José Vicente Poot Góngora
Expediente 4/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida. 5 actuaciones registradas, la última del 31 de octubre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 4/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 31/10/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida · Yucatán
Partes del expediente
- Eduardo Armando Novelo Lazo
- José Vicente Poot Góngora
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Denuncia por Incumplimiento de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad
Mérida, Yucatán, treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés. CONFORMIDAD CON EL CUMPLIMIENTO. Vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término de quince días concedido a las partes para que pudieran inconformarse contra el auto que que declaró cumplida la sentencia protectora de amparo dictada en este asunto; por tal motivo, téngase a éstas conformes con el cumplimiento de la sentencia. ARCHIVO DE EXPEDIENTE. Háganse las anotaciones en el libro respectivo, y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo en vigor, archívese este juicio como asunto totalmente concluido. CRITERIO DE VALORACIÓN. A fin de determinar el criterio de valoración aplicable al presente juicio de amparo, se atenderá lo previsto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés en el Diario Oficial de la Federación, tal y como se expondrá a continuación: EXPEDIENTE PRINCIPAL. Es conservable, pues se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa; por tanto, una vez que transcurra el plazo de tres años a que se refiere el artículo 17, fracción III, inciso a), transfiérase el presente expediente a la Dirección General de Archivo y Documentación, para su resguardo, en término del artículo 10 del acuerdo antes referido. INCIDENTE ORIGINAL. Es conservable conforme el artículo 17, fracción III, inciso b), toda vez que se concedió la suspensión definitiva; por lo que deberá transferirse una vez transcurridos tres años. SELLO DE VALORACIÓN. Conforme a lo anterior, en términos del artículo 34 del acuerdo antes referido, la leyenda relativa a la valoración del expediente deberá constar mediante sello en la carátula del expediente. DEVOLUCIÓN DE LEGAJO. Finalmente, ya que no existe objeto alguno para que siga permaneciendo en este Juzgado los legajos que remitió la autoridad responsable Juez Primero Familiar de Primera Instancia del Sexto Distrito Judicial del Estado de Morelos, con sede en Cuautla; en consecuencia, devuélvanse a la referida autoridad, sin que sea necesario solicitar acusar el recibo correspondiente dado que de la constancia de notificación se va a desprender que se recibió el mismo. NOTIFÍQUESE.
- Denuncia por Incumplimiento de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad
Mérida, Yucatán, siendo las diez horas con veinte minutos del dos de octubre de dos mil veintitrés, hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia a que se refieren los artículos 107, fracción VII Constitucional, y 124 de la Ley de Amparo, Ricardo Ruiz del Hoyo Chávez, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, asistido del Secretario con quien actúa y da fe, Luis Abraham Aquiahuatl Vázquez, declara abierta la audiencia pública sin la asistencia de las partes. Enseguida, el Secretario hace constar que se tiene a la vista el expediente electrónico y el registro físico correspondiente de promociones y CERTIFICA: que no se encuentra promoción pendiente de acordar; asimismo, HACE CONSTAR que el presente juicio de amparo se encuentra debidamente integrado para dictar la sentencia que en derecho corresponda; por lo que se hace relación de las constancias de autos, entre las que se encuentran la demanda de amparo, los acuerdos de admisión, así como los informes justificados y el emplazamiento de ******, tercera interesada en términos del artículo 5º, fracción II, inciso b), de la Ley de Amparo, quien compareció a juicio. Al respecto el Juez acuerda: Téngase por hecha la relación secretarial que antecede, la cual será analizada al dictar sentencia. Luego, se abre el período probatorio en el cual se da cuenta al Juez con la documental que la parte quejosa adjuntó a la demanda, consistente en copia certificada de la escritura número ciento treinta y un mil ciento veintiuno, pasada ante la fe del Notario Público Número Cuarenta y Ocho de la Ciudad de México. Además, el Presidente de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Yucatán, con residencia en Mérida, oreció copia certificada del expediente laboral ****, de su índice. El Juez acuerda: Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 119 de la Ley de Amparo, se admiten las pruebas ofrecidas, las cuales se desahogan por su propia naturaleza. Se cierra el período probatorio y se abre el de alegatos, haciendo constar que la parte tercera interesada los formuló y el representante social de la adscripción no presentó pedimento. El Juez acuerda: Con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tiene a la tercera interesada formulando alegatos los cuales serán analizados al dictar sentencia. Finalmente, no habiendo cuestión pendiente de dilucidar, se declara cerrada