Jose Refugio Alejandro Leon Flores

Expediente 610/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 11 actuaciones registradas, la última del 12 de agosto de 2021.

Datos del expediente

Expediente
610/2021
Año
2021
Actuaciones
11
Última actuación
12/08/2021

Partes del expediente

  • Jose Refugio Alejandro Leon Flores

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, doce de agosto de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hubieran recurrido la sentencia de veintiséis de julio de dos mil veintiuno, la cual sobreseyó en el juicio; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia de mérito ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y, archívese este asunto como totalmente concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto en el que se sobreseyó en el juicio de amparo, no es de relevancia documental, por lo que, es susceptible de destrucción cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el numeral 21, inciso a), del Acuerdo General; sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales, al no obrar en autos. En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión, en virtud que se concedió y negó la medida cautelar solicitada, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de DEPURACIÓN, después de haber transcurrido tres años. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en el numeral 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Notifíquese electrónicamente a la parte quejosa; y, por oficio a las autoridades responsables, y al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito.Así lo proveyó y firma Horacio Óscar Rosete Mentado, Juez Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con sede en San Andrés Cholula, ante el(la) secretario(a) Maribel Pereda Corvera, que autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    V I S T O S para resolver los autos del juicio de amparo número 610/2021, del índice del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula, promovido por José Refugio Alejandro León Flores; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de Amparo. Por escrito presentado el veintiocho de junio de dos mil veintiuno, mediante buzón judicial y remitido en la misma fecha, por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.); José Refugio Alejandro León Flores solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, respecto de los actos del 1. Juez de Control de la Región Judicial Centro Poniente, con sede en San Andrés Cholula, Puebla, David Rodriguez González, y otras autoridades. El quejoso narró bajo protesta de decir verdad, los antecedentes del acto reclamado, formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes y señaló como derechos fundamentales y garantías violados, los contenidos en los artículos 1, 14, 16, 19 y 20, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Desechamiento parcial, admisión y trámite del juicio. Mediante auto de veintinueve de junio del presente año, la demanda promovida por José Refugio Alejandro León Flores, se registró con el número de juicio de amparo indirecto 610/2021; y se desechó parcialmente, respecto de los actos reclamados siguientes: a) la cita de comparecencia reclamada a los Jueces de Control de la Región Judicial Centro Poniente, con sede en San Andrés Cholula, Puebla, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción IV, ambos de la Ley de Amparo, y 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues se trata de un acto realizado fuera de juicio cuya ejecución no es de imposible reparación, al no afectar por sí mismo la libertad personal del investigado. b) la posible imposición de la medida cautelar de prisión preventiva justificada, al tratarse de un acto futuro e incierto y su actualización depende de la conducta que asuman las responsables, ya que se trata de una actitud que pueden o no realizar, circunstancia que resulta incierta; de lo que se concluye que no están reunidos los requisitos establecidos en el artículo 5°, fracción I, de la ley de la materia, atinente a que el acto reclamado perjudique de manera real y actual al quejoso. En ese contexto, en el propio auto de veintinueve de junio del año que transcurre, se admitió la demanda de amparo por el acto de autoridad reclamado, consistente en la orden de aprehensión emitida por las autoridades responsables, así como su ejecución, en contra del quejoso José Refugio Alejandro León Flores. En dicho proveído se ordenó formar por separado y duplicado el incidente de suspensión; se solicitó informe justificado a las autoridades responsables; y se dio la intervención que legalmente corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. TERCERO. Cita para audiencia. En auto de veintinueve de junio de dos mil veintiuno, se señalaron las nueve horas con veintiséis minutos del veintiséis de julio del presente año, para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, se desarrolló al tenor del acta que antecede y culmina con el dictado de esta sentencia; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula, es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, por razón de materia y territorio, pues se