Jose Renteria Garcia

Expediente 960/2016 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 13 actuaciones registradas, la última del 27 de diciembre de 2016.

Datos del expediente

Expediente
960/2016
Año
2016
Actuaciones
13
Última actuación
27/12/2016

Partes del expediente

  • Jose Renteria Garcia
  • JOSE RENTERIA GARCIA y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintisiete de diciembre de dos mil dieciséis. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que el plazo general de quince días que establece el artículo 202 de la Ley de Amparo, para que las partes se inconformaran en contra del acuerdo dictado el veinticinco de noviembre de dos mil dieciséis, mediante el cual se tuvo por cumplida la ejecutoria emitida en este juicio de amparo, transcurrió del seis al veintiséis de diciembre del presente año, sin que se hayan inconformado con el citado proveído. En consecuencia, en términos del artículo 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha quedado firme. Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de ese año, se establece que el presente asunto en el que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración después de transcurridos cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción IV del punto vigésimo primero del ordenamiento en cita, debiéndose conservar la demanda y sentencia respectiva, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. Finalmente, se ordenan fijar las anotaciones correspondientes en la carátula del presente expediente, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo en el punto Décimo Primero del Acuerdo en Comento (1/2009).

  2. Principal

    CAPTURA AVISO- SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA RESOLUCION DE VEINTICINCO DE NOVIEMBRE DE 2016 QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Vista la certificación de esta fecha y el estado procesal que guarda el presente asunto, se advierte que mediante proveído de diez de noviembre de dos mil dieciséis, se dio vista a la parte quejosa para que manifestara lo que a su derecho e interés conviniera respecto del cumplimiento que la responsable ha dado al fallo protector, sin que así lo hiciera, en consecuencia, se procede a analizar si la ejecutoria constitucional fue acatada por la autoridad responsable encargada del cumplimiento del fallo protector de garantías con los elementos que obran en autos. En principio, es necesario indicar que en la sentencia engrosada el trece de septiembre de dos mil dieciséis (fojas 143 a 155), se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado por los quejosos José Rentería García y José Celedonio Rodríguez Pineda, para los efectos siguientes: "NOVENO. Efectos de la concesión del amparo. En términos de los artículos 73 y 77 de la Ley de Amparo y en virtud de las razones expuestas en el considerando que antecede, lo procedente es conceder el amparo para el efecto de que se: 1. Deje insubsistente la resolución reclamada de catorce de marzo de dos mil dieciséis (fojas 34 a 48 del tomo de prueba), y con libertad de jurisdicción, dicte otra debidamente fundada y motivada, la cual podrá ser en el mismo sentido de la aquí reclamada o en sentido diverso, pero si decidiera lo primero, deberá purgar los vicios que la afectan y que fueron destacados en esta sentencia, esto es, deberá dar respuesta integra sobre los agravios formulados por los inculpados al interponer el recurso de apelación, precisados en esta sentencia. Se afirma lo anterior, en virtud de que es obligación de la responsable subsanar las deficiencias de carácter formal advertidas en esta sentencia, y no del juzgador de amparo, porque a éste no le está permitido sustituirse a la autoridad responsable, ni aun aduciendo cuestiones de economía procesal, dado que con su actuar estaría completando o integrando la resolución combatida, obligando con ello a la parte quejosa a defenderse, además de lo determinado por la autoridad responsable, de lo señalado por el juzgador constitucional; circunstancia que resulta contraria a la lógica jurídica y técnica del juicio de amparo, ya que éste no es una segunda o ulterior instancia en la cual se reasuma jurisdicción, sino un medio extraordinario de defensa constitucional, por lo cual los Jueces de Distrito se deben limitar a establecer si el acto reclamado viola o no derechos fundamentales. Se hace extensiva la concesión del amparo por lo que respecta al acto de ejecución, al no reclamarse por vicios propios, sino como consecuencia directa de la resolución controvertida, de acuerdo con la jurisprudencia 88, sustentada por la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Quinta Época, tomo VI, Materia Común, registro 917622, página 70, que dice: "AUTORIDADES EJECUTORAS, ACTOS DE, NO RECLAMADOS POR VICIOS PROPIOS. Si la sentencia de amparo considera violatoria de garantías la resolución que ejecutan, igual declaración debe hacerse respecto de los actos de ejecución, si no se reclaman, especialmente, vicios de ésta". Quinta Época: Amparo civil en revisión 1429/26.-Martínez Cuende Luis.-30 de abril de 1927.-Mayoría de nueve votos.-Disidente: Gustavo A. Vicencio.