José Roman Ponce Saldaña

Expediente 1326/2019 tramitado ante el Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 11 actuaciones registradas, la última del 12 de enero de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1326/2019
Año
2019
Actuaciones
11
Última actuación
12/01/2021

Partes del expediente

  • José Roman Ponce Saldaña

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede, así como el estado de autos, de los que se advierte que de conformidad con el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19 y el punto de acuerdo denominado "Propuesta de medidas a tomar del veintiuno de diciembre de dos mil veinte al once de enero de dos mil veintiuno, en relación con contagios por la emergencia Covid-19, en los órganos jurisdiccionales de la República Mexicana y en las áreas administrativas del Consejo de la Judicatura Federal.", dado a conocer mediante la circular CAP/3/2020 por la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura; se advierte que se reanudaron los plazos y términos procesales y se reestableció el trabajo presencial dentro de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación. En ese sentido, del estado procesal que guardan los presentes autos y el contenido de la certificación que antecede, en el sentido de que a la fecha ha transcurrido el término de quince días, que concede el artículo 202 de la Ley de Amparo, para plantear inconformidad en contra del auto mediante el cual se tuvo por cumplida la sentencia que concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa, sin que se haya presentado promoción alguna para tal efecto. En consecuencia, sin ulterior acuerdo, una vez que se notifique el presente proveído, archívese el expediente como asunto totalmente concluido, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 196 y 214 de la ley de la materia. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, este asunto se clasifica como depurable, pues se concedió la protección constitucional y dado que no existen documentos originales exhibidos por las partes. Asimismo, como lo dispone el penúltimo párrafo del citado numeral, una vez que transcurran tres años, procédase a su depuración conservando únicamente la demanda, las resoluciones recurridas, la sentencia que puso fin al asunto, la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada, así como el presente auto y se destruirán el resto de las actuaciones; hecho lo cual deberá gestionarse su transferencia a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. Como lo dispone el artículo 35 del referido acuerdo, hágase constar la valoración asignada en la carátula del expediente. Asimismo, háganse las anotaciones correspondientes en los libros de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Finalmente, se hace del conocimiento de las partes que la presente determinación se adopta así, con fundamento en la ampliación de plazos procesales a que se refiere el artículo 2°, fracciones III, IV, V y VIII, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19.

  2. Principal

    Vista la certificación que antecede, así como el estado de autos, de los que se advierte que de conformidad con el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19 y el punto de acuerdo denominado "Propuesta de medidas a tomar del veintiuno de diciembre de dos mil veinte al once de enero de dos mil veintiuno, en relación con contagios por la emergencia Covid-19, en los órganos jurisdiccionales de la República Mexicana y en las áreas administrativas del Consejo de la Judicatura Federal.", dado a conocer mediante la circular CAP/3/2020 por la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura; se advierte que se reanudaron los plazos y términos procesales y se reestableció el trabajo presencial dentro de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación. En ese sentido, del estado procesal que guardan los presentes autos y el contenido de la certificación que antecede, en el sentido de que a la fecha ha transcurrido el término de quince días, que concede el artículo 202 de la Ley de Amparo, para plantear inconformidad en contra del auto mediante el cual se tuvo por cumplida la sentencia que concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa, sin que se haya presentado promoción alguna para tal efecto. En consecuencia, sin ulterior acuerdo, una vez que se notifique el presente proveído, archívese el expediente como asunto totalmente concluido, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 196 y 214 de la ley de la materia. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, este asunto se clasifica como depurable, pues se concedió la protección constitucional y dado que no existen documentos originales exhibidos por las partes. Asimismo, como lo dispone el penúltimo párrafo del citado numeral, una vez que transcurran tres años, procédase a su depuración conservando únicamente la demanda, las resoluciones recurridas, la sentencia que puso fin al asunto, la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada, así como el presente auto y se destruirán el resto de las actuaciones; hecho lo cual deberá gestionarse su transferencia a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. Como lo dispone el artículo 35 del referido acuerdo, hágase constar la valoración asignada en la carátula del expediente. Asimismo, háganse las anotaciones correspondientes en los libros de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Finalmente, se hace del conocimiento de las partes que la presente determinación se adopta así, con fundamento en la ampliación de plazos procesales a que se refiere el artículo 2°, fracciones III, IV, V y VIII, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19.