la audiencia constitucional, turnándose los autos para el dictado de la sentencia que en derecho corresponda. V i s t o s para resolver los autos del juicio de amparo 580/2023 del índice del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida, promovido por ********, por conducto de su representante legal *******, contra actos de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Yucatán con residencia en esta ciudad, y otra autoridad. R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda de amparo El quince de noviembre de dos mil veintidós, la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida, recibió la demanda promovida por *********, contra actos de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Yucatán con residencia en esta ciudad, y otra autoridad, consistentes en el emplazamiento al juicio laboral, todo lo actuado dentro del procedimiento. SEGUNDO. Trámite del juicio Por razón de turno, la demanda fue enviada al Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. En auto de diecisiete de noviembre de dos mil veintidós, la registró con el número de expediente 2661/2022, se reconoció la personalidad del promovente, y se le previno porque no anexó copias suficientes para correr traslado. Una vez que se cumplió con la prevención, el uno de diciembre de dos mil veintidós, se admitió parcialmente a trámite la demanda. En el curso del procedimiento, se dio intervención al representante social de la adscripción. Se emplazó a ********, tercera interesada quien compareció a juicio. Se recibieron los informes con justificación rendidos por las responsables. Posteriormente, en cumplimiento a la medida de equilibrio de asuntos en los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida, en cumplimiento al artículo 6 del Acuerdo General 104/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, con motivo del inicio de funciones del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, contenida en el punto de acuerdo 219/2022 aprobado por la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Yucatán, remitió el presente juicio de amparo para que este Juzgado de Distrito dicte la resolución, y continúe con el eventual cumplimentación y archivo definitivo. En atención a lo anterior, mediante acuerdo de quince de febrero de dos mil veintitrés, este Juzgado de Distrito se avocó al conocimiento del juicio de amparo remitido por el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, registrándolo con el número de expediente 580/2023, continuándose con el procedimiento. En auto de trece de marzo de dos mil veintitrés, se desechó la ampliación a la demanda de amparo que promovió la parte quejosa; determinación que confirmó el Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con residencia en Mérida, al resolver el recurso de queja 148/2023. Finalmente, hoy se celebró la audiencia constitucional. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia Este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida, es competente para conocer y resolver en definitiva este amparo, ya que los actos reclamados tienen ejecución dentro de la jurisdicción de este Juzgado Federal; lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción III, inciso c), de la Constitución Federal; 33, fracción IV, 37, 107, fracción VI, de la Ley de Amparo; 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con relación a los acuerdos 104/2022 y 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites Territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana, y al número, a la Jurisdicción y Especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado El artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, establece que en las sentencias que se dicten en los juicios de amparo, el Juzgador deberá indicar en forma clara y precisa el acto reclamado, para lo cual interpretará el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, e incluso la totalidad de la información del expediente del juicio, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido. (......) SÉPTIMO. Causas de improcedencia En términos del artículo 62 de la Ley de Amparo, la autoridad que conozca de un juicio de amparo estudiará de oficio las causas de improcedencia, por ser de orden público, cualquiera que sea la instancia del juicio constitucional, lo aleguen o no las partes. En cumplimiento a lo anterior, este Órgano de Control Constitucional no advierte la actualización de alguna causa de improcedencia que impida continuar con el estudio de fondo. OCTAVO. Estudio de constitucionalidad del acto reclamado En el estudio del presente asunto serán examinados los argumentos contenidos en la demanda de amparo, razón por la que es innecesaria su transcripción. Además, su estudio se realizará bajo óptica del escrito derecho, ya que en materia laboral no opera la suplencia de la queja en favor del patrón, pues es una prerrogativa aplicable sólo al trabajador por disposición del artículo 79, fracción V, de la Ley de Amparo. Lo anterior, pues en palabras de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la finalidad de la suplencia de la queja en materia del trabajo, es solventar la desigualdad procesal de las partes y la