JOSE RANULFO SANCHEZ MORALES y Otros.

Expediente 1315/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 8 actuaciones registradas, la última del 5 de marzo de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1315/2017
Año
2017
Actuaciones
8
Última actuación
05/03/2018

Partes del expediente

  • JOSE RANULFO SANCHEZ MORALES y Otros.
  • Samuel Aburto Barrales

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, cinco de marzo de dos mil dieciocho. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hubieran recurrido la sentencia de veintinueve de enero de dos mil dieciocho, que sobreseyó en el presente juicio, por lo que con fundamento en los numerales 355 y 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, conforme lo establece el segundo precepto de la ley de la materia, se declara que dicha sentencia ha causado estado, para todos los efectos legales procedentes; razón por la cual, quedan sin efecto las medidas cautelares decretadas en el incidente de suspensión. En consecuencia, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y, archívese el asunto como totalmente concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de ese año, se establece que el presente asunto el cual se sobreseyó no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción después de transcurrido cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción II del artículo vigésimo primero del ordenamiento en cita. En cuanto al original del incidente de suspensión, en virtud de que se concedió la medida cautelar solicitada, con fundamento en la fracción III del aludido artículo vigésimo primero del citado Acuerdo, se decreta que es susceptible de depuración, en el término señalado en el párrafo que antecede, esto es, después de transcurridos cinco años, debiendo conservar aquéllas actuaciones en las que se concedió la medida. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en la fracción III del artículo vigésimo del referido Acuerdo es susceptible de destrucción, transcurridos seis meses a partir de esta fecha, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en el duplicado. Se ordena fijar las anotaciones correspondientes en las carátulas de dichos expedientes, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del punto Décimo Primero del Acuerdo en comento.

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, cuatro de enero de dos mil dieciocho. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que se encuentra pendiente el emplazamiento de la autoridad tercero interesada en el juicio de amparo en que se actúa y ya que de las constancias que acompañó la autoridad responsable 1. Jueza de Distrito Especializada en el Sistema Penal Acusatorio, Administradora del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Puebla, a su informe justificado, se desprende que Ramón Bautista González, Agente del Ministerio Público de la Federación, adscrito a la Agencia Octava Investigadora de Puebla es quien intervino en la causa penal PUE/815/2017, se provee: En tales condiciones, con fundamento en el artículo 5, fracción III, inciso e) de la Ley de Amparo, téngase con el carácter de tercero interesado a Ramón Bautista González, Agente del Ministerio Público de la Federación, adscrito a la Agencia Octava Investigadora de Puebla; en consecuencia, con fundamento en el artículo 26, fracción II, inciso b) de la citada Ley, se ordena sea emplazado al presente juicio constitucional por medio de oficio que se gire para tal efecto, anexándole copia autorizada de la demanda de amparo. De igual manera, al rendir su informe justificado la autoridad responsable 1. Jueza de Distrito Especializada en el Sistema Penal Acusatorio, Administradora del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Puebla, indicó que señaló las trece horas con cincuenta y un minutos del dos de enero de dos mil dieciocho para la celebración de la audiencia de formulación de imputación en la causa penal PUE/815/2017 de su índice, en tales condiciones, con fundamento en el artículo 75 de la Ley de Amparo, solicítese atentamente a la citada autoridad, para que de no existir inconveniente legal alguno, informe si se celebró o no dicha audiencia, en el entendido de que deberá remitir fotocopia certificada de las constancias con las que acredite tal situación y en su caso, el disco versátil digital correspondiente, para los efectos legales a que haya lugar. Para dar margen a lo anterior, en aras de una pronta y expedita impartición de justicia, garantía consagrada en el artículo 17 Constitucional, se difiere anticipadamente la audiencia constitucional señalada para las once horas con treinta minutos del doce de enero próximo (foja 40 vuelta) y en su lugar se fijan las DIEZ HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL VEINTICINCO DE ENERO DE DOS MIL DIECIOHO, para su celebración

