Jose Remigio Caamal Baas
Expediente 93/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 4 actuaciones registradas, la última del 21 de febrero de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 93/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 21/02/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Jose Remigio Caamal Baas
Actuaciones
- Principal
IV.- Vista la certificación que antecede, y toda vez que ha transcurrido el término que señala el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera interpuesto el recurso de queja en contra del acuerdo de veinticuatro de enero de dos mil diecinueve, pronunciado en este juicio de garantías; con apoyo en los artículos 355, 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2 de la invocada Ley, se declara que el expresado acuerdo en que se desechó la demanda de amparo, HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos legales correspondientes; por tanto, hágase las anotaciones en el libro respectivo y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de la Materia, archívese el presente juicio como asunto concluido. Por otra parte, de conformidad con lo establecido en el Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expediente generados en los Juzgados de Distrito, se determina que en virtud de que se desechó la demanda de garantías; por ende, no se tramitó el incidente de suspensión y se encuentra dentro de la hipótesis establecida en la fracción I del punto vigésimo primero del citado acuerdo general, por lo que ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN; lo que podrá hacerse una vez transcurridos los cinco años a que se refiere la parte final del primer párrafo del punto vigésimo primero del acuerdo antes citado. En cumplimiento al punto Décimo primero del Capítulo Tercero del citado Acuerdo General Conjunto, realícese la anotación correspondiente en la carátula del presente expediente, en el sentido de que el presente juicio no tiene relevancia documental, debiendo indicarse la fecha en la que se ordena el archivo de este juicio. Finalmente, en cuanto al valor jurídico del presente expediente, indíquese que se estima que carece de él. Notifíquese. Así lo acordó y firma Ricardo Alfonso Morcillo Moguel, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Maricarmen Zermeño Ocampo, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe.
- Principal
IV. Visto lo informado por la Secretaria en la cuenta que antecede, en el sentido de que el Actuario de la adscripción, no logró notificar al quejoso José Remigio Caamal Baas, el acuerdo de veinticuatro de enero del año en curso, en virtud de que no le fue posible localizar la calle ocho, letra "C", por sesenta y cinco, letra "D", de la colonia Francisco Villa Oriente, en esta ciudad, localizando la calle ocho, pero no con la letra "C", ya que la calle ocho, hacía el norte se vuelve calle doce y hacía la izquierda, las calles suben a la calle catorce y hacia la derecha la calle dieciséis; siendo que al entrevistarse con diversos vecinos de la zona, sin que pudieran darle razón de la calle buscada; motivo por el cual se retiró sin haber realizado la diligencia encomendada. En mérito de lo anterior, atenta la imposibilidad de este órgano jurisdiccional para notificarle al citado quejoso, el acuerdo de veinticuatro de enero de dos mil diecinueve, con fundamento en la fracción III, inciso a), del artículo 27 de la Ley de Amparo, hágase la notificación de veinticuatro de enero del año en curso y de este proveído, así como las subsecuentes notificaciones, incluso las que deban ser personales, por medio de lista que se fije en los estrados de este Juzgado. Notifíquese. Así lo acordó y firma Ricardo Alfonso Morcillo Moguel, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Maricarmen Zermeño Ocampo, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe.
- Principal
IV. Agréguese a los autos la razón de fecha veintiocho de enero del año en curso, levantada por el Actuario de la adscripción en la que asentó el motivo por el que no le fue posible emplazar a juicio al quejoso ********************, esto es, que al constituirse en el fraccionamiento "Las Palmas", tratando de ubicar el lote 319, Manzana 19, Casa 4, no localizó la calle veinte "C", advirtiendo, la calle diecisiete, letra "A", con cruzamientos con las calles ocho, letra "D" y las diversas ocho, letra "E", ocho, letra "F" y ocho letra "G", y al entrevistar a diversos vecinos de dicho fraccionamiento no pudo ubicar la calle veinte, letra "C", motivo por el cual no pudo realizar la diligencia encomendada. Ahora bien, de una revisión de autos se advierte un diverso domicilio del quejoso ********************, el cual, es el ubicado en el predio doscientos ochenta y seis, de la calle ocho, letra "C", por sesenta y cinco, letra "D", de la colonia Francisco Villa Oriente, Código Postal 97370, de Kanasín, Yucatán, por tanto, comisiónese nuevamente al Actuario de la adscripción, en turno, para que se constituya en el domicilio referido, y haga saber a la parte quejosa el contenido del acuerdo de veinticuatro de enero del año en curso, para los efectos legales a los que haya lugar.
