José Ruiz Vázquez
Expediente 1069/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 4 actuaciones registradas, la última del 17 de diciembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1069/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 17/12/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Tlaxcala · Tlaxcala
Partes del expediente
- José Ruiz Vázquez
Actuaciones
- Principal
Agréguese a los autos el oficio de cuenta, signado electrónicamente por el Secretario del Juzgado Décimo Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, mediante el cual devuelve diligenciado el exhorto *** del índice de este juzgado, por el que se le solicitó notificar el acuerdo de doce de noviembre del año en curso, dictado en el presente juicio, al quejoso ***. Circunstancia de la que se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar; y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E). Sin que haya necesidad de acusar recibo de estilo correspondiente a la autoridad exhortada, en tanto que, el mismo se genera de manera electrónica a través del aludido sistema.
- Principal
Agréguese a los autos el oficio de cuenta, signado electrónicamente por el secretario del Juzgado Décimo Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, del que se advierte que dicho órgano jurisdiccional acusa recibo del expediente original relativo al presente asunto; asimismo, aceptó la competencia declinada y se avocó al conocimiento de la demanda de amparo, quedando radicada bajo el número ***, de su índice. En ese sentido, se establece que el presente expediente carece de relevancia documental, por no ubicarse en alguno de los supuestos a que se refiere el citado numeral; lo anterior, hágase constar en la carátula del expediente en que se actúa. En virtud de lo anterior y toda vez que no obran en autos documentos originales, tan pronto haya transcurrido el término de tres años, procédase a la destrucción de este expediente, por haberse declarado la incompetencia de este juzgado para conocer del asunto. Una vez que obren en autos las constancias de notificación del presente proveído, sin ulterior acuerdo, archívese el presente expediente como asunto concluido.
- Principal
Agréguese a los autos la impresión del correo electrónico enviado por la Jefa de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Tlaxcala, a través del cual remite la boleta de turno del presente asunto; en ese sentido, glósese la boleta que adjunta, en el orden correspondiente. Cúmplase.
- Principal
Agréguese a los autos el oficio de cuenta, signado electrónicamente por el secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Durango, con residencia en la ciudad del mismo nombre, a través del cual remite la demanda de amparo presentada por ***. En ese sentido, vista la demanda de amparo promovida ***. Fórmese expediente impreso y electrónico, háganse las anotaciones correspondientes y regístrese en el libro de gobierno con el número 1069/2021-A. Suspensión de plano. Así pues, del ocurso inicial se advierte que el quejoso solicita la suspensión de plano respecto de los actos que han quedado precisados. En cuanto a ello, constituye un hecho notorio el diverso juicio de amparo 1062/2021-F, del índice de este juzgado de distrito, en el que ***, en favor del directo quejoso ***, señaló como autoridades responsables y actos reclamados. Lo anterior pone en evidencia que el aquí inconforme, en el referido juicio de amparo 1062/2021-F y en el presente asunto se duele de los mismos actos reclamados, los cuales atribuyen a las mismas autoridades responsables. Así, en proveído de once de noviembre del año en curso, dictado en el juicio de amparo 1062/2021-F, se concedió la suspensión de plano para los efectos ahí precisados. De ahí que, resulta patente que se actualiza la hipótesis contenida en el artículo 145 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 145. Cuando apareciere debidamente probado que ya se resolvió sobre la suspensión en otro juicio de amparo, promovido con anterioridad por el mismo quejoso o por otra persona en su nombre o representación, contra el mismo acto reclamado y contra las propias autoridades, se declarará sin materia el incidente de suspensión." Lo anterior debido a que, como se dijo, en el diverso sumario constitucional ya se emitió un pronunciamiento expreso en relación con la suspensión de plano respecto de los actos de incomunicación, segregación, malos tratos e intimidación; así como el posible traslado a un diverso centro penitenciario federal, ello de manera extraordinaria, con aprobación del Comité Técnico Interdisciplinario, la cual continúa