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintiuno de diciembre de dos mil diecisiete. Visto, con conocimiento de las partes, agréguese a los autos el informe justificado rendido por la autoridad responsable 1. Jueza de Distrito Especializada en el Sistema Penal Acusatorio, Administradora del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Puebla, con residencia en Puebla, con el que da cuenta el Secretario, para que surta los efectos legales a que haya lugar, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo. Con fundamento en el citado precepto 117, en relación con el diverso 119 ambos de la indicada Ley, téngase a la autoridad responsable ofreciendo como prueba las documentales que anexa al oficio de mérito, sin perjuicio de relacionarlas nuevamente en el momento procesal oportuno; esto es, en la celebración de la audiencia constitucional. A fin de dar margen a lo anterior, en aras de una pronta y expedita impartición de justicia, garantía consagrada en el artículo 17 Constitucional procede diferir anticipadamente la audiencia señalada para las nueve horas con dieciocho minutos del veintinueve de diciembre próximo (foja 19 vuelta), y en su lugar se fijan las once horas con treinta minutos del doce de enero de dos mil dieciocho, para la celebración de la audiencia constitucional en el juicio en que se actúa, pues se encuentra pendiente el emplazamiento del tercero interesado y por ende los ocho días que la ley le concede para que se imponga de las constancias que obran en autos. Al respecto, es de invocarse la jurisprudencia número 54/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 5, Tomo XI, Abril de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, que a la letra dice: AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO. Cuando la autoridad responsable no rinda su informe justificado al menos ocho días antes de la celebración de la audiencia, y el quejoso o el tercero perjudicado no comparezcan a ésta a solicitar su diferimiento o suspensión, no debe verificarse tal actuación con apoyo en una aplicación aislada y restringida de la parte final del párrafo primero del artículo 149 de la Ley de Amparo ("... el Juez podrá diferir o suspender la audiencia, según lo que proceda, a solicitud del quejoso o del tercero perjudicado, ..."), sino relacionándolo de una manera lógica, sistemática y armónica con el párrafo último del propio precepto ("Si el informe con justificación es rendido fuera del plazo que señala la ley para ello, será tomado en cuenta siempre que las partes hayan tenido oportunidad de conocerlo y de preparar las pruebas que lo desvirtúen."); por lo tanto, el Juez de Distrito debe diferir, de oficio y por una sola vez, la celebración de la audiencia constitucional, con la finalidad de que las partes (principalmente el quejoso) se impongan del contenido del informe con justificación y estén en aptitud de preparar, ofrecer y desahogar las pruebas que, en su caso, estimen convenientes para desvirtuarlo. De esta manera se equilibra procesalmente a las partes y, a la vez, se podrá aplicar cabalmente el párrafo último del referido numeral de la ley de la materia, en virtud de que el Juez de Distrito, al dictar la sentencia correspondiente, tomará en cuenta los informes justificados, aun cuando se hayan rendido sin la anticipación debida, pero ya con el pleno conocimiento del quejoso y del tercero perjudicado que les haya permitido defenderse de resultar necesario.

  4. Incidental

    En San Andrés Cholula, Puebla, a las nueve horas con cuarenta y cinco minutos del veintiuno de diciembre de dos mil diecisiete, hora y fecha señaladas en autos para la celebración de la audiencia incidental dentro del incidente de suspensión derivado del juicio de amparo 1315/2017-E (foja 10 vuelta), María Eugenia Gómez Villanueva, Jueza Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, asistida de María del Carmen Ortega Reguera, Secretaria con quien actúa, la declaró abierta con fundamento en el artículo 144 de la Ley de Amparo vigente, sin asistencia de las partes. A continuación, la secretaria hace relación de las constancias que obran en el expediente, entre las que destacan: la copia de la demanda de amparo y escrito