- Principal
IV. Vista la demanda de amparo promovida por JOSÉ REMIGIO CAAMAL BAAS, contra actos que reclama del Juez Segundo de Distrito en el Estado, con sede en esta ciudad y Actuaria de su adscripción. Regístrese la demanda en el libro de gobierno de este Juzgado bajo el número que le corresponda. De una revisión de la demanda de mérito, se procede a proveer en relación con la misma, por lo que, con fundamento en el numeral 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de mérito, por encontrarse motivos manifiestos e indudables de improcedencia. Previo a exponer los motivos que sustentan esta determinación, conviene tener presente que las aseveraciones que sostiene la parte quejosa en su demanda de amparo, revisten el carácter de una confesión, ya que tienen el valor de una prueba plena de ese hecho, en términos de los numerales 95 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia y del diverso 199, ibídem, que determina: "La confesión expresa hará prueba plena cuando concurran en ella las circunstancias siguientes: I. Que sea hecha por persona capacitada para obligarse; II. Que sea hecha con pleno conocimiento, y sin coacción ni violencia; y, III. Que sea de hecho propio o, en su caso, del representante o del cedente, y concerniente al negocio." De manera que la parte quejosa reclama del Juez Segundo de Distrito en el Estado, la resolución dictada en el Juicio Ejecutivo Mercantil número 131/2013 el veintiuno de noviembre de dos mil dieciocho, en la cual se decretó el remate en pública subasta y primera almoneda sobre el bien inmueble número doscientos ochenta y seis, de la calle doce de la Colonia Francisco Villa oriente de la localidad de Kanasín, Yucatán, con folio electrónico del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán 177726. En el caso, este Juzgador Federal advierte que, respecto del precitado acto reclamado, se actualiza la causal de improcedencia revista en el artículo 61, fracción XXIII, relacionada con el artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, aplicado en sentido contrario, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: .XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: .IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior." Conforme a la transcripción que antecede, y de conformidad con lo dispuesto en la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo, el juicio de garantías procede contra la última resolución dictada en el procedimiento de remate. El dispositivo legal en cita, regula la procedencia de la acción constitucional contra los actos dictados fuera de juicio o después de concluido, para lo cual distingue los siguientes supuestos: 1. Un supuesto general referido a los actos realizados fuera de juicio o después de concluido. 2. Actos específicos, consistentes en: a) Actos en ejecución de sentencia. En este caso, el juicio de amparo biinstancial únicamente procede contra la resolución que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o la que ordena el archivo definitivo del expediente, a través del cual, en los conceptos de violación pueden reclamarse las violaciones cometidas durante esta fase; y, b) Actos de remate. La acción constitucional sólo podrá reclamarse contra la resolución que ordena de manera definitiva el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, donde también podrán combatirse las violaciones que se hubieran cometido durante este procedimiento. El contenido del referido artículo es el mismo de la ley abrogada, siendo que lo único que realizó el legislador, fue precisar lo que debe entenderse por la última resolución en la etapa de ejecución y, en el caso de remate, ya no le dio esa calidad a la resolución que lo aprueba o desaprueba, pues ahora la confirió a la que ordena de manera definitiva el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados. Con esto se pretende evitar el abuso del juicio de amparo en esta fase y el entorpecimiento del cumplimiento de las determinaciones emitidas por las autoridades competentes, trasladando el supuesto de procedencia hasta la resolución que el legislador consideró, constituye la última en la ejecución de las mismas. Lo anterior, en virtud de que el remate está referido a un procedimiento específico, cuya finalidad es la obtención de dinero que de manera directa e inmediata constituye la satisfacción de la obligación prevista por la autoridad, por regla general de dar una cantidad de dinero, que la parte