reclaman actos de esa naturaleza, atribuidos a autoridades con residencia dentro de la jurisdicción de este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Por cuestión de orden y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, resulta conveniente precisar los actos reclamados que se advierten del análisis integral de la demanda, para lo cual es necesario interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa, de conformidad con lo establecido en el criterio sostenido en la tesis de jurisprudencia número 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto señalan: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Del contenido integral de la demanda de amparo, como de la revisión de los informes justificados rendidos por las responsables, se advierte que, en el caso, José Refugio Alejandro León Flores, en esta instancia constitucional, reclama: a) La orden de aprehensión y, b) Su ejecución. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. Por razón de método, en toda sentencia de amparo se debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, y sólo en el primer caso, estudiar las causales de improcedencia aducidas o que de forma oficiosa se adviertan, para por último, de resultar procedente el juicio, analizar el fondo del asunto. Corrobora lo anterior, la tesis de jurisprudencia XVII.2o.J/10, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, que señala en su rubro lo siguiente: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO. El artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, establece que procede revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento cuando, entre otros casos, el Juez de Distrito o la autoridad que haya conocido del juicio en primera instancia haya incurrido en alguna omisión que pudiere influir en la sentencia que deba dictarse en definitiva. Por otra parte, de acuerdo con la técnica que rige al juicio de garantías, en toda sentencia de amparo, sea directo o indirecto, la autoridad que conozca del mismo, en primer lugar debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, debe estudiar las causas de improcedencia aducidas o que en su criterio se actualicen, para, por último, de ser procedente el juicio, dictar la resolución de fondo que en derecho corresponda. Lo anterior es así, entre otras razones, ya que de no ser ciertos los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en el evento de ser fundada alguna de éstas, legalmente resulta imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo del asunto, implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ser ciertos los actos reclamados, el juicio de garantías sea procedente. A mayor abundamiento, el no estudio de la certeza o inexistencia de los actos reclamados por parte del Juez de Distrito, independientemente de que es contrario a la técnica del juicio de amparo en los términos antes apuntados, entre otras cuestiones, trastoca la litis del recurso de revisión que hagan valer las partes y limita las defensas de éstas, porque la sentencia que se dicte en dicho recurso, podría carecer de sustento legal, al no poder precisarse con exactitud, en primer lugar, la materia del recurso y, en segundo lugar, sobre qué actos de los reclamados es procedente, en su caso, conceder el amparo, sin que el tribunal del conocimiento pueda suplir la omisión apuntada por carecer de facultades para ello, pues es obligación del Juez de Distrito ocuparse de la cuestión de que se trata, siguiéndose con ello el cumplimiento de la obligación constitucional de otorgar a las partes plenitud de defensa en contra de un acto de autoridad que afecte su esfera jurídica, como puede ser la resolución definitiva por él dictada. Así pues, si el Juez de Distrito omitió, previamente al estudio de la causa de improcedencia que estimó fundada, el análisis de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, se actualiza la hipótesis jurídica que contempla el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, procediendo, en consecuencia, revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento." Ahora, la parte quejosa atribuye los actos reclamados -que quedaron precisados en el considerando que antecede- a las autoridades responsables siguientes: Número Autoridades Responsables Sentido del informe. 1 JUEZ DE CONTROL DE LA REGIÓN JUDICIAL CENTRO PONIENTE, CON SEDE EN SAN ANDRÉS CHOLULA, PUEBLA, DAVID RODRÍGUEZ GONZÁLEZ. Niega 2 JUEZ DE CONTROL DE LA REGIÓN JUDICIAL CENTRO PONIENTE, CON SEDE EN SAN ANDRÉS CHOLULA, PUEBLA. KARLA PATRICIA AMBROSIO VARGAS. Niega 3 FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE PUEBLA. Niega 4 DIRECTOR GENERAL DE LA AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA. Niega Las autoridades responsables señaladas, al rendir su respectivo informe justificado negaron la existencia de los actos que a cada una le fueron atribuidos, sin que la parte quejosa ofreciera prueba alguna para desvirtuar esa negativa; de ahí que no existan los actos reclamados. Por tanto, correspondía al quejoso la carga procesal probatoria, para controvertir los informes respectivos, esto es, aportar los medios de prueba en la audiencia