José Sergio Hernández Galindo

Expediente 1080/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 5 actuaciones registradas, la última del 27 de diciembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1080/2022
Año
2022
Actuaciones
5
Última actuación
27/12/2022

Partes del expediente

  • José Sergio Hernández Galindo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Visto el oficio de cuenta signado por la Actuaria del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, por el cual remite los autos originales del juicio de amparo en que se actúa y un testimonio autorizado de la ejecutoria pronunciada en el recurso de queja administrativa *** del registro de dicho órgano jurisdiccional, dictada en sesión remota ordinaria celebrada el ocho de diciembre la presente anualidad. Acúsese recibo a la superioridad, y glósense al expediente principal devuelto, únicamente las constancias originales que obran en el cuaderno de antecedentes que se integró con motivo del envío de aquél a dicho tribunal; comuníquese lo anterior a las autoridades responsables y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Ahora bien, visto el contenido de la aludida determinación, se advierte que el órgano colegiado oficiante resolvió en los siguientes términos: "ÚNICO. Es infundado el recurso de queja interpuesto por ***, en contra del auto de veintiséis de septiembre de dos mil veintidós, dictado en el juicio de amparo indirecto *** del índice del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Tlaxcala.". En consecuencia, el proveído de veintiséis de septiembre de dos mil veintidós, dictado en el presente sumario, ha quedado firme. Una vez que obre en autos la constancia de notificación del presente proveído, sin ulterior acuerdo, archívese el presente expediente como asunto concluido. De conformidad con el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se establece que el presente asunto, atendiendo a sus particularidades, carece de relevancia documental, por no ubicarse en alguno de los supuestos a que se refiere el citado numeral. Se establece que este expediente es susceptible de destrucción transcurrido el plazo de tres años. Mientras tanto, resérvese en el archivo de este órgano jurisdiccional para su posterior destrucción.

  2. Principal

    Visto el oficio de cuenta, signado por el Actuario Judicial adscrito al Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, por medio del cual comunica el proveído de diecisiete de octubre del año en curso, dictado en el recurso de queja 258/2022 del índice del tribunal en cita, del que se desprende que dicho órgano jurisdiccional admitió el recurso de queja interpuesto por la parte quejosa, en contra del auto que desechó la demanda de amparo en el presente juicio; circunstancia de la que se toma conocimiento para los efectos legales procedentes.

  3. Principal

    Visto el escrito de cuenta, signado por el quejoso ***, mediante el cual interpone recurso de queja en contra del auto de veintiséis de septiembre del año en curso, que desechó la demanda de amparo; atento a ello, se provee: Remítase el expediente en que se actúa, así como el original y copia del escrito de expresión de agravios al Magistrado Presidente del Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, en turno, para la substanciación del recurso que se tramita. Intégrese por separado el cuaderno de antecedentes respectivo, en que deberá constar copia certificada de la demanda que dio origen a este juicio, del auto recurrido y del recurso que se interpone, así como copia autógrafa de este proveído. Una vez que obre la constancia de notificación del presente acuerdo, sin necesidad de mayor trámite, remítase mediante oficio el expediente en que se actúa, así como el original y copia del escrito de expresión de agravios y el informe correspondiente, al Magistrado Presidente del Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito con residencia en esta Ciudad, en turno, para la substanciación del recurso que se tramita.