necesidad de proteger bienes básicos. Desigualdad procesal que se sustenta, primordialmente, en el artículo 123 constitucional y en la Ley Federal del Trabajo, que regulan la relación laboral como un derecho de clases; así como en la circunstancia genérica, consistente en la mayor posibilidad económica del patrón lo cual le permite acceder a los servicios de mejores abogados, caso contrario del trabajador; así también, porque al tener el patrón la administración de la empresa, cuenta con una mejor posibilidad de allegarse medios probatorios para el juicio. Consideración que fue reiterada por la Sala del Máximo Tribunal, en la jurisprudencia 2a./J. 158/2015 (10a.), de rubro y texto siguiente: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE EN EL JUICIO DE AMPARO LABORAL. LA CIRCUNSTANCIA DE QUE SÓLO OPERE EN BENEFICIO DEL TRABAJADOR, NO VULNERA EL DERECHO HUMANO DE IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN. El artículo 76 Bis, fracción IV, de la Ley de Amparo vigente hasta el 2 de abril de 2013, sustituido por el numeral 79, fracción V, de ley de la materia en vigor al día siguiente, al prever expresamente que la suplencia de la queja deficiente en materia laboral procede sólo a favor del trabajador, es producto de los procesos históricos de reforma constitucional y legal, cuya distinción de trato, en relación con el patrón, radica en que su finalidad es solventar la desigualdad procesal de las partes y la necesidad de proteger bienes básicos, derivado de que: a) el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley Federal del Trabajo regulan la relación laboral como un derecho de clases; b) el patrón tiene mayores posibilidades económicas, lo cual le permite acceder a los servicios de mejores abogados y, al tener la administración de la empresa, cuenta con una mejor posibilidad de allegarse medios probatorios para el juicio; y, c) la protección a bienes elementales tiene como base el hecho de que la subsistencia del trabajador y de su familia, con todo lo que lleva implícito, depende de su salario y prestaciones inherentes, razón que evidencia la importancia que tiene para el trabajador un litigio derivado de la relación laboral; motivo por el cual se le liberó de la obligación de ser experto en tecnicismos jurídicos, lo que contribuyó, por un lado, a que no se obstaculizara la impartición de justicia y, por otro, a la salvaguarda de los derechos fundamentales consagrados en el referido artículo 123 de la Carta Magna. En esas condiciones, la Segunda Sala reitera el criterio de la jurisprudencia 2a./J. 42/97, en el sentido de que es improcedente la suplencia de la queja deficiente a favor del patrón, inclusive bajo el contexto constitucional sobre derechos humanos imperante en el país, y en consecuencia, la circunstancia de que sólo opere en beneficio del trabajador, no vulnera el de igualdad y no discriminación, porque la distinción de trato en referencia con el trabajador está plenamente justificada y, por lo mismo, resulta proporcional, es decir, sí guarda una relación razonable con el fin que se procura alcanzar, ya que tal diferenciación constituye una acción positiva que tiene por objeto medular compensar la situación desventajosa en que históricamente se ha encontrado la clase trabajadora frente a la patronal." En la demanda de amparo, se sostiene que la persona jurídica quejosa se ostenta como tercera extraña a juicio por equiparación, aduciendo que aun cuando fue parte material de la contienda de origen, no fue debidamente emplazada, lo que derivó en el desconocimiento del juicio laboral promovido en su contra. Sobre esa base, alega que se vulneró su derecho de audiencia previsto en los artículos 14 y 16 constitucionales, ya que no fue emplazada al procedimiento, lo que derivó en su desconocimiento y el dictado de un laudo condenatorio, sin que haya tenido oportunidad de defenderse. Son inoperantes los conceptos de violación, parte de un postulado no verídico, ya que en autos del juicio laboral existen las constancias de emplazamiento, sin que se haya expresado algún argumento para controvertir el contenido de esas diligencias que contienen el llamamiento a juicio. Esto es así, pues como se aprecia del escrito inicial de demanda, la quejosa refirió en forma genérica, que se violaron en su perjuicio los derechos fundamentales contenidos en los artículos 14 y 16 constitucionales, toda vez que no fue llamada a juicio, violentándose en su perjuicio el derecho humano de audiencia. Sin embargo, y como quedó asentado de los antecedentes relatados, en las actuaciones del juicio laboral, existe un emplazamiento practicado a la parte quejosa, que además se advierte corresponde al domicilio que indica como suyo. Ciertamente, mediante diligencias de quince y diecisiete de septiembre de dos mil veintiuno, se llevó a cabo el emplazamiento de **********. De las citadas diligencias citadas, se obtiene que en la primera diligencia, después de cerciorarse de que se constituyó en el domicilio señalado en la demanda, el Notificador dejó citatorio en poder de una persona que se dijo llamarse ******, quien manifestó que era el domicilio de la persona moral y que no se encontraba el