Jose Ruben Romero Flores

Expediente 861/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 31 actuaciones registradas, la última del 4 de octubre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
861/2020
Año
2020
Actuaciones
31
Última actuación
04/10/2021

Partes del expediente

  • Jose Ruben Romero Flores
  • Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo En Materia Penal En el Estado de Puebla

Actuaciones

Las 4 más recientes de 31.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, cuatro de octubre de dos mil veintiuno. CAUSA ESTADO. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hayan recurrido la sentencia de diez de septiembre de dos mil veintiuno, que sobreseyó en el presente juicio, por lo que con fundamento en los numerales 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, conforme lo establece el segundo precepto de la ley de la materia, se declara que dicha sentencia ha causado estado, para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y, archívese este asunto como totalmente concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto en el cual se sobreseyó en el juicio, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el numeral 21, inciso a), del ordenamiento en cita; sin que sea el caso requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. Se ordena indicar la anterior valoración en la carátula del expediente, con su correspondiente leyenda, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Finalmente, atento el sobreseimiento decretado devuélvase a la Agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía de Investigación Metropolitana (Claudia Carmona Cid) el anexo I de pruebas, sin que sea necesario requerir el acuse de recibo toda vez que la autoridad responsable en mención se encuentra dentro del lugar de residencia de este juzgado Federal; por tanto, se instruye al actuario judicial que corresponda entregar el oficio respectivo, para que se cerciore que en el acuse de recibo de dicha misiva, se haga constar la entrega de la citada documental. Notifíquese vía electrónica a la parte quejosa; mediante oficio a las autoridades responsables, a la autoridad tercera interesada; y al agente del Ministerio Público Federal adscrito...

  2. Principal

    V I S T O S los autos para resolver el juicio de amparo indirecto número 861/2020, del índice del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con sede en San Andrés Cholula Puebla, promovido por José Rubén Romero Flores, por derecho propio; y, R E S U L T A N D O: Primero. Demanda de Amparo. Por escrito presentado en línea el tres de agosto de dos mil veinte (fojas 6 a 11), y remitido por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, el mismo día al Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, José Rubén Romero Flores, por propio derecho, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de las autoridades y actos precisados en el escrito de demanda. Ante la prevención formulada por la citada homóloga Federal (fojas 16 a 20), mediante escrito aclaratorio de demanda (fojas 24 y 25), la parte quejosa precisó como autoridades y actos reclamados lo siguiente: "Segundo: Respecto de las autoridades responsables, preciso lo siguiente: 1.- Coordinador General de Asuntos Jurídicos de la Fiscalía General del Estado de Puebla. 2.- Fiscal de Investigación Metropolitana de la Fiscalía General del Estado de Puebla. 3.- Licenciada Claudia Carmona Cid, agente de Ministerio Público adscrita a la Fiscal de Investigación Metropolitana, autoridad sustituta designada por la Fiscalía General del Estado de Puebla, para conocer y dar seguimiento a las siguientes averiguaciones previas de procedimiento tradicional: .f).- Averiguación previa número 4/2010/DMS-V;. Autoridades Ejecutoras: 4.- Registrador Público de la Propiedad en la Circunscripción territorial de Atlixco, Puebla. Tercero: Respecto de los actos reclamados, se precisa únicamente el siguiente: I.- La orden de aseguramiento decretada por la Institución del Ministerio Público, en las averiguaciones previas: (.) f).- Averiguación previa número 4/2010/DMS-V;(.); respecto de la totalidad del inmueble inscrito en la partida 590, a fojas 161, tomo 112, libro 1, del Registro Público de la Propiedad en la circunscripción territorial de Atlixco, para el efecto de no permitir inscripciones de actos traslativos de dominio, total o parcial respecto de dicho bien inmueble, sin precisar que se permita inscribir actos traslativos de dominio legítimamente celebrados con anterioridad a los hechos materia de las averiguaciones previas señaladas, por terceros adquirentes de buena fe, como lo soy el suscrito José Rubén Romero Flores. Y su subsecuente ejecución mediante la anotación marginal de aseguramiento en el registro público de la circunscripción territorial de Atlixco." La parte quejosa narró bajo protesta de decir verdad, los antecedentes del caso; formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes y señaló como derechos fundamentales y garantías violados los contenidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Segundo. Radicación de la demanda y trámite. Demanda de amparo De la referida demanda de amparo correspondió conocer, por razón de turno, al Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, autoridad que realizó, en esencia, lo siguiente: a) Por auto de cuatro de agosto de dos mil veinte (fojas 16 a 20), radicó la demanda con el número de juicio de amparo indirecto 500/2020 y previno al quejoso para que precisara los actos reclamados y autoridades responsables. b) El trece de agosto de dos mil veinte (fojas 26 a 28), acordó el escrito de desahogo de prevención de la parte quejosa, y determinó que el quejoso no cumplió el requerimiento formulado; c) Por acuerdo de diecisiete de agosto de dos mil veinte (fojas 31 y 32), tuvo por no presentada la demanda. Recurso de queja d) Inconforme con esa determinación el quejoso interpuso del recurso de queja, el cual substanció el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, radicada bajo el recurso de queja número 82/2020, y por ejecutoria de dieciséis de octubre de dos mil veinte, se declaró fundado (fojas 53 a 71). Admisión de la demanda d) El cuatro de noviembre de dos mil veinte (fojas 72 a 81), la resolutora federal admitió a trámite la demanda, sin incidente de suspensión, respecto de los actos derivados de la "(.) Constancia de Hechos C.H.2461/2009/ATL". Separación de autos e) En el mismo auto (cuatro de noviembre de dos mil veinte), la jueza de Distrito, determinó procedente la separación de juicios, por lo que ordenó remitir copias certificadas del expediente aludido a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, para el turno y trámite de los juicios separados. Tercero. Radicación de la demanda y trámite del presente juicio de garantías. Admisión Por razón de turno a este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, correspondió conocer de la demanda de amparo respecto de los actos derivados de la "f).- Averiguación previa número 4/2010/DMS-V" y que atribuyó a 1. Claudia Carmona Cid, agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía de Investigación Metropolitana y otras autoridades. Por tanto, en auto de nueve de noviembre de dos mil veinte (fojas 82 a 89), se radicó la demanda con el juicio de amparo indirecto número 861/2020, se admitió a trámite, sin incidente de suspensión, se requirieron los informes justificados a las autoridades responsables, y se le dio la intervención que legalmente le compete al agente del Ministerio Público Federal de la adscripción (foja 97). Ampliación de la demanda de amparo. En proveído de veintinueve de enero de dos mil veintiuno, con motivo de que se le dio vista al quejoso con los informes de las autoridades responsables, y atendiendo a su manifestaciones formuladas (fojas 218 a 220), se le previno para que manifestara si era su deseo ampliar la demanda respecto de la nueva autoridad responsable ordenadora 5. Jueza Quinto Penal del Distrito Judicial del Centro, con sede en la Ciudad de Puebla (fojas 221 a 224). Con motivo de lo anterior, en proveído de dieciséis de febrero de la presente anualidad (fojas 236 a 240), se le tuvo ampliando la demanda de amparo en contra de dicha autoridad, e indicó los actos reclamados, en los términos siguientes: 1).- La orden de Ratificación de aseguramiento por parte del Juez Quinto de lo penal de la ciudad de Puebla, dentro del proceso 238/2010, derivado del aseguramiento mediante oficio sin número de la averiguación previa 4/2010/DMS-V por parte del Agente del Ministerio Público Adscrito a la Mesa de Trámite, de la Dirección Regional de Averiguaciones Previas y Control de Procesos Zona metropolitana Sur de la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado, de fecha doce de mayo de dos mil diez, respecto del inmueble de mi propiedad identificado como: Una sub fracción de terreno que se segrega de la fracción segregada del terreno temporal denominado "San Alejotenco", antiguo ejido, ubicado en la población de Coyula, de la jurisdicción de Atlixco, Puebla, mismo que adquirí mediante escritura pública de compraventa, instrumento número 20828, volumen 197, de fecha treinta y uno de enero de dos mil tres, de la notaría pública número 1, del distrito judicial de Atlixco, Puebla, el cual tiene su antecedente registral en el registro público de la propiedad en la circunscripción territorial de Atlixco, Puebla, en la partida 590, a fojas 161, tomo 112, libro 1, mismo que se realizó dentro del folio electrónico 0005680 1. 2).