Jose Samuel Chilaca Martinez

Expediente 585/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 13 actuaciones registradas, la última del 1 de octubre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
585/2018
Año
2018
Actuaciones
13
Última actuación
01/10/2018

Partes del expediente

  • Jose Samuel Chilaca Martinez
  • JOSE SAMUEL CHILACA MARTINEZ y Otros.
  • JORGE PATRICIO GONZALEZ MONROY y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, primero de octubre de dos mil dieciocho. Visto, el oficio de cuenta, agréguese a los autos para que surta los efectos legales a que haya lugar y, en atención a su contenido, téngase a la autoridad responsable Registrador Público de la Propiedad den la Circunscripción Territorial de Cholula, Puebla acusando recibo del diverso oficio 1104-C-2, por el que se le devolvió el anexo VII. Por otro lado, hágase del conocimiento de las partes, para los efectos legales conducentes que, mediante oficio SEADS/962/2018, el Secretario Ejecutivo de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal informó que el Pleno del Consejo, por unanimidad de votos, aprobó la propuesta presentada y designó como titular de este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla al licenciado HORACIO ÓSCAR ROSETE MENTADO, con efectos a partir del uno de octubre de dos mil dieciocho. Resulta aplicable por analogía, en lo conducente, la jurisprudencia 2a./J.104/2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguiente: "SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO. EL CAMBIO DE TITULAR DEL ÓRGANO QUE LA DICTARÁ DEBE NOTIFICARSE A LAS PARTES, PUES DE LO CONTRARIO SE ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN PROCESAL QUE AMERITA REPONER EL PROCEDIMIENTO, SIEMPRE QUE SE HAGA VALER EN LOS AGRAVIOS DEL RECURSO DE REVISIÓN EL ARGUMENTO REFERENTE AL IMPEDIMENTO DEL JUEZ A QUO PARA CONOCER DEL ASUNTO. Del primer párrafo del artículo 66 de la Ley de Amparo se advierte que los juzgadores federales no son recusables; sin embargo, están obligados a manifestar su impedimento para conocer del juicio de actualizarse alguna de las causas previstas en las diversas fracciones del propio precepto. Por su parte, el primer párrafo del artículo 70 del indicado ordenamiento establece que las partes podrán alegar el impedimento de los juzgadores federales, por lo que para formularlo deben conocer quién es el titular del órgano jurisdiccional que dictará la sentencia o resolución correspondiente, para lo cual en caso de cambio de titular, debe notificarse, por regla general, mediante lista al quejoso y al tercero perjudicado, y por oficio a las autoridades responsables, en términos del artículo 28, fracciones I y III, de la Ley, salvo que el Juez del conocimiento, con fundamento en el artículo 30 de la referida legislación, ordene que se haga personalmente. Ahora bien, la violación procesal consistente en la falta de notificación a las partes del cambio de titular trasciende al resultado del fallo y, por ende, con fundamento en el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, debe reponerse el procedimiento; lo anterior siempre que la recurrente haga valer en los agravios el argumento referente al impedimento del Juez, pues de no hacerlo así, aun cuando exista dicha violación al procedimiento, no trasciende al resultado del fallo, siendo innecesario ordenar la reposición del procedimiento, pues ello a nada práctico lleva y, por el contrario, dilataría la impartición de justicia en contravención del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintisiete de septiembre de dos mil dieciocho. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hubieran recurrido la sentencia dictada el siete de septiembre de dos mil dieciocho, en la que se sobreseyó el amparo solicitado por la parte quejosa; por lo que, con fundamento en los numerales 355 y 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, conforme lo establece el segundo precepto de la ley de la materia, se declara que dicha sentencia ha causado estado, para todos los efectos legales procedentes; razón por la cual, quedan sin efecto las medidas cautelares decretadas en el incidente de suspensión. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y, en su oportunidad, archívese el asunto como totalmente concluido. En consecuencia, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, se establece que el presente asunto en el que sobreseyó en el juicio de amparo, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción después de transcurridos cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción II del artículo vigésimo primero del ordenamiento en cita. En cuanto al original del incidente de suspensión en virtud de que se concedió la medida cautelar, con fundamento en la fracción III del artículo vigésimo primero del citado acuerdo, se decreta que es susceptible de depuración, transcurridos cinco años a partir del presente auto en términos de los lineamientos del acuerdo de referencia. Se ordenan fijar las anotaciones correspondientes en las carátulas de los presentes expedientes, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo en el punto Décimo Primero del Acuerdo en Comento (1/2009). En otro sentido, ya que resulta innecesario conservar las pruebas documentales que remitieron el Juez Séptimo de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla (anexos I, II, III, IV, V y VI), y el Registrador Público de la Propiedad de la Circunscripción Territorial de Cholula, Puebla (anexo VII) en apoyo a sus informes justificados, devuélvaseles, y requiéraseles para que en el improrrogable término de veinticuatro horas, contadas a partir de la notificación del presente proveído, se sirvan acusar de recibo. Se apercibe a las citadas autoridades responsables que para el caso de no realizar el presente requerimiento, se le impondrá una multa de cincuenta veces, calculado al valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), vigente al momento de la emisión de este proveído, de conformidad con los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con lo dispuesto en los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo.

  3. Principal

    R E S U E L V E: PRIMERO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo indirecto 585/2018-C, promovido por Jorge Patricio González Monroy, por su propio derecho y José Samuel Chilaca Martínez, por conducto de José Carlos Susunaga Vallejo, contra los actos reclamados a las autoridades responsables 1. Fiscal General del Estado de Puebla, 2. Registrador Público de la Propiedad de la circunscripción territorial de Cholula, Puebla, 3. Encargado de despacho de la Dirección General de Investigación Especializada del Sistema Tradicional, y 4. Juez Séptimo de lo Penal de la ciudad de Puebla, precisados en el considerando segundo y por las razones expuestas en los diversos tercero, apartado I y quinto de esta sentencia. SEGUNDO. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el considerando último de este fallo.

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veinticuatro de agosto de dos mil dieciocho. Visto, con conocimiento de las partes, agréguese a los autos el oficio signado por el Juez Séptimo de lo Penal de la ciudad de Puebla, por medio del cual en alcance a su informe justificado, remite copia certificada del tomo VI del Proceso 156/2010 de su índice, de lo que toma conocimiento la suscrita Jueza Federal para los efectos legales a que haya lugar. En ese sentido, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, téngase a la autoridad responsable ofreciendo como pruebas las documentales que anexa al oficio de mérito, sin perjuicio de relacionarlas nuevamente en el momento procesal oportuno; esto es, en la celebración de la audiencia constitucional. Y, dado el cuantioso número de fojas de las constancias que remite la autoridad responsable, fórmese el cuadernos de prueba VI del presente juicio para la mejor facilidad de su manejo, respetando folio, sello y rúbrica del mismo. Por otro lado, de autos se advierte que el término de ocho días que establece el artículo 117 de la Ley de Amparo, concedido a las partes para que se impongan del informe justificado rendido por la autoridad responsable, trascurre del veintidós al treinta y uno de agosto de dos mil dieciocho, pues se notificó por lista a las partes el veinte de agosto pasado emplazó el veintiuno de febrero pasado, surtió efectos el veintiuno siguiente, descontándose sábados y domingos, por ser inhábiles, en términos del artículo 19 de la Ley de Amparo. Atento a lo anterior, la audiencia constitucional señalada para las nueve horas con veinte minutos del veintiocho de agosto de dos mil dieciocho, procede diferirla anticipadamente y se fija como nueva fecha para su celebración las ONCE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL SIETE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO.

Quedan 9 actuaciones en este expediente

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