Jose Ricardo González López
Expediente 563/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida. 3 actuaciones registradas, la última del 12 de junio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 563/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 12/06/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida · Yucatán
Partes del expediente
- Jose Ricardo González López
Actuaciones
- Principal
Mérida, Yucatán, doce de junio de dos mil veintitrés. QUEDA FIRME SENTENCIA. Visto el estado que guardan los autos, de los que se advierten que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86, en relación con el 81, fracción l, inciso e), de la Ley de Amparo, sin que la parte a la que pudo haber causado perjuicio la resolución constitucional dictada en este juicio de amparo, la hubiera recurrido. En consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del artículo 2º de la Ley de Amparo, se declara que la expresada resolución que por una parte SOBRESEYÓ en el juicio de amparo y por otra se NEGÓ el amparo a la parte quejosa, HA QUEDADO FIRME, para todos los efectos legales correspondientes. ARCHIVO DEL EXPEDIENTE. En virtud de lo anterior, háganse las anotaciones en el libro respectivo y notificado que sea este acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente como asunto definitivamente concluido. CRITERIO DE VALORACIÓN. A fin de determinar el criterio de valoración aplicable al presente juicio de amparo, se atenderá lo previsto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés en el Diario Oficial de la Federación, tal y como se expondrá a continuación: EXPEDIENTE PRINCIPAL. Es conservable, pues se sobreseyó en el juicio de amparo y por otra se negó el amparo a la parte quejosa; por tanto, una vez que transcurra el plazo de tres años a que se refiere el artículo 17, fracción III, inciso a), transfiérase el presente expediente a la Dirección General de Archivo y Documentación, para su resguardo, en términos del artículo 10 del acuerdo antes referido. INCIDENTE ORIGINAL. Es conservable conforme el artículo 17, fracción III, inciso b), toda vez que se concedió la suspensión definitiva; por lo que deberá transferirse una vez transcurridos tres años. DUPLICADO DEL INCIDENTE. Es destruible atendiendo a lo dispuesto en el artículo 19, fracción II, inciso a); lo que podrá hacerse una vez transcurridos seis meses. ORDEN DE ARCHIVO. Conforme a lo anterior, en términos del artículo 34 del acuerdo antes referido, la leyenda relativa a la valoración del expediente deberá constar mediante sello en la carátula del expediente. DEVOLUCIÓN DE LEGAJO. Toda vez que no existe objeto alguno para que siga permaneciendo en este Juzgado el legajo que se ordenó formar en el auto de radicación de trece de febrero de dos mil veintitrés, con el disco remitido por la Juez del Juzgado Segundo de Control de Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, junto con su informe justificado; en consecuencia, devuélvase a la referida autoridad sin que sea necesario solicitar acusar el recibo correspondiente dado que de la constancia de notificación se va a desprender que se recibió dicho legajo. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Mérida, Yucatán; diez de mayo de dos mil veintitrés. V I S T O S los autos del juicio de amparo indirecto 563/2023-III, promovido por ******************** contra actos atribuidos a la Jueza Segundo de Control del Primero Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado, y otras autoridades; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda de amparo. El once de octubre de dos mil veintidós, en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida, se depositó demanda de amparo presentada por ********************, sucesivamente parte quejosa, contra actos atribuidos a la Jueza Segundo de Control del Primero Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado, y otras autoridades, por considerarlos violatorios de los derechos fundamentales que precisó. SEGUNDO. Admisión y trámite. El trece siguiente, por razón de turno, se recibió la demanda en el Juzgado Tercero de Distrito en esta entidad; por lo cual, en auto de catorce posterior, se ordenó formar expediente que se registró bajo el número 2424/2022-VII, se admitió a trámite la demanda de amparo; se dio la intervención legal que compete al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; se requirieron los informes con justificación; y, se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. En la secuela procesal, se emplazó a los terceros interesados. Finalmente, la audiencia constitucional se celebró el dos de enero de dos mil veintitrés. TERCERO. Remisión de los autos a este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado, con motivo de su apertura. Posteriormente, en cumplimiento a la medida de equilibrio de asuntos en los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida, en observancia al artículo 6 del Acuerdo General 104/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, con motivo del inicio de funciones del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, contenida en el punto de acuerdo 219/2022 aprobado por la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, remitió el presente juicio de amparo para que este Juzgado de Distrito dicte la resolución, y continúe con la eventual cumplimentación y archivo definitivo. Así, mediante auto de trece de febrero de dos mil veintitrés, se recibió el juicio amparo 2424/2022-VII del índice del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida, por lo que se formó expediente 563/2023-III, y previo trámite la audiencia constitucional se celebró al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida es competente para resolver el presente juicio, en términos de lo establecido en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Federal; 33, fracción IV, 37, 61, fracción XVII, inciso b), y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; pues se reclaman actos en materia penal ejecutables dentro del ámbito de competencia territorial asignada a este juzgado. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. En términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, dada la obligatoriedad del juez de distrito de analizar la demanda en su integridad, para determinar con exactitud la intención de la parte quejosa y fijar la materia de la litis constitucional, se precisan los actos reclamados en el presente asunto, que de acuerdo con el examen integral practicado a la demanda de amparo y demás constancias, se hacen consistir en: AUTORIDADES RESPONSABLES ACTOS RECLAMADOS 1) Juez Primero Penal del Primer Departamento Judicial del Estado 2) Juez Primero de Control del Primero Distrito Judicial del Poder Judicial del Estado 3) Jueza Segundo de Control del Primero Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado 4) Juez Tercero de Control del Primero Distrito Judicial del Poder Judicial del Estado 5) Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio y Oral del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Yucatán 6) Fiscal General de Justicia del Estado de Yucatán 7) Vicefiscal de Investigación y Procesos del Estado 8) Director de Investigación y Atención Temprana 9) Director de la Policía Estatal de Investigación de Yucatán 10) Delegado Estatal en Yucatán de la Fiscalía General de la República (en su denominación correcta) 11) Delegado Regional Administrativo que integra la Organización Regional de la Policía Federal Ministerial en el Estado de Yucatán La orden de citación, comparecencia y/o aprehensión, y su ejecución. Jueza Segundo de Control del Primero Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado Orden de aprehensión librada el veintinueve de septiembre de dos mil veintidós, por el hecho señalado como delito de homicidio calificado, previsto y sancionado en los artículos 368, 369, fracción II, 378, 380, fracción I, 381 y 384, del Código Penal del Estado de Yucatán, dentro de la causa penal 320/2022, de su índice. Delimitada la materia de estudio, por cuestión de técnica, enseguida se analizará la inexistencia o certeza, como lo estableció una anterior integración de la Primera Sala del Máximo Tribunal de la Nación, en la tesis aislada del epígrafe: "SENTENCIAS DE AMPARO. PRELACIÓN LÓGICA DE SUS CONSIDERANDOS." TERCERO. Inexistencia del acto consistente en la orden de citación, comparecencia y/o aprehensión, y su ejecución. En su informe con justificación, las siguientes autoridades negaron los actos reclamados: AUTORIDADES RESPONSABLES INFORME JUSTIFICADO 1) Juez Primero Penal del Primer Departamento Judicial del Estado No es cierto Foja 23 del juicio de amparo 2) Juez Primero de Control del Primero Distrito Judicial del Poder Judicial del Estado No es cierto Foja 22 del juicio de amparo 4) Juez Tercero de Control del Primero Distrito Judicial del Poder Judicial del Estado No es cierto Foja 25 del juicio de amparo 5) Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio y Oral del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Yucatán No es cierto Foja 26 del juicio de amparo 6) Fiscal General de Justicia del Estado de Yucatán No es cierto Foja 39 del juicio de amparo 7) Vicefiscal de Investigación y Procesos del Estado No es cierto Foja 35 del juicio de amparo 8) Director de Investigación y Atención Temprana No es cierto Foja 37 del juicio de amparo 10) Delegado Estatal en Yucatán de la Fiscalía General de la República (en su denominación correcta) No es cierto Foja 21 del juicio de amparo 11) Delegado Regional Administrativo que integra la Organización Regional de la Policía Federal Ministerial en el Estado de Yucatán No es cierto Foja 24 del juicio de amparo En suma, dado que las citadas responsables negaron la existencia de la orden reclamada y que dicha negativa no fue desvirtuada por la parte quejosa, se debe considerar inexistentes los actos que se les reclamaron. Adicionalmente, a pesar de que la Jueza Segundo de Control del Primero Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado y el Director de la Policía Estatal de Investigación de Yucatán al momento de rendir sus informes con justificación aceptaron la existencia del acto que se les reclamó, lo cierto es que de la lectura integral al informe con justificación que rindieron, se tiene que sólo se aceptó la existencia de la orden de aprehensión; en consecuencia, dado que además de la citada orden, también se les reclamó una orden de citación y/o comparecencia, se considera que éstos últimos actos son inexistentes. En consecuencia, lo procedente es decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo respecto de la orden reclamada a las responsables ya precisadas, por ser inexistente, en términos de lo dispuesto en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. CUARTO. Existencia de los actos reclamados, consistentes en la orden de aprehensión y su ejecución. La Jueza Segundo de Control del Primero Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado, al rendir su informe, aceptó la existencia del acto que se le reclamó, consistente en la orden de aprehensión librada el veintinueve de septiembre de dos mil veintidós, por el hecho señalado como delito de homicidio calificado, previsto y sancionado en los artículos 368, 369, fracción II, 378, 380, fracción I, 381 y 384, del Código Penal del Estado de Yucatán, dentro de la causa penal 320/2022, de su índice. De igual manera, en su carácter de ejecutora de la citada orden, el Director de la Policía Estatal