Jose Rosas Gonzalez
Expediente 732/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 13 actuaciones registradas, la última del 25 de septiembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 732/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 25/09/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Jose Rosas Gonzalez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veinticinco de septiembre de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hubieran recurrido la sentencia de treinta de agosto de dos mil veintitrés, la cual, por una parte sobreseyó en el juicio y por otra negó el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia de mérito ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y, archívese este asunto como totalmente concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés (en lo sucesivo, el Acuerdo General), en vigor a partir del día siguiente hábil (ocho de junio de dos mil veintitrés) se establece que el presente asunto en el que por una parte se sobreseyó en el juicio, y por otra, se negó el amparo, no es de relevancia documental, y es conservable y susceptible de ser transferido cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído, a los depósitos documentales dependientes del área coordinadora de archivos de la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, ello, en términos del artículo 17, fracción III, inciso a), en relación con el artículo 9, del capítulo segundo del acuerdo general señalado. En cuanto al cuaderno original único del incidente de suspensión, en virtud que se negó la medida cautelar definitiva, se decreta que es destruible y susceptible de ser destruido, cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído, ello, en términos del artículo 20, fracción III, del acuerdo general señalado. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 34 del Acuerdo General. Por otro lado, devuélvase al 1. Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio con Competencia en Ejecución del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Puebla (********************), un disco versátil digital y copia auténtica del cuaderno de ejecución SIPE ******************** de su índice, que remitió en apoyo a su informe de ley correspondiente; sin que haya lugar a solicitar el acuse de recibo, toda vez que la autoridad en mención es local, por lo que el actuario de la adscripción encargado de practicar dicha diligencia, tendrá que verificar que la autoridad en cita asiente su recepción. Finalmente, en términos de lo que dispone el párrafo séptimo del artículo 3 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 253 y 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales -adicionados por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo-, se ordena integrar la presente determinación al expediente impreso, dada la importancia de su contenido. Notifíquese personalmente a la parte quejosa, a través de sus autorizados en términos amplios -en el domicilio indicado en la demanda de amparo-; y, por oficio a las autoridades responsables, así como al agente del Ministerio Público Federal de la adscripción.
- Principal
citatorio-Con fundamento en el artículo 26, fracción III, artículo 27, fracción I y 29 de la Ley de Amparo, se notifica por medio de lista a la parte quejosa, el proveído de 25 de sept de dos mil veintitrés: San Andrés Cholula, Puebla, veinticinco de septiembre de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hubieran recurrido la sentencia de treinta de agosto de dos mil veintitrés, la cual, por una parte sobreseyó en el juicio y por otra negó el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia de mérito ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y, archívese este asunto como totalmente concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés (en lo sucesivo, el Acuerdo General), en vigor a partir del día siguiente hábil (ocho de junio de dos mil veintitrés) se establece que el presente asunto en el que por una parte se sobreseyó en el juicio, y por otra, se negó el amparo, no es de relevancia documental, y es conservable y susceptible de ser transferido cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído, a los depósitos documentales dependientes del área coordinadora de archivos de la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, ello, en términos del artículo 17, fracción III, inciso a), en relación con el artículo 9, del capítulo segundo del acuerdo general señalado. En cuanto al cuaderno original único del incidente de suspensión, en virtud que se negó la medida cautelar definitiva, se decreta que es destruible y susceptible de ser destruido, cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído, ello, en términos del artículo 20, fracción III, del acuerdo general señalado. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 34 del Acuerdo General. Por otro lado, devuélvase al 1. Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio con Competencia en Ejecución del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Puebla (********************), un disco versátil digital y copia auténtica del cuaderno de ejecución SIPE ******************** de su índice, que remitió en apoyo a su informe de ley correspondiente; sin que haya lugar a solicitar el acuse de recibo, toda vez que la autoridad en mención es local, por lo que el actuario de la adscripción encargado de practicar dicha diligencia, tendrá que verificar que la autoridad en cita asiente su recepción. Finalmente, en términos de lo que dispone el párrafo séptimo del artículo 3 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 253 y 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales -adicionados por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo-, se ordena integrar la presente determinación al expediente impreso, dada la importancia de su contenido. Notifíquese personalmente a la parte quejosa, a través de sus autorizados en términos amplios -en el domicilio indicado en la demanda de amparo-; y, por oficio a las autoridades responsables, así como al agente del Ministerio Público Federal de la adscripción.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, once de agosto de dos mil veintitrés. I. Emplazamiento de autoridad tercera interesada. Visto el estado procesal de autos y de un análisis realizado a las constancias que remitió el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio con competencia en Ejecución del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Puebla -Luis Eduardo Jiménez Martínez-, en apoyo a su informe de ley; se advierte, que la agente del Ministerio Público que interviene en el SIPE 118/2020, derivado de la causa penal 897/2019 del índice de la autoridad responsable, es la agente del Ministerio Público de la Federación de la Delegación Estatal en Puebla de la Fiscalía General de la República (********************). En consecuencia, con fundamento en el artículo 5, fracción III, inciso e) de la Ley de Amparo, téngase como tercera interesada a la citada autoridad y, según lo dispuesto en el artículo 26, fracción II, inciso b) de la Ley de Amparo, se ordena sea emplazada al presente juicio constitucional, por medio de oficio que se gire para tal efecto, adjuntándole copia autorizada de la demanda de amparo, y del auto admisorio. Sustenta lo anterior, la tesis XXVII.3o. J/3 (10a.), emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, de rubro y texto siguientes: "NOTIFICACIÓN DEL JUICIO DE AMPARO AL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO EN SU CALIDAD DE TERCERO INTERESADO. BASTA CON REALIZARLA AL QUE PARTICIPÓ EN EL PROCEDIMIENTO DE DONDE EMANA EL ACTO RECLAMADO. De conformidad con el artículo 5o., fracción III, inciso e), de la Ley de Amparo, tiene el carácter de tercero interesado el Ministerio Público que haya intervenido en el procedimiento penal del cual emana el acto reclamado, siempre y cuando no tenga el carácter de autoridad responsable. Por otra parte, los procedimientos penales del sistema tradicional son: a) averiguación previa a la consignación a los tribunales, b) preinstrucción, c) instrucción, d) primera instancia o juicio, e) segunda instancia, f) ejecución y, g) procedimientos especiales. En cada uno de ellos, la ley prevé la participación de la institución ministerial federal como representante de la sociedad (parte acusadora de carácter público), empero, materialmente no es un solo agente quien participa en cada etapa del proceso, sino que la propia institución, con base en su organización interna, designa mediante adscripción, a los encargados de solventar las facultades que corresponden al Ministerio Público en cada procedimiento mencionado. Así, es claro que esa intervención está acotada en atención al procedimiento en que se genera el acto reclamado; por tanto, la calidad de tercero interesado se actualiza para el Ministerio Público de la Federación que intervino en el procedimiento respectivo. De ahí que, si el acto reclamado es la sentencia de segunda instancia, tendrá el carácter de tercero interesado el Ministerio Público adscrito al tribunal de alzada (Tribunal Unitario o Sala Penal) señalado como responsable, al ser el representante social que intervino en la fase del proceso penal de la que deriva el acto reclamado y, además, no tener la calidad de autoridad responsable en el juicio de amparo. Por consiguiente, basta con la notificación que la autoridad responsable practique al agente del Ministerio Público de su adscripción, para tener por satisfecho el emplazamiento en su carácter de parte tercero interesada, sin que sea necesario notificar también al agente ministerial que fungió en otros procedimientos, como el de primera instancia." II. Diferimiento de audiencia constitucional. Por otro lado, para dar margen a lo ordenado en este auto, la audiencia constitucional que debería tener verificativo a las nueve horas con cuarenta y dos minutos del veinticuatro de agosto de dos mil veintitrés, se difiere anticipadamente, y se señala como nueva fecha para su celebración las diez horas con cuarenta y cuatro minutos del treinta de agosto de dos mil veintitrés. III. Integración al expediente físico. Finalmente, en términos de lo que dispone el párrafo séptimo del artículo 3 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 253 y 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales -adicionados por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo-, se ordena integrar la presente determinación al expediente impreso, por impulsar el procedimiento. Notifíquese por oficio a la autoridad tercera interesada; personalmente al quejoso por conducto de sus autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo; y, por lista a las demás partes.
