José Ruben Núñez de Cáceres Zapien

Expediente 1094/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 3 actuaciones registradas, la última del 14 de octubre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1094/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
14/10/2021

Partes del expediente

  • José Ruben Núñez de Cáceres Zapien

Actuaciones

  1. Principal

    Ciudad Madero, Tamaulipas, catorce de octubre de dos mil veintiuno. Del estado procesal que guardan los presentes autos y del contenido de la certificación que antecede, en el sentido de que a la parte quejosa le ha trascurrido el término de cinco días previsto en el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el auto que desechó la demanda ha causado estado. Archívese este juicio como asunto totalmente concluido. Por otra parte, de conformidad con el artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente asunto se clasifica como destruible, pues se desechó la demanda de amparo y no existen documentos originales exhibidos por las partes. Asimismo, como lo dispone el penúltimo párrafo del numeral en cita, una vez que transcurran tres años, procédase a su destrucción, hecho lo cual deberá remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. Como lo dispone el artículo 35 del citado acuerdo, hágase constar la valoración asignada en la carátula del expediente. Finalmente, háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).

  2. Principal

    Ciudad Madero, Tamaulipas, veintiocho de septiembre de dos mil veintiuno. Recepción de la demanda. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por José Rubén Núñez de Cáceres Zapien, contra actos de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Tampico, por violación a los derechos fundamentales consagrados en los artículos 14 y 17 constitucionales; este órgano jurisdiccional procede a resolver en lo conducente. Registro. Regístrese en el libro "Registro de Juicios de Amparo" bajo el expediente 1094/2021-I-B. Integración de expediente electrónico. Así, con base en lo dispuesto por el artículo 3 de la Ley de Amparo, se ordena formar el expediente electrónico relativo al presente asunto. Asimismo, procédase a la digitalización de las constancias necesarias para la integración del expediente electrónico del Poder Judicial de la Federación; en el entendido de que aquellas constancias que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este juzgado. En la inteligencia de que, el expediente electrónico estará a disposición de las partes, una vez que cumplan con los requisitos que para tal efecto establece el Acuerdo General Conjunto 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, en relación con el diverso 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal. Desechamiento de la demanda. Este juzgador procede a examinar la demanda de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 112 y 113, de la Ley de Amparo, que dice: [A]rtículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite. En el supuesto de los artículos 15 y 20 de esta Ley deberá proveerse de inmediato. Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. Conforme a esa tesis, la improcedencia de la acción de amparo que permita desechar la demanda presentada, debe ser manifiesta e indudable, pues ello supone que el juzgador, con la mera lectura del escrito inicial y de sus anexos, considera probada la correspondiente causal de improcedencia sin lugar a dudas, sea porque los hechos sobre los que descansa hayan sido manifestados claramente por el demandante o porque estén probados con elementos de juicio indubitables, de suerte tal que los actos posteriores del procedimiento no sean necesarios para configurarla en forma acabada y tampoco puedan, previsiblemente, desvirtuar su contenido. En otras palabras, por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda, de los escritos aclaratorios o de ampliación, en su caso, y de los documentos que se anexen a tales promociones; mientras que lo "indudable" resulta de que se tenga la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento, no sería factible obtener una convicción diversa. Análisis de demanda. Del análisis integral del escrito de demanda, con un sentido de liberalidad y no restrictivo2, se llega al conocimiento de que la parte quejosa, señala como acto reclamado: ? La omisión de resolver sobre la admisión o desechamiento de las pruebas ofrecidas por las partes en el juicio laboral 465/2/2019. Desechamiento de la demanda Una vez examinado el acto reclamado, se obtiene que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V, de la Ley de Amparo, así como con el artículo 8º constitucional, que establecen: [A]rtículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: De la interpretación armónica de los citados artículos, debe precisarse que el primero refiere que el juicio de amparo es improcedente, en los demás casos en que resulte de alguna disposición de la ley. Por su parte, el segundo de dichos numerales contempla la procedencia