constitucional para lograr desvirtuar las manifestaciones de las autoridades y alegar lo que a su derecho conviniera para demostrar que los actos sí existían y que son violatorios de sus derechos fundamentales, lo que en la especie no aconteció. En consecuencia, ante la inexistencia de los actos reclamados, con fundamento en lo dispuesto en el numeral 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, procede SOBRESEER en este juicio de garantías respecto de los actos destacados en el considerando segundo de este fallo. Tiene aplicación al caso, en lo conducente, la jurisprudencia VI.2º J/20, sustentada por el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que dice: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos o desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo." No pasa inadvertido para este resolutor, que al rendir su informe con justificación, los Jueces de Control del Juzgado de Oralidad y Ejecución de la Región Judicial Centro Poniente, con residencia en San Andrés Cholula (David Rodríguez González y Karla Patricia Ambrocio Vargas), señalaron que existe la carpeta judicial administrativa 339/2021/Cholula, iniciada en contra del quejoso José Refugio Alejandro León Flores, por el delito de ejercicio indebido de funciones públicas, en contra de la administración de justicia, relacionada con la carpeta de investigación 435/2019/FECC/UI-A/UIHC-AM, iniciada a solicitud del agente del Ministerio Público, en la que se señalaron las trece horas con treinta minutos del cinco de julio de esta anualidad, para la audiencia de formulación de imputación en esa sede. Sin embargo, tal circunstancia no incide en el sentido de la resolución que se emite, tomando en consideración que la citación del quejoso a dicha audiencia, por sí sola no genera una afectación a su libertad personal, pues sólo se formalizará la investigación que se sigue en su contra y eventualmente, se formulará la imputación respectiva vinculándolo a proceso, e imponiéndole alguna medida cautelar. Ahora, si bien conforme lo que dispone el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el Juez de Control está facultado para emitir, a solicitud del agente del Ministerio Público, orden de aprehensión en contra de un imputado, ello acontece siempre y cuando concurran las siguientes hipótesis: 1. Cuando el Representante Social advierta que existe la necesidad de cautela. 2. Una persona se resista o evada la orden de comparecencia judicial y el delito que se le impute merezca pena privativa de la libertad. 3. El imputado se haya sustraído de la acción de la justicia. De lo antes expuesto se colige, que si el quejoso fue citado para comparecer ante el Juez de Control, el cinco de julio del año en curso, para la audiencia de formulación de imputación, solicitada por el Agente del Ministerio Público, dentro de la carpeta judicial administrativa 339/2021/Cholula iniciada en su contra, por el delito de ejercicio indebido de funciones públicas, en contra de la administración de justicia, resulta inconcuso, que únicamente que el peticionario de amparo incurra en alguno de los supuestos enumerados con antelación, podrá emitirse mandamiento de captura en su contra. Por ende, a la fecha de la presentación de la demanda no se había emitido alguna orden de aprehensión en contra del quejoso José Refugio Alejandro León Flores, de ahí, que deba prevalecer la inexistencia de los actos reclamados en este sumario constitucional. CUARTO. Forma de publicación de la sentencia. En términos del artículo 6, apartado A, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en lo dispuesto en los diversos preceptos 70 y 73, fracción II, 106, fracción III, y 111 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los numerales 1, 9, 11, 68, 110, 113, 117, 118 y 164 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, toda vez que se estima que las sentencias dictadas en los juicios de amparo son de interés público, con el objeto de salvaguardar aquella información reservada o confidencial contenida en esta sentencia, se ordena la elaboración de la versión pública suprimiendo los datos relativos a dicha información y ponerla a disposición del público para su consulta, conforme los mecanismos establecidos en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes para tal efecto, así como también cuando se efectúe la solicitud correspondiente, en conformidad con el procedimiento de acceso a la información establecido en el Título Quinto de la legislación referida en último término. Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos 63, fracción IV, 65, 74, 75 y 79 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo indirecto promovido por José Refugio Alejandro León Flores, contra los actos precisados en el considerando segundo de esta sentencia y por las autoridades y los motivos expuestos en el considerando tercero del propio fallo. SEGUNDO. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indica en el considerando último de este fallo. Notifíquese vía electrónica a la parte quejosa, por oficio a las autoridades responsables, así como al agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción...