deudora no cubrió voluntariamente. Ahora bien, en el caso a estudio, la parte quejosa impugna la determinación de veintiuno de noviembre de dos mil dieciocho, emitida en el Juicio Ejecutivo Mercantil 131/2013, en la que se decretó el remate y primera almoneda del bien embargado en dicho controvertido. Como puede advertirse con meridiana claridad, dicha determinación no constituye la última resolución en el procedimiento de remate, entendiéndose por ésta la que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados; siendo que se trata de una mera determinación de índole procesal, que no trastoca derechos sustantivos de la parte quejosa, en la medida que sencillamente decreta el remate de los bienes embargados y señala fecha y hora para su desahogo. Siendo que, en su caso, de existir alguna violación procesal en dicho procedimiento, podrá alegarla en el juicio de amparo que promueva contra la última resolución emitida en el procedimiento de remate, acorde a lo preceptuado por el numeral 107, fracción IV, de la Ley de Amparo. Es dable citar al caso, la tesis visible en la página 774, del Tomo VII, Abril de 1998, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dispone: "REMATE, AMPARO CONTRA EL AUTO QUE APRUEBA O DESAPRUEBA EL. NO PUEDEN ALEGARSE VIOLACIONES COMETIDAS EN EL PROCEDIMIENTO DEL JUICIO NATURAL. Conforme al artículo 114, fracción III, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, tratándose de remates procede el amparo indirecto sólo contra la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. Por tanto, como en el caso se reclama la resolución de segunda instancia que confirma la del Juez de primer grado y aprueba el remate, la parte quejosa sólo puede alegar violaciones cometidas durante el procedimiento de remate, desde la orden de llevarlo a efecto, mediante la publicación de las convocatorias o edictos correspondientes, designación de peritos valuadores, etcétera, pero en ningún caso violaciones cometidas en procedimientos previos ni durante la sustanciación del juicio natural." En esas condiciones es dable concluir, que la determinación en la que se decretó el remate del bien embargado en dicho controvertido y se fijó fecha y hora para que el mismo tuviera verificativo, no constituye la última resolución dictada en el procedimiento de remate, pues no se trata de aquella que ordena otorgar la escritura, ni la que ordena entregar la posesión de los bienes rematados. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis visible en la página 1262, del Tomo X, Octubre de 1999, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: "DEMANDA DE AMPARO. SU DESECHAMIENTO POR RECLAMARSE ACTOS QUE NO CONSTITUYEN LA ÚLTIMA RESOLUCIÓN DICTADA EN EL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN. Procede el desechamiento de la demanda de amparo cuando se reclama el señalamiento de la fecha para la celebración de la audiencia de remate en segunda almoneda, pues sólo podrá promoverse el juicio de garantías contra la resolución definitiva en que se apruebe o se desapruebe aquél, contra la cual será procedente el juicio de amparo indirecto, en términos del artículo 114, fracción III de la Ley de Amparo, pudiendo reclamarse en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante el procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso, como pudiera ser el citado señalamiento de audiencia." Así como, por identidad de razón, la jurisprudencia sustentada por el Pleno (sic) en Materia Civil del Primer Circuito, Décima Época, Fuente Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 10, Septiembre de 2014, Tomo II, Página: 1738, que señala: "REMATE. LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA IMPUGNABLE EN AMPARO INDIRECTO, ES LA QUE ORDENA OTORGAR LA ESCRITURA DE ADJUDICACIÓN Y ENTREGAR LA POSESIÓN DE LOS INMUEBLES REMATADOS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Conforme a la interpretación gramatical del artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de remate, impugnable a través del juicio de amparo indirecto, es la que en forma definitiva ordena otorgar la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, pudiendo combatir en la demanda correspondiente, las demás violaciones cometidas durante esa fase, ya que la intención del legislador fue evitar que se obstaculizara la ejecución de las sentencias que constituyen cosa juzgada, mediante el abuso del ejercicio de la acción constitucional, lo cual se logra