de Investigación de Yucatán aceptó la ejecución reclamada (foja 30 del juicio de amparo). Máxime que la certeza se corrobora con la copia certificada de la grabación de la audiencia celebrada el veintinueve de septiembre de dos mil veintidós, en la que se libró la orden de aprehensión reclamada, con lo que se corrobora su existencia, documental que conforme a los artículos 129, 210-A y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, cuenta con valor probatorio pleno. QUINTO. Oportunidad para presentar la demanda de amparo. La demanda de amparo se presentó dentro del plazo de quince días hábiles que prevé el artículo 17 de la Ley de Amparo; en virtud que la parte quejosa presentó su demanda de amparo afirmando que desconocía la razón por la que se estaba pretendiendo privar de su libertad, de ahí que la acción del juicio de amparo se estime oportuna. SEXTO. Procedencia del juicio de amparo. El juicio de amparo promovido contra la orden de aprehensión es procedente en virtud que se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, al tratarse actos emitidos en juicio. En el entendido que la parte quejosa no tenía la obligación de agotar los recursos ordinarios, dado que así lo permite el artículo 61, fracción XVIII, inciso b), de la Ley de Amparo, por tratarse de una orden de aprehensión. En ese orden de ideas, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo, se precisa que no opera alguna causa de improcedencia que deba estudiarse de oficio. Luego, al no existir dispositivo legal que ordene plasmar en la sentencia las consideraciones y razones por las que no se actualiza alguno de los supuestos previstos en las diversas fracciones del artículo 61 de la Ley de Amparo, es evidente que el suscrito no tiene obligación de hacer un análisis exhaustivo de todas y cada una de las causas de improcedencia del juicio de derechos fundamentales. Sirve de apoyo a lo anterior, al no oponerse al texto de la Ley de Amparo en vigor, la jurisprudencia con registro 205800, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: «IMPROCEDENCIA. EL JUEZ NO ESTÁ OBLIGADO A ESTUDIAR OFICIOSAMENTE TODAS Y CADA UNA DE LAS CAUSALES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO». SÉPTIMO. Antecedentes de los actos reclamados consistente en la orden de aprehensión y su ejecución. Solicitud de orden de aprehensión. El veintiocho de septiembre de dos mil veintidós, el Fiscal adscrito a los Juzgados de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema Acusatorio y Oral del Estado solicitó orden de aprehensión contra la parte quejosa ante la Jueza Segunda del Primer Distrito Judicial. Orden de aprehensión (acto reclamado). El veintinueve siguiente, en audiencia, la citada Jueza libró orden de aprehensión, por el hecho señalado como delito de homicidio calificado, previsto y sancionado en los artículos 368, 369, fracción II, 378, 380, fracción I, 381 y 384, del Código Penal del Estado de Yucatán, dentro de la causa penal 320/2022, de su índice. Hasta aquí los antecedentes de los actos reclamados. OCTAVO. Estudio de la constitucionalidad de los actos reclamados. Una vez analizadas las consideraciones y fundamentos del acto reclamado consistente en la resolución de orden de aprehensión, se considera que los conceptos de violación contenidos en la demanda de amparo son infundados, sin que se advierta una razón que actualice el beneficio procesal de la suplencia de la deficiencia de la queja, en términos del artículo 79, fracción III, inciso b), y penúltimo párrafo, parte final, de la Ley de Amparo, por las siguientes consideraciones. En efecto, de la interpretación armónica de los artículos 16 constitucional y 141 a 143 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se advierte que, para el libramiento de una orden de aprehensión, deben concurrir los siguientes requisitos: 1) Debe existir querella o denuncia de un hecho que la ley señala como delito. 2) El delito debe estar sancionado con pena privativa de libertad. 3) Deben obrar datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. 4) Que no se actualice alguna causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. 5) Que exista necesidad de cautela. En ese contexto, en atención a lo solicitado por la parte quejosa, en este caso, de oficio, se revisarán los cinco aspectos aludidos. Apartado uno. Existencia de la denuncia. Del análisis de la audiencia de veintinueve de septiembre de dos mil veintidós, se advierte que, en efecto, la Jueza de Control tuvo por satisfecho ese requisito con base en la existencia de la denuncia presentada por Margarita Isabel Santos Orozco, quien denunció los hechos en los que perdió la vida la víctima, quien en vida respondió al nombre de César Augusto Cetina Kuuk y era su esposo. Apartado dos. El delito debe estar sancionado con pena privativa de libertad. Como ya se anticipó en los antecedentes, la orden de aprehensión se libró por el delito de homicidio calificado, previsto y sancionado en los artículos 368, 369, fracción II, 378, 380, fracción I, 381 y 384, del Código Penal del Estado de Yucatán, dentro de la causa penal 320/2022, del índice de la jueza de control responsable. Ello, en relación con los hechos siguientes: El aquí quejoso probablemente es la persona que entre las 16:15 horas y 16:49 horas del diecinueve de septiembre de dos mil veintidós, a las afueras del predio número 733-2 de la calle 114 por 211 y 213 del fraccionamiento Santa Cruz Norte, de esta ciudad, empujó a la altura del pecho a César Augusto Cetina Kuuk, por lo que cayó al suelo y se golpeó la cabeza en el pavimento; y al ponerse de pie, lo volvió a empujar y por ello nuevamente cayó y se golpeó la cabeza en el pavimento, en donde quedó tendido, sin poder ponerse de pie, como