aclaratorio presentados por José Ranulfo Sánchez Morales y José Andrés Sánchez Rojas (fojas 1 a 9), auto de catorce de diciembre de dos mil diecisiete (fojas 10 a 19). Por otra parte, la secretaria da cuenta con los proveídos de cinco y catorce de diciembre de dos mil diecisiete, pronunciados en el juicio principal del que emana éste incidente, los cuales se ordena agregar al presente cuaderno incidental, de los que se advierte: 1) EL requerimiento formulado al quejoso Samuel Aburto Barrales a fin de ratificar la firma asentada en su escrito de cuenta (auto de cinco de diciembre de dos mil diecisiete), y 2) que debido a que este no compareció a ratificar su firma en el término concedido, se tuvo por no presentada la demanda de garantías respecto de dicho quejoso (proveído de catorce de diciembre de dos mil diecisiete). Así mismo la secretaria da cuenta con el informe previo de la autoridad responsable 1. Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, Administradora del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Puebla- Joanna Karina Perea Cano-. A lo anterior, la Jueza acuerda: Téngase por practicada la relación de constancias, para los efectos legales conducentes, con fundamento en el artículo 140 de la Ley de Amparo, ténganse por rendido el informe previo con que dio cuenta la secretaria y, por formuladas la manifestaciones de la secretaria para que surtan los efectos legales correspondientes. Enseguida, se abre el periodo de pruebas, en el que la secretaria hace constar que las partes no ofrecieron, elementos probatorios; y la Jueza acuerda: Se tiene por perdido el derecho de las partes para ofrecer pruebas; por lo que se da por concluido este periodo. Abierto el periodo de alegatos, la Secretaria hace constar que las partes no formularon alegatos. A lo anterior, la Jueza acuerda: Se tiene por perdido el derecho de las partes a formular alegatos. Se cierra esta etapa. Enseguida, al no existir más promociones que acordar, pruebas por desahogar, ni diligencia alguna pendiente que practicar, se concluyen las dos primeras etapas de la presente audiencia incidental, y se procede a dictar la siguiente I N T E R L O C U T O R I A: V I S T O S; para resolver los autos del incidente de suspensión derivado del juicio de amparo número 1315/2017-C, del índice del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, promovido por José Ranulfo Sánchez Morales y José Andrés Sánchez Rojas por propio derecho; y, R E S U L T A N D O: ÚNICO. Demanda y trámite del incidente de suspensión. Mediante proveído de catorce de diciembre de dos mil diecisiete, en cumplimiento a lo ordenado en el cuaderno principal, se tramitó el incidente de suspensión propuesto por José Ranulfo Sánchez Morales y José Andrés Sánchez Rojas, se requirió el informe previo a la autoridad responsable, se fijó día y hora para la celebración de la audiencia incidental, cuyas dos primeras etapas se desarrollaron al tenor del acta que antecede y se resolvió lo relativo a la suspensión provisional solicitada; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla es legalmente competente para conocer y resolver el presente incidente de suspensión a que se refiere el expediente, en función de que este órgano jurisdiccional está conociendo el juicio de amparo indirecto del que deriva el mismo, aunado a que la ejecución de los actos reclamados son atribuidos a autoridades con residencia dentro de la jurisdicción de este órgano de control constitucional . SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 146, fracción I de la Ley de Amparo , se precisa que, atendiendo a la naturaleza de las autoridades señaladas como responsables, el acto reclamado en el presente asunto es: I. La orden de comparecencia, presentación o cita emitida por un Juez; y, II. La orden de aprehensión o reaprehensión. TERCERO. Existencia o inexistencia de los actos reclamados. Por razón de método, en la interlocutoria de la suspensión de los actos reclamados, primeramente se debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia del acto reclamado, y sólo en el primer caso, analizar si resulta procedente conceder a la parte quejosa la medida cautelar solicitada. Ahora bien, la parte quejosa atribuye el acto reclamado - que quedó precisado en el considerando segundo - a las autoridades responsables siguientes: No. Orden Autoridad responsable Sentido del informe previo Foja 1 1. Jueza de Distrito Especializada en el Sistema Penal Acusatorio, Administradora del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Puebla- Joanna