José Rodolfo Huerta Hernández
Expediente 478/2020 tramitado ante el Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 5 actuaciones registradas, la última del 29 de enero de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 478/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 29/01/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas · Tamaulipas
Partes del expediente
- José Rodolfo Huerta Hernández y Otros.
- José Rodolfo Huerta Hernández
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
CÚMPLASE
- Principal
Ciudad Madero, Tamaulipas, diecinueve de noviembre de dos mil veinte. Del estado procesal que guardan los presentes autos y del contenido de la certificación que antecede, en el sentido de que a la parte quejosa le ha trascurrido el término de diez días previsto en el artículo 86, en relación con el diverso 81, fracción I, inciso d), ambos de la Ley de Amparo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el auto que sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio ha causado estado. Archívese este juicio como asunto totalmente concluido. Por otra parte, de conformidad con el artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que NEYRETH DOMINGUEZ CRUZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.cb.f4 13/08/22 17:20:23 establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente asunto se clasifica como destruible, pues se sobreseyó respecto de todos los actos reclamados y no existen documentos originales exhibidos por las partes. Asimismo, como lo dispone el penúltimo párrafo del numeral en cita, una vez que transcurran tres años, procédase a su destrucción, hecho lo cual deberá remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. Como lo dispone el artículo 35 del citado acuerdo, hágase constar la valoración asignada en la carátula del expediente Háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). En otro entorno, toda vez que resulta innecesaria la retención de la[s] documental[es] que exhibió la parte quejosa con su escrito de demanda, de conformidad con en el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, hágase devolución de la[s] misma[s], previa comparecencia, identificación y recibo de entrega que quede en autos, con el apercibimiento que de no acudir al presente órgano jurisdiccional a recoger el [los] citado[s] documento[s], dentro de un plazo de noventa días, entonces dicha[s] constancia[s] será[n] destruida[s]. Notifíquese en términos de ley. Así lo proveyó y firma el Doctor Vladimir Véjar Gómez, Juez Décimo Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas, quien actúa ante el [la] Secretari@ Neyreth Domínguez Cruz, que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 27, FRACCIÓN PRIMERA INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO, SÍNTESIS DEL AUTO DE 19 DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTE. Ciudad Madero, Tamaulipas, diecinueve de noviembre de dos mil veinte. Del estado procesal que guardan los presentes autos y del contenido de la certificación que antecede, en el sentido de que a la parte quejosa le ha trascurrido el término de diez días previsto en el artículo 86, en relación con el diverso 81, fracción I, inciso d), ambos de la Ley de Amparo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el auto que sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio ha causado estado. Archívese este juicio como asunto totalmente concluido. Por otra parte, de conformidad con el artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que NEYRETH DOMINGUEZ CRUZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.cb.f4 13/08/22 17:20:23 establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente asunto se clasifica como destruible, pues se sobreseyó respecto de todos los actos reclamados y no existen documentos originales exhibidos por las partes. Asimismo, como lo dispone el penúltimo párrafo del numeral en cita, una vez que transcurran tres años, procédase a su destrucción, hecho lo cual deberá remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. Como lo dispone el artículo 35 del citado acuerdo, hágase constar la valoración asignada en la carátula del expediente Háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). En otro entorno, toda vez que resulta innecesaria la retención de la[s] documental[es] que exhibió la parte quejosa con su escrito de demanda, de conformidad con en el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, hágase devolución de la[s] misma[s], previa comparecencia, identificación y recibo de entrega que quede en autos, con el apercibimiento que de no acudir al presente órgano jurisdiccional a recoger el [los] citado[s] documento[s], dentro de un plazo de noventa días, entonces dicha[s] constancia[s] será[n] destruida[s]. Notifíquese en términos de ley. Así lo proveyó y firma el Doctor Vladimir Véjar Gómez, Juez Décimo Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas, quien actúa ante el [la] Secretari@ Neyreth Domínguez Cruz, que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Ciudad Madero, Tamaulipas, veintiséis de octubre de dos mil veinte. Visto el estado de autos, se advierte que el presente juicio de amparo fue promovido por Brenda Gutiérrez González, a favor de José Rodolfo Huerta Hernández, en el que se señala como acto reclamado destacado la desaparición forzada cometida en perjuicio del directo quejoso. Sobre esa base, resulta indispensable realizar ciertas precisiones en torno al delito de desaparición de personas, conforme a los criterios que al respecto ha emitido la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien ha sostenido que se trata de una situación de hecho, tipificada por el derecho internacional, a partir de la cual las víctimas no desaparecen