  3. Incidental

    San Andrés Cholula, Puebla, siete de julio de dos mil veintiuno. Visto, agréguese a los autos el escrito signado electrónicamente por Marisol Castillo Velasco, autorizada en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, del quejoso José Refugio Alejandro León Flores, a través del cual solicita se le expida copia fiel impresa, con los sellos de este juzgado, de la suspensión provisional decretada mediante acuerdo de veintinueve de junio de la presente anualidad. Como lo solicita, con fundamento en el párrafo tercero del artículo 3 de la Ley de Amparo, así como en los diversos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la ley de la materia, según su artículo 2, expídase copia certificada de la suspensión provisional concedida. En mérito de lo expuesto, tomando en consideración que el veintiocho de julio de dos mil veinte, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal emitió el Acuerdo General 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid- 19, mediante el cual, se reactiva en su totalidad el funcionamiento de los órganos jurisdiccionales, como una tercera etapa del restablecimiento de la actividad jurisdiccional, a través de la reactivación de plazos procesales y de la tramitación en físico de todo tipo de solicitudes, demandas, incidentes, recursos y demás promociones, pero subsistiendo las medidas de sana distancia y de reducción de la movilidad necesarias para enfrentar la contingencia provocada por la pandemia; en los artículos 3 y 6, del citado acuerdo plenario, se determinó -esencialmente- que a partir del tres de agosto del año en curso, estaría disponible en el Portal de Servicios en Línea, un micrositio sobre "Servicios Jurisdiccionales", dentro del cual se localiza el sistema "Agenda OJ", que permitirá a los justiciables la generación de citas para la consulta de expedientes y desahogo de comparecencias o requerimientos; estableciendo las reglas a las que se sujetarán, para la atención presencial en los órganos jurisdiccionales. Intégrese a las presentes actuaciones únicamente para que obre como corresponda el oficio signado por el Coordinador General de Asuntos Jurídicos, en representación de la autoridad responsable 3. Fiscal General del Estado de Puebla, por medio del cual rinde su informe previo; al respecto, sin que haya lugar a hacer mayor pronunciamiento, toda vez que el pasado seis de julio del año en curso, se dictó resolución interlocutoria en la presente incidencia, en la que se resolvió lo conducente respecto de dicha autoridad. Notifíquese electrónicamente a la parte quejosa; y, cúmplase.

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, siete de julio de dos mil veintiuno. I. Informe justificado. Visto, intégrese a los autos el informe justificado de la autoridad responsable 3. Fiscal General del Estado de Puebla, por conducto de su representante Coordinador General de Asuntos Jurídicos, para que surta los efectos legales a que haya lugar y con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes, sin perjuicio de relacionarlo en la audiencia constitucional. II. Delegados y causal de sobreseimiento. Por otro lado, con fundamento en el artículo 9 de la Ley de Amparo, téngase a la referida autoridad nombrando delegados a las personas que señala y haciendo valer la causa de sobreseimiento prevista en el artículo 63, fracción IV, de la citada legislación, de la cual se hará el pronunciamiento que en derecho corresponda, al dictar sentencia en el presente juicio. Notifíquese electrónicamente a la parte quejosa; y, por lista a las demás partes, debiéndose enviar por correo electrónico a la Administración del Edificio la lista a publicar, para que se coloque en un espacio de fácil acceso para quien acuda sin contar con una cita, en términos del artículo 21 del Acuerdo General 21/2020.

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