resultado de dicha acción resultó con lesiones que a la postre le causaron la muerte, tal y como fue determinado en el respectivo protocolo de necropsia, en el que se asentó como causa de muerte: traumatismo craneoencefálico. En tal sentido, tal como lo justificó la Jueza responsable, atendiendo a la fecha de los hechos, el delito por el que libró la orden de aprehensión tiene una penalidad de veinte a cuarenta años, como lo establece el artículo 384 del Código Penal del Estado de Yucatán; de ahí que sí se reúna este segundo requisito constitucional. Apartado tres. Deben obrar datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Sobre este aspecto, el artículo 16, párrafo tercero, constitucional, exige que obren datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Al mismo tiempo, el artículo 141, párrafo primero, del Código Nacional de Procedimientos Penales, para el dictado de una orden de aprehensión sólo se exige que el Ministerio Público anuncie que obran en la carpeta de investigación datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y exista la probabilidad de que el imputado lo haya cometido o participado en su comisión. En tal sentido, del análisis de la resolución reclamada se advierte que el Ministerio Público sí anunció datos de prueba, lo que, a su vez, permitió que la jueza responsable considerara que sí existieron datos que avalan la existencia de un hecho que la ley señala como delito y la probable responsabilidad del aquí quejoso, razonamientos que se comparten, atendiendo al momento en el que se dictó la resolución reclamada. Se afirma lo anterior, dado que atendiendo al estándar probatorio que rige en ese tipo de resoluciones, sólo se requiere datos probatorios que establezcan, en grado de suposición, que se ha cometido un hecho que la ley prevé como delito y que existe la posibilidad real de que aquél lo cometió o participó en su comisión. Ello, tal como determinó, en un caso análogo, el Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimocuarto Circuito, en el amparo en revisión 137/2020, en sesión de veintidós de abril dos mil veintiuno, en donde literalmente se estableció: «Lo anterior corresponde al cambio en la forma de administrar justicia penal a través de un sistema de corte acusatorio, en el que ya no se requiere de un estándar probatorio alto como era menester en el sistema anterior durante la averiguación previa para la acreditación del cuerpo del delito y la probable responsabilidad. [.] Así, contrario a lo que sostiene el recurrente, ya no es permisible que en la etapa preliminar de la investigación se configuren pruebas por el Ministerio Público, por sí y ante sí -como sucedía en el sistema tradicional-, ya que para solicitar una orden de captura el Fiscal no presenta pruebas formalizadas que puedan acreditar el hecho y menos la responsabilidad del indiciado, sino sólo hace una referencia a datos probatorios que establezcan, en grado de suposición, que se ha cometido un hecho que la ley prevé como delito y que existe la posibilidad real de que aquél lo cometió o participó en su comisión; lo cual es acorde con los efectos que genera ese mandato, que se traducen en la continuación de la investigación, en su fase judicializada, es decir, a partir de la cual interviene el Juez para controlar las actuaciones que pudieran derivar en la afectación de un derecho fundamental». En tal sentido, a fin de corroborar sí se satisfizo este tercer requisito, es pertinente reseñar los datos de prueba más relevantes que expuso la Fiscalía a fin de sustentar su petición de orden de aprehensión, a saber: 1) Denuncia presentada por la esposa de la víctima, quien no presenció los hechos, pero compareció a denunciar el fallecimiento de su esposo. 2) Parte informativo suscrito por Luis Puga Cohuo, elemento de la Secretaría de Seguridad Pública, en el que se relató que el diecinueve de septiembre de dos mil veintidós, a las 16:25 horas, acudió al lugar de los hechos porque así se lo ordenó el C5, para verificar un reporte de una persona lesionada, así, al llegar, se pudo entrevistar con una persona de nombre Manuel Alejandro Estrella, quien le indicó que había visto a una persona lesionada en la cabeza, la cual, esencialmente, le había referido que estaba así porque un sujeto que era su vecino lo empujó en dos ocasiones y se cayó, por lo que pidió una ambulancia. Asimismo, relató que presenció cuando la ambulancia se llevó a la víctima, y que se percató que lo acompañó su nuera Marcia Alejandra Gloria Cetina. 3) Informe del lesionado suscrito por Noemí Reyes Vargas, Fiscal del Ministerio Público de la Unidad de Investigación y Atención Temprana, donde se reportó que a las 18:33 horas del diecinueve de septiembre de dos mil veintidós, se recibió el aviso telefónico, por medio del cual el ciudadano Daniel Pinal del C5 reportó que la asistente del hospital Yazmín Tuyub informó el ingreso de la víctima de sesenta y tres años, obedeció a que presentó traumatismo craneoencefálico leve, derivado de una agresión. 