José Salvador Rivera Balderrabano

Expediente 1197/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 5 actuaciones registradas, la última del 22 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1197/2022
Año
2022
Actuaciones
5
Última actuación
22/11/2022

Partes del expediente

  • José Salvador Rivera Balderrabano
  • Adriana Díaz Cano
  • José Salvador Rivera Balderrabano y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta, signado por la secretaria del Juzgado de Distrito en Materia Mercantil Federal en el Estado de Tlaxcala, con residencia en Apizaco, por el cual acusa recibo del expediente original relativo al juicio oral mercantil *** de su índice. De lo que se toma conocimiento para los efectos legales correspondientes. Cúmplase.

  2. Principal

    Visto el estado procesal que guarda el presente juicio, se advierte que en proveído de diecinueve de octubre del actual, se tuvo por recibido el oficio 7872/2022, signado por la secretaria de acuerdos del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, al cual adjuntó los autos originales del juicio de amparo directo 459/2022, de su índice, toda vez que en proveído de siete de octubre de dos mil veintidós, dicho órgano jurisdiccional determinó carecer de competencia legal para conocer del asunto, por lo que ordenó remitir a la Oficia de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Tlaxcala, el citado juicio de amparo, así como el juicio oral mercantil ***, del índice del Juzgado de Distrito en Materia Mercantil Federal en el Estado de Tlaxcala, ordenándose el acuse respectivo por parte de este órgano jurisdiccional. No obstante, la misiva referida no fue girada; en consecuencia, acúsese el recibo de estilo correspondiente a la superioridad, para los efectos legales correspondientes. Cúmplase.

  3. Principal

    Visto el estado procesal de autos, se declara que dicho auto que desechó la demanda de amparo, ha causado estado, para todos los efectos legales procedentes. En consecuencia, devuélvase al Juez de Distrito en Materia Mercantil Federal en el Estado de Tlaxcala, el juicio oral mercantil ***. Se establece que el presente asunto, atendiendo a sus particularidades, carece de relevancia documental, por no ubicarse en alguno de los supuestos a que se refiere el citado numeral. De igual manera, se establece que este expediente deberá destruirse transcurrido el plazo de tres años. Una vez que obre en autos la constancia de notificación del presente proveído, sin ulterior acuerdo, archívese el presente expediente como asunto concluido.