  4. Principal

    Vista la razón actuarial de cuenta, se advierte que no fue posible notificar personalmente a la parte quejosa el proveído de veintiséis de septiembre del presente, mediante el cual se desechó la demanda de amparo promovida por ***, por las razones que expone el fedatario judicial adscrito a este juzgado, de lo que se toma conocimiento para los efectos legales conducentes. Por tanto, notifíquese por la lista que se fija en los estrados de este juzgado al quejoso ***, la aludida determinación de veintiséis de los corrientes, así como el presente proveído y los subsecuentes. En cumplimiento a lo ordenado en auto de esta propia fecha, procedo a notificar por medio de lista el auto de fecha, VEINTISÉIS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, que en síntesis dice: ".Vista la demanda de amparo que promueve ***. Fórmese expediente impreso y electrónico, háganse las anotaciones correspondientes y regístrese en el libro de gobierno con el número 1080/2022-D. Procede desechar la demanda de derechos fundamentales por ser notoriamente improcedente, atento a las siguientes consideraciones: El artículo 113 de la Ley de Amparo autoriza al juez de Distrito a desechar de plano una demanda de amparo, cuando de su examen se desprenda un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; en relación con este tema, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que será motivo de improcedencia manifiesto, aquél que se advierta en forma patente, notoria y absolutamente clara, mientras que el indudable será del que se tiene certeza y plena convicción, tal como lo corrobora la tesis aislada LXXI/2002, emitida por la Segunda. Asimismo, el Tribunal Constitucional del país, al analizar la expresión manifiesta e indudable, ha sostenido que se estará en ese supuesto cuando la improcedencia del juicio se desprenda claramente del escrito de demanda y de las pruebas que, en su caso, se hubieren adjuntado, sin que exista duda sobre la actualización de la causa de improcedencia, de tal suerte que los actos posteriores del procedimiento sean irrelevantes para confirmar su operatividad y que, además, no exista posibilidad de que la desvirtúen. De la intelección de las porciones normativas mencionadas se obtiene que el juicio de derechos fundamentales es improcedente en contra de actos dictados después de concluido el juicio, dentro del procedimiento de ejecución de sentencia, que no sean la última resolución dictada en dicho procedimiento; excepto si sus efectos son de imposible reparación, esto es, que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución y tratados internacionales. Así es, la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo establece la procedencia del juicio constitucional en contra de actos de tribunales judiciales realizados después de concluido el juicio. El segundo párrafo de dicha fracción establece que "si se trata de actos de ejecución de sentencia" sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo; es decir, aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado, declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o la que ordenan el archivo definitivo del expediente. De lo anterior se colige que, entre los actos realizados después de concluido el juicio, existen unos que guardan relación directa con la ejecución de la sentencia y otros que no. Los primeros son conocidos como actos dictados en ejecución de sentencia y los segundos propiamente como actos autónomos. Ahora bien, de conformidad con el segundo párrafo de la fracción que se analiza, en contra de los actos precisados en segundo término, esto es, los de ejecución de sentencia; solo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o la que ordena el archivo definitivo del expediente. Así, tratándose de un acto de ejecución de sentencia, sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución que se dicte en el procedimiento de ejecución; pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. Sin embargo, establece la procedencia del juicio constitucional contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Sobre el particular, el Máximo Tribunal del País ha establecido un criterio del que se colige que la amplitud de la norma establecida en dicha fracción da pauta para interpretar la diversa fracción IV, sin que sea procedente realizarlo a la inversa. De modo que debe estimarse que cuando existen actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia (fracción IV) que afecten de manera directa derechos sustantivos (fracción V) ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, puede aplicarse excepcionalmente, por analogía, la fracción V para establecer la procedencia del juicio de amparo. Del criterio jurisprudencial invocado se advierte que para la procedencia del juicio de amparo. De esta forma, el juicio de amparo indirecto es procedente en contra de actos intermedios dictados