4) Certificado médico legal de veinte de septiembre de dos mil veintidós, suscrito por la doctora Nancy Guadalupe Romeo Arceo, adscrita al Servicio Médico Forense del Instituto de Ciencias Forenses del Estado, quien relató que a las 17:57 horas, acudió a realizar la evaluación de la víctima en el hospital O'horán, quien estaba en decúbito dorsal, en la cama, bajo sedación, con catéter venoso central, monitoreo cardiaco y sonda, y al valorarlo, detectó la existencia de un apósito con mancha color rojo en oreja derecha, y concluyó que la víctima presentaba lesiones que ponían en peligro la vida. 5) Comparecencia realizada el veinte de septiembre de dos mil veintidós, por César René Cetina Santos, hijo de la víctima, quien no presenció los hechos, pero relató que luego de que le avisaran que su padre había sufrido una caída en el fraccionamiento Santa Cruz Norte, acudió al lugar de los hechos y llegó a las 17:10 horas, del diecinueve de septiembre de dos mil veintidós, de modo que vio que su papá estaba sentado frente a la casa número 733-2 de la calle 114, y se percató que estaba lesionado de la cabeza, que le salía sangre del oído y tenía lesiones en la cara, y que en ese momento, uno de los vecinos del lugar, de nombre José Luis Jiménez Bautista -quien fue su compañero de trabajo en la constructora y es vecino de la esquina de la casa de su padre-, le dijo que su pareja sentimental de nombre Ana María Chan había visto lo que sucedió. De modo que, al platicar con la ya referida, ésta le indicó que el aquí quejoso fue quien empujó a su padre en dos ocasiones, y que todo derivó de un conflicto porque el aquí quejoso tiró un pedazo de block en una de las tuberías del fraccionamiento, en las que estaba trabajando la víctima. Asimismo, precisó que su pareja sentimental Marcia Alejandra Gloria Cetina fue quien acompaño a su padre en la ambulancia, y que lo llevaron al hospital O'horán, en donde el veinte de septiembre siguiente, a las 11:15 horas se enteró que su padre tenía una hemorragia en el cerebro. Finalmente, agregó que supo que el aquí quejoso tiene su domicilio precisamente en el número 733-2 de la calle 114, y que éste le envió mensajes a José Luis Jiménez Bautista, vía Whats App, en los que reconoció que sí había empujado a la víctima, pero que no lo había golpeado. 6) Inspección del lugar de los hechos realizada el veintidós septiembre de dos mil veintidós, por Fernando Manuel Wong Hernández, elemento policiaco de la Dirección Estatal Especializada en Investigación, junto con Ania Esther Bardales, como auxiliar, quienes corroboraron la dirección del lugar; tomaron cuarenta y seis fotografías que fueron almacenadas en un CD; y se realizó un croquis de localización. 7) Acuerdo de veintidós de septiembre de dos mil veintidós, en el que se hizo constar el fallecimiento de la víctima y, por ende, la investigación se remitió a la Unidad de Homicidios, a fin de que se continuara con la investigación. 8) Dictamen en necropsia realizado sobre el cadáver de la víctima, por el médico Erickson Alejandro Rodríguez González, el veintidós de septiembre de dos mil veintidós, a las 16:40 horas, quien se apersonó en las salas del servicio médico forense en compañía de diversos doctores en distintas especialidades, partiendo de que se realizó la nota de defunción, en donde se refirió que el padecimiento inició el diecinueve anterior, al estar en estado de ebriedad, derivado de que sufrió agresión por parte de terceros, en virtud de que cayó de su plano de sustentación, y dado que tenía contusiones nivel occipital y otorragia derecha, con vómito y desorientado. Por otra parte, se declaró su fallecimiento el veintidós de septiembre aludido, a las once horas, con los siguientes diagnósticos: con traumatismo craneoencefálico severo, hemorragia subsaracnoidea traumática, así como hematoma intraparenquimatoso, edema cerebral moderado, y como médico tratante: Jimmy Góngora Mukul, Con cronotanatodiagnóstico de entre cinco y seis horas de fallecimiento en relación con la hora de la necropsia. En ese contexto, al abrir el cráneo, se advirtió una hemorragia subsaracnoidea en hemisferio derecho, y fractura lineal de siete centímetros, otra de la misma longitud y una más de cuatro centímetros, entre otras cosas, por lo tanto, la necropsia acabó a las 19:18 horas y, se concluyó como causa de muerte: Alteraciones fisúrales y viscerales observadas de manera macroscópica de un traumatismo craneoencefálico. 9) Informe de veintidós de septiembre de dos mil veintidós, realizado por el perito Dominic Santamaría Montero, en el que se recabaron ciento cincuenta fotos del levantamiento de necropsia de ley y del cadáver. 10) Copia certificada del expediente de la víctima, en donde tiene un certificado del hospital O'horán, expedido el veintitrés de septiembre de dos mil veintidós, que contiene la hoja diaria de servicios de urgencias de diecinueve anterior, suscrita por la doctora Gema Rodríguez, en la que se asentó que el motivo de la atención, era respecto de un masculino de sesenta y tres años, inició padecimiento hace una hora aproximadamente, por caída, el cual presentaba trauma en región occipital y otorragia derecha, porque fue traído por paramédicos. Con hematoma, etcétera, y que el veinte de septiembre de dos mil veintidós, ingresó a cuidados intensivos con el diagnóstico de traumatismo craneoencefálico severo. 11) Nota de defunción realizada el veintidós de septiembre de dos mil veintidós, en la que se hizo constar la misma causa de muerte que en la necropsia. 12) Comparecencia realizada el veintidós de septiembre de dos mil veintidós, por José Luis Jiménez Bautista, quien corroboró lo que relató el hijo de la víctima en el sentido de que su pareja Ana María Chan Jiménez había visto lo que sucedió y agregó que el aquí quejoso le envió mensajes a su celular en los que reconoció que sí había empujado a la víctima, para lo cual aportó su celular y la perita Claudia Sánchez Victoria, tomó doce fotos en total. 