Jose Ricardo Balam May
Expediente 1377/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 3 actuaciones registradas, la última del 20 de septiembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1377/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 20/09/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Jose Ricardo Balam May
Actuaciones
- Principal
Mérida, Yucatán, veinte de septiembre de dos mil veintiuno. Agréguese a los presentes autos el escrito signado por el quejoso ********************, mediante el cual solicita la devolución de los documentos que describe en su ocurso de cuenta, por las razones que ahí expone. Por ende, toda vez que no existe impedimento legal alguno, se accede a la devolución de los mismos, los cuales fueron exhibidos en copia certificada junto con la demanda de amparo; esto, por el conducto que se indica, previo recibo y copia que de ellos se dejen en autos. Ahora bien, atento a los lineamientos establecidos en el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, se determinó el levantamiento de la suspensión y la reanudación de los plazos y términos procesales, anteriormente decretada; asimismo, se establecieron las reglas bajo las cuales los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación operarán a partir del tres de agosto al treinta y uno de octubre, ambos de dos mil veinte, garantizando la continuidad de las medidas tendentes a evitar la concentración de personas y la propagación del virus Covid-19. Por tanto, con apoyo en el artículo 3, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se deja en aptitud a la parte quejosa de ingresar al Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en el micrositio "Agenda OJ", a fin de obtener la cita correspondiente, ya sea la quejosa o cualquier persona que autorice, para estar en aptitud de acudir al Juzgado a recoger los documentos correspondientes. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término que señala el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera interpuesto recurso de queja a que se refiere el artículo 97, fracción I, inciso a), de la citada Ley de Amparo, contra el acuerdo de tres de agosto de dos mil veintiuno, con el cual se desechó de plano la demanda de amparo. En consecuencia, con apoyo en los artículos 355, 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2 de la invocada Ley, se declara que el expresado acuerdo en que se desechó la demanda de amparo, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes. Por tanto, háganse las anotaciones en el libro respectivo y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de la Materia, archívese el presente juicio como asunto concluido. En consecuencia, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, dado que no existe trámite pendiente en el presente expediente, y no cuenta con documento original susceptible de devolución a las partes, archívese como asunto totalmente concluido; hágase la anotación respectiva en la carátula del expediente original y en el Libro respectivo. En cumplimiento al artículo 21, inciso d) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; se indica que en el presente expediente no se tramitó incidente de suspensión y se ubica dentro del archivo judicial reciente por lo que una vez transcurrido el término de tres años señalado en el inciso d), del citado artículo, éste debe ser destruible, toda vez que en el mismo se desechó de plano la demanda de amparo. Asimismo, en términos del artículo 25 del propio Acuerdo, las constancias que integran el citado expediente deberán digitalizarse. Finalmente, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo antes citado, realícese la anotación que corresponde en la carátula del presente expediente, el cual es destruible, debiendo indicarse la fecha en la que se ordena el archivo de este juicio. Notifíquese.