-La publicación no menciona el nombre del ponente. Amparo civil directo 2491/26.-Castilla viuda de Jiménez Carolina.-5 de octubre de 1927.-Unanimidad de diez votos.-La publicación no menciona el nombre del ponente. Amparo administrativo en revisión 2677/25.-Azcárraga Pedro I.-15 de diciembre de 1927.-Mayoría de diez votos.-Disidente: Arturo Cisneros Canto.-La publicación no menciona el nombre del ponente. Amparo civil en revisión 3126/27.-Banco Occidental de México, S.A.-11 de mayo de 1928.-Mayoría de ocho votos.-Disidente: S. M. Olea.-La publicación no menciona el nombre del ponente. Amparo civil en revisión 888/29.-Cuautli Miguel y coagraviado.-29 de octubre de 1929.-Unanimidad de cuatro votos.-La publicación no menciona el nombre del ponente. Apéndice 1917-1995, Tomo VI, Primera Parte, página 66, Tercera Sala, tesis 102"." (foja 153). Por otra parte, los vicios que afectan y que fueron destacados en dicha sentencia, se advierten de la siguiente transcripción. "(.) De esta forma, de la confrontación que se realiza del escrito de cuatro de mayo de dos mil quince (fojas 6 a 24 del tomo uno de pruebas), con la resolución controvertida, se advierte que la sala responsable no dio cabal respuesta a todos los motivos de inconformidad expuestos por el apelante. Así es, el recurrente en el inciso g), de dicho escrito específicamente en la foja quince del citado tomo de pruebas señaló: Que de las pruebas que obraban en la causa penal, en forma alguna se advertía la existencia de ánimo de apropiación respecto al inmueble (indeterminado), lo que era importante la responsable precisara para acreditar el cuerpo del delito de despojo, pues era de explorado derecho que la posesión inmediata de inmuebles, la propiedad de los mismos y los derechos reales que el legislador protegía a través del tipo penal de despojo previsto en el artículo 408, fracción I, del Código Penal para el Estado, conllevaban implícita la figura genérica de la posesión, pues el legislador pretendía sancionar la sustracción del patrimonio, por medios no legítimos, del corpus y del animus que integran la posesión, y no solo de uno de los elementos, ya que ambos (en conjunto) integraban la referida figura. Dijo, la parte recurrente, que para la integración del tipo penal de despojo, era necesario que estuviera la figura dolosa de usurpar un derecho ajeno sobre un inmueble a través de la ocupación de uso del mismo o de un derecho real, a fin de que integrar las partes objetiva y subjetiva del tipo, esta última expresada en querer y entender de la conducta ilícita, en el caso, la sustitución del poseedor en sus derechos, por lo que era insuficiente que el sujeto activo se introdujera en un bien ajeno, y en su caso hiciera uso de él, ya que resultaba indispensable que el despliegue de esa conducta dolosa de usurpar un derecho ajeno, por ser el elemento que llevaba inherente un aprovechamiento patrimonial ilegítimo, determinaba que el sujeto pasivo se viera impedido para seguir ejerciendo sobre el inmueble los derechos inherentes a la propiedad o posesión, por tanto dijo, la parte apelante que la conducta dolosa determinada un elemento del tipo necesario para que se integrara el delito de despojo, y de no encontrarse presente, se tipificaría un supuesto penal diverso, en el que se tutelara la inviolabilidad del domicilio de la posesión. Así dijo la parte apelante que los elementos de prueba que analizó la responsable resultaban ineficaces para acreditar la materialidad del cuerpo del delito de despojo por el que se dictó en su contra el auto de formal prisión apelado. Sin embargo, la autoridad responsable no dio respuesta a tal argumento, pues de la lectura de la resolución controvertida no se advierte que haya dado respuesta a tal inconformidad, por lo que deberá contestarlo de manera fundada y motivada. Debiéndose significar a la responsable que, siendo la posesión, como figura genérica, lo que esencialmente se protege en el tipo penal de despojo, es claro que en éste el legislador pretendió sancionar la sustracción del patrimonio, por medios no legítimos, del corpus y del animus que la integran, y no sólo a uno de esos elementos, pues los mismos, en conjunto, integran la referida posesión; siendo por ello que la sola intromisión u ocupación a un inmueble no es suficiente para tipificar la conducta como despojo, pues esta intromisión, sin ánimo de apropiación, se encuentra referida únicamente al corpus y no al animus y, en ausencia de este último, no podemos estar en presencia de la posesión que tutela el mencionado tipo penal. Por tanto, para la integración del tipo penal de despojo, es necesario en todo caso, que esté presente una conducta dolosa de usurpar un derecho ajeno sobre un inmueble, a través de la ocupación, permanencia, remoción o alteración de los límites del mismo, o uso del mismo, a fin de integrar las partes objetiva y subjetiva del tipo, esta última expresada en el querer y entender de la conducta ilícita, en este caso, la sustitución del poseedor en sus derechos. Consecuentemente, no basta con que los sujetos activos se introduzca en un bien inmueble ajeno, lo ocupen o permanezcan en él, o alguna de sus restantes hipótesis, para que pueda tipificarse