13) Comparecencia realizada el veintidós de septiembre de dos mil veintidós, por Ana María Chan Jiménez, quien sustancialmente corroboró que el día de los hechos estaba en su domicilio, platicando con la víctima porque le había pedido que si le hacía el favor de lavarle su ropa, y que mientras eso pasaba, el aquí quejoso salió de su casa, que está a treinta metros de donde estaban, y comenzó a arrojar piedras a una tubería, y que esa fue la razón por la que la víctima le fue a reclamar, dado que ahí trabaja. Derivado de ello, la testiga referida afirmó que vio como el aquí quejoso empujó a la altura del pecho a la víctima, y que por ello se cayó y se golpeó la cabeza, y no obstante que logró levantarse estaba medio mareado, y que, en ese momento, salió la esposa del aquí quejoso y trató de detenerlo, pero se soltó y empujó en una ocasión más a la víctima, por lo que nuevamente se golpeó la cabeza contra el pavimento y ya no pudo levantarse. Así, sustancialmente, señaló al aquí quejoso como quien le produjo las lesiones a la víctima, y precisó que lo conocía porque vivía a treinta metros de su domicilio. 14) Inspección del lugar de los hechos, previo señalamiento de la testiga presencial Ana María Chan Jiménez, realizada el veintitrés de septiembre de dos mil veintidós, por Orlando Javier Nahuat Yam, quien corroboró la existencia del domicilio ubicado en el número 733-2 aludido, en donde se encontró un material de curación que se marcó como indicio 1, y que cerca de él está una zanja que tiene un pedazo de block en su interior. En suma, tal como lo consideró la Jueza responsable, con los anteriores datos es suficiente para establecer que sí se demostró que la víctima falleció a consecuencia de dos empujones que se dice fueron realizados por el aquí quejoso, el diecinueve de septiembre de dos mil veintidós, a las afueras del domicilio ubicado en el número 733-2 de la calle 114 por 211 y 213 del fraccionamiento Santa Cruz Norte, de esta ciudad. Así, ese señalamiento corroborado con el dictamen de necropsia y la inspección del lugar de los hechos, permiten concluir que en efecto es posible que el aquí quejoso haya propiciado los dos empujones que generaron las lesiones en la cabeza de la víctima y que a la postre ocasionaron su fallecimiento por alteraciones fisúrales y viscerales observadas de manera macroscópica de un traumatismo craneoencefálico, lo cual es bastante para tener por demostrada su probable responsabilidad, en los términos argumentados por la responsable. En el entendido que tal como lo determinó la Jueza responsable es viable considerar actualizada la agravante de ventaja, en virtud que la víctima tenía sesenta y tres años, y el aquí quejoso contaba con una condición física superior, mayor corpulencia y altura, según lo indicado por los testigos José Luis, Ana María y el hijo de la víctima. Ello, porque no se advierte que el aquí quejoso hubiere estado en riesgo de ser agredido por la víctima, atendiendo a sus condiciones personales y en virtud que se dijo que estaba en estado de ebriedad, aunado a que conforme los hechos relatados por la testiga Ana María, la víctima sólo le pidió que dejara de aventar cosas a una tubería y sin mayor acción, fue empujado en dos ocasiones. Por ende, se coincide con la jueza de control en cuanto a que los datos expuestos por la Fiscalía sí son suficientes para establecer la probable responsabilidad del aquí quejoso en el delito de homicidio calificado, previsto y sancionado en los artículos 368, 369, fracción II, 378, 380, fracción I, 381 y 384, del Código Penal del Estado de Yucatán, a título de autor. Esto, sin perjuicio que la conducta realizada por el aquí quejoso se hubiera desplegado el diecinueve de septiembre de dos mil veintidós, y que el fallecimiento hubiera acontecido hasta el veintidós siguiente, puesto que con los datos de prueba ya reseñados, es suficiente para inferir que los empujones atribuidos al aquí quejoso son la causa detonante del posterior fallecimiento, es así, dado que derivado de los empujones la víctima sufrió lesiones en su cabeza, y según el dictamen de necropsia, como producto de ellas terminó perdiendo su vida. Tal como inclusive lo exige el artículo 369 del Código Penal de esta entidad, el cual refiere que una lesión se considera mortal cuando la muerte se verifique dentro de noventa días contados desde que sucedió la lesión, lo cual sí se cumplió en virtud que de la fecha en que se dieron los empujones al fallecimiento de la víctima, sólo pasaron tres días. Lo anterior, sin que implique un prejuzgamiento anticipado de cualquier análisis posterior a estos datos de prueba, pues debe recordarse que en la audiencia para resolver sobre la solicitud de una orden de aprehensión sólo se atiende la petición de la Fiscalía, sin un escrutinio de la parte imputada y su defensa. Es así, porque tal como se determinó por el Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimocuarto Circuito, en sesión de veintidós de abril dos mil veintiuno, en un caso análogo, en el amparo en revisión 137/2020, en donde estableció: «En ese mismo sentido, debe decirse que la orden de aprehensión no constituye un adelanto del juicio y menos una afectación a la prerrogativa de defensa adecuada, de ahí que los antecedentes de investigación y elementos de convicción que sirvieron para fundar la orden, aun cuando por regla general no se consideran para el dictado de la sentencia, podrán cuestionarse en la etapa judicializada del proceso una vez que se incorporen a éste». Apartado cuatro. Que no se actualice alguna causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. En el mismo sentido que la Jueza de Control responsable, luego de analizar los datos de prueba expuestos por la Fiscalía, no se advierte la actualización de la prescripción de la acción penal, pues el evento delictivo ocurrió apenas el diecinueve de septiembre de dos mil veintidós y tampoco se tuvo noticia de supresión o modificación del tipo penal, o bien, de que el aquí quejoso ya hubiese sido juzgado por el mismo hecho. De igual manera, hasta ese momento y sin prejuzgar, no se hizo referencia a datos que hayan implicado la actualización de excluyente del delito alguna, pues la atipicidad se corroboró en