- Principal
Vista la demanda de amparo promovida por José Ricardo Balam May, en su calidad de cesionario de Renán Jesús Fernández Cardeña, contra actos que reclama del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Delegación Estatal, con residencia en esta ciudad; se acuerda: Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 10 de la Ley de Amparo, se le reconoce la personalidad con la que se ostenta el nombrado promovente, en términos de la copia certificada del convenio de cesión de derechos, de dieciséis de abril del año en curso, pasada ante la fe del Notario Público número cuarenta y cuatro Juan Pablo Monforte Méndez, con residencia en esta ciudad, en la cual se aprecia el carácter con el cual se ostenta; en tal virtud, fórmese expediente y regístrese en el Libro de Gobierno de este Juzgado. En consecuencia, se procede a proveer en relación con la misma, por lo que, con fundamento en el numeral 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de mérito, por encontrarse motivos manifiestos e indudables de improcedencia. Previo a exponer los motivos que sustentan esta determinación, conviene tener presente que las aseveraciones que sostiene la parte quejosa en su demanda de amparo, revisten el carácter de una confesión, ya que tienen el valor de una prueba plena de ese hecho, en términos de los numerales 95 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia y del diverso 199, ibídem, que determina: "La confesión expresa hará prueba plena cuando concurran en ella las circunstancias siguientes: I. Que sea hecha por persona capacitada para obligarse; II. Que sea hecha con pleno conocimiento, y sin coacción ni violencia; y, III. Que sea de hecho propio o, en su caso, del representante o del cedente, y concerniente al negocio. En ese sentido, debe precisarse que del capítulo de actos reclamados, se advierte que la parte quejosa impugna del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Delegación Estatal, con sede en esta ciudad, medularmente, la negativa de acatar el mandato judicial ordenado en auto de cinco de noviembre de dos mil veinte, dictado en el juicio ejecutivo mercantil 756/2015, del índice del Juzgado Segundo Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, a fin de dar cumplimiento al embargo del excedente de las percepciones de la demandada Julia Victoria Sierra Martel, realizado mediante oficio 645/2021, de diez de marzo de dos mil veintiuno.Cabe precisar el acto que se reclama en la presente vía constitucional, únicamente se atribuye al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Delegación Estatal, con sede en esta ciudad, ya que como tercero auxiliar le fue requerido que realizara un embargo de sueldos a la parte demandada; y, no se atribuye dicho acto como autoridad responsable al Juzgado Segundo Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, ante quien se tramita el juicio ejecutivo mercantil citado. Puntualizado lo anterior, en la especie, se actualiza la causal de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los preceptos 1º, fracción I, y 5º, fracción II, todos de la Ley de Amparo, en razón de que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Delegación Estatal, con sede en esta ciudad, carece del carácter de autoridad responsable para efectos del presente juicio de amparo. Se afirma lo anterior, atendiendo a las siguientes consideraciones: El artículo 1°, fracción I, de la Ley de Amparo, señala: "El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generles, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." Por su parte, el ordinal 5°, fracción II de la aludida Ley, preceptúa: "Son partes en el juicio de amparo: [.] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. De conformidad con los preceptos que anteceden, el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Tendrá el carácter de autoridad responsable, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Asimismo, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Bajo esos parámetros, si el juicio de amparo se promueve, contra actos de personas que no tienen la calidad de autoridad responsable, resultará improcedente, pues sólo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite por normas generales, actos u omisiones de autoridad. En ese sentido, en el caso, es necesario determinar si el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Delegación Estatal, con sede en esta ciudad, puede ser considerado como autoridad para efectos del juicio de amparo, cuando su intervención en el juicio ejecutivo mercantil, sea con el carácter de tercero auxiliar y se le reclame la omisión de embargar el sueldo de la parte demandada dentro de un procedimiento jurisdiccional, en el caso en concreto, la negativa de acatar el mandato judicial ordenado en auto de cinco de noviembre de dos mil veinte, dictado en el juicio ejecutivo mercantil 756/2015, del índice del Juzgado Segundo Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, a