del sobreseimiento en el juicio de amparo, cuando de las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional. Finalmente, el artículo 8º constitucional dispone que toda persona tiene la facultad de ocurrir ante cualquier autoridad, formulando una solicitud o instancia escrita, que puede tener el carácter de simple petición administrativa, acción, recurso o de cualquier índole; y, ante ese escrito que se les eleve, el Estado y sus autoridades, en virtud de la relación jurídica consignada en el artículo 8 constitucional, tienen como obligación el dictar un acuerdo escrito que sea congruente con dicha solicitud. Ahora bien, a efecto de analizar los alcances de la garantía prevista en el artículo 8 constitucional, es necesario hacer las siguientes consideraciones: El denominado "derecho de petición", acorde con los criterios de los Tribunales del Poder Judicial de la Federación, es la garantía individual consagrada en el artículo 8 Constitucional, en función de la cual cualquier gobernado que presente una petición ante una autoridad, tiene derecho a recibir una respuesta. Su ejercicio por el particular y la correlativa obligación de la autoridad de producir una respuesta, se caracterizan por los elementos que enseguida se enlistan: A. La petición: debe formularse de manera pacífica y respetuosa; ser dirigida a una autoridad, y recabarse la constancia de que fue entregada; además de que el peticionario ha de proporcionar el domicilio para recibir la respuesta. B. La respuesta: la autoridad debe emitir un acuerdo en breve término, entendiéndose por éste el que racionalmente se requiera para estudiar la petición y acordarla; tendrá que ser congruente con la petición; la autoridad debe notificar el acuerdo recaído a la petición en forma personal al gobernado en el domicilio que señaló para tales efectos. Además, es de precisarse que no existe obligación de resolver en determinado sentido, esto es, el ejercicio del derecho de petición no constriñe a la autoridad ante quien se formuló, a que provea necesariamente de conformidad lo solicitado por el promovente, sino que está en libertad de resolver de conformidad con los ordenamientos legales que resulten aplicables al caso. De igual forma, la respuesta o trámite que se dé a la petición debe ser comunicado precisamente por la autoridad ante quien se ejercitó el derecho y no por autoridad diversa, sin que sea jurídicamente válido considerar que la notificación de la respuesta a que se refiere el segundo párrafo del artículo 8 constitucional se tenga por hecha a partir de las notificaciones o de la vista que se practiquen con motivo del juicio de amparo. Asimismo, es necesario destacar que si bien el derecho de petición consagrado en el artículo 8 constitucional impone la obligación de las autoridades de hacer recaer a una petición escrita, pacífica y respetuosa un acuerdo también por escrito, el cual debe emitirse en breve término, entendiéndose por esto último, el plazo relativo a los trámites burocráticos de rigor, como lo son, los trámites y términos a que están sujetos los funcionarios para dar cuenta con las promociones que se les turnan. Por lo tanto, el retardo por el trámite propio que se le debe dar a un escrito no tiene relevancia jurídica para conceder la protección constitucional, dado que el derecho que consagra el precepto en comento, consiste en que a toda petición hecha a la autoridad por escrito y de manera pacífica y respetuosa, recaiga en breve término el acuerdo respectivo, lo cual supone que la autoridad esté en aptitud física de poder emitir el acuerdo o resolución que proceda. Además, el derecho fundamental consagrado en favor de los particulares en el precepto de referencia no implica que en una sola resolución se decida en definitiva sobre lo pedido, pues si para ello se requiere de un trámite especial, éste debe de cubrirse previamente a resolver en definitiva la petición formulada por el particular. De los numerales transcritos, se advierte la forma en que se debe desarrollar la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas dentro del juicio laboral, en la que, en primer orden, se le dará la oportunidad a las partes de ofrecer pruebas de su intención y, en su caso, objetar las de su contraparte, luego, de estimarlo conveniente las partes podrán ofrecer nuevas pruebas que se relacionen con las aportadas por su contraria y las objeciones que se hubieran realizados respecto de las suyas; hecho lo cual, la junta podrá resolver en el acto respecto a la admisión o desechamiento de las probanzas, o bien, reservarse el acuerdo relativo para proveer lo conducente dentro de los cinco días siguientes. Asimismo, se desprende que en el mismo acuerdo en que se admitan las pruebas, se señalará día y hora para la celebración de la audiencia de desahogo de pruebas, que deberá efectuarse dentro de los diez días hábiles siguientes, y ordenará, en su caso, se giren los oficios necesarios para recabar los informes o copias que deba expedir alguna autoridad