su sentido opuesto, es decir, se constató la tipicidad de la conducta analizada; y, tampoco se presentó alguna causa de justificación o de inculpabilidad de las contempladas en el artículo 405 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Apartado cinco. Que exista necesidad de cautela. Finalmente, la Jueza de Control consideró sustancialmente que la necesidad de cautela se justificó en virtud de que el delito de homicidio calificado, previsto y sancionado en los artículos 368, 369, fracción II, 378, 380, fracción I, 381 y 384, del Código Penal del Estado de Yucatán, es un delito considerado como grave y de prisión preventiva oficiosa, con una pena privativa de la libertad que va de veinte a cuarenta años, lo que es un incentivo para presumir que el aquí quejoso no comparecerá voluntariamente a una citación para que se le formule imputación. Ello, aunado a que, se aportó un informe levantado por el elemento policiaco Jesús Gabriel Soberanis Muñoz, quien aseveró que fue a localizar al quejoso a su domicilio los días veintiuno, veintidós, veintitrés y veinticuatro de septiembre de dos mil veintidós y no encontró a nadie en el domicilio, a pesar de que fue en varios horarios y, además, se percató que en las noches las luces estaban apagadas. A lo cual se adminiculó el dicho de los testigos Ana María Chan Jiménez y José Luis Jiménez Bautista, quienes relataron en sus comparecencias que el veintidós de septiembre de dos mil veintidós, vieron como el quejoso acudió a su domicilio en su vehículo y luego de quince minutos salió de su domicilio con maletas y ya no se le volvió a ver por ahí. Finalmente, también consideró que, en este caso, sí se justificó la necesidad de cautela, porque inclusive se trató de localizar al aquí quejoso en su trabajo (autobuses ADO), y dicha empresa informó que no tenía registros al respecto. Por todo ello, la Jueza de Control consideró que sí era viable librar la orden de aprehensión, al justificarse la necesidad de cautela. Al respecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 300/2019, ha establecido que la necesidad de cautela surgió como una medida de contrapeso propia del sistema penal acusatorio y adversarial, en aras de evitar "abusos" por parte de las autoridades, al reducirse el "estándar probatorio" para el libramiento de una orden de aprehensión. Así, ha entendido la necesidad como un requisito que debe calificar el Juez de Control y motivar por qué a su parecer en el caso sometido a su consideración la misma se encuentra justificada. Para ello, el Ministerio Público debe convencer al Juez, de que el citatorio o la orden de comparecencia -las cuales son las otras formas de conducción del imputado al proceso, aunque menos restrictivas- son insuficientes para conducir al imputado ante el Juez de Control y que, por tanto, la orden de aprehensión es la única forma idónea para lograr dicho cometido y, con ello, estar en aptitud de formular la imputación respectiva, formalizar la investigación y continuar con la secuela procesal. Asimismo, la orden de aprehensión presupone una carga para el Ministerio Público que le obliga a justificar frente al Juez la necesidad de cautela de la persona, ya sea porque: a) existe riesgo de que se sustraiga de la acción de la justicia, b) se ponga en riesgo la integridad de la víctima, del ofendido, de los testigos, y/o la comunidad, o bien, c) se ponga en peligro el desarrollo de la investigación misma. En ese orden de ideas, en este caso, este órgano de control constitucional considera que la Fiscalía sí demostró la necesidad de cautela y, por ende, que sí era viable librar la orden de aprehensión reclamada. Se afirma ello, porque en efecto de las penas que en su caso se podrían llegar a imponer se puede inferir un riesgo procesal de peligro de sustracción del aquí quejoso, en términos del artículo 168, fracción II, del Código Nacional de Procedimientos Penales. Lo que no es un aspecto aislado, sino que además está robustecido con el hecho de que al aquí quejoso no se le pudo localizar cuatro días seguidos en su domicilio, por parte de los elementos policiacos, esto es, del veintiuno al veinticuatro de septiembre de dos mil veintidós. Aunado a ello, los propios testigos Ana María Chan Jiménez y José Luis Jiménez Bautista, quienes son sus vecinos, refirieron que vieron como sacó maletas el veintidós de septiembre de dos mil veintidós, las subió a su coche y se fue, sin que lo hubieran visto por ahí de nueva cuenta. Máxime que tampoco se le pudo localizar en el lugar que se sabía era su fuente de empleo. Asimismo, la Fiscalía en la propia audiencia afirmó que ya no existía otro domicilio en el que se pudiera localizar a la parte quejosa, lo que conforme el artículo 128 del Código Nacional de Procedimientos Penales, atendiendo al deber de lealtad con el que se debe conducir dicha autoridad, es un principio que permite inferir que en efecto ya no se contaba con otro domicilio. Por tanto, a la luz de los datos de prueba expuestos por la Fiscalía, ello también actualizó la falta de arraigo en términos del artículo 168, fracción II, del Código Nacional de Procedimientos Nacionales. Así, en conjunto esos riesgos procesales, tal como lo determinó la responsable, sí son suficientes para considerar demostrada la necesidad de cautela, porque el análisis sólo justifica que se lleve a una persona a que se le formule imputación, sin que ello prejuzgue sobre lo que pueda acontecer a la postre. Apoya lo anterior, lo determinado por el Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimocuarto Circuito, en sesión de veintidós de abril dos mil veintiuno, en un caso análogo, en el amparo en revisión 137/2020, en donde estableció: «De este modo, debe decirse que el Ministerio Público