en el procedimiento de ejecución de sentencia (es decir, anteriores a la última resolución emitida en dicho procedimiento) siempre que se trate de actos de imposible reparación (que afecten materialmente derechos sustantivos) pero, además de conformidad con la jurisprudencia en cuestión, que dichos actos sean ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural. El último requisito exigido se entiende necesario, pues si el acto reclamado dictado en un procedimiento de ejecución, no obstante afectar derechos sustantivos, guarda relación directa con la cosa juzgada en el juicio natural, esto es, sobre la cuestión ya decidida en dicho juicio; no es dable obstaculizar o retardar la ejecución del fallo con el análisis de cuestiones que derivan directamente de éste, de manera que su análisis se reserva hasta el amparo que se promueva en contra de la última resolución que se dicte en el procedimiento de ejecución (regla general establecida en la fracción IV). En este orden de ideas, tratándose de actos intermedios dictados en el procedimiento de ejecución de sentencia, para determinar la procedencia o improcedencia del juicio de amparo, el Juez de Distrito debe definir si se trata de un acto de imposible reparación, es decir, si afecta materialmente derechos sustantivos previstos en la Constitución o tratados internacionales y, además, de ser así, determinar si dicho acto es o no ajeno a la cosa juzgada. En síntesis, es dable considerar que tratándose de los actos dictados después de concluido el juicio, dentro del procedimiento de ejecución de sentencia, la acción de amparo en la vía indirecta procede excepcionalmente en contra de uno intermedio, esto es, anterior a la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia, siempre que se cumplan dos requisitos: i. Que sus efectos sean de imposible reparación, esto es, que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución federal y tratados internacionales. ii. Que sean ajenos a la cosa juzgada. Ahora bien, resulta pertinente narrar los antecedentes del acto reclamado, los cuales se advierten de lo manifestado por la parte quejosa: 1.- Con fecha treinta de junio de dos mil quince, *** demandó la acción de Retracto con efectos de Nulidad Absoluta de Actos y Documentos que Convierten Leyes Agrarias, Juicio radicado en el Tribunal Unitario Agrario del Distrito 33 (treinta y tres), con sede en Tlaxcala, Tlaxcala; bajo el expediente *** y que más adelante dentro del Juicio queda conexo con el expediente ***, del mismo Tribunal Agrario y de la cual la aquí directa parte quejosa tiene la personalidad reconocida de codemandada. 2.- El veintiséis de octubre de dos mil veintiuno, en cumplimiento a la ejecutoria pronunciada en el amparo directo 780/2019, por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, el Tribunal Unitario Agrario del Trigésimo Tercer Distrito, dictó sentencia definitiva en el citado juicio de origen. 3.- Con fecha cinco de mayo de dos mil veintidós, la autoridad responsable en cumplimiento a la ejecutoria de la sentencia definitiva dictó ocho puntos dentro del acuerdo de esa fecha. Siendo este último el acto reclamado en el presente asunto. Atento a las consideraciones expuestas, puede establecerse que el acto reclamado no constituye la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, dado que no aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado, no declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, ni ordena el archivo definitivo del expediente. Aunado a ello, tampoco constituye un acto de imposible reparación, pues de modo alguno vulnera derechos sustantivos en perjuicio de la ahora inconforme, como pudieran ser la vida, libertad, patrimonio o seguridad jurídica, entre otros, por ende, su afectación es meramente procesal. Por tal motivo, las inconformidades de la parte quejosa -vencida en el juicio de origen- solo podrán hacerse valer, como violaciones al procedimiento de ejecución, hasta que se dicte la resolución que apruebe o reconozca el cumplimiento total de lo sentenciado, declare la imposibilidad material o jurídica para dar cumplimiento al fallo, u ordene el archivo definitivo del expediente. De no obrar en el sentido apuntado, se permitiría que de manera injustificada se retarde el cumplimiento de una sentencia definitiva, respecto de la cual la parte vencida -aquí quejosa- ya tuvo oportunidad de defenderse y, en todo caso, las afectaciones que pueda resentir y que estén vinculadas con la cosa juzgada, las podrá reclamar hasta que se dicte la última resolución en el procedimiento de ejecución. Al respecto, toda vez que el citado criterio no es obligatorio para este órgano jurisdiccional, por tratarse de una tesis aislada de un tribunal colegiado de distinto circuito, se procede a explicar porque no se comparte. Como se explicó en párrafos anteriores, la acción de amparo en la vía indirecta procede excepcionalmente