o exhibir persona ajena al juicio y que haya solicitado el oferente, con los apercibimientos señalados en esta Ley; y dictará las medidas que sean necesarias, a fin de que el día de la audiencia se puedan desahogar todas las pruebas que se hayan admitido. Sin embargo, cuando por la naturaleza de las pruebas admitidas, la Junta considere que no es posible desahogarlas en una sola audiencia, en el mismo acuerdo señalará los días y horas en que deberán desahogarse, aunque no guarden el orden en que fueron ofrecidas, procurando se reciban primero las del actor y después las del demandado; y, que dicho período no deberá exceder de treinta días. De lo anterior, se advierte que corresponde a la junta responsable calificar las pruebas ofrecidas por las partes, desechando o admitiendo las mismas y procurar la celeridad del desahogo de las mismas, a fin de que no queden inactivos los procedimientos. En ese sentido, de la lectura de la demanda, se advierte en forma patente y absolutamente clara [manifiesto] que el quejoso señala [1] que es parte actora en el juicio laboral 465/2/2019, [2] que el juicio se encuentra en trámite; [3] que el diecinueve de agosto de dos mil veintiuno, se llevó a cabo la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas, otorgándoles a las partes un término de tres días para realizar objeciones de las pruebas admitidas en autos; [4] que con motivo de la audiencia celebrada, la autoridad infringe en lo dispuesto en los artículos 880 y 883 de la Ley Federal del Trabajo, pues, a la fecha de presentación de su demanda de amparo, no se había hecho el pronunciamiento respectivo a las admisión o desechamiento de los medios probatorios ofrecidos por las parte. Bajo ese contexto, se tiene la certeza y plena convicción [indudable] de que la causa de improcedencia de que se trata efectivamente se actualiza en el caso concreto, porque la improcedencia del acto reclamado es incuestionable desde este momento procesal; esto es, es innecesario recabar constancias para obtener mayor información a la que actualmente se tiene, pues es patente que los actos citados con antelación de los que la parte promovente se duele en esta vía constitucional, únicamente producen efectos intraprocesales; por tanto, no son actos de imposible reparación susceptibles de combatirse a través del juicio de amparo indirecto, al tratarse el agravio de la parte quejosa, de aspectos vinculados a dilaciones presuntamente excesivas de la Junta al no resolver sobre la admisión o desechamiento de las pruebas ofrecidas por las partes, es claro, que la autoridad responsable se encuentra dentro de los de cuarenta y cinco días naturales, contados a partir de la celebración de la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas. Por tanto, si al presentarse la demanda de amparo con fecha veinticuatro de septiembre de dos mil veintiuno, es claro, que la autoridad responsable se encuentra dentro de los de cuarenta y cinco días naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyó la celebración de la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas, para pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivos. En estas consideraciones, se tiene que resulta innecesario recabar constancias para obtener mayor información a la que actualmente se tiene, pues es patente que los actos citados con antelación de los que la parte promovente se duele en esta vía constitucional, únicamente producen efectos intraprocesales; por tanto, no son actos de imposible reparación susceptibles de combatirse a través del juicio de amparo indirecto, al tener en cuenta que la fecha límite de la Junta responsable para pronunciarse sobre la admisión o desechamiento de las pruebas correspondientes es el seis de octubre de dos mil veintiuno y la demanda de este juicio de amparo se presentó en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito el veinticuatro de septiembre de dos mil veintiuno, esto es, tan solo treinta y tres días después, por tanto, es evidente que no ha transcurrido aún el término de cuarenta y cinco días naturales, en que racionalmente debieron pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivos, si se toma en cuenta que es precisamente ese periodo el máximo que el artículo 772 de la Ley Federal del Trabajo tolera para que el juicio permanezca inmóvil, cuando sea necesaria alguna promoción del trabajador. De ese modo, este juzgado considera se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V, de la Ley de Amparo, así como con el artículo 8 constitucional, por lo que se impone desechar la demanda de amparo, con fundamento en el artículo 113, de la ley de la materia. Domicilio procesal e intervención de autorizados. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el señalado en la demanda de amparo, en el entendido que de no existir, encontrarse deshabitado o manifestar quien lo ocupe que no conoce a los promoventes o sus autorizados, se practicarán las notificaciones, aún las de carácter personal, por lista de acuerdos que al efecto se publique en los estrados de este Juzgado, lo anterior con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo. Asimismo, se tiene[n] como autorizado[s] en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, al [los] licenciado[s] Carlos Ivanhoe Larrion Alejo y Brenda Medina Sánchez; así como autorizados en términos del segundo párrafo del citado ordenamiento legal, a los diversos profesionistas que indica, en virtud de no contar con cédula debidamente registrada en el Registro Nacional de Profesionistas de la Secretaría de Acceso al expediente electrónico. Con fundamento en los artículos 35 y 36 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, se autoriza la consulta del expediente vía electrónica con el[los] usuario[s] que indica. Habilitación de días y horas inhábiles. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, con apoyo en el artículo 21 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, para el caso de que en el presente sumario deban realizarse notificaciones personales a cualesquiera que intervenga en él, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el Actuario Judicial de la adscripción pueda efectuar tales diligencias. Se autoriza uso de cámaras fotográficas, grabadoras o lectores ópticos y copias. Con fundamento en la circular 12/2009 del Consejo de la Judicatura Federal, se faculta a las partes y a sus autorizados para que, previa solicitud a la Secretaria encargada de este expediente, se impongan de sus actuaciones mediante el uso de cámaras fotográficas, grabadoras o lectores ópticos, debiendo recabarse constancia de cada consulta realizada en esos términos. Con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, desde este momento se autoriza la expedición de copias en el presente expediente, previa solicitud verbal que para el efecto se haga a la Secretaria encargada del trámite quién legalmente se encuentre facultado para ello. Información pública. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 3 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se comunica a las partes que toda la información generada en el presente juicio, es pública, accesible a cualquier persona y sólo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada en forma temporal por razones de interés público y seguridad nacional o bien, como confidencial; asimismo, hágase del conocimiento de aquéllas el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, en el entendido de que la falta de oposición expresa conlleva su consentimiento para que la sentencia respectiva se divulgue sin supresión de identificativos. Finalmente, se hace del conocimiento de las partes que la presente determinación se adopta así, con fundamento en la ampliación de plazos procesales a que se refiere el artículo 2, fracciones III, IV, V y VIII, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. Notifíquese en términos de ley. Así lo acordó y firma la Secretaria del Juzgado Decimotercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas, licenciada Juana Lugo Coronado, Secretaria en funciones de Jueza, en términos del artículo 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de mayo de mil novecientos noventa y cinco, en relación con el artículo 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, autorizada expresamente para ello en sesión de nueve de agosto de dos mil veintiuno, por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, comunicado mediante oficio CCJ/ST/2792/2021, de la misma fecha, ante el [la] Secretari@Sara Judith Gudiño Martínez, que autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE TERCERA INTERESADA IRMA FERNÁNDEZ CÁRDENAS, CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 27, FRACCIÓN PRIMERA INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO, SÍNTESIS DEL AUTO DE VEINTIDÓS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, EL CUAL ORDENA CORRER TRASLADO CON COPIA DE LAS CONSTANCIAS QUE EN ÉL SE INDICAN. Agréguese a las presentes actuaciones para que surta[n] los efectos legales correspondientes, por encontrarse ajustado al artículo 3° de la Ley de Amparo, el [los] documento[s] de cuenta, a través del [de los] cual[es] se informa sobre el cumplimiento dado a la sentencia constitucional dictada en el presente juicio. En tales condiciones, con fundamento en lo dispuesto en el párrafo primero, del artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista al quejoso; y, en su caso al tercero interesado con el [los] documento[s] de cuenta y anexo[s], para que dentro del término de tres días, contados a partir de que queden debidamente notificadas del presente proveído, manifiesten lo que a su interés legal convenga, corriéndoles al efecto traslado con copia simple del mismo. Apercibidas que de no desahogar la vista que se les da dentro del término que se les concede, se acordará lo relativo en torno a dicho cumplimiento, tomando en consideración las constancias que integran el presente expediente.

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