representante legal. Luego, en la diligencia de cumplimiento de citatorio, el representante legal de la empresa no esperó al actuario, por lo que llevó a cabo el emplazamiento con Miriam López quien se encontraba en el domicilio. Lo anterior, corrobora que a través de las diligencias de quince y diecisiete de septiembre de dos mil veintiuno, se emplazó al juicio natural a la aquí quejosa, sin que expresara algún argumento para demostrar que esas actuaciones no se apegaron a las formalidades del artículo 743 de la Ley Federal del Trabajo. Ello, porque corresponde a la moral quejosa exponer de forma razonada, porqué a su criterio resulta ilegal el emplazamiento que por esta vía se combate, toda vez que no es suficiente realizar simples afirmaciones aisladas, así como alegar genéricamente que no existe constancia de emplazamiento, ya que se debieron atacar de manera directa las diligencias de emplazamiento; por el contrario, los conceptos de violación formulados, están encaminados, citan y atacan la inexistencia de dicho emplazamiento. Por tanto, si el actuario responsable se constituyó en el domicilio indicado en busca de la moral demanda y llevó a cabo las diligencias de citatorio previo y emplazamiento; son dichas diligencias las que en este caso, la parte quejosa debió impugnar a través de los conceptos de violación planteados, pero en su lugar, someramente afirmó que en el procedimiento de origen inexiste diligencia de emplazamiento practicada a la parte demandada. De ahí que los conceptos de violación planteados se estimen inoperante. Es aplicable, por su contenido, la jurisprudencia 2a./J. 108/2012 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro y texto siguiente: "AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON AQUELLOS QUE SE SUSTENTAN EN PREMISAS FALSAS. Los agravios cuya construcción parte de premisas falsas son inoperantes, ya que a ningún fin práctico conduciría su análisis y calificación, pues al partir de una suposición que no resultó verdadera, su conclusión resulta ineficaz para obtener la revocación de la sentencia recurrida." Por consiguiente, al no expresar la quejosa argumento tendente a evidenciar la ilegalidad del emplazamiento al juicio, practicado en diligencias de quince y diecisiete de septiembre de dos mil veintiuno, lo procedente es negar el amparo y protección de la Justicia Federal, solicitada por Montepío Luz Saviñón, Institución de Asistencia Pública, por conducto de su representante legal Rodolfo García Ferrón, contra actos de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Yucatán con residencia en esta ciudad, y otra autoridad, consistentes en el emplazamiento al juicio laboral. La negativa del amparo se hace extensiva a todo lo actuado dentro del procedimiento laboral, ya que no se reclaman por vicios propios, sino como una consecuencia del ilegal emplazamiento. Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo: S E R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión No Ampara ni Protege a **********, por conducto de su representante legal **********, contra actos de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Yucatán con residencia en esta ciudad, y otra autoridad, consistentes en el emplazamiento al juicio laboral, y todo lo actuado dentro del procedimiento, por las razones expuestas en el último considerando de esta sentencia. NOTIFÍQUESE
- Principal
Mérida, Yucatán, seis de marzo de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los autos, de los que se advierten que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86, en relación con el 81, fracción l, inciso e), de la Ley de Amparo, sin que la parte a la que pudo haber causado perjuicio la resolución constitucional dictada en este juicio de amparo, la hubiera recurrido. En consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del artículo 2º de la Ley de Amparo vigente, se declara que la expresada resolución que SOBRESEYÓ en el presente juicio de amparo, HA QUEDADO FIRME, para todos los efectos legales correspondientes. En virtud de lo anterior, háganse las anotaciones en el libro respectivo y notificado que sea este acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente como asunto definitivamente concluido. En cumplimiento al artículo 21 del capítulo Octavo del acuerdo general sin número de diecinueve de febrero de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se determina que en virtud de que se sobreseyó en el presente juicio de amparo, no tiene documentos originales ni se tramitó el incidente de suspensión, se encuentra dentro de la hipótesis establecida en el inciso a) del citado precepto 21, por lo que ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, lo que se podrá realizar una vez transcurridos los tres años a que se refiere el precepto citado. Asimismo, de conformidad con lo establecido en el artículo 15, del Capítulo Quinto y en el diverso numeral 35, del Capítulo Decimotercero, del precitado acuerdo general, realícese la anotación que corresponde en la carátula del presente expediente, en el sentido de que NO TIENE RELEVANCIA DOCUMENTAL, debiendo indicarse la fecha en la que se ordena el archivo de este juicio. Notifíquese.