Karina Perea Cano-. Niega y Admite 23 La autoridad responsable 1. Jueza de Distrito Especializada en el Sistema Penal Acusatorio, Administradora del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Puebla- Joanna Karina Perea Cano-, al rendir su informe previo, negó la existencia de los actos reclamados respecto de la orden de aprehensión o reaprehensión que le es reclamada, sin que la parte quejosa haya aportado prueba alguna para desvirtuar tal negativa. En tales condiciones, ante la inexistencia de los aludidos actos reclamados a la mencionada autoridad responsable, lo procedente es negar la suspensión definitiva solicitada. Al respecto, el artículo 131 de la Ley de Amparo vigente, señala que la suspensión se decretará cuando sean de difícil reparación los daños y perjuicios que se causen a la parte agraviada con la ejecución del acto reclamado. De lo anterior se sigue que, al no existir el acto reclamado a las referidas autoridades responsables, no pueden existir daños o perjuicios de difícil reparación para la parte quejosa, por consiguiente al no encontrarse satisfecho el requisito a que se refiere el artículo antes citado; lo procedente es negar la suspensión definitiva solicitada ante la inexistencia de los actos reclamados a la citada autoridad responsable. Resulta aplicable al respecto, la jurisprudencia emitida por el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, cuyos datos de localización, rubro y texto a continuación se detallan: INFORME PREVIO DEBE TENERSE COMO CIERTO SI NO EXISTEN PRUEBAS EN CONTRARIO. El informe previo debe tenerse como cierto si no existen pruebas contra lo que en él se afirma y, consecuentemente, negarse la suspensión si se negó la existencia del acto reclamado, a no ser que en la audiencia se rindan pruebas en contrario. CUARTO. La autoridad responsable 1. Jueza de Distrito Especializada en el Sistema Penal Acusatorio, Administradora del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Puebla- Joanna Karina Perea Cano-, al rendir su informe previo manifestó que es cierto el acto reclamado consistente en la cita reclamada por los quejosos José Ranulfo Sánchez Morales y José Andrés Sánchez Rojas, al referir lo siguiente: ".lo anterior es así, toda vez que mediante oficio presentado en ese Centro de Justicia Penal Federal por el Agente del Ministerio Público el tres de noviembre del año en curso, en el que solicitó la comparecencia de los imputados José Andrés Sánchez Rojas y José Ranulfo Sánchez Morales, a efecto de formularles imputación por el delito de "ARTÍCULO 81 (sic) SE SANCIONARÁ CON PENAS DE DOS A SIETE AÑOS DE PRISIÓN Y CINCUENTA A DOSCIENTOS DÍAS MULTA, A QUIEN PORTE UN ARMA DE LAS OMPRENDIDAS EN LOS ARTÍCULOS 9 Y 10 DE ESTA LEY SIN TENER EXPEDIDA LA LICENCIA CORRESPONDIENTE. Por lo que se señalaron las catorce horas con quince minutos del uno de diciembre de dos mil diecisiete, en la sala uno de este centro de justicia, para que a partir de esa hora tenga verificativo la audiencia incidental para formular imputación contra de Samuel Aburto Barrales, José Andrés Sánchez Rojas y José Ranulfo Sánchez Morales, por la comisión del delito descrito con antelación. Ahora, bien en diverso acuerdo de veinticuatro de noviembre se reprogramó la audiencia para formular imputación para las TRECE HORAS CON CINCUENTA Y ÚN MINUTOS DEL DOS DE ENERO DE DOS MIL DIECIOCHO." En esas condiciones, con fundamento en lo establecido en los artículos 162 y 166 de la Ley de Amparo vigente , se concede la suspensión definitiva solicitada, para el efecto de que los quejosos queden a disposición de este Juzgado Federal por cuanto hace a su libertad personal y a disposición del Juez de la causa únicamente respecto a la continuación del procedimiento que se les instruye, el cual no debe obstaculizarse o paralizarse, para no transgredir disposiciones de orden público; y, en el caso de que exista un apercibimiento de orden de aprehensión, no se haga efectivo, hasta en tanto se resuelva en definitiva la presente incidencia. Lo anterior es así, ya que el acto reclamado transgrede el derecho sustantivo a la libertad deambulatoria de la persona apercibida, pues coloca al individuo en una situación ineludible de obediencia ante un mandato judicial, perturbándolo en su esfera jurídica de manera inminente por el solo hecho de no acudir, ya que a partir de ahí puede ordenarse y ejecutarse su aprehensión. Norma el criterio de la suscrita Jueza la jurisprudencia 1a./J. 93/2013 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO ORAL. EN CONTRA DEL AUTO QUE ORDENA LA CITACIÓN DEL INVESTIGADO A LA AUDIENCIA DE "FORMULACIÓN DE LA IMPUTACIÓN", PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO (LEGISLACIONES DE LOS ESTADOS DE DURANGO Y CHIHUAHUA). La figura de la "formulación de la imputación" dentro del sistema de justicia penal acusatorio oral, se define en los códigos adjetivos penales de los Estados de Chihuahua y Durango, respectivamente, de la siguiente manera: "El acto procesal que corresponde de forma exclusiva al Ministerio Público, mediante el cual comunica al imputado, en presencia del Juez, que desarrolla una investigación en su contra respecto de uno o más hechos determinados"; y "La comunicación que el Ministerio Público efectúa al imputado, en presencia del juez, de que se desarrolla una investigación en su contra respecto de uno o más hechos que la ley señale como delitos". En ambos Estados de la República se establece que la formulación de la imputación se realiza cuando el Ministerio Público considera oportuno formalizar el procedimiento por medio de la intervención judicial y, para ello, debe solicitar al juzgador la celebración de una audiencia para que pueda comunicarle al investigado la formulación de la imputación. Audiencia para la cual la autoridad jurisdiccional citará al investigado, a quien se le indicará que tendrá que acudir acompañado de su defensor, con el apercibimiento de ley, que de no comparecer se ordenará su aprehensión. Ahora bien, el auto con apercibimiento de aprehensión que emite la autoridad jurisdiccional, es un acto que transgrede el derecho sustantivo a la libertad deambulatoria de la persona apercibida, pues coloca al individuo en una situación ineludible de obediencia ante un mandato judicial, perturbándolo en su esfera jurídica de manera inminente por el solo hecho de no acudir, ya que a partir de ahí puede ordenarse y ejecutarse su aprehensión; además, a partir del instante en que se emite el apercibimiento en comento, se actualiza una afectación a la libertad deambulatoria de la persona, pues la orden de citación para que se le formule la imputación tiene por objeto lograr su comparecencia para que continúe la secuela procesal; ello implica que su derecho a la libertad puede verse restringido al menos parcialmente, en la medida en que aparte de que obligadamente tiene que acudir a la citada audiencia, debe, a partir de ahí, sufrir una perturbación indirecta de la libertad con motivo de las consecuencias que deriven de la prosecución del procedimiento que requieren de su ineludible presencia. Por consiguiente, se estima que el auto de mérito es un acto que afecta su libertad en atención a los efectos que produce, lo cual se traduce en un acto de imposible reparación susceptible de ser combatido a través del juicio de amparo indirecto, conforme a los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Federal y 107, fracción V, de la Ley de Amparo vigente. A fin de que continúe surtiendo efectos la medida cautelar concedida en líneas precedentes, de conformidad con el artículo 168 de la Ley de Amparo vigente , se fijan a los quejosos las siguientes medidas de aseguramiento: a) Presentarse ante el Juez de la causa cuantas veces sea citado; b) Señalar ante este órgano de amparo el lugar donde se encuentra establecido su domicilio particular cierto y actual en el que pueda ser localizada tanto por este órgano constitucional como por las autoridades responsables ordenadoras; y, c) En el término de cinco días contados a partir de la notificación de este auto, cada uno de los quejosos y por separado deberán exhibir una garantía por la cantidad de $1,000.00 (mil pesos, cero centavos, moneda nacional). Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 1a./J. 35/2007 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que enseguida se transcribe: ORDEN DE COMPARECENCIA. AL AFECTAR TEMPORALMENTE LA LIBERTAD PERSONAL DEL QUEJOSO, PROCEDE LA SUSPENSIÓN DE SU EJECUCIÓN DENTRO DEL JUICIO DE GARANTÍAS, PARA LOS EFECTOS ESTABLECIDOS EN LOS ARTÍCULOS 124 BIS, 130, 136 Y 138 DE LA LEY DE AMPARO. Contra la ejecución de una orden de comparecencia procede la suspensión provisional, aun cuando se trate de delitos de pena alternativa o que no ameriten pena privativa de la libertad, en virtud de que concurren los requisitos del artículo 124 de la Ley de Amparo, pues constituye un acto que puede causar daños y perjuicios de difícil reparación, ya que su ejecución implica una afectación material y temporal del derecho