surtiendo efectos hasta que se dicte una determinación que disponga lo contrario o cause ejecutoria el fallo en que se resuelva dicho asunto. En consecuencia, se declara sin materia la solicitud de suspensión de plano respecto de los actos reclamados. Ahora bien, dado que el quejoso refiere que se encuentra interno en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte de la Ciudad de México, envíese a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, la comunicación oficial correspondiente, a efecto de que el JUEZ DE DISTRITO DE AMPARO EN MATERIA PENAL, EN TURNO, DE LA CIUDAD DE MÉXICO, de conformidad con el artículo 15 de la Ley de Amparo, comisione al Actuario Judicial adscrito a ese Juzgado de Distrito, para que se constituya ante el encargado de las instalaciones del centro de reclusión en el que se encuentre el quejoso y le notifique personalmente el presente acuerdo. Incompetencia Ahora bien, conviene señalar que por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, resulta procedente analizar de manera previa lo relativo a la competencia legal de este órgano jurisdiccional para conocer del presente juicio de amparo, a efecto de evitar una dilación procesal en aras de salvaguardar lo establecido en el artículo 17 Constitucional, pues en caso de ser legalmente incompetente para conocer del asunto, ello impediría resolver el fondo. En efecto, la competencia es un presupuesto procesal de orden público cuyo estudio se encuentra obligado a efectuar el juzgado de distrito, previamente a resolver cualquier otra cuestión relacionada con la materia del juicio constitucional, pues de no hacerlo, contravendría las reglas fundamentales que norman el procedimiento del juicio de amparo y consolidaría una violación procesal cardinal. Situación jurídicamente inadmisible, porque la incompetencia afecta la validez de las actuaciones del juzgado de distrito, conforme al artículo 17 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Por tanto, se analiza la competencia legal para conocer del presente asunto, con el fin de no violentar las reglas fundamentales que norman al juicio de amparo indirecto. En consecuencia, para que un juez tenga competencia respecto de un asunto, las leyes procesales señalan ciertos criterios para determinarla, como lo son la competencia por razón de la materia, la cuantía, la vía y el territorio. Así, la Ley de Amparo prevé como tipos de competencia los siguientes: 1. Competencia por territorio; 2. Competencia por materia; 3. Competencia por razón de la vía; y, 4. Competencia auxiliar. En esa tesitura, en el caso se estima que este órgano jurisdiccional carece de competencia legal para conocer de la presente demanda constitucional por razón del territorio, en atención a que el artículo 37 de la Ley de Amparo dispone lo siguiente: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame debe tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuanto el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Conforme a lo dispuesto en el numeral citado, se advierten tres reglas para fijar la competencia de los Jueces de Distrito, a saber: a) Con independencia del lugar en el que radique la autoridad emisora del acto reclamado, el parámetro que se toma en consideración consiste en que el juez de amparo ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, lo que presupone que dicho acto es de aquellos que después de su emisión, por su índole, requieren de ejecución por parte de una autoridad diversa a la ordenadora. b) La segunda previsión normativa, más que una regla diversa en cuanto a la temática en análisis constituye un matiz de la anterior, ya que para el caso de que el acto reclamado haya comenzado a ejecutarse en un Distrito y siga ejecutándose en otro, entonces es competente el Juez de Distrito ante el que se presenta la demanda, lógicamente siempre que el acto reclamado haya tenido ejecución dentro de su jurisdicción. c) En el tercer párrafo del precepto en comento, se establece la regla consistente en que cuando la resolución reclamada en el juicio de amparo no requiera de ejecución material, es competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Lo que hace la diferencia entre los supuestos descritos en los incisos a y b, no es que el acto se haya ejecutado, tratado de ejecutar, se esté ejecutando o deba ejecutarse, sino que ello suceda en la jurisdicción de uno o varios Jueces de Distrito, en razón de que la primera se refiere a todos los supuestos en que puede encontrarse la ejecución, pero solo hace mención a que se realice en una jurisdicción; mientras que la segunda regla concierne a la ejecución en dos