José Rosendo Vázquez Koh
Expediente 853/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida. 4 actuaciones registradas, la última del 26 de abril de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 853/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 26/04/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida · Yucatán
Partes del expediente
- José Rosendo Vázquez Koh
Actuaciones
- Principal
Mérida, Yucatán, veintiséis de abril de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los autos, de los que se advierten que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86, en relación con el 81, fracción l, inciso e), de la Ley de Amparo, sin que la parte a la que pudo haber causado perjuicio la resolución constitucional dictada en este juicio de amparo, la hubiera recurrido. En consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del artículo 2º de la Ley de Amparo, se declara que la expresada resolución que SOBRESEYÓ en el presente juicio de amparo, HA QUEDADO FIRME, para todos los efectos legales correspondientes. En virtud de lo anterior, háganse las anotaciones en el libro respectivo y notificado que sea este acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente como asunto definitivamente concluido. En cumplimiento al artículo 21 del capítulo Octavo del acuerdo general sin número de diecinueve de febrero de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se determina que en virtud de que se sobreseyó en el presente juicio de amparo, se encuentra dentro de la hipótesis establecida en el inciso a) del citado precepto 21, por lo que ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, lo que se podrá realizar una vez transcurridos los tres años a que se refiere el precepto citado. Asimismo, de conformidad con lo establecido en el artículo 15, del Capítulo Quinto y en el diverso numeral 35, del Capítulo Decimotercero, del precitado acuerdo general, realícese la anotación que corresponde en la carátula del presente expediente, en el sentido de que NO TIENE RELEVANCIA DOCUMENTAL, debiendo indicarse la fecha en la que se ordena el archivo de este juicio. NOTIFÍQUESE.
- Principal
En Mérida, Yucatán, siendo las diez horas con diez minutos del veintinueve de marzo de dos mil veintitrés, hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional en el juicio de amparo 853/2023-III; Ricardo Ruiz del Hoyo Chávez, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, asistido del Secretario con quien actúa y da fe, Diego Jezreel Nieto Bianchi, declara abierta la audiencia pública sin asistencia de las partes. Enseguida, se realiza la relación de las constancias que obran en autos entre las que se encuentran el escrito de demanda de amparo (fojas 2 a 4); el auto admisorio de uno de marzo de este año (el cual obra en el expediente electrónico); los informes justificados de las autoridades responsables (fojas 10 y 20); y con el resto de las actuaciones de trámite. Asimismo, el Secretario da cuenta con la promoción remitida físicamente, registrada con el número interno 4333, por medio de la cual el Agente del Ministerio Público Federal adscrito presenta su alegato ministerial. Al respecto el Juez acuerda: Téngase por hecha la relación secretarial que antecede y por rendido el informe justificado de la responsable. Asimismo, en lo tocante al alegato ministerial antes indicado, se tomará en consideración en el momento procesal oportuno, no obstante, como lo solicita el aludido Agente del Ministerio Público de la Federación, entréguesele copia autorizada de la sentencia que se dicte. Acto continuo, se abre el periodo probatorio en el cual se da cuenta al Juez con la documental remitida por la junta responsable como apoyo a su informe justificado (fojas 11 a 19). El Juez acuerda: con fundamento en lo dispuesto por el artículo 119 de la Ley de Amparo, se admiten las pruebas ofrecidas, las que por su naturaleza se tienen por desahogadas; por tanto, se cierra esta fase procesal. Luego, se abre el periodo de alegatos, haciendo constar que el Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción los formuló, sin que las demás partes lo hubieran hecho. El Juez: con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, ténganse por formulados los alegatos de que se trata y respecto a las demás partes se tiene por precluido su derecho; por lo que se cierra dicha fase. A lo anterior el Juez acuerda: se declara cerrada la audiencia constitucional, sin que exista prueba pendiente por desahogar ni promoción por acordar, por lo que se turnan los autos para el dictado de la sentencia que en