fin de dar cumplimiento al embargo del excedente de las percepciones de la demandada Julia Victoria Sierra Martel, realizado mediante oficio 645/2021, de diez de marzo de dos mil. Para ello, resulta pertinente efectuar el estudio de qué se considera autoridad responsable, al tenor del imperativo legal contenido en el artículo 5, fracción II, de la ley de la materia, el cual indica que autoridad responsable es la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. De acuerdo con esa teoría, las relaciones de coordinación son las entabladas entre particulares, en las cuales éstos actúan en un mismo plano, es decir, en igualdad, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por ellos mismos, se crean en la ley los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas. Dentro de este tipo de relaciones se encuentran las reguladas por el derecho civil, mercantil, agrario y laboral. La nota distintiva de este tipo de relaciones, es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. En cambio, las relaciones de supra a subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social; se regulan por el derecho público que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos destaca, en el ámbito ordinario, el procedimiento contencioso-administrativo y los mecanismos de defensa de los derechos humanos, mientras que en el parámetro constitucional, el juicio de amparo. Por su parte, las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre los órganos del propio Estado, en las que éstos actúan en un plano de igualdad superior, por encima de los particulares. En ese contexto, conforme a los dispositivos inicialmente citados, se advierte con claridad que el juicio de amparo procede solamente en contra de actos de autoridad, concepto éste que, precisamente, es el que, en este caso, no se estima que pueda recaerle al acto impugnado en este juicio de amparo. Para demostrar lo anterior, es preciso tener en cuenta diversas puntualizaciones que se vinculan necesariamente con tal premisa, como son las relativas a los conceptos de autoridad responsable, acto de autoridad y a la clasificación teórica de las relaciones jurídicas de coordinación y supra a subordinación; a partir de las cuales se entiende a plenitud la conformación de un acto de autoridad, y sus diferencias con los actos de particulares. La definición del concepto autoridad responsable a que se refiere el artículo 5º, fracción II, de la Ley de Amparo, ha sido delimitado con precisión por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis P. XXVII/974. Al tomar en cuenta las consideraciones contenidas en el criterio invocado, es dable concluir que una autoridad para efectos del juicio de amparo es la que cuyas funciones estén determinadas por una norma jurídica general, la cual le confiere la potestad de emitir o realizar actos unilaterales, a través de los cuales dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones en forma unilateral y obligatoria, u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas que afectan la esfera de los gobernados, sin requerir de la voluntad del afectado o aun en contra de ella. Lo anterior, válidamente permite estimar, a su vez, que los elementos necesarios para la conformación de un acto de autoridad, son los siguientes: a) Sus funciones estén determinadas por una norma general, cuyo ejercicio sea irrenunciable por ser pública la fuente de dicha potestad; b) Las normas jurídicas le otorguen potestad para actuar, crear, modificar o extinguir situaciones en forma unilateral y obligatoria; u omitir el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas que afectan la esfera de los gobernados; y, c) Los actos que dicten lo sean de manera unilateral y obligatoria con lo cual afecten la esfera jurídica del gobernado. En ese tenor, el concepto de autoridad, si bien incluyen actos de particulares, también es cierto que como aspecto fundamental para estar en aptitud de solicitar amparo contra actos de particulares equivalentes a los de autoridad, es necesario que las funciones de éstos estén determinadas por una norma jurídica general, y sean emitidos de manera unilateral y obligatoria con afectación a la esfera jurídica del gobernado. Ahora, en relación con esta distinción entre actos de autoridad y actos de particulares, tiene injerencia y relevancia el análisis de la clasificación de las relaciones jurídicas de coordinación y de supra a subordinación que, como se dijo líneas arriba, resulta necesario tener en cuenta para demostrar plenamente que los actos reclamados en el presente juicio no son de autoridad. Sobre el particular, se tiene que las relaciones de coordinación presuponen un plano de igualdad, en el que las partes, generalmente particulares, se encuentran en un mismo nivel, teniendo que acudir a los procedimientos ordinarios establecidos en las leyes respectivas para dirimir sus controversias; de tal manera que dentro de este tipo de relaciones se