voluntariamente o por accidente; ya que se trata de una estrategia que tradicionalmente ha sido utilizada por las fuerzas armadas, de seguridad, los servicios de inteligencia o los grupos paramilitares que actúan con la cooperación, la tolerancia o la aquiescencia del Estado. Incluso, en algunos países, se le ha considerado como una estrategia de "seguridad nacional".1 Asimismo, ese Alto Tribunal del País ha sido claro en definir que este delito tiene una naturaleza permanente o continua, ya que si bien el ilícito se consuma cuando el sujeto activo priva de la libertad a una o más personas, con la autorización, apoyo, o aquiescencia del Estado, seguida de la falta de información sobre su paradero, dicha consumación se prolonga en el tiempo hasta que aparecen los sujetos pasivos o se establece cuál fue su destino. Por tanto, esa Superioridad concluyó que la desaparición forzada es un delito de naturaleza continua, constituido por los siguientes elementos: 1 Información contenida en la ejecutoria de la contradicción de tesis 261/2018, del índice de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. a) La privación de la libertad. b) La intervención directa de agentes estatales o por la aquiescencia de éstos. c) La negativa de reconocer la detención, de revelar la suerte o paradero de la persona interesada. De lo anterior se desprende que la ejecución del acto reclamado que nos ocupa no se lleva a cabo en un momento único, ni puede entenderse exclusivamente a través de la privación de la libertad de una o más personas, sino que continúa ejecutándose hasta en tanto se tenga la información necesaria para precisar el paradero de la víctima. La aseveración anterior quedó plasmada en la jurisprudencia P./J. 48/2004, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la nación, de rubro: DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS. ESE DELITO ES DE NATURALEZA PERMANENTE O CONTINUA. El referido delito que contempla el artículo II de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, adoptada en la ciudad de Belém, Brasil, el día nueve de junio de mil novecientos noventa y cuatro (coincidente con lo previsto en los artículos 215-A del Código Penal Federal y 168 del Código Penal del Distrito Federal), de acuerdo con el derecho positivo mexicano, es de naturaleza permanente o continua, ya que si bien el ilícito se consuma cuando el sujeto activo priva de la libertad a una o más personas, con la autorización, apoyo o aquiescencia del Estado, seguida de la falta de información sobre su paradero, dicha consumación sigue dándose y actualizándose hasta que aparecen los sujetos pasivos o se establece cuál fue su destino2. Ahora bien, como se anticipó, el presente juicio de amparo se sigue respecto al acto reclamado consistente en la desaparición forzada del directo quejoso José Rodolfo Huerta Hernández. Asimismo, de la demanda de amparo se acredita que la promovente refirió ser concubina del directo quejoso, de quien desconocía el paradero, pero sí sabía que el mismo había sido hospitalizado el dieciocho de julio de dos mil veinte, en el Hospital General Regional 6 de Ciudad Madero, Tamaulipas, y que tenía indicios de que éste había fallecido el veinte de julio de dos mil veinte, sin que dicha circunstancia le constara fehacientemente debido a que en ese nosocomio se negaron a proporcionarle información. En atención a ello, así como a la naturaleza del acto reclamado 2 Suprema Corte de Justicia de la Nación, Pleno, Novena Época, Registro: 181147, Jurisprudencia, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XX, Julio de 2004, Materia(s): Penal, Página: 968.. ?????????????????????????????? [desaparición forzada] este órgano jurisdiccional concedió la suspensión de oficio y de plano para realizar las diligencias necesarias para lograr la localización del directo quejoso. Así, de los informes recabados a las autoridades responsables, como de lo asentado en la diligencia realizada por el Actuario judicial de la adscripción, se desprende que, efectivamente, el quejoso fue hospitalizado en el indicado nosocomio, lugar en el que falleció el veinte de julio de dos mil veinte, a las diecisiete horas con treinta y un minutos [17:31], por causas naturales, que fueron diagnosticadas como: [a] insuficiencia respiratoria, [b] Sepsis Pulmonar, [c] Neumonía no especificada, [d] Insuficiencia renal crónica agudizada; según los datos asentados en el correspondiente certificado médico de defunción, el cual fue entregado a María Raquel Huerta Hernández [hermana del quejoso] para que realizara los respectivos tramites funerarios. Luego, tomando en consideración que la promovente del amparo manifestó no tener certeza del fallecimiento del directo quejoso, y que sobre dicha circunstancia solo se contaba con la copia simple de su certificado médico de defunción, se requirió a las Oficinas del Registro Civil del Estado de Tamaulipas, residentes en la zona conurbada comprendida por los municipios de Tampico, Ciudad Madero y Altamira, para allegar a los presentes autos constancia con la que se acreditara fehacientemente el registro oficial de la defunción del directo quejoso; sin obtener resultados favorables. Sin embargo, toda vez que para el suscrito juzgador constituye un hecho notorio, los diversos asuntos que se tramitan ante este órgano jurisdiccional, en términos de lo dispuesto en el artículo 88, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, de conformidad con lo dispuesto en su numeral 2°, en el presente acto se tiene a la vista el diverso juicio de amparo 548/2020- VII-A, del índice de este Juzgado, promovido por los menores Rodolfo y Victoria Monserrat, ambos de apellidos Huerta Gutiérrez, por conducto de su representante legal Brenda Gutiérrez