derecho corresponda. V i s t o s para resolver los autos del juicio de amparo 853/2023-III del índice del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad, promovido por ******, contra el acto de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad y del Actuario de su adscripción. R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda de amparo El veintiocho de febrero de dos mil veintitrés, la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad, recibió físicamente la demanda de amparo promovida por *****, en la que señaló como autoridades responsables a la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad y del Actuario de su adscripción. En la demanda de amparo, la parte quejosa narró los antecedentes del acto reclamado, indicó los derechos fundamentales que consideró vulnerados, y expresó sus conceptos de violación. SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo Por razón de turno, la demanda fue enviada a este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad. Por providencia de uno de marzo de la anualidad, se admitió a trámite. En la secuela procesal, se emplazó al representante social adscrito a este juzgado, quien presentó su correspondiente alegato ministerial. Finalmente, con esta fecha se celebró la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia Este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida, es competente para conocer y resolver en definitiva este amparo, ya que se reclama un acto omisivo de autoridad jurisdiccional dentro del procedimiento de origen, con consecuencias de imposible reparación; lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Federal; 33, fracción IV, 37, 107, fracción V, de la Ley de Amparo; 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con relación a los acuerdos 104/2022 y 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites Territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana, y al número, a la Jurisdicción y Especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado El artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, establece que en las sentencias que se dicten en los juicios de amparo, el Juzgador deberá indicar en forma clara y precisa el acto reclamado, para lo cual interpretará el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido. En ese sentido, del estudio íntegro de la demanda se advierte que la parte quejosa reclama lo siguiente: AUTORIDADES RESPONSABLES ACTO RECLAMADOS a) Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado b) Actuario de su adscripción Mérida, Yucatán La omisión de emplazar a la parte demandada al juicio laboral 778/2022. Delimitada la materia de estudio, por cuestión de técnica, enseguida se analizará la inexistencia o certeza, como lo estableció una anterior integración de la Primera Sala del Máximo Tribunal de la Nación, en la tesis aislada del epígrafe: "SENTENCIAS DE AMPARO. PRELACIÓN LÓGICA DE SUS CONSIDERANDOS." TERCERO. Inexistencia del acto reclamado No es cierto el acto reclamado a la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad, pues no obstante que dicha responsable aceptó su existencia (foja 10), de la Ley Federal del Trabajo se advierte que no se encuentra facultada para llevar a cabo materialmente el emplazamiento de la parte demandada. En ese sentido, debido a que se reclama un acto de naturaleza omisiva, se vuelve imprescindible identificar si existe la obligación jurídica de la responsable de realizar el acto que se le atribuye, pues no cualquier omisión debe tenerse cierta, ya que debe existir obligación objetiva de su parte de obrar en el sentido aducido. Orienta lo expuesto, la tesis 1a. XXIV/98 emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo VII, Junio de 1998, visible a página 53, del rubro y texto siguientes: "ACTOS DE NATURALEZA OMISIVA. PARA ESTAR EN APTITUD DE PRECISAR SU CERTEZA O FALSEDAD, DEBE ACUDIRSE EN PRINCIPIO A LAS NORMAS LEGALES QUE PREVÉN LA COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD PARA DETERMINAR SI EXISTE O NO LA OBLIGACIÓN DE ACTUAR EN EL SENTIDO QUE INDICA EL QUEJOSO. Para que se actualice la omisión en que incurre una autoridad debe existir previamente la obligación correlativa, conforme lo dispongan las normas legales; por tanto, un acto omisivo atribuido a la autoridad, como puede ser que el presidente de la República, no haya sancionado un acuerdo expedido por un secretario de Estado, independientemente de las afirmaciones de la quejosa y las manifestaciones de la responsable, será cierto o inexistente, en función de las obligaciones y facultades constitucionales