encuentran, verbigracia, las que se regulan por el derecho civil, mercantil y laboral. Por su parte, las relaciones de supra a subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, y se regulan por el derecho público, que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se suscitan por la actuación de los órganos del Estado, entre los que destacan, a guisa de ejemplo, el contencioso administrativo y los mecanismos de defensa de los derechos. Este último tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad y, por ello, la Carta Magna establece una serie de derechos fundamentales como limitaciones al actuar del gobernante, siendo entonces las que se vinculan con el entendimiento de los actos de autoridad. En ese contexto, el término lingüístico equivalente consiste en la connotación que una cosa, figura o persona debe tener en igualdad de estimación, valor, potencia, eficacia, área o volumen que otra. En ese tenor, se precisa que el acto reclamado que se reclama en la presente vía constitucional a la autoridad responsable Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Delegación Estatal, con sede en esta ciudad, es medularmente, la negativa de acatar el mandato judicial ordenado en auto de cinco de noviembre de dos mil veinte, dictado en el juicio ejecutivo mercantil 756/2015, del índice del Juzgado Segundo Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, a fin de dar cumplimiento al embargo del excedente de las percepciones de la demandada Julia Victoria Sierra Martel, realizado mediante oficio 645/2021, de diez de marzo de dos mil veintiuno. En ese sentido, es necesario establecer que el juicio de amparo es un medio de protección del orden constitucional contra todo acto de autoridad que agravie a cualquier persona; la teleología que persigue es la de proteger y preservar el régimen constitucional; así, jurídicamente la acción constitucional de mérito no es un derecho de acción procesal ordinaria penal, civil, laboral o administrativa, sino que es puramente constitucional, nace directamente de la Constitución (artículos 103 y 107); va encaminada a controlar el acto de autoridad que se estima violatorio de derechos humanos y no la ley común; no tutela los intereses que en el acto jurisdiccional ordinario se han dejado a los tribunales comunes, sino que va dirigida a hacer respetar la Ley Suprema cuando la autoridad ha rebasado sus límites; motivo por el cual, las sentencias de amparo sólo deberán decidir sobre la constitucionalidad del acto que se reclama y nunca sobre cuestiones cuya decisión compete a los tribunales ordinarios, sean del fuero común o del fuero federal. En efecto, se advierte que la omisión reprochada al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Delegación Estatal, con sede en esta ciudad, con sede en esta ciudad de Mérida, deriva de la solicitud formulada por el Juzgado Segundo Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, en el juicio ejecutivo mercantil 756/2015; lo que permite concluir que tal actuación omisiva no puede ser materia de análisis en un juicio de amparo, ya que no reviste las características propias de un acto de autoridad para efectos del amparo, al no trastocar la esfera jurídica de derechos de la aquí quejosa; sino que, por el contrario, se trata de la contumacia de dicho órgano del Estado, de atender el mandato legal de una diversa autoridad jurisdiccional, con el cual la sometió a su potestad. De modo que, el aludido titular del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Delegación Estatal, con sede en esta ciudad, en el presente caso, no tiene la atribución legal de afectar unilateralmente la esfera jurídica del quejoso, puesto que su actuar se encuentra sujeto a las órdenes emitidas por la autoridad jurisdiccional que rige el procedimiento que dio origen al acto cuya violación se impugna, sin que aquélla contara con margen de discrecionalidad en su actuación. Lo anterior, se advierte claramente del contenido de los artículos 112, 1390 Bis 4 y 1067 Bis de del Código de Comercio, que establecen lo siguiente: Art. 112. Las autoridades competentes harán uso de las medidas legales necesarias, incluyendo el auxilio de la fuerza pública, para lograr la ejecución de las sanciones y medidas de seguridad que procedan conforme a esta Ley. Incluso, en los procedimientos instaurados se podrá solicitar a los órganos competentes la adopción de las medidas cautelares que se estimen necesarias para asegurar la eficacia de la resolución que definitivamente se dicte. Art. 1,390 Bis 4. El juez tendrá las más amplias facultades de dirección procesal para decidir en forma pronta y expedita lo que en derecho convenga. Para hacer cumplir sus determinaciones el juez puede hacer uso de las medidas de apremio que se mencionan en el artículo 1067 Bis, en los términos que ahí se especifican. Art. 1,067 Bis. Para hacer cumplir sus determinaciones el juez puede emplear cualquiera de las siguientes medidas de apremio que