en contra de uno intermedio, esto es, anterior a la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia, siempre que se cumplan dos requisitos: i. Que sus efectos sean de imposible reparación, esto es, que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución federal y tratados internacionales. ii. Que sean ajenos a la cosa juzgada. En el caso concreto, de la lectura de los motivos de disenso esgrimidos por la parte impetrante de derechos humanos, se advierte que se duele de que la autoridad responsable pretenda ejecutar la sentencia dictada en el juicio de origen, en un orden que estima erróneo, por lo que estima se causa un defecto y exceso en el cumplimiento del fallo. Esto es, considera que en primer lugar se debe de dar cumplimiento a los resolutivos de la sentencia en el mismo orden en que fueron plasmados, esto es, en primer lugar cumplir con lo que se dispuso en el resolutivo primero, después proseguir con lo impuesto en el segundo y así sucesivamente. Bajo esa guisa, la parte quejosa no se duele de que la autoridad responsable le esté afectando un derecho sustantivo ajeno a la cosa juzgada, sino que lo que le causa agravio es la forma en que la autoridad responsable pretende ejecutar la cosa juzgada; lo cual, en su caso, sería una violación procesal que se deberá reparar en el eventual juicio de amparo indirecto que se promueva contra la última resolución de la ejecución. Por tanto, se estima que la tesis aislada que invoca de rubro: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. AMPARO PROCEDENTE CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE ORDENA MATERIALIZARLA EN FORMA DISTINTA A LA DECIDIDA EN LA PROPIA SENTENCIA." es contraria a los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que ya fueron expuestos en la presente determinación, pues de adoptarse el criterio jurídico del tribunal colegiado en referencia, bastaría con que la parte vencida en cualquier juicio natural alegara que la sentencia dictada en su contra se está materializando en forma distinta -aún y cuando no le afectara ningún derecho sustantivo ajeno a la cosa juzgada- para que se hiciera nugatoria la regla de procedencia prevista en las fracciones IV y V del artículo 107 de la Ley de Amparo y por tanto invariablemente pudiera acudir al juicio de amparo en contra de cada acuerdo intermedio dictado en la etapa de ejecución, y de esta manera obstaculizara su desarrollo, lo que sería contrario al principio de justicia pronta y expedita prevista en el al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia, lo procedente es DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO promovida por ***. Se tiene como domicilio para efectos de oír y recibir notificaciones el que índica en su escrito inicial de demanda. Se tiene por autorizado en términos amplios del citado numeral a ***. Se exhorta a la parte quejosa para que de estimarlo pertinente, transite su actuación a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; es decir, promueva en la vía electrónica, asimismo, deberá proporcionar algún correo electrónico, número telefónico -celular o fijo- o mensajería instantánea -whatsapp-, a efecto de entablar comunicaciones no procesales. El presente asunto estará a disposición del público en general para su consulta y será accesible a cualquier persona, en términos de lo establecido en la referida legislación, en el entendido de que este órgano jurisdiccional está obligado a suprimir la información que contenga el carácter de confidencial y reservada. Hágase del conocimiento de las partes que en caso de exhibir documentación o información con el carácter de "reservada" o "confidencial", deberán informarlo a este órgano jurisdiccional, y de ser posible, enviarla debidamente resguardada, como parte de las medidas necesarias a efecto de asegurar dicha información, sin perjuicio de que este juzgado federal, como sujeto obligado, en términos de lo establecido en la legislación de referencia, adopte las medidas necesarias a efecto de garantizar el acceso a la información. Asimismo, se instruye al secretario encargado del expediente para que una vez dictada la resolución que corresponda, se ingrese en el módulo Sentencias del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y, en su caso, cuide los datos personales a que se refiere el "Protocolo para la elaboración de versiones públicas de documentos electrónicos generados por los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, a partir de la identificación y el marcado de información reservada, confidencial o datos personales" aprobado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de dieciocho de noviembre de dos mil nueve. En el entendido de que es responsabilidad del secretario la elaboración y digitalización de la versión pública de la resolución con la que culmine el presente juicio."

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