que ineludiblemente está constreñida a realizar, sea en vía de consecuencia de un acto jurídico previo que lo origine, o bien, en forma aislada y espontánea sin que tenga como presupuesto una condición; y no simplemente por el solo hecho de incurrir en la omisión por sí misma con criterios subjetivos. En estas circunstancias, para estar en aptitud de precisar la certeza o falsedad de un acto de naturaleza omisiva cuando se le imputa a determinada autoridad, debe acudirse en principio a las normas legales que prevén su competencia para verificar si en realidad está obligada a realizar esa conducta, es decir, antes de pronunciarse sobre una posible omisión es necesario identificar si existe obligación jurídica de actuar en la forma que la quejosa indica, porque de no ser así se llegaría a la conclusión errónea de que cualquier omisión reclamada fuera cierta soslayando la exigencia objetiva de que se debe obrar en determinado sentido, que después de todo puede servir como referencia para iniciar el análisis de certeza de actos." En el caso, del capítulo VII denominado "De las notificaciones" de la Ley Federal del Trabajo y del artículo 48 del Reglamento Interior de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, se advierte que la autoridad encargada de realizar las notificaciones en los juicios laborales son los actuarios, sin que la junta, como órgano colegiado, tenga facultades para llevar a cabo la diligenciación de las comunicaciones que se ordenan a las partes en los sumarios que ante ella se tramitan. De ahí que la omisión que se le atribuye deviene inexistente. Ilustra lo expuesto, por analogía, la jurisprudencia 2a./J. 99/2018 (10a.) de la Segunda Sala del Alto Tribunal, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 59, Octubre de 2018, Tomo I, visible a página 926, del rubro y texto siguientes: "ACTOS OMISIVOS. CUANDO LA AUTORIDAD NIEGA SU EXISTENCIA, EL JUEZ DEBE EXAMINARLA VERIFICANDO SI LA RESPONSABLE SE ENCONTRABA EN APTITUD LEGAL DE ATENDER A LO SOLICITADO. Ante el reclamo de actos de omisión, cuando la autoridad responsable los niegue bajo la justificación de que no estaba en posibilidades de actuar, el juzgador de amparo, en el capítulo de existencia de la sentencia respectiva, debe analizar precisamente este aspecto, es decir, si la autoridad se encontraba en condiciones y momento de contestar la solicitud de origen, o si el procedimiento respectivo estaba en estado de resolución, lo que, en su caso, podrá dar lugar al sobreseimiento por inexistencia de actos reclamados; cuestión que no implica el estudio de fondo, pues no involucra el análisis de la constitucionalidad de los actos." Así, al resultar inexistente el acto reclamado, lo procedente es sobreseer en el juicio con fundamento en el artículo 63, fracción IV de la Ley de Amparo. CUARTO. Existencia del acto reclamado. Es cierto el acto atribuido al Actuario adscrito a la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, pues así lo señaló al rendir su informe justificado (foja 20). Certeza que se corrobora con las pruebas documentales públicas que remitió la junta responsable; las cuales tienen valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2º. QUINTO. Oportunidad para presentar la demanda En el particular, la acción constitucional puede ser promovida en cualquier momento, ya que la afectación de la omisión reclamada, se actualiza de momento a momento, por tratarse de un hecho continuo que no se agota una vez actualizado, sino hasta que cese esa omisión. SEXTO. Causales de improcedencia En términos del artículo 62 de la Ley de Amparo, la autoridad que conozca de un juicio de amparo estudiará de oficio las causas de improcedencia, por ser de orden público, cualquiera que sea la instancia del juicio constitucional, lo aleguen o no las partes. En ese sentido, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, invocada por la autoridad responsable, pues han cesado los efectos del acto reclamado, por lo que en consecuencia, conforme al numeral 63, fracción V de la indicada legislación, se debe sobreseer en el juicio de amparo. En efecto, de las constancias remitidas por la Junta responsable, se advierte que el catorce de marzo de este año, el Actuario responsable se constituyó en el domicilio de la parte demandada, con el fin de emplazarla a juicio, empero, no pudo llevar a cabo su llamamiento por las razones que ahí indica (foja 18); motivo por el cual, por en la misma fecha requirió a la parte aquí quejosa, para que dentro del plazo de tres días, computado a partir de su notificación, proporcione el