  4. Principal

    Téngase por recibido el oficio 7872/2022, signado por la secretaria de acuerdos del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, al cual se adjunta los autos originales del juicio de amparo directo 459/2022, de su índice, toda vez que en proveído de siete de octubre de dos mil veintidós, dicho órgano jurisdiccional determinó carecer de competencia legal para conocer del asunto, por lo que ordenó remitir a la Oficia de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Tlaxcala, el citado juicio de amparo, así como el juicio oral mercantil ***, del índice del Juzgado de Distrito en Materia Mercantil Federal en el Estado de Tlaxcala. Acúsese el recibo de estilo correspondiente. Ahora bien, de las constancias que integran el juicio de amparo ***, se advierte que los quejosos *** y ***. Fórmese expediente impreso y electrónico, háganse las anotaciones correspondientes y regístrese en el libro de gobierno con el número 1197/2022-A. Ahora, procede desechar la demanda de derechos fundamentales por ser notoriamente improcedente, atento a las siguientes consideraciones: El artículo 113 de la Ley de Amparo prescribe: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Este precepto autoriza al suscrito a desechar de plano una demanda de garantías, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con ello, diversos Tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del suscrito y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. En ese sentido, este juzgador advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 107, fracción IV, párrafo segundo, a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, los cuales establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior; (.).". De la interpretación de los anteriores preceptos, se obtiene que el juicio de amparo es procedente contra actos dictados después de concluido el juicio y en ejecución del laudo o sentencia cuando se trate de la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendiéndose como tal, aquella que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa a la parte quejosa. Lo anterior, se apoya en el principio de economía procesal, que pretende evitar la proliferación o cadena interminable de juicios de amparo con motivo de diversas actuaciones suscitadas en el procedimiento de ejecución. Así, el legislador pretende evitar que las partes contendientes en un procedimiento jurisdiccional en etapa de ejecución puedan intentar el juicio protector de derechos humanos tantas veces como violaciones se cometan en dicho procedimiento, pues con ello se ocasionaría, por un lado, una constante interposición de juicios de amparo y, por otro, una injustificada demora en la conclusión definitiva del procedimiento respectivo y el entorpecimiento de la ejecución de una sentencia definitiva con el carácter de cosa juzgada. De esa manera, lo que se logra es que se continúe la ejecución de la sentencia sin mayores trabas y que el afectado, al impugnar la última resolución dictada, puede hacer valer tantas violaciones al procedimiento como estime que se le hubieren cometido. En términos del criterio jurisprudencial citado, por última resolución debe entenderse aquella en la que se aprueba o reconoce el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. En la especie, la parte quejosa señala como acto reclamado la diligencia de pago y embargo de uno de julio del año en curso, ordenada y realizada dentro del expediente ***, del índice de la responsable. De los antecedentes que bajo protesta de decir verdad manifestaron los promoventes en su demanda de amparo, los que a continuación se transcriben: Mediante escrito presentado electrónicamente el veintisiete de marzo de dos mil veintiuno, ante el Juzgado de Distrito en Materia Mercantil Federal en el estado de Tlaxcala, ***, en su carácter de apoderado de *** promovió juicio oral mercantil en contra de *** en su carácter de acreditado y de *** como obligada solidaria de quienes reclamó diversas prestaciones. Por auto de treinta siguiente, el Titular de dicho juzgado, admitió la demanda en la vía y forma propuesta y ordenó correr traslado y emplazar a los demandados a efecto de que en el término de nueve días contestaran la demanda instaurada en su contra. Seguido y trámite respectivo, el treinta y uno de agosto del año próximo pasado, se dictó sentencia en la que se declaró judicialmente el vencimiento anticipado de los contratos de crédito base de las acciones intentadas y se condenó a los demandados al pago de las cantidades reclamados, así como el pago de intereses ordinarios y moratorios. Inconforme con la anterior resolución, los demandados *** en su carácter de acreditado y de *** promovieron un juicio de amparo, el cual, por razón de turno correspondió conocer a este tribunal colegiado; mismo que el veintinueve de septiembre de dos mil veintiuno, quedó registrado con el número *** y previos requerimientos, el nueve de diciembre siguiente se desechó por extemporáneo. En auto de diecisiete de enero de dos mil veintidós, se ordenó dar trámite al incidente de liquidación promovido por la parte actora, por lo que se ordenó correr traslado a la parte demandada para que en el término de tres días manifestarán lo que a su derecho convinera. El veinticinco de ese mismo mes y año se hizo la certificación correspondiente en el sentido de que había transcurrido el plazo antes señalado sin que dicha parte demandada realizará manifestación alguna, por lo que se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia incidental. El juez del conocimiento, el uno de febrero de esta anulidad, resolvió el incidente en mención en que se aprobó parcialmente la planilla de liquidación relativa al primer y segundo contrato y concedió a los demandados *** y *** en término de cinco días para que hicieran el pago de las cantidades estipuladas. Mediante auto de veinticuatro de marzo del año en curso, se abrió la etapa de ejecución de sentencia por lo que se refirió a los demandados, para que en el término de tres días dieran cumplimiento a la audiencia incidental de liquidación de uno de febrero anterior. Posteriormente, el uno de julio de dos mil veintidós, se llevó a cabo la diligencia de requerimiento de pago y embargo a los demandados *** y ***. Contra dicha diligencia *** y *** promueven el presente juicio de amparo." En las relatadas circunstancias, se advierte que el citado controvertido oral mercantil se