distritos diferentes. Por su parte, lo que distingue las dos primeras hipótesis de la tercera, es que en esta el acto o resolución reclamada no requiere ejecución material. Así, la locución ejecución material es el común denominador de las tres hipótesis, como criterio único para asignar competencia por territorio a los Jueces de Distrito que conozcan de juicios de amparo, por ende, la citada expresión debe entenderse en el sentido de que con la emisión del acto reclamado se tengan que realizar acciones que producen un cambio material, ya sea por sí mismo o sus efectos conlleven a esa situación. En otras palabras, la ejecución no atiende solo al contenido del acto reclamado, en el sentido de que estatuya una orden, un mandato, el cumplimiento o prohibición para efectuar o llevar a cabo algo, sino que también comprende los alcances materiales que tuviera o llegara a producir en el mundo fáctico o real. En el caso concreto, se advierte que el directo quejoso se encuentra interno en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte de la Ciudad de México y se duele además de actos de los previstos en el artículo 15 de la Ley de Amparo, de que las autoridades responsables pretenden trasladarlo a otro centro de reclusión dentro o fuera de la citada ciudad. Por tanto, como en este momento procesal solo se tiene noticia de donde podría llegar a ejecutarse la orden de traslado, (Ciudad de México) pero no del lugar donde continuará ejecutándose, la competencia le corresponde al Juez de Distrito del lugar donde comenzó o comenzará la ejecución, esto es, la Ciudad de México. En consecuencia, este juzgador estima carecer de competencia legal por razón de territorio para someter a control constitucional las actuaciones de las autoridades responsables, y por ende, lo procedente es remitir el juicio de amparo promovido por *** a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, para que a su vez lo remita al Juzgado de Distrito respectivo, quien se estima competente para conocer de la controversia planteada pues es el lugar donde inició o comenzará la ejecución de la orden de traslado de un centro penitenciario a otro, y donde tienen lugar los demás actos combatidos. Por tanto, fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo, solicitándose al órgano jurisdiccional que conozca del presente asunto, el acuse de recibo correspondiente e informe lo conducente. En cumplimiento al artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, así como los artículos 1, 3, 8, 9, 16, 68, 71, 97, 98, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en vigor a partir del diez de mayo de dos mil dieciséis; el presente asunto estará a disposición del público en general para su consulta y será accesible a cualquier persona, en términos de lo establecido en la referida legislación, en el entendido de que este órgano jurisdiccional está obligado a suprimir la información que contenga el carácter de confidencial y reservada. Hágase del conocimiento de las partes que en caso de exhibir documentación o información con el carácter de "reservada" o "confidencial", según lo establecen los aludidos artículos 110 y 113 de la ley en cita, deberán informarlo a este órgano jurisdiccional, y de ser posible, enviarla debidamente resguardada, como parte de las medidas necesarias a efecto de asegurar dicha información, en términos de lo dispuesto en la citada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; sin perjuicio de que este juzgado federal, como sujeto obligado, en términos de lo establecido en la legislación de referencia, adopte las medidas necesarias a efecto de garantizar el acceso a la información. Asimismo, se instruye al secretario encargado del expediente para que una vez dictada la resolución que corresponda, se ingrese en el módulo Sentencias del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y, en su caso, cuide los datos personales a que se refiere el "Protocolo para la elaboración de versiones públicas de documentos electrónicos generados por los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, a partir de la identificación y el marcado de información reservada, confidencial o datos personales", aprobado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de dieciocho de noviembre de dos mil nueve. En el entendido de que es responsabilidad de la secretaria la elaboración y digitalización de la versión pública de la resolución con la que culmine el presente juicio, en términos de lo establecido por los artículos 118 a 120 de la aludida Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
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