domicilio correcto de las demandadas (foja 19). En consecuencia, si el acto combatido en esta vía constitucional se hizo consistir en la omisión de emplazar a juicio a la parte demandada y, durante la tramitación de este expediente, el Actuario responsable materialmente intentó llevar a cabo el emplazamiento, es evidente que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, toda vez que han cesado los efectos del acto reclamado. Lo anterior es así, no obstante que no se haya podido llevar a cabo la diligencia de emplazamiento, pues el impulso procesal en este caso le recae a la parte actora, ya que será hasta que desahogue la prevención que le formuló la Junta cuando se pueda imputar de nuevo al Actuario responsable, en su caso, la omisión de emplazar a la parte demandada. Por lo que conforme al artículo 63, fracción V de la Ley de Amparo, se sobresee en el juicio de amparo. Lo anterior impide realizar pronunciamiento alguno en torno a los conceptos de violación que hizo valer la parte quejosa en su demanda de amparo, en cumplimiento a la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 49, del tomo 24 tercera parte, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto dicen: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." Además, no es obstáculo para sobreseer en el presente sumario, que no haya transcurrido el término de ocho días a las partes, a que refiere el artículo 117 de la Ley de Amparo, respecto de los informes justificados agregados el veintisiete de marzo pasado, pues en el caso, como se dijo, existe una causa de improcedencia manifiesta e indudable, sin que exista prueba en contrario que pueda desvirtuar tal improcedencia. Por lo expuesto y fundado y con apoyo en los artículos 76, 77, 78, y demás relativos a la Ley de Amparo, se R E S U E L V E ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo, promovido por *****, contra los actos de las responsables, por los motivos expuestos en los considerandos tercero y último de esta sentencia. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Mérida, Yucatán, veintisiete de marzo de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos y la certificación de cuenta, se advierte que no obra en autos el acuse de recibo del oficio 5218/2023 de veintiocho de febrero del año en curso, dirigido a la Dirección en Jefe del Registro Agrario Nacional, con sede en la Ciudad de México, con el que se le comunicó la sentencia dictada en el presente juicio de amparo. Por tanto, requiérase al Jefe de la Oficina de Servicios Directos "Poder Judicial" del Servicio Postal Mexicano, con sede en esta ciudad, para que dentro del término de tres días hábiles, contados a partir del momento en que tenga conocimiento de este acuerdo, envíe a este órgano de control constitucional el acuse de recibo del oficio 5218/2023 de veintiocho de febrero del año en curso, dirigido a la Dirección en Jefe del Registro Agrario Nacional, con sede en la Ciudad de México, al que le correspondió el número de pieza postal RM022977606MX. Con el apercibimiento, que de no hacerlo dentro del término fijado o no informar el impedimento legal que tenga para hacerlo, se le impondrá una multa por la cantidad equivalente a cincuenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con los artículos 237, fracción I en relación con los diversos numerales 238 y 259, ambos de la Ley de Amparo. NOTIFÍQUESE. Así lo acordó y firma Ricardo Ruiz del Hoyo Chávez, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, ante la Secretaria Erika Esther Góngora Barbosa, con quien actúa y da fe. Dos firmas electrónicas con evidencia criptográfica.
- Principal
V. Mérida, Yucatán, uno de marzo de dos mil veintitrés. Agréguense a los autos el informe justificado rendido por Administrador de Amparo e Instancias Judiciales "3" de la Administración Central de Amparo e Instancias Judiciales de la Administración General Jurídica del Servicio de Administración Tributaria, con sede en la Ciudad de México; en consecuencia, y con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo dese vista a las partes con dicho informe y hágase relación del mismo al celebrarse la audiencia constitucional. En consecuencia, para dar margen a la vista anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para tener verificativo el día de hoy y se fijan como nuevas hora y fecha para su desahogo las NUEVE HORAS CON TREINTA Y CINCO MINUTOS DEL DIEZ DE ABRIL DE DOS MIL VEINTITRÉS para su celebración. Lo que deberá hacerse del conocimiento de las partes. NOTIFÍQUESE. [...]
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