estime pertinentes, sin que para ello sea necesario que el juzgador se ciña al orden que a continuación se señala: I. Amonestación; (II. Multa hasta de $6,896.29 (Seis mil ochocientos noventa y seis pesos 29/100 M.N.), monto que se actualizará en términos del artículo 1253, fracción VI; III. El uso de la fuerza pública y rompimiento de cerraduras si fuere necesaria, y IV. Arresto hasta por treinta y seis horas; Si el juez estima que el caso puede ser constitutivo de delito, dará parte al Ministerio Público. Conforme a los numerales antes transcritos, las autoridades están obligadas a prestar auxilio a los Juzgados Mercantiles, quien para hacer respetar y cumplir sus resoluciones podrá emplear, para cumplir con sus determinaciones, según la gravedad de la falta, medidas de apremio, a criterio del mismo. Como puede advertirse, la omisión a quien se le atribuye el carácter de autoridad responsable Fiscalía General del Estado de Yucatán, no cuenta con potestad para incidir, por voluntad propia, en la esfera jurídica de la quejosa, toda vez que para realizar actos como el reclamado en el presente juicio, debe contar con la orden de la autoridad judicial o administrativa que así lo determine. En ese sentido, la participación del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Delegación Estatal, con sede en esta ciudad, es únicamente como auxiliar de la autoridad judicial del expediente 756/2015, quien es el rector del procedimiento del juicio natural; de ahí que no tenga el carácter de autoridad responsable para efectos del juicio de amparo, al no ser su actuar autónomo, sino derivado del procedimiento jurisdiccional en el cual se le solicitó el auxilio para embargar los sueldos de la parte demandada. En efecto, debe recalcarse que la omisión atribuida al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Delegación Estatal, con sede en esta ciudad, no deviene autónoma, sino que deriva de la solicitud que le formuló el Juzgado Segundo Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, dentro del expediente de origen; de ahí que si el acto se origina dentro de un procedimiento jurisdiccional, será el citado Juzgado rector de dicho asunto, el que conforme a los mecanismos que la legislación le otorga, deberá hacer cumplir sus determinaciones, en el caso, los contemplados en el artículo Art. 1,067 Bis del Código de Comercio. Acorde a lo expuesto, la parte quejosa en este asunto, se encontraba obligada a instar ante el juzgado que tramita el juicio de origen, la movilización del procedimiento y consecuentemente, obligar a dicha autoridad jurisdiccional a ejercitar los mecanismos legales a su alcance, para subsanar la denegación que reclama; siendo que, en caso de no emitir determinación alguna para evitar la paralización del procedimiento de origen, sería el juzgado, en su calidad de responsable, cuya actuación deberá ser analizada bajo el escrutinio de la protección de los derechos humanos reconocidos en la Constitución, al ser el rector del procedimiento. De igual forma, no pasa desapercibido para esta Juzgadora, que la falta de atención a lo ordenado por el juzgado por parte del Instituto responsable, podría ser violatorio de lo dispuesto por el artículo 17 Constitucional; sin embargo, sin desconocer tal situación, no pueden soslayarse las reglas de procedencia del juicio de amparo, al no constituir, como se ha reiterado, un acto autónomo del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Delegación Estatal, con sede en esta ciudad, sino derivado del auxilio solicitado por la autoridad judicial; considerar lo contrario, equivaldría a sustituirse en las facultades que la ley otorga al juzgado mercantil, para hacer cumplir sus determinaciones, desnaturalizando la esencia del juicio de amparo, que tiene como finalidad resolver todas las controversias que se susciten en las relaciones de supra a subordinación. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente, la jurisprudencia 2a./J. 1/2012 (10a.), sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro V, Febrero de 2012, Tomo 2, de la Décima Época, visible a página 894, con el rubro y texto siguientes: "DEPENDENCIAS PÚBLICAS Y SUS AUXILIARES, DEMANDADAS ANTE UN TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. SON AUTORIDADES RESPONSABLES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN EL QUE SE CONTROVIERTE EL INCUMPLIMIENTO DE UNA SENTENCIA DE NULIDAD. En atención a que de una sentencia firme derivada de un juicio contencioso administrativo surge un derecho subjetivo para el actor (gobernado) y la obligación correlativa para el demandado (autoridad) es claro que el incumplimiento de ésta permite la incoación del procedimiento para hacer cumplir la sentencia ejecutoriada dictada en el juicio en que se hubiese declarado la invalidez del acto controvertido mediante el medio de defensa legal previsto por la ley que rige el acto para lograr el cumplimiento de aquella determinación. Por lo que, si a