- Principal
V I S T O S para resolver los autos del juicio de amparo 4/2023-IV del índice del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida, promovido por ****, apoderado de *****, ********, *******, ******, ******, ******* Y ******, contra el acto que reclamó del Actuario Adscrito a la Junta Especial número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Yucatán, y; RESULTANDO. PRIMERO. Demanda de amparo. El tres de enero de dos mil veintitrés, la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida, recibió la demanda de amparo promovida por ****, apoderado de *****, ********, *******, ******, ******, ******* Y ******, contra la omisión de emplazar a juicio a la parte demandada en el juicio laboral 371/2022, que atribuyó al Actuario Adscrito a la Junta Especial número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Yucatán En la demanda de amparo, se narraron los antecedentes del acto reclamado, se precisaron los derechos fundamentales del parámetro de regularidad constitucional que se consideraron vulnerados, y fueron expresados los conceptos de violación. SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo El tres de enero de dos mil veintitrés, por razón de turno, se recibió la demanda en el Juzgado Sexto de Distrito; por lo cual, en auto de cuatro siguiente, se ordenó formar expediente que se registró bajo el número 4/2023 y se admitió la demanda; rendido el informe justificado, se turnó para la celebración de la audiencia constitucional. CONSIDERANDO. PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado tiene competencia legal para conocer y resolver el presente juicio, (...). Es cierto el acto reclamado a la Actuaria Adscrita a la Junta Especial número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Yucatán, pues si bien al rendir su informe justificado, lo negó, lo cierto es que a la fecha de la presentación de la demanda de amparo la omisión continuaba, lo cual se corrobora de las constancias que agregó a las cuales se le otorga valor probatorio en términos de los artículos 129, 179 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa de su numeral 2 de este último ordenamiento. CUARTO. Causas de improcedencia En términos del artículo 62 de la Ley de Amparo, la autoridad que conozca de un juicio de amparo estudiará de oficio las causas de improcedencia, por ser de orden público, cualquiera que sea la instancia del juicio constitucional, lo aleguen o no las partes. Respecto a la omisión de emplazar a juicio a la parte demandada en el juicio laboral 371/2022, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, toda vez que ha cesado los efectos del acto reclamado. Lo anterior, pues la autoridad responsable adjuntó a su informe justificado anexó copia certificada los citatorios y constancias de notificación a la parte demandada en el juicio laboral, las cuales se llevaron a cabo con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo Por lo que conforme al artículo 63, fracción V de la Ley de Amparo, se sobresee en el juicio de amparo respecto a los actos reclamados a la Actuaria Adscrita a la Junta Especial número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Yucatán. Por lo expuesto y fundado y con apoyo en los artículos 61, 62 y 63, 76, 77, 78, y demás relativos a la Ley de Amparo, se R E S U E L V E ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo, promovido por ****, apoderado de *****, ********, *******, ******, ******, ******* Y ******, respecto al acto reclamado atribuido a la autoridad responsable precisada en el considerando segundo, por las razones expresadas en el considerando cuarto de esta sentencia. NOTIFÍQUESE
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