González, en el que, en esencia, se reclama la omisión de expedir el acta de defunción de José Rodolfo Huerta Hernández [aquí quejoso]. Ahora bien, en el referido juicio de amparo obra agregada copia certificada del certificado de defunción número 200720841 expedido por el Hospital Regional Número Seis, del Instituto Mexicano del Seguro Social en Tamaulipas [fojas 41y 59], así como el acta de defunción número 908 [novecientos ocho], expedida por la Oficialía Segunda del Registro Civil de Ciudad Madero, Tamaulipas; a las que este juzgador les reconoce pleno valor probatorio, de conformidad con lo establecido en los artículos 129 y 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, en términos del artículo 2° de la Ley de Amparo; lo anterior, por ser documental pública. Lo anterior con sustento en la jurisprudencia 226, que dice: DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena3. Con dichas documentales se acredita el registro fehaciente de la declaración de muerte del directo quejoso José Rodolfo Huerta Hernández, con Clave Única de Registro de Población HUHR630920HTSRRD02, con fecha de fallecimiento veinte de julio de dos mil veinte, a las diecisiete horas con treinta y un minutos [17:31], en el Hospital Regional Número Seis, del Instituto Mexicano del Seguro Social en Tamaulipas, con los referidos diagnósticos clínicos. De lo anteriormente expuesto, y para efectos exclusivos de este juicio de amparo, es dable concluir que, en la especie, se advierte que el quejoso no fue privado de su libertad por las autoridades responsables dependientes del Instituto Mexicano del Seguro Social, sino que fue hospitalizado en el nosocomio perteneciente a esa dependencia, al que acudió voluntariamente para ser atendido medicamente, sin que se advierta que su hospitalización haya sido realizada mediante coacción o intervención del algún tipo por parte de las responsables; quienes no se desprenden que se hayan negado a informar sobre el paradero de la persona interesada, ya que se acredita que, cuando falleció el directo quejoso, a causas de los padecimientos que presentaba, ello fue informado a un familiar de este último, a saber, a María Raquel Huerta Hernández [hermana del quejoso], a quien, le entregaron el certificado de defunción para que realizara los respectivos tramites funerarios. Por tanto, es que en el caso concreto se estima que no existen elementos para continuar con la tramitación y substanciación del 3 Suprema Corte de Justicia de la Nación, Pleno, Apéndice de 1995, Quinta Época, Tomo VI, Parte SCJN, Materia: Común, Tesis: 226, página: 153, registro IUS: 394182. ???????????????? presente juicio de amparo, debido a que está acreditado la inexistencia del acto reclamado consistente en la desaparición forzada del directo quejoso, pues su fallecimiento aconteció por causas naturales, además, de que la promovente no reclama dicho acto, por propio derecho, sino que este juicio lo instó únicamente en favor del directo quejoso. En consecuencia, ante el fallecimiento del directo quejoso, es evidente que en el caso se actualiza la causa de sobreseimiento prevista en el artículo 63, fracción III, de la Ley de Amparo; de ahí que se estime innecesario continuar con la substanciación del presente asunto Por tanto, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 15, de la ley de la materia, se tiene por no interpuesta la demanda de amparo, por lo que se dejan sin efectos las providencias de suspensión dictadas en el auto de radicación. Sin que se desconozca que en los casos de desaparición forzada de personas, los familiares de las víctimas tienen el derecho y los Estados la obligación, de conocer la verdad de lo sucedido, a saber cuál fue el destino de aquéllas y, en su caso, dónde se encuentran sus restos. Sin embargo, la presente determinación es únicamente en relación al presente juicio de amparo, sin que con lo aquí resuelto se limiten o se niegue derecho alguno de los familiares del directo quejoso, para que puedan acudir ante la autoridad competente para investigar los hechos, en términos del artículo 21, Constitucional, para respetar su derecho a saber la verdad y la reparación de un eventual daño, en caso de que así lo estimen necesario. Es aplicable a lo anteriormente determinado, la tesis P./J. 87/2004, que dice: DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS. EL PLAZO PARA QUE OPERE SU PRESCRIPCIÓN INICIA HASTA QUE APARECE LA VÍCTIMA O SE ESTABLECE SU DESTINO. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 102, fracción IV y 7o. del Código Penal Federal, tratándose de delitos permanentes o continuos, que son aquellos que se caracterizan por su consumación duradera, el plazo para la prescripción inicia a partir de que cesa su consumación. En tal orden de ideas, si el delito de desaparición forzada de personas que contempla el artículo II de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, adoptada en la ciudad de Belém, Brasil, el día nueve de junio de mil novecientos noventa y cuatro (que coincide con el previsto en los artículos 215-A del Código Penal Federal y 168 del Código Penal del Distrito Federal) tiene esa naturaleza, en tanto que se consuma momento a momento durante todo el tiempo en que la víctima se encuentra desaparecida, ha de concluirse que el plazo para que opere su prescripción de acuerdo con lo establecido en los numerales primeramente citados, empieza a correr hasta que la conducta ilícita deja de consumarse, esto es, cuando el sujeto pasivo aparece (vivo o muerto) o se establece su destino4. Por último, háganse del conocimiento de las partes la presente determinación, y practíquense las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).
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