- La imposibilidad jurídica y material de inscribir mi título de propiedad, respecto del bien inmueble identificado como: Una sub fracción de terreno que se segrega de la fracción segregada del terreno temporal denominado "San Alejotenco", antiguo ejido, ubicado en la población de Coyula, de la jurisdicción de Atlixco, Puebla, mismo que adquirí mediante escritura pública de compraventa, instrumento número 20828, volumen 197, de fecha treinta y uno de enero de dos mil tres, de la notaría pública número 1, del distrito judicial de Atlixco, Puebla, el cual tiene su antecedente registral en el registro público de la propiedad en la circunscripción territorial de Atlixco, en virtud del aseguramiento de la partida 590, a fojas 161, tomo 112, libro 1, así como la limitación a mi derecho de propiedad respecto de dicho inmueble, pues el mismo debe de inscribirse en el registro público de la propiedad en la circunscripción territorial de Atlixco, en la partida 590, a fojas 161, tomo 112, libro 1, y no es posible por actos violatorios por parte de las responsables, en virtud de que sin previo juicio y sin la observancia a las formalidades esenciales del procedimiento, así como sin motivación y fundamentación alguna, se realizó el aseguramiento y con posterioridad la puesta a disposición de los bienes y su solicitud de ratificación del mismo por parte de la autoridad señalada como responsable del bien inmueble de mi propiedad. 3).- La orden a los notarios públicos del Estado de Puebla y al registrador público de la propiedad en la circunscripción territorial de Atlixco, Puebla, por parte de la autoridad responsable de no autorizar ni tampoco inscribir dichos actos traslativos de dominio celebrados por el señor Leonardo Tiro Moranchel, sin precisar exentar de dicha orden a los actos jurídicos otorgados con anterioridad a los hechos que dieron origen a las averiguaciones previas y procesos que se han precisado, entre los que se encuentra la escritura pública número de instrumento 20828, volumen 197, de fecha 31 de enero de 2003, de la notaría pública número 1, del distrito judicial de Atlixco, que corresponde a mi consorte Patricia Romero Mitre como comprador y Leonardo Tiro Moranchel como vendedor, toda vez que como se desprende del testimonio a que me refiero, este fue celebrado seis años con anterioridad a la fecha en que se solicitó su aseguramiento y con posterioridad fuera puesto a disposición del Juez Quinto de lo penal de la ciudad de Puebla, dentro del proceso 238/2010, momento en el que fue solicitado se ratificara el mismo por la autoridad señalada como responsable, inmueble que ya se encontraba fuera del patrimonio de quien fue solicitado el aseguramiento y con posterioridad a la petición de su ratificación por parte del Juez Quinto de lo penal de la ciudad de Puebla, por lo que es claro que es improcedente decretar el aseguramiento y solicitud de ratificación del mismo sobre el inmueble de mi propiedad, sin cerciorarse que se estuviera en propiedad de otra persona distinta a quien se instruyen las causas penales y sin asegurarse de que la misma no tenga relación o participación alguna en dichas conductas, o bien de que dicha causa penal también se instruye en su contra (.)" (foja 232). Por lo que, se solicitó el informe justificado, se ordenó notificar a las partes, se dio intervención al Agente del Ministerio Público Federal, entre otras determinaciones. Cuarto. Tercero interesado. En proveído de dieciséis de febrero de dos mil veintiuno (fojas 236 a 240), con fundamento en el artículo 5, fracción III, inciso e), de la Ley de Amparo, se tuvo como tercero interesado al Agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado Quinto de lo Penal de la Ciudad de Puebla, a quien se ordenó emplazarlo; lo que aconteció el diecisiete de febrero de dos mil veintiuno (foja 253), quien no compareció al presente sumario constitucional. Quinto. Resolución. El dieciséis de marzo de dos mil veintiuno, este Juzgado dictó resolución en el presente juicio de amparo, y sobreseyó en el juicio, al considerarse actualizada la causal de sobreseimiento establecida en el artículo 63, fracción IV de la Ley de Amparo y la diversa de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XII, en relación con el 5º, del ordenamiento legal citado (fojas 256 a 273). Sexto. Recurso de revisión. Inconforme el quejoso con la determinación dictada por este Juzgado, interpuso recurso de revisión el cual correspondió conocer al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, con sede en San Andrés Cholula, Puebla, bajo el amparo en revisión 84/2021. Así, en sesión celebrada por videoconferencia de ocho de julio de dos mil veintiuno, resolvió dicho medio de impugnación en los términos siguientes: "PRIMERO. Se revoca la sentencia sujeta a revisión. SEGUNDO. Se ordena la reposición del procedimiento del juicio de amparo 861/2020, del índice del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, promovido por José Rubén Romero Flores.". Asimismo, en dicha ejecutora se establecieron los lineamientos siguientes: "(.) Así las cosas, procede revocar la sentencia sujeta a revisión y ordenar la reposición del procedimiento del juicio de origen, a fin de que la juez de Distrito deje insubsistente la audiencia constitucional y; a) Recabe oficiosamente la información necesaria para corroborar la causa que generó que el Notario Público Número 1 de Atlixco, Puebla, asentara la leyenda "no pasó", en la documental con la que la parte quejosa pretende demostrar su interés jurídico. b) Emplace a quienes tienen el carácter de terceros interesados, a fin de que estén en posibilidad de formular alegatos, rendir pruebas, objetar, contradecir y desvirtuar las pruebas del quejoso, así como interponer recursos. c) Señale fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, continúe con la secuela procesal, y en su momento procesal oportuno, con plenitud de jurisdicción resuelva lo procedente.". Séptimo. Cita para audiencia. Por acuerdo de veinticinco de febrero de dos mil veintiuno (fojas 245 a 247), se señaló hora y día para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, en sus dos primeras fases -pruebas y alegatos- se desarrolló al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: Primero. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula, es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de garantías, por razón de materia y territorio, pues se reclaman actos de esa naturaleza, atribuidos a autoridades con residencia dentro de la jurisdicción de este órgano de control constitucional. Segundo. Precisión de los actos reclamados. Por cuestión de orden y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 74, fracción I, de la Ley de Amparo, resulta conveniente precisar los actos reclamados que se advierten del análisis integral de la demanda, para lo cual es necesario interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa, de conformidad con lo establecido en el criterio sostenido en la tesis de jurisprudencia número 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto señalan: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Así, del contenido integral de la demanda de amparo y escrito de ampliación, así como del análisis de los informes justificados y constancias remitidas en su apoyo, se advierte que el quejoso reclama: De la 1. Agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía de Investigación Metropolitana Claudia Carmona Cid, 2. Coordinador General de Asuntos Jurídicos de la Fiscalía General del Estado de Puebla; 3. Fiscal de Investigación Metropolitana de la Fiscalía General del Estado de Puebla, en la dentro de la averiguación previa número 4/2010/DMS-V, lo siguiente: a) La orden de aseguramiento respecto del inmueble señalado en el escrito inicial de demanda como una sub fracción de terrero que se segrega del terreno temporal denominado "San Alejotenco", antiguo ejido, ubicado en la población de Coyula, Atlixco, Puebla. A la autoridad ejecutora 4. Registrador Público de la Propiedad de la Circunscripción territorial de Atlixco, Puebla: b) La ejecución de la indicada orden de aseguramiento, que se traduce en "no permitir inscripciones de actos traslativos de dominio, total o parcial respecto de dicho bien inmueble, sin precisar que se permita inscribir actos traslativos de dominio legítimamente celebrados con anterioridad a los hechos materia de las averiguaciones previas señaladas, por terceros adquirentes de buena fe (.). Y su subsecuente ejecución mediante la anotación marginal de aseguramiento en el registro público de la circunscripción territorial de Atlixco." De la 5. Jueza Quinto Penal del Distrito Judicial del Centro, con sede en la Ciudad de Puebla, en la causa penal 238/2010, de su índice: a) La ratificación del aseguramiento respecto del inmueble identificado como una sub fracción de terreno que se segrega de la fracción segregada del terreno temporal "San Alejotenco" antiguo ejido, ubicado en la población de Coyula, Atlixco, Puebla. b) La imposibilidad jurídica y material para inscribir su título de propiedad respecto del inmueble referido. c) La orden a los Notarios Públicos del Estado de Puebla y Registrador Público de la Propiedad en la circunscripción territorial de Atlixco, Puebla, de no autorizar ni inscribir actos traslativos de dominio celebrados por Leonardo Tiro Moranchel, sin exentar de dicha orden a los actos jurídicos otorgados con anterioridad a los hechos motivo de las averiguaciones previas y procesos iniciados en contra de dicha persona. Tercero. Inexistencia y certeza de los actos reclamados. Por razón de método en toda sentencia de amparo, primero se debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, y sólo en el primer caso, estudiar las causales de improcedencia aducidas o que de forma oficiosa se adviertan, para por último, de resultar procedente el juicio, analizar el fondo del asunto. Corrobora lo anterior, la tesis de jurisprudencia número 10, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, que señala en su rubro: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO." Ahora, la parte quejosa atribuye los actos reclamados destacados a las autoridades responsables siguientes: Orden Autoridad responsable Sentido del informe Fojas 1 1. Claudia Carmona Cid, agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía de Investigación Metropolitana. Negó 102 2 2. Coordinador General de Asuntos Jurídicos de la Fiscalía General del Estado de Puebla Negó 106 3 3. Fiscal de Investigación Metropolitana de la Fiscalía General del Estado de Puebla. Negó 98 4 4. Registrador Público de la Propiedad de la Circunscripción territorial de Atlixco, Puebla Negó 115-118. 