encuentra en etapa de ejecución de sentencia, y que el acto reclamado se originó con motivo del requerimiento de pago y embargo realizado a los demandados; lo cual se corrobora con el juicio de origen, el cual cuenta con pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto en los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°. De ahí la improcedencia del presente juicio, dado que se trata de un acto de ejecución de sentencia, y en términos de lo dispuesto por el artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, la demanda de amparo solo podrá promoverse contra la última resolución dictada en el juicio de origen, pudiendo reclamarse en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa a la parte promovente; sin que ello ocurra en el presente asunto, pues el auto reclamado no se trata de aquella que reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica de dar cumplimiento; por tanto, se reitera, es evidente que en el caso, el juicio de amparo resulta improcedente. En ese sentido, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 215/2009, por unanimidad de votos estableció que se puede aplicar, excepcionalmente, por analogía la fracción IV del artículo 114 (ahora arábigo 107, fracción V) de la Ley de Amparo, para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto, contra actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural. Sin embargo, también estableció que tal interpretación por analogía no se extiende al grado tal que permita la procedencia del amparo indirecto en contra de actos dictados en ejecución, por violaciones procesales relevantes. Así, las partes tienen la posibilidad de impugnar actos en la etapa de ejecución de sentencia exclusivamente cuando: a) El acto infrinja directamente derechos sustantivos; y, b) Los derechos sustantivos que se vean afectados sean ajenos a los que se puedan afectar por la propia ejecución del laudo condenatorio, esto es, que no sean consecuencia directa y necesaria del procedimiento de ejecución. Se arriba a tal conclusión, en virtud de que la interpretación por analogía -que fue la que realizó la Suprema Corte de Justicia de la Nación para arribar a la conclusión que contiene el criterio jurisprudencial transcrito- procede únicamente cuando no existe precepto expreso en la norma y cuando los hechos en esencia sean iguales; siendo que, en el supuesto que nos encontramos, el legislador contempló de manera categórica la regla de procedencia tratándose de actos en ejecución de sentencia. En efecto, del artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, se obtiene la regla relativa a que el amparo indirecto en etapa de ejecución de sentencia únicamente procede en contra de la última resolución; sin embargo, tratándose de los restantes actos verificados en ejecución de sentencia, que no tengan relación directa con la ejecución; es decir, aquellos actos que no tengan la intención o pretendan ejecutar la sentencia, debe de atenderse de manera genérica a la regla planteada por el legislador para los actos dentro de juicio prevista en la fracción V del mismo preceptos, a saber, la irreparabilidad del acto. De lo contrario, se estaría aplicando como regla general la prevista en la fracción V, del artículo 107, de la Ley de Amparo, y no al revés, lo que trastocaría la intención del legislador al establecer reglas específicas para la procedencia del acto reclamado en este tipo de actos. Las consideraciones expuestas en el criterio transcrito, parten de la premisa de que no puede entorpecerse la ejecución de una sentencia que constituye cosa juzgada y que por la naturaleza propia del procedimiento, es posible que las violaciones cometidas durante el procedimiento de ejecución puedan analizarse cuando se reclame la "última resolución", porque de acreditarse que hubo la infracción legal y que se dejó sin defensa a la parte quejosa, tendría que reponerse el procedimiento a partir de esa violación y, de ser infundada, no se habrá obstaculizado el cumplimiento de una ejecutoria, lo que equilibra el interés individual con el orden público y la finalidad del juicio de amparo, que no permite ser utilizado como instrumento para retardar la administración de justicia. En este contexto, como se dijo en párrafos que anteceden, de la lectura integral de la demanda de amparo y anexo respectivo, se advierte que, en el particular, la parte quejosa señala como acto reclamado diligencia de pago y embargo de uno de julio del año en curso, ordenada y realizada dentro del expediente ***, del índice de la responsable. En consecuencia, de conformidad con el artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, al ser el acto reclamado parte del procedimiento de ejecución de sentencia, el juicio de amparo que intenta la parte quejosa resulta improcedente. En tales condiciones, resulta evidente que, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso numeral 107, fracción IV, de la misma ley, lo que procede, con apoyo en el precepto 113 de la misma ley, es DESECHAR POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE LA DEMANDA DE AMPARO, lo anterior, en virtud de que no existe duda en el suscrito juzgador para formarse un criterio distinto, ya que, con las razones apuntadas, está plenamente acreditada la causal de improcedencia invocada. A mayor abundamiento, este juzgador advierte de oficio que se actualiza también la causal de improcedencia prevista en la fracción XIV, del artículo 61, de la Ley de Amparo, que dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos." De la interpretación del precepto legal parcialmente descrito, permite establecer que el motivo de improcedencia descansa en la inobservancia al principio rector del juicio de amparo, relativo a la presentación de la demanda de amparo, puesto que se entiende que un acto es consentido tácitamente por la parte quejosa cuando no promueve dentro del plazo establecido en los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo. Al respecto, los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo disponen lo siguiente: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo. Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor". En este orden de ideas, el artículo 17 antes transcrito prevé que por regla general el término para promover la demanda de amparo es de quince días, con las únicas excepciones allí previstas, a saber: a) Treinta días, cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición. b) Hasta ocho años, cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión. c) Siete años, cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal. d) En cualquier tiempo, cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Luego, el término para promover la demanda de amparo se contará de la siguiente manera: 1. A partir del día siguiente al en que surta efectos conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución reclamado; 2. A partir del día siguiente al en que haya tenido conocimiento del acto reclamado o de su ejecución, y 3. A partir del día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor de tales actos, salvo lo establecido en la fracción I del artículo 17, relativo a las normas de carácter heteroaplicativo. Entonces, de no instaurarse el juicio de garantías dentro de ese plazo, se entiende que el acto reclamado se ha consentido y, por consiguiente, que se surte la causa de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XIV, de la Ley de la materia. Cabe precisar que, en ese sentido, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 57/2008, estableció que para poder tener consentido el acto reclamado, debe de existir en autos prueba fehaciente de que el quejoso tuvo conocimiento completo del acto reclamado, lo que fue divulgado a través de la jurisprudencia 115/2010, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIII, enero de 2011, página 5, de rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA PROMOVERLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO COMPLETO DEL ACTO RECLAMADO POR CUALQUIER MEDIO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN LA QUE LA RESPONSABLE SE LO NOTIFICÓ." Conforme a lo anterior, el plazo para promover el presente juicio de amparo es de quince días, en cualquiera de las hipótesis previstas en el artículo 18 de la Ley de Amparo, toda vez que el acto aquí reclamado no importa peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, deportación, destierro, cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución, o la incorporación forzosa al servicio del ejército o armada nacionales, así también, dicho acto reclamado no involucra inconstitucionalidad de leyes reclamadas como autoaplicativas; en consecuencia, la demanda debió presentarse dentro del término de quince días que señala el artículo 17 de la Ley de Amparo. Ahora bien, de la lectura integral de la demanda de amparo, se desprende que la parte quejosa hace consistir el acto reclamado en la diligencia de pago y embargo de uno de julio del año en curso, ordenada y realizada dentro del expediente ***, del índice de la responsable; y, del cual, bajo protesta de decir verdad, refiere que le fue notificada el uno de julio del año en curso. Por tanto, de acuerdo al artículo 18 de la Ley de Amparo, el plazo para la interposición de la demanda transcurrió del cinco al veinticinco de julio de dos mil veintidós, sin contar los días inhábiles de conformidad con lo dispuesto en el artículo 19 de la Ley de Amparo, como se advierte de la certificación secretarial que efectuó la secretaria del juzgado responsable. En consecuencia, resulta evidente que la presentación de la demanda, se realizó fuera del término de quince días que al efecto prevé el transcrito artículo 17 de la Ley de Amparo, ya que se hizo el ocho de agosto de dos mil veintidós, según se desprende del sello de recepción inserto en la parte superior de la primera foja de la demanda, por lo que es inconcuso que transcurrió en exceso dicho término. De lo anterior, se colige que la demanda se presentó de manera extemporánea y, ante tal circunstancia, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, del propio ordenamiento legal. Por tanto, si la parte quejosa no ejerció en el término legal estipulado para ello, la acción de amparo, es evidente que consintió tácitamente el acto reclamado, y en esas condiciones, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, en relación con los artículos 17, 18 y 113 de la Ley de Amparo; y, por consiguiente, es procedente DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO promovida por *** y *** al encontrarse motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Por otra parte, téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el que señala en su escrito de mérito; como autorizados para oír y recibir notificaciones a las personas que refiere, por así solicitarlo expresamente. En cumplimiento al artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, así como los artículos 1, 3, 8, 9, 16, 68, 71, 97, 98, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en vigor a partir del diez de mayo de dos mil dieciséis; el presente asunto estará a disposición del público en general para su consulta y será accesible a cualquier persona, en términos de lo establecido en la referida legislación, en el entendido de que este órgano jurisdiccional está obligado a suprimir la información que contenga el carácter de confidencial y reservada. Hágase del conocimiento de las partes que en caso de exhibir documentación o información con el carácter de "reservada" o "confidencial", según lo establecen los aludidos artículos 110 y 113 de la ley en cita, deberán informarlo a este órgano jurisdiccional, y de ser posible, enviarla debidamente resguardada, como parte de las medidas necesarias a efecto de asegurar dicha información, en términos de lo dispuesto en la citada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; sin perjuicio de que este juzgado federal, como sujeto obligado, en términos de lo establecido en la legislación de referencia, adopte las medidas necesarias a efecto de garantizar el acceso a la información. Asimismo, se instruye al secretario encargado del expediente para que una vez dictada la resolución que corresponda, se ingrese en el módulo Sentencias del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y, en su caso, cuide los datos personales a que se refiere el "Protocolo para la elaboración de versiones públicas de documentos electrónicos generados por los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, a partir de la identificación y el marcado de información reservada, confidencial o datos personales", aprobado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de dieciocho de noviembre de dos mil nueve.

Quedan 1 actuación en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Tlaxcala · 10,983 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano