José René Vera

Expediente 1629/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 9 actuaciones registradas, la última del 13 de octubre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1629/2022
Año
2022
Actuaciones
9
Última actuación
13/10/2023

Partes del expediente

  • José René Vera

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, trece de octubre de dos mil veintitrés. Téngase por recibido y agréguese a los presentes autos el oficio remitido por el Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimocuarto Circuito, al que adjunta el original del expediente 1629/2022, del índice de este Juzgado Federal, junto con la copia certificada de la resolución pronunciada en el toca 319/2022, relativo al recurso de revisión interpuesto por José René Vera, por conducto de su defensor particular Ángel Lázaro González Magaña, contra la sentencia de quince de agosto de dos mil veintidós, emitida en este juicio de amparo; ejecutoria de cuyo primer punto resolutivo se advierte que la Superioridad confirmó la sentencia recurrida y en el segundo, declaró que la Justicia de la Unión no ampara ni protege al directo quejoso, respecto al acto reclamado del Juez Primero de Control del Segundo Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado. Por ende, acúsese recibo correspondiente. Atento a lo anterior, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto definitivamente concluido. Conforme al artículo 17, fracción III, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el siete de junio de dos mil veintitrés, se declara que el presente asunto es susceptible de conservación, el cual será transferido una vez que transcurra el plazo de tres años, contados a partir de esta fecha. Por otro lado, se hace notar que no se tramitó incidente de suspensión y no cuenta con documento original susceptible de devolución a las partes. En términos del artículo 25 del propio Acuerdo, las constancias que integran el citado expediente deberán estar digitalizadas de conformidad con el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Finalmente, de conformidad con lo establecido en el artículo 34 del Acuerdo antes citado, realícese la anotación en la carátula del presente expediente, en el sentido de que este asunto es conservable. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Miguel Ángel Sosa Calderón, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, diecinueve de septiembre de dos mil veintidós. Agréguese a los presentes autos el oficio remitido vía interconexión, con evidencia criptográfica, por el Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con el que acusa recibo del original del expediente en que se actúa, así como del original y copia del escrito de expresión de agravios, mismos que le fueran enviados por este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado, con motivo del recurso de revisión interpuesto por la parte quejosa, contra la sentencia de quince de agosto anterior, dictada en este juicio de amparo 1629/2022; asimismo, informa que se admitió el citado recurso, quedando registrado con el número de toca 319/2022. De lo que esta Juzgadora Federal toma conocimiento, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, asistida de Miguel Ángel Sosa Calderón, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, veintitrés de agosto de dos mil veintidós. Agréguese a los presentes autos el escrito signado por Ángel Lázaro González Magaña, defensor particular del quejoso José René Vera, con el que interpone recurso de revisión en contra de la sentencia de quince de agosto del año en curso. En consecuencia, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e), 84, 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo, distribúyanse las copias del escrito de expresión de agravios entre las partes; y hecho que sea, dentro del término de tres días contados a partir del día siguiente al que se integre debidamente el expediente, remítase el original de tal escrito y la copia que corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación, junto con este expediente en que se provee, al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa en turno del Decimocuarto Circuito, con residencia en esta ciudad. Notifíquese.

  4. Principal

    Audiencia constitucional. Apertura. En la ciudad de Mérida, Yucatán, siendo las diez horas con siete minutos del quince de agosto de dos mil veintidós, estando en audiencia pública Pablo Pérez Pacheco, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, encargado del despacho por vacaciones de la titular, asistido de Miguel Ángel Sosa Calderón, Secretario de Juzgado con quien actúa, se procede al desahogo de la audiencia constitucional a que se refiere el artículo 124 de la Ley de Amparo dentro del juicio de amparo indirecto 1629/2022, promovido por José René Vera, por conducto de su defensor particular Ángel Lázaro González Magaña, contra un acto del Juez Primero de Control del Segundo Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado de Yucatán, con sede en Kanasín; haciéndose constar que no comparecieron las partes en forma personal ni por conducto de representante o apoderado. Relación de constancias. A continuación, el Secretario encargado del despacho ordena a la Secretaría hacer una relación de las constancias de autos, por lo que se dio cuenta con las siguientes: a) Demanda de amparo; b) Auto admisorio de la demanda; c) Constancia de notificación a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado; y, d) Proveído mediante el cual se tuvo por rendido el informe justificado de la autoridad responsable y se dio vista a las partes para que expresaran lo que a sus derechos conviniera. Acto seguido, el Secretario encargado del despacho acuerda: Con fundamento en los artículos 117, 119 y 124 de la Ley de Amparo, se tiene por hecha la relación de las constancias que integran el juicio de control constitucional y convencional, incluyendo el informe justificado rendido por la autoridad responsable. Período probatorio. Con vista en lo anterior, se procede a abrir el período probatorio, por lo que el Secretario procede a dar cuenta con la documental exhibida por el Juez responsable. Atento a lo antes señalado, el Secretario encargado del despacho acuerda: Téngase por ofrecida la prueba con la que dio cuenta la Secretaría, la cual conforme al artículo 119 de la Ley de Amparo, se admite y desahoga para los efectos legales, atento a su propia y especial naturaleza jurídica; cerrándose la etapa probatoria. Período de alegatos. Enseguida se abre el período de alegatos, por lo que el Secretario de Juzgado da cuenta con las manifestaciones vertidas por la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita. A lo que el Secretario encargado del despacho acuerda: Con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen por vertidas las alegaciones de cuenta; con lo que se tiene por agotada esta fase de la audiencia. Cierre de la audiencia. A continuación, el Secretario encargado del despacho procede a declarar que por virtud de haberse agotado la audiencia en los términos señalados, no habiendo otro asunto pendiente de desahogo, quedan vistos los autos para dictar la sentencia correspondiente. Doy fe. Vistos, para resolver los autos del juicio de amparo 1629/2022; y, ANTECEDENTES PRIMERO. Demanda de amparo. José René Vera, por conducto de defensor particular Ángel Lázaro González Magaña, demandó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra un acto del Juez Primero de Control del Segundo Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado de Yucatán, con sede en Kanasín, que hizo consistir en la determinación de veintinueve de junio de dos mil veintidós, emitida en el expedientillo 99/2022, en la que declaró concluida la intervención judicial requerida en relación con la carpeta de investigación UNATD23-GN/2914/20. La parte quejosa señaló como vulnerados, los derechos fundamentales reconocidos en los artículos 14, 16 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, narró los antecedentes del caso y expuso los conceptos de violación que consideró pertinentes. SEGUNDO. Trámite del juicio. Por auto de cuatro de julio de dos mil veintidós, se admitió la demanda a trámite; se solicitó el informe justificado a la autoridad responsable; se otorgó a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, la intervención que legalmente le compete; y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS PRIMERO. Competencia legal. Este Juzgador Federal es legalmente competente para conocer y resolver el presente asunto, de conformidad con lo establecido por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, Constitucionales; 107 de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y el Acuerdo General 3/2013, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; por tratarse de una demanda de amparo en materia penal, turnada a este órgano de control constitucional, promovida contra el acto de una autoridad que reside dentro de la circunscripción territorial en que este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Por cuestión de orden y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar el acto reclamado que deriva del análisis integral de las constancias de autos, con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa. Pues bien, se puntualiza que del examen integral de las constancias de autos, se obtiene el siguiente acto reclamado: ° La determinación de veintinueve de junio de dos mil veintidós, emitida en el expedientillo 99/2022, en la que declaró concluida la intervención judicial requerida en relación con la carpeta de investigación UNATD23-GN/2914/20. TERCERO. Existencia del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado al Juez Primero de Control del Segundo Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado de Yucatán, con sede en Kanasín, porque al rendir su informe justificado, aceptó su certeza y expuso argumentos para defender su constitucionalidad. Certeza que se corrobora con las constancias relativas al expedientillo natural, mismas que fueron remitidas en copia certificada por el Juez responsable. Instrumento al cual se concede valor probatorio pleno, por haberse expedido por un funcionario público en ejercicio de sus funciones y en términos de los numerales 93, 129, 188, 197, 202 y 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia. Es aplicable al caso, la tesis de jurisprudencia 226, visible en la página 153, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo el rubro y tenor siguientes: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." CUARTO. Estudio de los conceptos de violación. No existiendo causa de improcedencia que hagan valer las partes, ni advirtiéndose de oficio alguna, se procede al análisis de los conceptos de violación formulados por la parte quejosa en su escrito de demanda de amparo, mismos que por economía procesal se tienen por reproducidos como si a la letra se insertaran, al no encontrarse esta Resolutora Federal obligada a la transcripción de los mismos. Ahora bien, a fin de otorgar mayor claridad a la presente resolución, y estar en aptitud de dar cabal contestación al concepto de violación esgrimido por la parte quejosa, se estima necesario reseñar el preámbulo del acto reclamado, el cual se obtiene de las constancias que remitió el Juez responsable. Así, ante el titular de la Unidad de Investigación y Litigación del Ministerio Público, con residencia en Kanasín, Yucatán, se integra la carpeta de investigación UNATD23-GN/2914/20. En la misma, Ángel Lázaro González Magaña, defensor particular del imputado, mediante escrito presentado el nueve de junio de dos mil veintidós, solicitó al Fiscal Investigador se pronunciara sobre las diligencias que hacían falta por desahogar en la indicada carpeta y el tiempo que ello le llevaría, o en su caso, emitiera la determinación correspondiente en la misma, respecto a la forma de terminación de la investigación. Ante la omisión de dar respuesta a su petición, el citado González Magaña interpuso el recurso innominado a que se refiere el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en contra de la omisión del Fiscal Investigador de proveer respecto del escrito de nueve de junio de dos mil veintidós. En auto de veintinueve de junio de dos mil veintidós, el Juez de Control registró el expediente con el número de expedientillo 99/2022, declarando en ese propio proveído, el archivo de ese asunto, como totalmente concluido, al estimar que el promovente, en su calidad de defensor particular del imputado, carece de legitimación para interponer el recurso de marras, ya que ello es exclusivo de la víctima u ofendido. Sentado lo anterior, debe decirse que en su demanda de amparo, la parte quejosa aduce, como único concepto de violación, que la determinación impugnada, en la que se concluyó la intervención judicial instada en relación a una omisión atribuida al Ministerio Público, vulnera sus derechos humanos, pues el recurso a que hace alusión el numeral 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, no solamente puede ser interpuesto por la víctima u ofendido, sino también por el imputado, partiendo de una interpretación analógica del contenido de ese arábigo, así como en atención a los principios de publicidad, oralidad, inmediación, concentración, contradicción y continuidad del proceso penal acusatorio y oral. Ahora bien, una vez sentado lo anterior, debe decirse que resultan infundados los motivos de inconformidad esgrimidos por la parte quejosa, aún suplidos en su deficiencia, como se verá a continuación. En principio, se estima pertinente indicar que en el recurso innominado previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se establece lo siguiente: "Artículo 258. Notificaciones y control judicial Las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal deberán ser notificadas a la víctima u ofendido quienes las podrán impugnar ante el Juez de control dentro de los diez días posteriores a que sean notificadas de dicha resolución. En estos casos, el Juez de control convocará a una audiencia para decidir en definitiva, citando al efecto a la víctima u ofendido, al Ministerio Público y, en su caso, al imputado y a su Defensor. En caso de que la víctima, el ofendido o sus representantes legales no comparezcan a la audiencia a pesar de haber sido debidamente citados, el Juez de control declarará sin materia la impugnación. La resolución que el Juez de control dicte en estos casos no admitirá recurso alguno." De lo anterior, se advierte que las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal, deberán ser notificadas a la víctima u ofendido quienes las podrán impugnar ante el Juez de Control dentro de los diez días posteriores a que sean notificadas de dicha resolución. En esa virtud, es notorio que el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, respecto a los sujetos legitimados para interponer el medio de impugnación que prevé, señala únicamente a la víctima u ofendido, por lo que, ante su redacción restrictiva, el imputado o quien se ostente con tal carácter no está legitimado para impugnar ante el Juez de Control las actuaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad, el no ejercicio de la acción penal o sus omisiones que tengan como efecto paralizar, suspender o terminar una investigación. En ese sentido, se reitera, es claro que el imputado o quien se ostente con tal carácter, no cuenta con legitimación para promover ese recurso, precisamente porque el legislador fue claro al prever que solamente sería la víctima u ofendido quienes pueden interponer ese medio de impugnación. Esto es así, porque el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales se conceptualiza como una forma de garantizar el derecho de acceso a la justicia de la víctima u ofendido, por dos razones: a) Porque dicho artículo emerge dentro del nuevo paradigma del sistema acusatorio penal, cuya reforma debe asociarse a la diversa en materia de derechos humanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de junio de dos mil once, con el fin de armonizar un sistema en el cual, entre otras cuestiones, se priorice la protección de los derechos de la víctima u ofendido, asignándole un papel preponderante dentro del proceso penal; y, b) Porque de una interpretación teleológica del artículo en estudio, se advierte que las determinaciones impugnables en términos del referido artículo 258, son aquellas que afectan principalmente a la víctima u ofendido, atendiéndose a su papel activo dentro del proceso. En ese contexto, si en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales se indica en forma clara y precisa que la interposición del recurso innominado a que se refiere, únicamente corresponde interponerlo a la víctima u ofendido, no ha lugar a hacer mayor interpretación, porque ése fue el espíritu del legislador. Por tanto, es notorio que el recurso interpuesto por el imputado, deviene notoriamente improcedente, como acertadamente expuso el Juez de Control responsable, precisamente porque el numeral 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales únicamente prevé su interposición por parte de la víctima u ofendido. Lo anterior, tal y como lo determinó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia por contradicción de tesis visible en la página 1841, del Libro 5, Septiembre de 2021, de la Undécima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra dispone: "MEDIO DE DEFENSA INNOMINADO PREVISTO POR EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. EL INCULPADO O QUIEN SE OSTENTE COMO TAL, NO ESTÁ OBLIGADO A INTERPONERLO, PREVIAMENTE A PROMOVER JUICIO DE AMPARO. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes sostuvieron criterios distintos al determinar si era necesario que el imputado o quien se ostentara como tal, agotara el medio de defensa ordinario previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, previamente a promover el juicio de amparo, ello con el objeto de cumplir con el principio de definitividad, o bien, si sólo resulta exigible su interposición para el ofendido o víctima de algún delito. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que, atendiendo al espíritu del legislador federal en la creación del recurso innominado a que se refiere el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y ante la redacción restrictiva del mismo, en el que sólo se señala a la víctima u ofendido del delito; debe prevalecer como criterio que el inculpado o quien se ostente como tal no está obligado a interponerlo, previamente a promover el juicio de amparo. Justificación: Ello, porque el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales se conceptualiza como una forma de garantizar el derecho de acceso a la justicia de la víctima u ofendido; por dos razones: primero, porque dicho artículo emerge dentro del nuevo paradigma del sistema acusatorio penal, cuya reforma debe asociarse a la diversa en materia de derechos humanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de junio de dos mil once, con el fin de armonizar un sistema en el cual, entre otras cuestiones, se priorice la protección de los derechos de la víctima u ofendido, asignándole un papel preponderante dentro del proceso penal; y, segundo, porque de una interpretación teleológica del artículo en estudio, se advierte que las determinaciones impugnables en términos del referido artículo 258, son aquellas que afectan principalmente a la víctima u ofendido, atendiéndose a su papel activo dentro del proceso. Además, porque conforme al principio de definitividad, se exige a la parte quejosa que previo a la interposición del juicio, agote los recursos contemplados en la ley, mediante los cuales se pueda modificar, revocar o nulificar el acto impugnado, porque de no hacerlo así, se podría declarar su improcedencia, con base en las causales previstas en el artículo 61 de la Ley de Amparo; sin embargo, esa improcedencia debe ser manifiesta e indudable, esto es, el juzgador no debe acudir a mayor interpretación, sino que se debe advertir claramente de la ley, o del análisis de las constancias que se estimen conducentes. En ese contexto, si en el artículo multicitado se precisa en forma clara que la interposición del recurso innominado a que se refiere, únicamente corresponde interponerlo a la víctima u ofendido, no ha lugar a hacer mayor interpretación, porque ése fue el espíritu del legislador y de otra forma no se estaría dando cumplimiento a lo señalado en el artículo 133 de la Ley de Amparo, porque la causa de improcedencia no sería notoria ni manifiesta." Sin que con ello se vede el derecho de acceso a la justicia de la parte quejosa, precisamente porque, en relación a la abstención de integrar la carpeta de investigación por parte del Ministerio Público, en su calidad de imputado, se encuentra facultado a promover el juicio de amparo indirecto, sin necesidad de agotar el precitado recurso innominado, precisamente porque, como se determinó en la jurisprudencia antes aludida, condicionarlo a ello representaría imponerle una exigencia excesiva y carente de razonabilidad, al no estar autorizado por el texto expreso de la ley para interponer dicho medio ordinario de defensa. En consecuencia, ante lo infundado de los motivos de inconformidad esgrimidos por la parte quejosa, lo procedente es negarle el amparo y la protección de la Justicia de la Unión, contra el acto que reclamó del Juez de Control responsable, por los motivos expresados a lo largo de esta sentencia. Por lo expuesto y fundado, esta Juzgadora, RESUELVE ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a José René Vera, por conducto de su defensor particular Ángel Lázaro González Magaña, contra el acto que reclamó del Jueza Primero de Control del Segundo Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado de Yucatán, con sede en Kanasín; precisado en el considerando segundo de esta sentencia, y por los motivos indicados en el último subsecuente. Notifíquese por lista. Así lo resolvió y firma Pablo Pérez Pacheco, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, encargado del despacho por vacaciones de la titular, en términos de los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por autorización otorgada en sesión de veinte de junio de dos mil veintidós, por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, comunicada en oficio CCJ/ST/2742/2022, suscrito por la Secretaria Técnica de Comisión Permanente de la Comisión de Carrera Judicial del propio Consejo, asistido de Miguel Ángel Sosa Calderón, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.

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