5 5. Jueza Quinto Penal del Distrito Judicial del Centro, Puebla Negó 248-249 I. Inexistencia de los actos reclamados. Como se advierte de la tabla que antecede, las autoridades responsables 2. Coordinador General de Asuntos Jurídicos de la Fiscalía General del Estado de Puebla, 3. Fiscal de Investigación Metropolitana de la Fiscalía General del Estado de Puebla, y 5. Jueza Quinto Penal del Distrito Judicial del Centro, Puebla, al rendir su informe justificado negaron la existencia del acto reclamado. Asimismo, la autoridad judicial informó que no existía pronunciamiento alguno en la causa penal 238/2010 de su índice, que ratificara el aseguramiento efectuado por el representante social en la averiguación previa 4/2010/DMS-V, de donde deriva dicha causa penal. Para sustentar lo anterior, remitió copia certificada de las constancias que obran en la citada causa penal, esto es: Oficio sin número, de doce de mayo de dos mil diez, dictado en la averiguación previa 4/2010/DMS-V, suscrito por el Agente del Ministerio Público adscrito a la Quinta Mesa de Trámite, Dirección de Averiguaciones Previas y Control de Procesos Zona Metropolitana Sur, con sede en la Ciudad de Puebla, por el cual, le solicitó al Director del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Puebla, lo siguiente: "(.) gire sus apreciables a quien corresponda y les indique a los Registradores Públicos de la Propiedad y del Comercio Locales y Foráneos que de manera urgente, dentro de la averiguación previa 04/2010/DMS-V y sus acumuladas (.) procedan al aseguramiento de los bienes inmuebles que en lista anexa se agregan al presente; a fin de no se haga ninguna inscripción marginal, así como se abstenga de realizar anotación alguna en el que origine o se pretenda originar alguna compra, donación, cesión, concesión y/o traslado de dominio respecto de los bienes ya referido, lo anterior como medida preventiva y precautoria con el fin de salvaguardar los derechos sobre los bienes inmuebles, y evitar alguna alteración en los registros, con tal medida en ningún momento se provoca una disposición, y/o adjudicación del inmueble referido, sino por el contrario se salvaguardan los intereses jurídicos sobre el mismo y la misma no es una inscripción definitiva si no precautoria, toda vez que dichos derechos o en su caso inmuebles quedan a disposición de esta Autoridad (.)" (fojas 182 a 193). Asimismo, adjuntó una lista con los bienes inmuebles asegurados (fojas 185 a 193). Auto de diecinueve de febrero de dos mil diecinueve, en el cual, en lo conducente, acordó lo siguiente: "(.) 2. Por otra parte se tiene por recibido el oficio número 496/2018/MIDFST de la Agente del Ministerio Público Especializada en Delitos Financieros, del Sistema Tradicional, del Encargado de la Dirección General de Investigación Especializada del Sistema Tradicional y del Titular de la Unidad de Investigación Especializada del Sistema Tradicional, mediante el cual se le tienen por hechas las manifestaciones y pone a su disposición de esta autoridad los bienes inmuebles que describe en su oficio de cuenta; mediante similar hágase de su conocimiento que en la puesta a disposición no señaló mediante que resolución, la fecha y que dentro de que averiguación previa fueron asegurados tales bienes inmuebles, de ahí que una vez que precise los datos faltantes se acordará lo procedente respecto de su solicitud por lo que se ordena devolver las copias certificadas que anexo al mismo en II Tomos (sic)." (foja 209). Oficio número 151/2019/MEIDFST, de treinta de abril de dos mil diecinueve, del Encargado del Despacho de la Dirección General de Investigación Especializada del Sistema Tradicional, por el cual ponía a disposición de la autoridad judicial el listado de los bienes inmuebles que para tal efecto exhibió (foja 212). Auto de veintiuno de mayo dos mil diecinueve, en el cual, en lo conducente, acordó lo siguiente: (.) 1. Téngase por recibido el oficio número 151/2019/MEIDFST del Encargado del Despacho de la Dirección General de Investigación Especializada del Sistema Tradicional, mediante el cual pone a su disposición dentro del presente proceso, los bienes inmuebles que se encuentran detalladamente en la copia certificada por duplicado de EL LISTADO DE BIENES INMUEBLES ASEGURADOS POR ESTA REPRESENTACIÓN SOCIAL A "GRUPO INMOBILIARIO VERHOME S.A. DE C.V., compuesto de 2 anexos de 433 fojas, las que se ordenan agregar a los presentes autos, quedando enterada esta Autoridad (.)" (foja 211). Documentales con valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 129, 133, 197, 202 y 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2° de las que se aprecia, que tal como lo informó dicha autoridad judicial ésta no ha realizado pronunciamiento alguno sobre el aseguramiento de los bienes inmuebles en dicha causa penal; de ahí que resulten inexistentes los actos reclamados a 5. Jueza Quinto Penal del Distrito Judicial del Centro, Puebla, antes referidos. Sin que la parte quejosa haya aportado prueba idónea para desvirtuar tales negativas; en consecuencia, ante la inexistencia de los actos reclamados, con fundamento en lo dispuesto por el numeral 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en este juicio, respecto de las autoridades responsables indicadas. II. Certeza de los actos reclamados La autoridad responsable ordenadora 1. Claudia Carmona Cid, agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía de Investigación Metropolitana, negó la existencia del acto reclamado. No obstante lo anterior, dicha negativa se desvirtúa toda vez que, por oficio 151/2019/MEIDFST, de treinta de abril de dos mil diecinueve, dirigido al Juez Quinto de lo Penal de la ciudad de Puebla, en la causa penal 238/2010, la agente del Ministerio Público Especializada en Delitos Financieros, del Sistema Tradicional (Claudia Carmona Cid), informó: 1. Que de acuerdo al nombramiento emitido por el entonces titular Víctor Antonio Carranca Bourget, a través el juicio OM/DA/SSP/11029/2018, de once de junio de dos mil dieciocho, sustituiría en competencia legal a la anterior agencia del Ministerio Público adscrita a la Agencia especializada de delitos financieros, mesa dos, misma que consignó la averiguación previa 4/2010/DMS-V/AEDF2, originándose el proceso 238/2010. 2. Asimismo, puso a disposición dentro de la causa penal 238/2010 del índice de esa autoridad judicial, los bienes que se encontraban descritos detalladamente en "EL LISTADO DE BIENES INMUEBLES ASEGURADOS POR ESTA REPRESENTACIÓN SOCIAL A "GRUPO INMOBILIARIO VERHOME S.A. DE C.V." "SERVICIOS INMOBILIARIOS Y COMPUTACIÓN S.A. DE C.V.", LEONARDO TIRO MORANCHEL, GRUPO INMOBILIARIO VERHOME S.A. DE C.V., EDMUNDO TIRO MORANCHEL, IRIS TIRO MORANCHEL, MAURICIO TIRO ALVAREZ, OLIMPIA MORANCHEL NARVAEZ, JUAN SALVADOR ESCOBAR HERNPANDEZ, LUIS REY PÉREZ JUÁREZ, SOCIEDAD INMOBILIARIA LUROTI A TRAVES DE SU APODERADO LEONARDO TIRO MORANCHEL, EMERSON CRUZ OLEA, CONSTRUCCIONES MAURI, S.A. DE C.V., REPRESENTANTE LEGAL LEONARDO TIRO MORANCHEL, "COMERCIALIZADORA DE BIENES APTOS, S.A. DE C.V., "EMPRESARIOS UNIDOS DEL NORTE", JORGE PATRICIO GONZÁLEZ MONROY, JOSELITO CHILACA MARTÍNEZ Y GABRIEL HERNÁNDEZ CAMPOS." (foja 212) Asimismo, de las constancias que obran en autos, remitidas por la autoridad responsable 4. Registrador Público de la Propiedad de la Circunscripción territorial de Atlixco, Puebla, consistentes en copia certificada deducida del folio registral 5680 1 (fojas 119 a 153), se advierte que tiene la anotación: "FOLIO 0005680 1 Información índice del folio Número 0 Tipo de predio: Fracción restante Bis Calle: SIN CALLE Código Postal 7400 Manzana: sección Colonia: Sin Colonia Clave catastral: NO CONSTA Localidad ATLIXCO. Superficie catastro: 0.00 Municipio ATLIXCO Cuenta predial: P-19201 Estado: PUEBLA Superficie Total: 9,180.00 Lote Uso de suelo: NO DEFINIDO Edificio Interior Medidas y Colindancias AL NORTE: 135.70 CON RESTO DEL INMUEBLE QUE SE RESERVA LA VENDEDORA. AL SUR: EN CUATRO LÍNEAS RECTAS, LA PRIMERA DE ORIENTE A PONIENTE EN 80 METROS CON PROPIEDAD QUE SE RESERVA LA VENDEDORA, LA SEGUNDA, CON DIRECCIÓN DE SUR A NORTE EN 27.70 METROS, LA TERCERA LÍNEA INCLINADA DE SUR A NORTE Y CON INCLINACIÓN DE ORIENTE A PONIENTE EN 20.00 METROS, LA CUARTA CON DIRECCIÓN DE ORIENTE A PONIENTE EN 55.77 METROS CON BARRANCA MOYONTLATLE. AL ORIENTE: 89.54 METROS CON EL EJIDO COPYULA AL PONIENTE: 48.54 METROS ACTUALMENTE CON LA CARRETERA ATLIXCO-TOCHIMILCO Descripción jurídica: LAS MEDIDAS Y COLINDANCIAS QUE SE SEÑALAN EN ESTE OFICIO SON LAS DEL PREDIO GENERAL. (.) 5. EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO EN EL OFICIO NÚMERO SIN NÚMERO, AVERIGUACIÓN PREVIA NÚMERO 4/2010/DMS-V Y SUS ACUMULADAS DE FECHA 12 DE MAYO DE PRESENTE AÑO, EL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A LA MESA QUINTA DE TRÁMITE, DIRECCIÓN DE AVERIGUACIONES PREVIAS Y CONTROL DE PROCESOS ZONA METROPOLITANA SUR LIC. GILBERTO HERRERA LÓPEZ, EN EL QUE SE ORDENA EL ASEGURAMIENTO DE ESTE BIEN INMUEBLE A FIN DE QUE NO SE HAGA NINGUNA INSCRIPCIÓN MARGINAL, ASÍ COMO SE ABSTENGA DE REALIZAR ANOTACIÓN ALGUNA EN EL QUE ORIGINE O SE PRETENDA ORIGINAR ALGUNA COMPRA VENTA, DONACIÓN, CESIÓN, CONCESIÓN O TRASLADO DE DOMINIO RESPECTO DE ESTE BIEN INMUEBLE" (foja 123). De igual forma, de la documental enviada por la autoridad 5. Jueza Quinto Penal del Distrito Judicial del Centro, Puebla, que obra en el proceso penal 238/2010 de su índice (fojas 162 a 196), consistente en: Copia certificada del oficio sin número, de doce de mayo de dos mil diez, dictado en la averiguación previa 4/2010/DMS-V, suscrito por el Agente del Ministerio Público adscrito a la Quinta Mesa de Trámite, Dirección de Averiguaciones Previas y Control de Procesos Zona Metropolitana Sur, con sede en la Ciudad de Puebla, le solicitó al Director del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Puebla, lo siguiente: "(.) gire sus apreciables a quien corresponda y les índice a los Registradores Públicos de la Propiedad y del Comercio Locales y Foráneos que de manera urgente, dentro de la averiguación previa 04/2010/DMS-V y sus acumuladas (.) procedan al aseguramiento de los bienes inmuebles que en lista anexa se agregan al presente; a fin de no se haga ninguna inscripción marginal, así como se abstenga de realizar anotación alguna en el que origine o se pretenda originar alguna compra, donación, cesión, concesión y/o traslado de dominio respecto de los bienes ya referido, lo anterior como medida preventiva y precautoria con el fin de salvaguardar los derechos sobre los bienes inmuebles, y evitar alguna alteración en los registros, con tal medida en ningún momento se provoca una disposición, y/o adjudicación del inmueble referido, sino por el contrario se salvaguardan los intereses jurídicos sobre el mismo y la misma no es una inscripción definitiva si no precautoria, toda vez que dichos derechos o en su caso inmuebles quedan a disposición de esta Autoridad (.)" (fojas 182 y 183). En el listado de los inmuebles asegurados en la indagatoria de referencia, obra el registro con los datos siguientes: "Cuenta predial: 19201, ubicado en "T denominado "San Alejotenco" Coyula (foja 185 vuelta). En otro aspecto, de la prueba documental exhibida por el quejoso, consistente en el testimonio provisional del instrumento notarial veinte mil ochocientos veintiocho (20828), volumen ciento noventa y siete (197), del protocolo de la Notaría Pública número Uno, del Distrito Judicial de Atlixco, de treinta y uno de julio de dos mil veinte (fojas 12 a 14), en lo que interesa, expresamente establece lo siguiente: ".ANTECEDENTES I. Manifiesta el señor LEONARDO TIRO MORANCHEL que por instrumento número Diecinueve mil doscientos cuarenta del Volumen Ciento ochenta y nueve del Protocolo de esta misma Notaría Pública, ante la Fe del Licenciado GUILLERMO FERNÁNDEZ DE LARA SÁNCHEZ, con fecha veinte de octubre de mil novecientos noventa y nueve, adquirió por Compra Venta, una fracción segregada del Terreno de Temporal denominado "SAN ALEJOTENCO" Antiguo Ejido, ubicado en la Población de Coyula de esta jurisdicción. Escritura debidamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad de este Distrito Judicial, bajo la partida número quinientos noventa, a fojas ciento sesenta y uno. Tomo ciento doce, libro Uno, en fecha veinticinco de noviembre del mismo año. II. Que del inmueble a que se refiere la escritura descrita en el apartado que antecede, tiene concertada la venta de una fracción, con superficie de TRESCIENTOS METROS CUADRADOS, comprendidos dentro de las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: en treinta metros, linda con resto del predio del que se segrega: AL SUR: en treinta metros, linda con propiedad privada, AL ORIENTE: en diez metros, linda con calle sin y AL PONIENTE: en diez metros, linda con resto del inmueble que se reserva el vendedor. III. Que el inmueble materia de este contrato para los efectos fiscales se ampara con la cuenta predial U-19201, estando al corriente en el pago de sus impuestos como consta del último recibo expedido por la Tesorería Municipal de Atlixco, Puebla. De lo anterior, es evidente que dentro de la indagatoria 4/2010/DMS-V y sus acumuladas, se ordenó el aseguramiento del inmueble que ahí se describe, con independencia de que el nombre del agente del Ministerio Público sea distinto, dado que la institución del Ministerio Público se rige, entre otros, por el principio de unidad, los actos de autoridad desplegados por dicha institución jurídica surten sus efectos, con independencia del agente que los ejecute. En efecto, se aprecia que el bien inmueble coincide en cuanto al número de cuenta predial esto es, U 19201, por tanto, es procedente desvirtuar la negativa sostenida por la agente del Ministerio Público responsable, y establecer la certeza del acto reclamado. Por su parte, la autoridad responsable ejecutora 4. Registrador Público de la Propiedad de la Circunscripción territorial de Atlixco, Puebla, al rendir su informe aceptó la existencia del acto, por lo que se tiene plena certeza del acto que se le reclama, lo que se corrobora con las constancias referidas. Cuarto. Causales de improcedencia. De conformidad con lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Amparo las causales de improcedencia del juicio, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia. Cierto, para poder analizar la constitucionalidad del acto reclamado, es necesario que la acción intentada sea procedente, es decir, que no existan obstáculos que impidan pronunciarse sobre la cuestión planteada, los cuales, se denominan causas de improcedencia. Así, la improcedencia es una institución jurídica por la cual, en un primer momento del juicio, que no involucra el conocimiento de fondo de la acción intentada, se debe indagar si están constituidos los presupuestos necesarios que configuran la relación procesal y obligan al juzgador a resolver sobre la constitucionalidad del acto reclamado. En suma, la improcedencia del juicio de amparo constituye un obstáculo insalvable que impide el pronunciamiento de fondo; por tanto, dicho estudio debe hacerse previo al análisis de la constitucionalidad del acto reclamado, pues de actualizarse alguna causa de inviabilidad, sería imposible el examen de la litis constitucional. Al respecto, resulta aplicable la jurisprudencia del Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, la cual se transcribe enseguida: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Ahora bien, como anteriormente se expuso, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, con sede en San Andrés Cholula, Puebla, al resolver el recurso de revisión interpuesto por el quejoso contra la resolución dictada en el presente juicio, revocó la sentencia sujeta a revisión, y ordenó reponer el procedimiento, para los efectos siguientes: "Así las cosas, procede revocar la sentencia sujeta a revisión y ordenar la reposición del procedimiento del juicio de origen, a fin de que la juez de Distrito deje insubsistente la audiencia constitucional y; a) Recabe oficiosamente la información necesaria para corroborar la causa que generó que el Notario Público Número 1 de Atlixco, Puebla, asentara la leyenda "no pasó", en la documental con la que la parte quejosa pretende demostrar su interés jurídico. b) Emplace a quienes tienen el carácter de terceros interesados, a fin de que estén en posibilidad de formular alegatos, rendir pruebas, objetar, contradecir y desvirtuar las pruebas del quejoso, así como interponer recursos. c) Señale fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, continúe con la secuela procesal, y en su momento procesal oportuno, con plenitud de jurisdicción resuelva lo procedente.". De igual forma, dentro de las consideraciones expuestas por el Tribunal de Alzada indicó: "Así las cosas, la leyenda "no pasó" que se advierte en el testimonio exhibido por el quejoso pudo obedecer a que los intervinientes no se presentaron a firmarlo dentro del término respectivo, lo que llevaría en efecto, a la nulidad del acto jurídico; o porque no se pagaron los impuestos o derechos correspondientes, lo que implica que el instrumento notarial carezca de validez, pero no afecta el acto jurídico ahí contenido; de modo que, en el caso, pudiera resultar aplicable la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro "CONTRATO DE COMPRAVENTA. NO SE REQUIERE SU INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD PARA ACREDITAR EL INTERÉS JURÍDICO PARA LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO". Entonces, ante la incertidumbre de la razón por la que se asentó la leyenda "no pasó", el juez de Distrito, como se alega vía agravios, debió indagar o recabar oficiosamente las pruebas necesarias para determinar si la causa de improcedencia que invocó se actualiza, pues conforme lo dispuesto por el artículo 65, de la Ley de Amparo, el sobreseimiento del juicio de amparo (en el caso, a raíz de la causal de improcedencia) sólo puede decretarse cuando no exista duda de su actualización. Al respecto, este tribunal colegiado comparte la tesis emitida por el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 64, marzo de 2019, tomo III, página 2675, de rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. ANTE LA EXISTENCIA DE ALGÚN INDICIO DE UNA CAUSAL DE ESA NATURALEZA, EL JUEZ DEBE INDAGAR O RECABAR OFICIOSAMENTE LAS PRUEBAS NECESARIAS PARA DETERMINAR SI AQUÉLLA SE ACTUALIZA, Y SI EL INDICIO SE CONOCIÓ EN EL RECURSO DE REVISIÓN, EL TRIBUNAL DEBE REVOCAR LA SENTENCIA IMPUGNADA Y ORDENAR LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO PARA QUE AQUÉL REALICE LA INDAGATORIA. Conforme al artículo 62 de la Ley de Amparo las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio, por lo que deben estudiarse por el juzgador aunque no las invoquen las partes, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente al fondo del asunto, regla que debe hacerse extensiva a la probable actualización de dichas causales, cuando éstas se adviertan mediante un indicio; por consiguiente, si de las constancias de autos el Juez advierte un indicio sobre la posible existencia de una causal que haría improcedente el juicio, oficiosamente debe indagar y, en todo caso, allegarse de las pruebas necesarias para resolver si aquélla se actualiza y sobreseer en el juicio, o bien, en caso contrario, abordar el fondo del asunto, sin que obste a lo anterior que las pruebas documentales deban ofrecerse y desahogarse, por regla general, a más tardar en la audiencia constitucional, en términos del artículo 119 de la ley citada, de manera que las exhibidas con posterioridad no podrán tomarse en cuenta porque, de hacerlo, se vulneraría la unidad jurídica de dicha actuación procesal. No obstante, esa regla