pesar de ello, no se cumple la sentencia, es claro que aquél puede acudir al juicio de amparo, porque tal omisión se traduce en una violación al derecho de acceso a la justicia contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al significar un obstáculo al derecho fundamental de pedir justicia o de obtener la ejecución de una sentencia anulatoria. Consecuentemente, las dependencias públicas y sus auxiliares, demandadas ante un Tribunal Contencioso Administrativo, son autoridades responsables para efectos del juicio de amparo indirecto en el que se controvierte la omisión en el cumplimiento de la sentencia de nulidad dictada por aquél y, por ende, no se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVIII, en relación con los artículos 1o., fracción I y 11 de la Ley de Amparo, porque a pesar de que la autoridad haya figurado como demandada en el juicio de origen ello no transforma la relación de supra a subordinación que los órganos del Estado guardan con los gobernados en una relación de coordinación, porque no pierden su calidad de autoridad y gobernado." Por lo anterior, es razonable establecer que la actitud omisiva del Instituto señalado como responsable, no se ubica dentro de las denominadas de supra a subordinación, al no encontrarse en un plano superior al aquí promovente, dado que los efectos jurídicos que pudieran derivar de la omisión reclamada en el presente juicio, lo serían respecto del Juzgado Segundo Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, quien conforme a lo dispuesto en el artículo Art. 1,067 Bis del Código de Comercio, invocado supralíneas, tiene facultades para hacer cumplir sus determinaciones. En las condiciones anotadas, al haberse actualizado el motivo manifiesto e indudable de improcedencia citado, se reitera, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, PROCEDE DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el 61, fracción XXIII, en relación con los preceptos 1º, fracción I, y 5º, fracción II, todos de la Ley de Amparo. Apoya lo antes considerado la tesis con el rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El artículo 145 de la Ley de Amparo, precisa que el Juez de Distrito examinará ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; debiendo entenderse por motivo manifiesto e indudable, en los términos que precisa el citado artículo, que éste debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador, y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio." Téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el que señala para ello en su escrito de demanda; y como su autorizado para tal efecto en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Katya Vannessa Herrera Salazar, y a la persona restante con las limitaciones que establece el último párrafo del citado numeral, hasta que acredite el registro de su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales de Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, de conformidad con el Acuerdo 24/2005 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; asimismo, de conformidad con la circular 12/2009, emitida por el Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a dichas personas, el uso de aparatos electrónicos como cámaras, escáneres o lectores, al momento de la consulta de los presentes autos, siempre y cuando sea con la supervisión del personal de este Juzgado, previo señalamiento de la actuación que pretenda reproducir. Por otra parte, aun cuando la Ley de Amparo no prevé la notificación a través de correo electrónico, sin embargo, dadas las medidas que prevalecen en el país, con motivo de la declaración de estado de emergencia por la epidemia causada por el coronavirus (COVID-19), se ordena notificar a la parte quejosa el presente acuerdo y las subsecuentes que sean necesarios durante la contingencia sanitaria, de forma electrónica, al correo electrónico liz.pechcejas@gmail.com, el cual se obtuvo plasmado en la boleta relativa a la demanda de amparo, para asegurar el pleno conocimiento de los autos que se dicten en este asunto; lo anterior, a fin de evitar poner en riesgo al personal de este órgano jurisdiccional y del propio promovente, previa razón actuarial que se levante al respecto, solicitando el acuse de recibo por la misma vía y en el entendido de que de no ser factible contactar a la parte quejosa mediante el correo electrónico antes indicado, las notificaciones personales se realizarán en el domicilio señalado para tal efecto. Desde este momento y con fundamento en el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de la materia invocada, se habilitan días y horas inhábiles para que el Actuario Judicial de este Juzgado Federal realice las notificaciones personales que se ordenen en este expediente, a fin de lograr una justicia más pronta y expedita, evitando así acuerdos innecesarios, que sólo conllevan al retraso de las actuaciones judiciales.
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