demostró la necesidad de la cautela para librar una orden de aprehensión, pues en la solicitud relativa, advirtió y justificó razonablemente la necesidad de la medida excepcional, en función de las características del hecho denunciado que la ley señala como delito sancionado con prisión, calificado como grave en el artículo 13 del Código Penal del Estado de Yucatán, y por la posibilidad de que no pudiera obtener los beneficios establecidos en la normativa penal al término del procedimiento penal, derivado de la posible sanción alta que pudiera imponerse (20 a 40 años de prisión); factores que evidencian la posibilidad de que el recurrente pudiera evadir la acción de la justicia para la correspondiente formulación de imputación, en menoscabo del desarrollo de la investigación». Cabe destacar que no es obstáculo a lo anterior lo señalado por el quejoso en el sentido de que ha comparecido a la carpeta de investigación a solicitar que se le informe el delito que se le pretende atribuir, pues al respecto no se aportó prueba que así lo acredite y en virtud que ante esa omisión, en acatamiento al artículo 75 de la Ley de Amparo, el acto reclamado debe analizarse a la luz de los datos de prueba que le fueron expuestos a la Jueza de Control al resolver la petición de orden de aprehensión, de cuyo contenido íntegro se inadvierte que el Fiscal le hubiere informado esas comparecencias que aduce en su beneficio la parte quejosa; de ahí lo infundado de sus argumentos, al no estar soportados con prueba. Máxime que la parte quejosa estuvo en aptitud de ofrecer las pruebas que estimara pertinentes en el juicio de amparo y no lo hizo. En esa virtud, ante lo infundado de los conceptos de violación, sin que se advierta motivo alguno que suplir en su deficiencia en términos de lo dispuesto por el artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, se niega la protección constitucional. Negativa que debe hacerse extensiva respecto de los actos de ejecución que se le reclamaron al Director de la Policía Estatal de Investigación de Yucatán, en virtud que no se reclamaron por vicios propios, sino como consecuencia de la orden reclamada; por lo tanto, deben seguir la misma suerte. Por otra parte, no se analizarán los alegatos formulados, al no formar parte de la litis. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia con registro 205449, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: «ALEGATOS. NO FORMAN PARTE DE LA LITIS EN EL JUICIO DE AMPARO». Por lo expuesto y fundado y con apoyo en los artículos 76, 77, 78, y demás relativos a la Ley de Amparo, S E R E S U E L V E: PRIMERO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por ********************, respecto de los actos reclamados a: 1) Juez Primero Penal del Primer Departamento Judicial del Estado; 2) Juez Primero de Control del Primero Distrito Judicial del Poder Judicial del Estado; 3) Jueza Segundo de Control del Primero Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado; 4) Juez Tercero de Control del Primero Distrito Judicial del Poder Judicial del Estado; 5) Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio y Oral del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Yucatán; 6) Fiscal General de Justicia del Estado de Yucatán; 7) Vicefiscal de Investigación y Procesos del Estado; 8) Director de Investigación y Atención Temprana; 9) Director de la Policía Estatal de Investigación de Yucatán; 10) Delegado Estatal en Yucatán de la Fiscalía General de la República (en su denominación correcta); 11) Delegado Regional Administrativo que integra la Organización Regional de la Policía Federal Ministerial en el Estado de Yucatán, consistente en la emisión de una orden de citación, comparecencia y/o aprehensión, y su ejecución; respectivamente, por las razones expresadas en el considerando tercero de esta sentencia. SEGUNDO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a ********************, contra los actos reclamados a la 1) Jueza Segundo de Control del Primero Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado y el 2) Director de la Policía Estatal de Investigación de Yucatán, consistente en la orden de aprehensión librada el veintinueve de septiembre de dos mil veintidós, por el hecho señalado como delito de homicidio calificado, previsto y sancionado en los artículos 368, 369, fracción II, 378, 380, fracción I, 381 y 384, del Código Penal del Estado de Yucatán, dentro de la causa penal 320/2022, de su índice, y su ejecución; respectivamente, por las razones expuestas en el último considerando de la sentencia. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma Ricardo Ruiz del Hoyo Chávez, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, hoy, diez de mayo de dos mil veintitrés, en que lo permitieron las labores del juzgado, ante Ulises Flores Luna, Secretario de Juzgado, que autoriza y da fe. Dos Firmas electrónicas con evidencia criptográfica.
- Principal
Mérida, Yucatán, trece de febrero de dos mil veintitrés. Agréguese a los presentes autos el oficio signado por la Jefa de la Oficina de Servicios Directos del "Poder Judicial" del Servicio Postal Mexicano, con sede en esta ciudad, mediante el cual, en atención al requerimiento realizado por este órgano jurisdiccional el ocho de febrero del presente año, informa que no han sido devueltas las piezas postales de los oficios 623/2023 y 624/2023, por lo que solicita una prórroga de quince días para remitir la pieza postal o el acuse de recibo de mérito. Por tanto, se le concede una prórroga de tres días hábiles para que remita las citadas piezas postales, mismo que comenzará a correr a partir de la notificación por lista del presente acuerdo. NOTIFÍQUESE.
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