general no opera cuando se acredite un motivo de sobreseimiento conforme al artículo 63 de la propia ley, aun con pruebas documentales exhibidas con posterioridad a la celebración de la audiencia constitucional o después de dictada la sentencia, como pudiese acontecer al promoverse el recurso de revisión, donde puede presentarse una prueba documental de la cual derive la existencia de un indicio, al no haber limitación alguna para ello, por lo que el órgano colegiado, al ocuparse del recurso de revisión, tiene la facultad para sobreseer en el juicio, valorando esas pruebas cuando aparezca fehacientemente demostrada o sobrevenga una causal de improcedencia, sin que exista obstáculo para que se revoque el fallo impugnado y se ordene la reposición del procedimiento". Con motivo de lo anterior, y como lo estableció el Tribunal de Alzada, para determinar si se actualizaba la causa de improcedencia sustentada en la resolución impugnada, este Juzgado recabó el informe del Notario Público Número 1, de Atlixco, Puebla, quien informó: - En el Protocolo de esa Notaría Pública, el treinta y uno de enero de dos mil tres, se otorgó escritura de compraventa formalizada por Leonardo Tiro Moranchel, como vendedor y Patricia Romero Mitre, en su calidad de compradora, según consta en el instrumento notarial veinte mil ochocientos veintiocho (20828), volumen ciento noventa y siete (197), la cual tiene la leyenda "NO PASÓ", en virtud de que los otorgantes a la fecha no habían pagado los impuestos causados por concepto de traslado de dominio y derechos de inscripción en el Registro Público de la Propiedad de la circunscripción territorial de Atlixco, Puebla (foja 396). Bajo ese contexto, este Juzgador determina que el instrumento que exhibió el quejoso por el cual informa respecto de una compraventa del inmueble que dice es de su propiedad y en éste aparece su nombre, al contener la leyenda "no pasó", es evidente que no resulta eficaz para acreditar su interés jurídico en el juicio de amparo, dado que es un documento que carece de validez por disposición legal. Por tanto, contra el acto reclamado consistente en el auto donde se decretó el aseguramiento y su ejecución del bien que refiere el quejoso tener la propiedad, se actualiza en forma indudable y manifiesta la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con el diverso 5º, ambos de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia." Del precepto legal trascrito se obtiene que el interés jurídico representa uno de los presupuestos básicos para la procedencia del juicio de amparo, el cual se traduce en que si las leyes o actos reclamados no lesionan la esfera jurídica del gobernado, no existe legitimación para entablar el juicio de garantías, por lo que aquél debe acreditar en forma fehaciente que el acto de autoridad vulnera en su perjuicio algún derecho subjetivo protegido por la norma jurídica, o sea, que le causa un daño o perjuicio en sus derechos, pues si esta circunstancia no se encuentra plenamente probada el juicio de garantías resulta improcedente. Ello es así, pues el artículo 107, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala: "Artículo 107.- Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I.- El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa." Además, es preciso indicar que en relación con el tema del interés jurídico, el numeral 5, fracción I, de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley." Como se aprecia del artículo 5, fracción I, citado, el quejoso es parte en el juicio de amparo y tiene ese carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1º de esa ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en razón de su especial situación frente al orden jurídico. Así, el interés jurídico se refiere a la titularidad de los derechos afectados con el acto reclamado, de manera que el sujeto de los mismos pueda ocurrir al juicio de garantías demandando que esa transgresión cese, y no otra persona. En cuanto al interés legítimo puede definirse, como aquel interés personal -individual o colectivo-, cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, que pueda traducirse, si llegara a concederse el amparo, en un beneficio jurídico en favor del quejoso. Dicho interés, deberá estar garantizado por un derecho objetivo, sin que dé lugar a un derecho subjetivo; debe haber una afectación a la esfera jurídica del quejoso en sentido amplio, que puede ser de índole económica, profesional, de salud pública, o de cualquier otra índole. Por su parte, el interés simple o jurídicamente irrelevante, es aquel que puede tener cualquier persona por alguna acción u omisión del Estado pero que, en caso de satisfacerse, no se traduce en ningún tipo de beneficio personal para el interesado. Por la misma razón, el interés simple no supone afectación alguna a la esfera jurídica del quejoso en ningún sentido. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 51/2019 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El citado precepto establece que el juicio de amparo indirecto se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, "teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo", con lo que atribuye consecuencias de derecho, desde el punto de vista de la legitimación del promovente, tanto al interés jurídico en sentido estricto, como al legítimo, pues en ambos supuestos a la persona que se ubique dentro de ellos se le otorga legitimación para instar la acción de amparo. En tal virtud, atento a la naturaleza del acto reclamado y a la de la autoridad que lo emite, el quejoso en el juicio de amparo debe acreditar fehacientemente el interés, jurídico o legítimo, que le asiste para ello y no inferirse con base en presunciones. Así, los elementos constitutivos del interés jurídico consisten en demostrar: a) la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Por su parte, para probar el interés legítimo, deberá acreditarse que: a) exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) el promovente pertenezca a esa colectividad. Lo anterior, porque si el interés legítimo supone una afectación jurídica al quejoso, éste debe demostrar su pertenencia al grupo que en específico sufrió o sufre el agravio que se aduce en la demanda de amparo. Sobre el particular es dable indicar que los elementos constitutivos destacados son concurrentes, por tanto, basta la ausencia de alguno de ellos para que el medio de defensa intentado sea improcedente." Así, para acreditar el interés jurídico dentro de un juicio de amparo, quien solicita la protección constitucional debe acreditar la titularidad de un derecho subjetivo, así como la afectación que el acto produce sobre ese derecho. Así las cosas, debe precisarse que el quejoso se ostentó tercero extraño, pues en su demanda adujo que no era parte en la averiguación previa 4/2010/DMS-V, en donde se decretó el aseguramiento de los bienes a nombre de Leonardo Tiro Moranchel. Asimismo, expuso que el doce de julio de mil novecientos noventa y seis, celebró matrimonio civil con Patricia Romero Mitre, bajo el régimen de sociedad conyugal; lo cual justifica con la copia certificada del acta de matrimonio que exhibió con la demanda de amparo. También refirió que el treinta y uno de enero de dos mil tres, su cónyuge Patricia Romero Mitre adquirió el bien inmueble identificado como una sub fracción de terreno que se segrega de la fracción segregada del terreno de temporal denominado "San Alejotenco", antiguo ejido, ubicado en la población de Coyula, de la jurisdicción de Atlixco, Puebla, con una superficie de trescientos metros cuadrados, comprendido en las siguientes medidas y colindancias: - Al Norte, mide treinta metros y linda con resto del predio del que se segrega; - Al Sur, mide treinta metros y linda con propiedad privada; - Al Oriente, mide diez metros y linda con calle sin nombre, y - Al Poniente, mide diez metros y linda con el resto del inmueble que se reserva el vendedor. Asimismo, el quejoso manifestó que dicho bien se adquirió mediante Instrumento Público veinte mil ochocientos veintiocho (20828), de treinta y uno de enero de dos mil tres, volumen ciento noventa y siete (197), de la Notaría Pública número uno (1), del Distrito Judicial de Atlixco, Puebla, y que dicho predio tiene su antecedente registral en el Registro Público de la Propiedad de la circunscripción territorial de Atlixco, en la partida "590", a fojas "161", tomo 112, libro 1. Sin embargo, el documento con el cual el solicitante del amparo defiende su derecho de propiedad, respecto del inmueble identificado como sub fracción de terreno que se segrega de la fracción segregada del terreno de temporal denominado "San Alejotenco", antiguo ejido, ubicado en la población de Coyula de la jurisdicción de Atlixco, Puebla, no es eficaz para demostrar su interés jurídico en el juicio constitucional. A fin de ilustrar lo anterior, se hace remisión a lo previsto en la Ley del Notariado del Estado de Puebla, publicada el cinco de noviembre de mil novecientos sesenta y ocho, abrogada el dos de febrero de dos mil cuatro. Legislación que se encontraba vigente al momento de la redacción de la escritura de compraventa de treinta y uno de enero de dos mil tres, contenida en el instrumento veinte mil ochocientos veintiocho, volumen ciento noventa y siete, ante el notario público número uno, del Distrito Judicial de Atlixco Puebla, presentada por el peticionario (fojas 12 a 14). Ahora bien, los artículos 107, 109, 110 y 142 de la referida ley, establecen: "Artículo 107. El Notario deberá autorizar definitivamente la escritura, al pie de la misma, cuando haya cumplido con todas las obligaciones que le impone el Código Fiscal de la Federación. La autorización definitiva contendrá la fecha y lugar en que se haga y la firma y sello del Notario." "Artículo 109. Si todos los que aparecen como otorgantes en una escritura no se presentan a firmarla, con sus testigos e intérpretes en su caso, dentro del término de 30 días naturales contados a partir del siguiente al de la fecha en que el instrumento se extendió en el protocolo, ésta quedará sin efecto, y el Notario pondrá al pie de la misma y firmará, la razón de "No pasó". "Artículo 110. Si el instrumento fuera firmado dentro del término a que se refiere el artículo anterior y los interesados no hubieren pagado los impuestos o derechos causados, el Notario pondrá y firmará la nota de "NO PASO". La razón de autorización de revalidación se pondrá al margen de la escritura". "Artículo 142. Los documentos notariales, carecerán de validez: I.- Si el Notario autorizante estuviere impedido en el ejercicio de sus funciones, al otorgarse el instrumento o al autorizarlo. II. Si el instrumento, fuere otorgado, extendido o autorizado fuera de la demarcación designada al Notario para actuar. III- Cuando el instrumento se redacte en idioma extranjero. Sin embargo, cuando las partes lo soliciten, podrá adicionarse con traducciones en otro idioma, hechas por perito que las mismas designen. IV. Cuando se omita la mención relativa a la lectura, en los casos en que ésta sea necesaria conforme a la presente Ley. V. Cuando carezca de las firmas y en su caso de las huellas digitales y de la declaración exigida a falta de firma, de los que deban firmar según esta Ley. VI. Cuando el instrumento no esté autorizado con la firma y el sello del Notario, o cuando lo esté debiendo tener la razón de "No pasó". VII. Si no contiene la expresión del lugar y la fecha de su otorgamiento, y el nombre del Notario autorizante y número de su Notaría. VIII. Si no se hizo constar, en caso de que alguno de los interesados sea sordo-mudo, o esté incapacitado para oír, que éste leyó por sí mismo la escritura, o cuando el otorgante esté incapacitado para ver y no se haya hecho la designación de la persona que debió leer por él la escritura. IX. Cuando faltare algún otro requisito cuya omisión implique por disposición legal expresa la invalidez del instrumento. Fuera de los casos expresados, el documento notarial será válido, aún cuando el Notario infractor de alguna otra disposición legal quede sujeto a la responsabilidad que en derecho proceda". De dichos preceptos se advierte lo siguiente: a) El notario autoriza definitivamente una escritura cuando se cumplen con todas las obligaciones que impone el Código Fiscal de la Federación. b) Cuando los otorgantes en una escritura no se presenten a firmarla con sus testigos e intérpretes, dentro del plazo de treinta días naturales contados a partir de la fecha en que el instrumento se extendió en el protocolo, el mismo queda sin efecto, y el Notario pondrá la razón de "No pasó". c) Si el instrumento fue firmado dentro de esos treinta días naturales, pero los interesados no pagaron los impuestos o derechos correspondientes, el Notario pondrá la nota de "No pasó" (ello en atención a la exigencia del artículo 107). d) Si con posterioridad se realizan los pagos de impuestos o derechos, podrá autorizarse la revalidación de la escritura, lo cual deberá constar al margen de ésta. e) Los documentos notariales carecerán de validez, entre otros motivos, cuando el instrumento no esté autorizado con la firma y sello del Notario, o cuando lo esté debiendo tener la razón de "No pasó". Resulta pertinente aclarar que la "validez" a que se refiere el artículo 142 de la Ley del Notariado en cita, atañe a las condiciones de un documento notarial para tener eficacia, por cumplir los requisitos mínimos de certeza, diferente de la declaratoria de falsedad prevista en el artículo 138 de ese ordenamiento, o la posibilidad de demandar su nulidad por diversos vicios; lo que se concluye si se considera que el legislador reguló ambos supuestos de manera diferenciada, tan es así que el numeral 141 establece circunstancias en las cuales podrán tenerse por no hecha alguna anotación. Esta lectura de la norma no demerita el valor probatorio pleno que la ley asigna a los documentos notariales; pues ésta calidad no puede entenderse desconectada del requisito de exacto cumplimiento de las disposiciones legales, para dar certeza del acto notariado. Así, de la escritura presentada por el quejoso se advierte que esta redactó y firmó el treinta y uno de enero de dos mil tres, y que el Notario Público en el punto V, de su certificación, asentó la razón: "NO PASÓ", para tal efecto se inserta la imagen respectiva: Bajo ese contexto, y como se expuso anteriormente, existe disposición legal en el sentido de que los documentos notariales carecerán de validez, cuando el instrumento no esté autorizado con la firma y sello del Notario, o cuando lo esté debiendo tener la razón de "No pasó", es inconcuso que el documento presentado por el quejoso resulta ineficaz para acreditar el interés jurídico en el juicio de amparo. Cabe señalar, que si bien el citado artículo 110 de la Ley del Notariado del Estado de Puebla, establece que la razón de autorización de revalidación respectiva se pondrá al margen de la escritura, lo cierto es que de dicho instrumento público tampoco se desprende que el notario hubiera asentado la razón de revalidación correspondiente. Circunstancias que cobran relevancia, pues para que un documento notarial sea apto para acreditar el interés jurídico del quejoso, es necesario sea válido, lo que evidentemente acaece cuando se colman los requisitos que para ese efecto contempla la ley respectiva. Es ilustrativa de lo anterior, en lo conducente, la tesis VI.2o.C.616, que establece: "CONTRATO DE COMPRAVENTA DE UN INMUEBLE. LAS ESCRITURAS PÚBLICAS EN LAS QUE CONSTA SU CELEBRACIÓN, EN LAS QUE SE ASIENTA LA LEYENDA "NO PASÓ" POR FALTA DE PAGO DE LOS IMPUESTOS O DERECHOS CAUSADOS Y, POSTERIORMENTE, SON REVALIDADAS, CONSTITUYEN DOCUMENTOS PÚBLICOS QUE PRUEBAN AQUEL ACTO JURÍDICO Y SON APTAS PARA DEMOSTRAR EL INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA ABROGADA).-- De los artículos 106 y 107 de la Ley del Notariado para el Estado de Puebla abrogada, se colige lo siguiente: a) Las escrituras son autorizadas con la firma y sello del notario de manera previa, una vez que son firmadas por todos los otorgantes y por los testigos e intérpretes, en su caso; y, b) Las escrituras se autorizarán definitivamente, al pie de las mismas, una vez que se hubieren cumplido todas las obligaciones fiscales. De lo anterior se advierte que las escrituras públicas son autorizadas por el notario en dos fases: la primera, denominada "autorización previa", se refiere al acto formal mediante el cual el notario da fe de la celebración de un acto jurídico en el que han firmado todos los que intervinieron en él; y la segunda, llamada "autorización definitiva", en la que se da fe de que se han pagado las cargas fiscales derivadas del otorgamiento de la escritura pública. Por otra parte, de los diversos 109, 110, 138 y 142, fracción VI, del mismo ordenamiento, se obtiene que: 1) La leyenda de "no pasó" debe asentarse cuando todos los que aparecen como otorgantes en una escritura no se presentan a firmarla, con sus testigos e intérpretes, en su caso, dentro del término de treinta días naturales contados a partir del siguiente al de la fecha en que el instrumento se extendió en el protocolo, o bien, cuando la escritura fue firmada dentro de dicho término, pero los interesados no hubieren pagado los impuestos o derechos causados; 2) La leyenda "no pasó" vinculada a la circunstancia de que los otorgantes y demás personas que intervinieron, no firmaron la escritura, tiene como consecuencia la nulidad del acto jurídico, en términos de los artículos 1492 y 1493 del Código Civil para la misma entidad federativa; mientras que la leyenda "no pasó", relacionada con el supuesto de que los otorgantes firmaron la escritura dentro del término legal, pero no pagaron los impuestos o derechos correspondientes, ocasiona que el instrumento notarial carezca de validez, de conformidad con el citado artículo 142, fracción VI, pero no afecta al acto jurídico en él contenido; 3) El instrumento notarial que "no pasó" por falta de pago de las cargas fiscales correspondientes puede ser revalidado; 4) La autorización notarial de revalidación de una escritura se pondrá al margen de la misma; 5) En caso de revalidación, el instrumento público produce plenamente sus efectos, al desaparecer el motivo por el que había sido privado de ellos; y, 6) La escritura que inicialmente "no pasó", pero en cuyo margen aparece la razón de revalidación, prueba plenamente que los otorgantes manifestaron su voluntad de celebrar el acto consignado en ella, que hicieron las declaraciones y que se realizaron todos los hechos de los que haya dado fe el notario, mientras no sea declarada judicialmente su falsedad. En cambio, de los artículos 114, 115 y 147, fracción VI, de la Ley del Notariado para el Estado de Puebla, publicada en el Periódico Oficial de la entidad el 2 de febrero de 2004, se advierte que esta legislación también contempla la posibilidad de revalidar una escritura, cuando en un principio no se haya autorizado por falta de pago de las cargas fiscales correspondientes, y que la razón de "no pasó" únicamente debe asentarse cuando aquélla no fue firmada por sus otorgantes dentro del término de ley, pues en el caso de que los interesados no cumplan con los pagos respectivos deberá inscribirse la leyenda "operación pendiente de autorización por falta de pago". De lo anterior se concluye que las escrituras públicas en las que se hace constar la celebración de un contrato de compraventa respecto de un inmueble, otorgadas conforme a la Ley del Notariado para el Estado de Puebla abrogada, en las que se asienta la leyenda "no pasó" por falta de pago de los impuestos o derechos causados, pero que posteriormente fueron revalidadas, constituyen documentos públicos que prueban plenamente el acto jurídico de compraventa consignado en ellos, mientras no sea declarada judicialmente su falsedad, al haber desaparecido el motivo por el que en un principio carecieron de validez y, por consiguiente, son aptas para demostrar el