prolongando la impugnación hasta la emisión de esos actos en un solo acuerdo o por separado, porque de los artículos 494, 495 y 496 del Código Federal de Procedimientos Civiles, y 507, 581, 589 y 590 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, se advierte que aun cuando el remate de bienes embargados o hipotecados, se integra por varios procedimientos, el cumplimiento de la obligación de pago consignado en la sentencia, se colma con la orden específica y directa de otorgar la escritura pública y la entrega de la posesión de los bienes rematados; de modo que, será hasta que se decreten ambas determinaciones coetánea o no cuando se esté ante la última resolución pronunciada en dicho procedimiento de ejecución, y resulta procedente entonces la acción constitucional para impugnarla." En efecto, se afirma que dicha determinación no constituye la resolución impugnable en el juicio de origen, pues no se trata de la que ordena en forma definitiva el otorgamiento de la escritura de adjudicación, ni la entrega del bien rematado; por tanto, como ya se dijo, debe tomarse en cuenta, que de lo dispuesto en el último párrafo de la fracción IV del artículo 107 de la nueva Ley de Amparo, se desprende que el legislador, en forma específica, estableció que el amparo indirecto sólo procede en tratándose de actos de tribunales judiciales, en específico, en el procedimiento de remate, contra la última resolución, que es aquella que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega del bien rematado, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. Ahora bien, no pasa desapercibido para este órgano de control constitucional, que el quejoso señala que la determinación impugnada deviene ilegal, en virtud de que en ningún momento fue notificado de la traba legal realizada sobre el bien a embargar, pues como se dijo con antelación, al promoverse el amparo contra la última resolución, podrán hacerse valer las violaciones procesales que estime fueron cometidas durante la secuela del remate. En mérito de lo anterior, es inconcuso que en el caso, se actualiza la causal de improcedencia antes ponderada y, por tanto, lo procedente es desechar la demanda, con fundamento en el artículo 61, fracción XXIII, relacionada con el artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, aplicado en sentido contrario. Por ello, tomando en consideración que los razonamientos expuestos con antelación, se pone de relieve lo manifiesto de la causal de improcedencia del juicio constitucional, la que resulta indudable, habida cuenta de que en opinión de este Juzgador, no obstante que se admitiera la demanda de mérito y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos probatorios que eventualmente pudieran allegar las partes. Apoya lo antes considerado, la tesis con el rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El artículo 145 de la Ley de Amparo, precisa que el Juez de Distrito examinará ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; debiendo entenderse por motivo manifiesto e indudable, en los términos que precisa el citado artículo, que éste debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador, y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio." Por otro lado, téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el señalado en la demanda de amparo y como su autorizada a Mariana Peregrino Rojas, en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo. Asimismo, se le autoriza el uso de aparatos electrónicos, es decir, cámaras digitales, escáneres, o cualquier otro similar, para efecto de poder capturar las actuaciones que obren en los autos del presente juicio; de conformidad con la circular 12/2009, emitida por el Consejo de la Judicatura Federal. Desde este momento y con fundamento en el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de la materia invocada, se habilitan días y horas inhábiles para que la Actuaria Judicial de este Juzgado Federal realice las notificaciones personales que se ordenen en este expediente, a fin de lograr una justicia más pronta y expedita, evitando así acuerdos innecesarios, que sólo conllevan al retraso de las actuaciones judiciales. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo acordó y firma Ricardo Alfonso Morcillo Moguel, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Hilda Adriana Chan Canto, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe.
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