  3. Principal

    Vista la certificación que antecede, así como el estado de autos, de los que se advierte que de conformidad con el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19 y el punto de acuerdo denominado "Propuesta de medidas a tomar del veintiuno de diciembre de dos mil veinte al once de enero de dos mil veintiuno, en relación con contagios por la emergencia Covid-19, en los órganos jurisdiccionales de la República Mexicana y en las áreas administrativas del Consejo de la Judicatura Federal.", dado a conocer mediante la circular CAP/3/2020 por la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura; se advierte que se reanudaron los plazos y términos procesales y se reestableció el trabajo presencial dentro de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación. En ese sentido, del estado procesal que guardan los presentes autos y el contenido de la certificación que antecede, en el sentido de que a la fecha ha transcurrido el término de quince días, que concede el artículo 202 de la Ley de Amparo, para plantear inconformidad en contra del auto mediante el cual se tuvo por cumplida la sentencia que concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa, sin que se haya presentado promoción alguna para tal efecto. En consecuencia, sin ulterior acuerdo, una vez que se notifique el presente proveído, archívese el expediente como asunto totalmente concluido, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 196 y 214 de la ley de la materia. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, este asunto se clasifica como depurable, pues se concedió la protección constitucional y dado que no existen documentos originales exhibidos por las partes. Asimismo, como lo dispone el penúltimo párrafo del citado numeral, una vez que transcurran tres años, procédase a su depuración conservando únicamente la demanda, las resoluciones recurridas, la sentencia que puso fin al asunto, la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada, así como el presente auto y se destruirán el resto de las actuaciones; hecho lo cual deberá gestionarse su transferencia a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. Como lo dispone el artículo 35 del referido acuerdo, hágase constar la valoración asignada en la carátula del expediente. Asimismo, háganse las anotaciones correspondientes en los libros de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Finalmente, se hace del conocimiento de las partes que la presente determinación se adopta así, con fundamento en la ampliación de plazos procesales a que se refiere el artículo 2°, fracciones III, IV, V y VIII, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19.

  4. Principal

    Ciudad Madero, Tamaulipas, tres de noviembre de dos mil veinte. De autos se advierte que por acuerdo de veinte e octubre de dos mil veinte, se dio vista a la parte quejosa respecto de los actos realizados por la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en Tampico, Tamaulipas, en relación al cumplimiento del fallo protector dictado en el presente juicio. Con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, procede analizar oficiosamente si está cumplida o no la ejecutoria de garantías. Para estar en condiciones de realizar lo anterior, se deben estudiar los efectos de la protección constitucional concedida, así como la forma en que la responsable aduce que lo acató. Al respecto, se advierte que mediante oficio[s] recibido[s] en este juzgado, la autoridad responsable informó el cumplimiento a la ejecutoria, y a partir de ello, determinar la conclusión a la que se arribe; lo cual se realiza al tenor del siguiente cuadro comparativo: Efectos Actuación de la autoridad Conclusión 1. La autoridad responsable Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tamaulipas, con sede en Tampico, en caso de que, las testimoniales ofrecidas por la demandada a cargo de Andrés Pérez Delgado, Agustín Santiago Rodríguez, Carlos Omar Pecina Martínez, Francisco Turrubiates Bernal, José de Jesús Zapata Narvaéz, Francisco Mediante oficio 612/2/2020 de siete de septiembre de dos mil veinte, la Juta responsable remitió el acuerdo de veintiocho de enero de dos mil veinte, en el que se declaró desierta la prueba testimonial a cargo de José Luis Jiménez, Francisco Zamora Moreno, Francisco Turrubiates Bernal y José de Jesús Zapata Narváez, al no haber sido presentados por su oferente. Sí está cumplida Zamora Moreno y José Luis Jiménez, no se hubiesen desahogado en las fechas que se encontraban agendadas, esto es, para el veintiocho de enero y veintisiete de febrero de dos mil veinte, deberá proceder a emitir un acuerdo en el que ordene se desahogo, dentro de los diez días hábiles siguientes al en que cause ejecutoria la presente resolución, lo que debe ordenar notificar a las partes con anticipación a la fecha que, en su caso, señale y vigilar que esto se lleve a cabo por el actuario de su adscripción, para así cumplir con lo dispuesto en el artículo 883, párrafo primero, de la Ley Federal del Trabajo. Posteriormente, mediante oficio 714/2/2020 de quince de octubre de dos mil veinte, la Junta responsable remitió copia certificada del proveído de nueve de septiembre de dos mil veinte, en el que declaró desierta la prueba testimonial a cargo de los restantes testigos Andrés Pérez Delgado, Agustín Santiago Rodríguez, Carlos Omar Pecina Martínez, al no haber sido presentados por su oferente. 2. De igual forma, en el referido plazo de diez días hábiles, debe realizar las providencias necesarias a efecto de recabar las documentales consistentes en los informes que deben rendir el Instituto Mexicano del Seguro Social y el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, para lo cual, al momento de requerir a esas dependencias, deberá apercibirlas con alguna de las medidas de apremio que prevé el artículo 731, de la Ley Federal del Trabajo, para que las juntas puedan hacer cumplir sus resoluciones. Mediante oficio 612/2/2020 de siete de septiembre de dos mil veinte, y 714/2/2020 de quince de octubre de dos mil veinte, la Juta responsable remitió copia certificada de los oficios a través de los cuales el Instituto Mexicano del Seguro Social y el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda, remiten los informes de autoridad que le fueron requeridos en el expediente laboral de origen. Sí está cumplida. De la tabla precedente se obtiene que la responsable cumplió en sus términos con los lineamientos de la ejecutoria de amparo, puesto que sin exceso ni defecto acató los efectos de la protección constitucional. En consecuencia, con apoyo en el artículo 196, penúltimo párrafo, de la ley de la materia, se declara cumplida la sentencia de amparo.

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