interés jurídico en el juicio de amparo". En otro aspecto, y con independencia de lo anterior, este Juzgador considera que de igual forma se actualiza la causal de inviabilidad contemplada en el numeral 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, ya analizada anteriormente. Ello, porque de las constancias de autos se advierte que el aseguramiento reclamado recayó sobre el bien consistente en "Una fracción de terreno que se segrega del terreno de temporal denominado "San Alejotenco", ubicado en la población de Coyula, de la población de Atlixco, Puebla" Al rendir su informe justificado el 4. Registrador Público de la Propiedad de la Circunscripción territorial de Atlixco, Puebla, ofreció como prueba copia certificada deducida del folio real que corresponde al bien asegurado, de la que destaca lo siguiente (fojas 114 a 149): "FOLIO 0005680 1 Información índice del folio Número 0 Tipo de predio: Fracción restante Bis Calle: SIN CALLE Código Postal 7400 Manzana: sección Colonia: Sin Colonia Clave catastral: NO CONSTA Localidad ATLIXCO. Superficie catastro: 0.00 Municipio ATLIXCO Cuenta predial: P-19201 Estado: PUEBLA Superficie Total: 9,180.00 Lote Uso de suelo: NO DEFINIDO Edificio Interior Medidas y Colindancias AL NORTE: 135.70 CON RESTO DEL INMUEBLE QUE SE RESERVA LA VENDEDORA. AL SUR: EN CUATRO LÍNEAS RECTAS, LA PRIMERA DE ORIENTE A PONIENTE EN 80 METROS CON PROPIEDAD QUE SE RESERVA LA VENDEDORA, LA SEGUNDA, CON DIRECCIÓN DE SUR A NORTE EN 27.70 METROS, LA TERCERA LÍNEA INCLINADA DE SUR A NORTE Y CON INCLINACIÓN DE ORIENTE A PONIENTE EN 20.00 METROS, LA CUARTA CON DIRECCIÓN DE ORIENTE A PONIENTE EN 55.77 METROS CON BARRANCA MOYONTLATLE. AL ORIENTE: 89.54 METROS CON EL EJIDO COYULA AL PONIENTE: 48.54 METROS ACTUALMENTE CON LA CARRETERA ATLIXCO-TOCHIMILCO Por su parte, la parte quejosa acude a esta instancia constitucional y reclama de las autoridades responsables lo siguiente: "I.- La orden de aseguramiento decretada por la Institución del Ministerio Público, en las averiguaciones previas: (.) f).- Averiguación previa número 4/2010/DMS-V (.); respecto de la totalidad del inmueble inscrito en la partida 590, a fojas 161, tomo 112, libro 1, del Registro Público de la Propiedad en la circunscripción territorial de Atlixco." Ahora, para acreditar la titularidad del bien, el quejoso exhibió como prueba documental, copia del testimonio provisional del instrumento notarial veinte mil ochocientos veintiocho (20828), volumen ciento noventa y siete (197), del protocolo de la Notaría Pública número Uno del Distrito Judicial de Atlixco (fojas 12 a 14). Documental con valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, pues si bien fueron exhibidos mediante el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, su oferente expresó, bajo protesta de decir verdad, que son copias integras e inalteradas de los documentos impresos y certificados (foja 24), con lo que se colmó la exigencia prevista en el artículo 3, fracción VI, del "Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo";. De cuyo contenido se aprecia, en lo que interesa, lo siguiente: ".ANTECEDENTES Manifiesta el señor LEONARDO TIRO MORANCHEL que por instrumento número Diecinueve mil doscientos cuarenta del Volumen Ciento ochenta y nueve del Protocolo de esta misma Notaría Pública, ante la Fe del Licenciado GUILLERMO FERNÁNDEZ DE LARA SÁNCHEZ, con fecha veinte de octubre de mil novecientos noventa y nueve, adquirió por Compra Venta, una fracción segregada del Terreno de Temporal denominado "SAN ALEJOTENCO" Antiguo Ejido, ubicado en la Población de Coyula de esta jurisdicción. Escritura debidamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad de este Distrito Judicial, bajo la partida número quinientos noventa, a fojas ciento sesenta y uno. Tomo ciento doce, libro Uno, en fecha veinticinco de noviembre del mismo año. II. Que del inmueble a que se refiere la escritura descrita en el apartado que antecede, tiene concertada la venta de una fracción, con superficie de TRESCIENTOS METROS CUADRADOS, comprendidos dentro de las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: en treinta metros, linda con resto del predio del que se segrega: AL SUR: en treinta metros, linda con propiedad privada, AL ORIENTE: en diez metros, linda con calle sin y AL PONIENTE: en diez metros, linda con resto del inmueble que se reserva el vendedor. III. Que el inmueble materia de este contrato para los efectos fiscales se ampara con la cuenta predial U-19201, estando al corriente en el pago de sus impuestos como consta del último recibo expedido por la Tesorería Municipal de Atlixco, Puebla. Dados los antecedentes expuestos los comparecientes otorgan las siguientes CLÁUSULAS PRIMERA. El Señor Leonardo Tiro Moranchel vende libre de todo gravamen y aún de responsabilidad fiscal, y la Señora PATRICIA ROMERO MITRE, COMPRA y adquiere para sí, una SUBFRACCIÓN DE TERRENO QUE SE SEGREGA DE LA FRACCIÓN SEGREGADA DEL TERRENO DE TEMPORAL DENOMINADO "SAN ALEJOTENCO" ANTIGUO EJIDO, UBICADO EN LA POBLACIÓN DE COYULA DE ESTA JURISDICCIÓN, inmueble que sale del patrimonio del vendedor y entra al patrimonio de la Compradora con todas sus entradas, salidas, usos, costumbre servidumbres y cuanto más de hecho y por derecho le corresponda, dentro de la superficie, medidas y colindancias que se especifican en la cláusula segunda de antecedentes que aquí se dan por reproducidas como se insertasen a la letra para todos los efectos legales (.)" (fojas 12 vuelta y 13 Del mismo modo, el quejoso exhibió copia del acta de matrimonio civil (foja 15) celebrado con Patricia Romero Mitre (compradora del bien), que goza de valor probatorio pleno, con idéntico fundamento al ya invocado; de la que se aprecia que el aquí quejoso celebró contrato de matrimonio bajo el régimen de sociedad conyugal con la compradora del bien en cita. Ahora, no obstante el valor convictivo de los documentos aludidos, no resultan aptos ni suficientes para acreditar que el acto de autoridad consistente en el aseguramiento decretado sobre el referido bien raíz, en la averiguación previa 4/2010/DMS-IV, afectó sus derechos sustantivos, en virtud de que no logró acreditar ser el titular del bien inmueble asegurado. Se considera de esa manera, porque no existe prueba idónea que permita establecer que existe identidad entre el bien asegurado y aquel que se menciona en el instrumento notarial exhibido por el peticionario de amparo, en virtud de que basta realizar un contraste entre las dimensiones y medidas y colindancias de ambos inmuebles, para advertir que se trata de diferentes predios. Ahora, no pasa inadvertido que el bien que el quejoso pretende defender, podría tratarse de una parte de aquel que fue asegurado, pues existe coincidencia en la inscripción registral del bien inmueble asegurado y aquel que fue origen de la compraventa. No obstante, dicha coincidencia no es suficiente para tener por acreditada la identidad del bien, pues el número de folio registral únicamente tiene la finalidad de identificación administrativa interna de la oficina de Registro Público, pero no es el medio idóneo para establecer la identidad del bien en cuanto hace a su ubicación y correspondencia con aquel que fue asegurado. Sobre todo, si se toma en consideración que no se tienen mayores datos de identificación del bien, como podrían ser la vialidad y colonia donde se ubica o el número con el que se identifica. Por ello, aun cuando existe coincidencia en cuanto al nombre del predio "San Alejotenco", lo cierto es que tanto el bien asegurado, como aquel que se consigna en la referida escritura, se tratan de fracciones segregadas de otro predio mayor, por lo que es incuestionable que cabe la posibilidad de que existan otros inmuebles con características similares a las aquí mencionadas y que, incluso, puedan compartir, todos ellos, los mismos datos de identificación registral respecto del predio mayor. Ante tal circunstancia, resultaba imperativo que el quejoso aportara prueba idónea mediante la cual estableciera la identidad entre el bien asegurado y aquel cuya copropiedad ostenta o, en su caso, que uno se encuentra comprendido dentro del otro, atendiendo a la diferencia de dimensiones y colindancias entre ambos bienes, lo que pudo lograr a través de la prueba pericial, a fin de demostrar que se trata de un mismo bien o que uno comprende parte del otro a fin de que este Juzgador estuviera en condiciones de concluir que el acto reclamado le causa una afectación. Al respecto, cobra aplicación la jurisprudencia VI.1o.C. J/13 sostenida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: "PERICIAL EN AGRIMENSURA. ES LA PRUEBA IDÓNEA PARA ACREDITAR LA IDENTIDAD DE INMUEBLES. Aun cuando la pericial en agrimensura no es la única prueba con la que se pueda acreditar la identidad de bienes inmuebles, sin embargo sí es la idónea para ello, pues con los datos que verifique el perito se podrá determinar si el bien que se reclama es o no el mismo que detenta el demandado. De ahí que de las pruebas aportadas al juicio de amparo, no deriva algún indicio que lleve a establecer que el inmueble que defiende el quejoso, sea el mismo que fue materia de aseguramiento. Sin que sea obstáculo para lo anterior, que la autoridad responsable ejecutora al rendir su informe justificado, aceptara el acto reclamado; lo anterior, ya que tal circunstancia no implica que cuente con interés jurídico para acudir al juicio de amparo, pues, en el caso, ello no depende de las manifestaciones que realicen en el informe justificado, sino de las pruebas que haya aportado al juicio de amparo. Por ende, al no haberse acreditado la identidad del bien inmueble que pretende defender la parte quejosa en esta instancia, con aquel que fue afectado por el acto de autoridad, tampoco se acredita el interés jurídico del accionante para controvertir el aseguramiento reclamado, en virtud de que el interés jurídico se debe acreditar de manera fehaciente y no con base en conjeturas o suposiciones. Al