, debe decirse que el artículo 156 de la Ley de Amparo, establece: Artículo 156. Cuando se trate de hacer efectiva la responsabilidad proveniente de las garantías y contragarantías que se otorguen con motivo de la suspensión, se tramitará ante el órgano jurisdiccional que conozca de ella un incidente en los términos previstos por esta Ley, dentro de los seis meses siguientes al día en que surta efectos la notificación a las partes de la resolución que en definitiva ponga fin al juicio. De no presentarse la reclamación dentro de ese plazo y previa vista a las partes, se procederá a la devolución o cancelación, en su caso, de la garantía o contragarantía, sin perjuicio de que pueda exigirse dicha responsabilidad ante autoridad judicial competente. El anterior artículo establece que cuando se trate de hacer efectiva la responsabilidad proveniente de las garantías y contragarantías que se otorguen con motivo de la suspensión, se tramitará ante el órgano jurisdiccional que conozca de ella un incidente en los términos previstos por esta Ley, dentro de los seis meses siguientes al día en que surta efectos la notificación a las partes de la resolución que en definitiva ponga fin al juicio. De no presentarse la reclamación dentro de ese plazo y previa vista a las partes, se procederá a la devolución o cancelación, en su caso, de la garantía o contragarantía, sin perjuicio de que pueda exigirse dicha responsabilidad ante autoridad judicial competente. Como se adelantó, en el caso, la parte quejosa exhibió la póliza de fianza número 3784-0289-5, expedida por la afianzadora Aserta, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero Aserta por la cantidad de $50,000.00 (cincuenta mil pesos, cero centavos moneda nacional), para garantizar la suspensión definitiva concedida. Así también, se observa que el presente juicio de amparo ha concluido, motivo por el cual en términos del artículo 130 de la Ley de Amparo, los efectos de la suspensión han cesado. Sin embargo, en la especie, no es aplicable lo dispuesto por el artículo 156 de la ley de la materia, pues con dicha garantía de depósito no se garantizaron daños y perjuicios que pudieran haberse ocasionado con el otorgamiento de la medida cautelar, sino que durante su vigencia el impetrante pudiera ser devuelto a la autoridad responsable que emitió el acto privativo de libertad, de manera que es innecesario esperar a que transcurran los seis meses que se indican en ese numeral, como plazo para que pueda ordenarse la cancelación de la garantía de mérito, pues no existe razón objetiva alguna para que se agote dicho lapso y, por ende, tampoco para que, previo a la devolución del documento, se de vista a las partes, pues el objeto de la misma es que quien tenga interés en hacer efectiva la garantía, manifieste lo que a su derecho convenga y, en el caso, como se dijo, con el otorgamiento de la medida cautelar, se garantizó que el impetrante pudiera ser devuelto a la autoridad responsable que lo reclama, por lo que no existen daños y perjuicios. En tales condiciones, dado el estado que guarda el presente incidente, resulta innecesario la conservación de la misma, por lo cual se ordena la cancelación de la póliza de fianza número 3784-0289-5, expedida por la afianzadora Aserta, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero Aserta por la cantidad de $50,000.00 (cincuenta mil pesos, cero centavos moneda nacional), ello con fundamento en lo dispuesto por los artículos 174 y 293 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas. En consecuencia, se ordena la devolución de la citada póliza a la afianzadora que la expidió en la oficina ubicada en la ciudad de Puebla; y se solicita a quien la represente legalmente, que informe a este órgano jurisdiccional sobre la cancelación de la referida póliza de fianza que se había recibido para garantizar la suspensión provisional. En el entendido que de omitir hacerlo, se le impondrá una multa equivalente a cincuenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente al momento de la emisión de este proveído, de conformidad con los artículos 237 fracción I y 259 de la Ley de Amparo.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, quince de noviembre de dos mil diecisiete. Visto el estado procesal de autos, se advierte que no obra agregado el acuse de recibo del oficio CUMP. 2030-5, dirigido a la autoridad responsable Coordinador General de la Agencia Estatal de Investigación de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca. En consecuencia, con fundamento en el artículo 297, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, requiérase vía telegráfica a la autoridad responsable Coordinador General de la Agencia Estatal de Investigación de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca para que dentro del término de veinticuatro horas, contadas a partir de que surta efectos la notificación del presente acuerdo, comunique a este órgano jurisdiccional la fecha exacta en la que recibió el oficio CUMP. 2030-5, por el que se ordenó la notificación del auto de veintinueve de septiembre de dos mil diecisiete. En el entendido de que en el plazo señalado tendrá que remitir copia certificada de las constancias que sustente su dicho. Se apercibe a la autoridad antes citada que de no cumplir con lo requerido en el término señalado, con fundamento en el artículo 237, fracción I, en relación con el numeral 259, ambos de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa equivalente a cincuenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente al momento de la emisión de este proveído, de conformidad con los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas disposiciones diversas de la Constitución Federal, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis.
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