- Principal
Con fundamento en el artículo 26, fracción III, artículo 27, fracción I y 29 de la Ley de Amparo, se notifica por medio de lista a la parte quejosa, el proveído de 11 de agosto de dos mil veintitrés: San Andrés Cholula, Puebla, once de agosto de dos mil veintitrés. I. Emplazamiento de autoridad tercera interesada. Visto el estado procesal de autos y de un análisis realizado a las constancias que remitió el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio con competencia en Ejecución del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Puebla -Luis Eduardo Jiménez Martínez-, en apoyo a su informe de ley; se advierte, que la agente del Ministerio Público que interviene en el SIPE 118/2020, derivado de la causa penal 897/2019 del índice de la autoridad responsable, es la agente del Ministerio Público de la Federación de la Delegación Estatal en Puebla de la Fiscalía General de la República (********************). En consecuencia, con fundamento en el artículo 5, fracción III, inciso e) de la Ley de Amparo, téngase como tercera interesada a la citada autoridad y, según lo dispuesto en el artículo 26, fracción II, inciso b) de la Ley de Amparo, se ordena sea emplazada al presente juicio constitucional, por medio de oficio que se gire para tal efecto, adjuntándole copia autorizada de la demanda de amparo, y del auto admisorio. Sustenta lo anterior, la tesis XXVII.3o. J/3 (10a.), emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, de rubro y texto siguientes: "NOTIFICACIÓN DEL JUICIO DE AMPARO AL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO EN SU CALIDAD DE TERCERO INTERESADO. BASTA CON REALIZARLA AL QUE PARTICIPÓ EN EL PROCEDIMIENTO DE DONDE EMANA EL ACTO RECLAMADO. De conformidad con el artículo 5o., fracción III, inciso e), de la Ley de Amparo, tiene el carácter de tercero interesado el Ministerio Público que haya intervenido en el procedimiento penal del cual emana el acto reclamado, siempre y cuando no tenga el carácter de autoridad responsable. Por otra parte, los procedimientos penales del sistema tradicional son: a) averiguación previa a la consignación a los tribunales, b) preinstrucción, c) instrucción, d) primera instancia o juicio, e) segunda instancia, f) ejecución y, g) procedimientos especiales. En cada uno de ellos, la ley prevé la participación de la institución ministerial federal como representante de la sociedad (parte acusadora de carácter público), empero, materialmente no es un solo agente quien participa en cada etapa del proceso, sino que la propia institución, con base en su organización interna, designa mediante adscripción, a los encargados de solventar las facultades que corresponden al Ministerio Público en cada procedimiento mencionado. Así, es claro que esa intervención está acotada en atención al procedimiento en que se genera el acto reclamado; por tanto, la calidad de tercero interesado se actualiza para el Ministerio Público de la Federación que intervino en el procedimiento respectivo. De ahí que, si el acto reclamado es la sentencia de segunda instancia, tendrá el carácter de tercero interesado el Ministerio Público adscrito al tribunal de alzada (Tribunal Unitario o Sala Penal) señalado como responsable, al ser el representante social que intervino en la fase del proceso penal de la que deriva el acto reclamado y, además, no tener la calidad de autoridad responsable en el juicio de amparo. Por consiguiente, basta con la notificación que la autoridad responsable practique al agente del Ministerio Público de su adscripción, para tener por satisfecho el emplazamiento en su carácter de parte tercero interesada, sin que sea necesario notificar también al agente ministerial que fungió en otros procedimientos, como el de primera instancia." II. Diferimiento de audiencia constitucional. Por otro lado, para dar margen a lo ordenado en este auto, la audiencia constitucional que debería tener verificativo a las nueve horas con cuarenta y dos minutos del veinticuatro de agosto de dos mil veintitrés, se difiere anticipadamente, y se señala como nueva fecha para su celebración las diez horas con cuarenta y cuatro minutos del treinta de agosto de dos mil veintitrés. III. Integración al expediente físico. Finalmente, en términos de lo que dispone el párrafo séptimo del artículo 3 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 253 y 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales -adicionados por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo-, se ordena integrar la presente determinación al expediente impreso, por impulsar el procedimiento. Notifíquese por oficio a la autoridad tercera interesada; personalmente al quejoso por conducto de sus autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo; y, por lista a las demás partes.
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