respecto, resulta aplicable la jurisprudencia 2a./J. 16/94 de la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, que se cita a continuación: "INTERÉS JURÍDICO, AFECTACIÓN DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE. En el juicio de amparo, la afectación del interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones." En las relatadas condiciones, en la especie se actualiza la causa de improcedencia a que se refiere la fracción XII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, por lo que, con fundamento en lo establecido en la fracción V del artículo 63 de la citada ley, procede sobreseer en el presente juicio. Sobreseimiento que se hace extensivo al acto de ejecución reclamado al 4. Registrador Público de la Propiedad de la Circunscripción territorial de Atlixco, Puebla, ya que el acto de ejecución que se le imputa no se reclama por vicios propios, sino que su inconstitucionalidad se hizo depender de la orden de aseguramiento materia del sobreseimiento. Al respecto es aplicable la jurisprudencia sustentada por la entonces Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "EJECUCIÓN, ACTOS DE. SOBRESEIMIENTO. Decretado el sobreseimiento por lo que respecta a los actos dictados por las autoridades responsables ordenadoras, debe también decretarse respecto a las autoridades que sean o que tengan el carácter de ejecutoras de los mismos actos, porque debiendo sobreseerse con respecto a aquéllos, es indiscutible que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución." Atento a lo anterior, esta autoridad se encuentra jurídicamente imposibilitada para realizar el estudio de los conceptos de violación planteados por la parte quejosa, pues la actualización de algún motivo que haga improcedente el juicio de amparo, impide al juzgador pronunciarse sobre cualquier cuestión que atañe al fondo de la litis constitucional, ya que la consecuencia del sobreseimiento es precisamente poner fin al juicio sin resolver la cuestión de fondo. Cobra aplicación, en lo conducente, la jurisprudencia sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto, son: "AGRAVIOS INOPERANTES EN LA REVISIÓN. LO SON LOS QUE SE HACEN CONSISTIR EN LA OMISIÓN DEL ESTUDIO DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN SI EL JUEZ ESTIMÓ PROCEDENTE EL SOBRESEIMIENTO. Si el Juez de Distrito consideró que se habían actualizado dos causales de sobreseimiento y con base en ellas resuelve sobreseer en el juicio, en el que se reclama la inconstitucionalidad de una ley, son inoperantes los agravios que se hacen consistir en la omisión de análisis de su parte, de diversos conceptos de violación, pues el sentido del fallo no sólo no lo obligaba a abordar tal estudio sino que lo imposibilitaba para realizarlo, pues de lo contrario su proceder sería incongruente, en virtud de que la principal consecuencia del sobreseimiento es poner fin al juicio sin resolver la controversia del fondo." No es obstáculo para lo anterior que no se emplazara de persona o autoridad alguna con el carácter de tercera interesada, pues tomando en consideración el sentido de esta resolución, no resulta necesario por no irrogarle algún perjuicio. Se invoca por su contenido, la jurisprudencia sin número, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "TERCERO PERJUDICADO, FALTA DE EMPLAZAMIENTO LEGAL. NO PROCEDE REPONER EL PROCEDIMIENTO CUANDO SE ADVIERTE DE MANERA NOTORIA QUE LA RESOLUCION LO BENEFICIARA. Si bien es cierto que de conformidad con lo establecido por el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, la regla general es que cuando el tercero perjudicado no ha concurrido legalmente al juicio debe ordenarse la reposición para que se subsane esa irregularidad, pues cabe suponer que podría dictarse un fallo sin haberle dado oportunidad de defenderse debidamente, ello no procede cuando se advierte de manera notoria que la sentencia lo favorecerá, no produciéndole beneficio alguno la reposición del procedimiento, sino por el contrario, causándole perjuicio, cuando menos en cuanto al tiempo en que se difiere el fallo del asunto, debiéndose en ese caso pronunciar la resolución que corresponda; fundándose esta interpretación en que el propósito del precepto citado, así como de las tesis formuladas en relación con él, es que no queden en pie irregularidades procesales que pudieran lesionar a alguna de las partes, lo que no sucede en la hipótesis especificada. Se destaca que el presente asunto, en cuanto al segundo motivo, por el cual se consideró actualizada dicha causal de improcedencia, se resuelve conforme al criterio emitido por este Juzgado en el juicio de amparo 862/2021, y que el Segundo Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito con sede en San Andrés Cholula, Puebla, confirmó en el amparo en revisión 76/2021. Quinto. Forma de publicación de la sentencia. En términos del artículo 6, apartado A, fracción III, de la Constitución Federal, así como en lo dispuesto en los diversos preceptos 70 y 73, fracción II, 106, fracción III, y 111 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los numerales 1, 9, 11, 68, 110, 113, 117, 118 y 164 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, toda vez que se estima que las sentencias dictadas en los juicios de amparo son de interés público, con el objeto de salvaguardar aquella información reservada o confidencial contenida en esta sentencia, se ordena la elaboración de la versión pública suprimiendo los datos relativos a dicha información y ponerla a disposición del público para su consulta, conforme los mecanismos establecidos en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes para tal efecto, así como también cuando se efectúe la solicitud correspondiente, en conformidad con el procedimiento de acceso a la información establecido en el Título Quinto de la legislación referida en último término. Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos 74 y 75 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo indirecto, promovido por José Rubén Romero Flores, en los términos indicados en el considerando tercero, apartado I y cuarto de esta resolución. SEGUNDO. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el considerando último de este fallo. Notifíquese vía electrónica a la parte quejosa; mediante oficio a las autoridades responsables, al agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado Quinto de lo Penal de la Ciudad de Puebla, en su calidad de tercero interesado y al agente del Ministerio Público Federal adscrito a este juzgado.

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintiséis de agosto de dos mil veintiuno. Agréguese el oficio 147/2021/FIM, signado Claudia Carmona Cid, Agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía de Investigación Metropolitana, por medio del cual en cumplimiento a lo ordenado en proveído de dieciséis de agosto del año en curso, informa lo siguiente: - Que no conoció de la averiguación previa..-Desconoce si con fecha doce de mayo de dos mil diez, se haya puesto a disposición el inmueble motivo del presente juicio de amparo, dentro de la lista con los bienes inmuebles asegurados que refiere la Jueza Quinto Penal y por ende desconoce el acuerdo que recayera a dicho oficio; -Aclara que el oficio 496/2018/MIDFST, al que hace referencia la Jueza Quinto Penal del distrito judicial de Puebla, se dictó dentro del triplicado abierto de la averiguación previa .... misma que fue consignada al mismo Juzgado Quinto Penal, el veintidós de abril de dos mil veintiuno, y recibida en ese órgano jurisdiccional el tres de mayo del mismo año, radicándose bajo el proceso 338/2009, por lo que dicho oficio y acuerdo que recayeron a este, obran dentro de dicho proceso; - Manifiesta que puso a disposición los bienes inmuebles conforme al listado de bienes asegurados por dicha representación social .... - Remite diversas constancias para acreditar su dicho. Por tanto, en vista del cuantioso número de fojas remitidas por la autoridad oficiante, se ordena formar el cuaderno de prueba I del presente juicio para la mejor facilidad de su manejo, respetando folio, sello y rúbrica del mismo. Con motivo de lo anterior, con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, dese vista a la parte quejosa para que dentro del plazo de tres días manifieste lo que a su interés convenga. Notifíquese electrónicamente a la parte quejosa y por lista a las demás partes, ...

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintitrés de agosto de dos mil veintiuno. Agréguese el oficio 454, suscrito por Laura Martínez Gámez Agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía de Investigación Metropolitana, por medio del cual en atención al requerimiento ordenado en proveído de dieciséis de agosto del año en curso, informa que se encuentra cubriendo periodo vacacional de su homóloga Claudia Carmona Cid -del dieciséis al veinte de agosto de dos mil veintiuno-, por lo que atendiendo a la carga de trabajo, se encuentra materialmente imposibilitada, para dar contestación a dicho requerimiento en el término otorgado -veinticuatro horas-. Atento a lo anterior, dígase a la citada autoridad responsable que atento a su manifestación no ha lugar a conceder una prórroga, en virtud de que esta autoridad federal advierte, que su homóloga Claudia Carmona Cid, se reincorpora a su labores en la presente data -veintitrés de agosto de dos mil veintiuno-. En consecuencia, se requiere nuevamente a la autoridad responsable: 1. Claudia Carmona Cid, agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía de Investigación Metropolitana, para que en el plazo de veinticuatro horas legalmente computado, de cumplimiento al requerimiento formulado mediante proveído de dieciséis de agosto pasado. En la inteligencia que subsiste el apercibimiento con que fue conminado en dicho acuerdo, en caso no de no dar cumplimiento al presente requerimiento. Notifíquese por oficio a la citada autoridad responsable.

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