fundamental de la libertad personal, aunque en menor grado que la orden de aprehensión. Así, conforme a los artículos 124 bis, 130, 136 y 138 de la Ley de la materia, la suspensión que se conceda contra la ejecución de una orden de comparecencia será para el efecto de que el quejoso quede a disposición del Juez de Distrito por cuanto hace a su libertad personal y a disposición del Juez de la causa únicamente respecto a la continuación del procedimiento que se le instruye, el cual no debe obstaculizarse o paralizarse, para no transgredir disposiciones de orden público. Además, para que no cesen los efectos de la suspensión concedida, el quejoso debe cumplir con los siguientes requisitos: a) en el plazo que establezca el juzgador de amparo que conozca del asunto, otorgar la garantía que éste decrete; b) comparecer ante el Juez de la causa, dentro de los tres días siguientes al en que surta efectos la notificación de la resolución que concede la suspensión, para la continuación del procedimiento penal, conforme al artículo 138 de la Ley de la materia, lo que deberá acreditar ante el Juez de garantías dentro de las setenta y dos horas siguientes a dicha comparecencia, mediante la constancia respectiva de la que se advierta el sello del juzgado responsable; c) presentarse ante el Juez de la causa cuantas veces sea citado, y en caso de inasistencia éste deberá informarlo al Juez de amparo para que revoque la concesión de la suspensión decretada y, d) señalar domicilio a fin de que puedan hacerle las notificaciones respectivas; asimismo, se le apercibirá que de no cumplir con los requisitos fijados en los aludidos incisos b) y c), se hará efectiva la garantía otorgada en favor del erario federal. Lo anterior, a fin de que el quejoso pueda ser devuelto al Juez responsable en caso de no obtener el amparo federal solicitado, y sin perjuicio de las que adicionalmente el juzgador estime imponer, acorde a las circunstancias del caso concreto y en uso de las amplias facultades que los señalados preceptos legales le conceden para decretar las medidas de aseguramiento pertinentes para prevenir que el indiciado se sustraiga de la acción de la justicia y evitar perjuicios a terceros y al interés social. En otro sentido, hágase saber a los quejosos que podrán exhibir la garantía o las garantías solicitadas en cualquiera de las formas establecidas por la Ley para el cumplimiento de las obligaciones (billete de depósito, póliza de fianza, etcétera) pero de exhibirlas en billete de depósito o póliza de fianza deberá contener los siguientes requisitos: En caso de exhibir billete de depósito: 1) En el apartado autoridad asentar el nombre de este órgano jurisdiccional: Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla; 2) Que se exprese el objeto para el cual se exhibe, esto es, en el apartado concepto deberán indicar cada uno y por separado que es para que surta efectos la suspensión definitiva que les fue concedida a José Ranulfo Sánchez Morales y a José Andrés Sánchez Rojas en el incidente de suspensión 1315/2017-E; y, 3) Acompañar dos fotocopias del documento donde conste ésta. En caso de exhibir póliza de fianza: 1) Que se expida ante este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla; 2) Que se exprese el objeto para el cual se exhibe, esto es, en el apartado concepto deberá indicar que es para que surta efectos la suspensión definitiva concedida a José Ranulfo Sánchez Morales y a José Andrés Sánchez Rojas en el incidente de suspensión 1315/2017-E; 3) Deberá además, contener la renuncia en forma expresa de la compañía afianzadora, a las disposiciones de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, en caso de que se haga efectivo el cobro de las cantidades caucionadas y deberá someterse en forma expresa para tal efecto a lo que sobre el particular dispone el artículo 129 de la Ley de Amparo abrogada o artículo 156 de la Ley de Amparo vigente, según sea el caso; y, 4) Acompañar dos fotocopias del documento donde conste ésta. Por lo expuesto, se: R E S U E L V E: PRIMERO. Se niega la suspensión definitiva solicitada por José Ranulfo Sánchez Morales y José Andrés Sánchez Rojas, en términos del considerando tercero de esta interlocutoria y por la autoridad responsable ahí indicada. SEGUNDO. Se concede la suspensión definitiva solicitada por José Ranulfo Sánchez Morales y José Andrés Sánchez Rojas, en términos del considerando cuarto de esta interlocutoria y por la autoridad responsable ahí indicada.

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