esa conducta como despojo, sino que para ello es necesario que despliegue una conducta dolosa de usurpar un derecho ajeno sobre un inmueble, a través de la ocupación, permanencia, remoción o alteración de sus límites o uso del mismo, con el ánimo de sustituir al poseedor legítimo en el ejercicio de sus derechos, pues es este elemento el que lleva inherente un aprovechamiento patrimonial ilegítimo y determina que el sujeto pasivo se vea impedido para seguir ejerciendo sobre el inmueble de que se trate los derechos inherentes a la propiedad o posesión. En este orden de ideas, la conducta dolosa de usurpar un derecho ajeno, con el consecuente despliegue de actos que demuestren su intención de sustituir al poseedor precisamente en esa calidad, determina un elemento de tipo necesario para que se integre la figura de despojo, pues de no encontrarse presente, la misma tipificaría un supuesto penal diverso, en el que solamente se requiera la intromisión u obstrucción a un bien inmueble, público o privado, sin justificación legal alguna, por tutelar como derecho protegido la inviolabilidad del domicilio, y no la posesión (esto lo hicieron valer los apelantes en su escrito de agravios, lo cual dicho sea de paso, no fue contestado por la responsable lo que hace incurrir su actuar en la falta de motivación). Las consideraciones anteriores tienen origen en la jurisprudencia identificada con el número 1a./J. 116/2004, de la Primera Sala del Máximo Tribunal del País, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXI, Abril de 2005, registro 178752, página 211, de texto siguiente: "DESPOJO, DELITO DE. CONDUCTA DOLOSA DE USURPAR UN DERECHO AJENO COMO ELEMENTO DEL TIPO PENAL (ARTÍCULOS 384, FRACCIÓN I, DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE OAXACA; 395, FRACCIÓN I, DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL Y 408, FRACCIÓN I, DEL CÓDIGO DE DEFENSA SOCIAL PARA EL ESTADO DE PUEBLA). La posesión inmediata de inmuebles, la propiedad de los mismos y los derechos reales que el legislador protege a través del tipo penal de despojo previsto en los artículos 384, fracción I, del Código Penal para el Estado de Oaxaca; 395, fracción I, del Código Penal para el Distrito Federal y 408, fracción I, del Código de Defensa Social para el Estado de Puebla, conllevan implícita la figura genérica de la posesión y en el tipo penal de despojo que prevén esos dispositivos el legislador pretende sancionar la sustracción del patrimonio, por medios no legítimos, del corpus y del animus que integran la posesión, y no sólo de uno de esos elementos, pues ambos, en conjunto, integran la referida figura genérica; siendo por ello que para la integración del tipo penal de despojo, es necesario en todo caso, que esté presente una conducta dolosa de usurpar un derecho ajeno sobre un inmueble a través de la ocupación o uso del mismo o de un derecho real, a fin de integrar las partes objetiva y subjetiva del tipo, esta última expresada en el querer y entender de la conducta ilícita, en este caso, la sustitución del poseedor en sus derechos; por lo que es insuficiente que el sujeto activo se introduzca en un bien inmueble ajeno y, en su caso, haga uso de él, pues resulta indispensable el despliegue de esa conducta dolosa de usurpar un derecho ajeno, por ser el elemento que lleva inherente un aprovechamiento patrimonial ilegítimo y determina que el sujeto pasivo se vea impedido para seguir ejerciendo sobre el inmueble de que se trate los derechos inherentes a la propiedad o posesión; por lo que la mencionada conducta dolosa determina un elemento del tipo necesario para que se integre el delito de despojo, y de no encontrarse presente, se tipificará un supuesto penal diverso, en el que se tutele la inviolabilidad del domicilio y no la posesión, por requerirse solamente la intromisión a un bien inmueble, público o privado, sin justificación legal alguna. CONTRADICCIÓN DE TESIS 15/2004-PS. Entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Tercer Circuito, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito y el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito. 29 de septiembre de 2004. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretaria: Irma Leticia Flores Díaz. Tesis de jurisprudencia 116/2004. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de fecha diez de noviembre de dos mil cuatro. Nota: Por ejecutoria de fecha 25 de marzo de 2009, la Primera Sala declaró improcedente la contradicción de tesis 128/2008-PS en que participó el presente criterio. Ejecutorias CONTRADICCIÓN DE TESIS 15/2004-PS." De esta forma, era importante que la sala diera respuesta a las referidas inconformidades, ya que los argumentos de los inculpados los hicieron tendentes a demostrar que no cometieron el delito de despojo que se les imputa, por tanto, correspondía a la sala responsable dar contestación a sus argumentos, con independencia de su sentido, pues lo que realmente importa es ver colmado el derecho de acceso a la justicia que tienen los inculpados, que se traduce en que la autoridad dé respuesta a los argumentos vertidos en los agravios que para tal efecto vertieron al interponer el recurso de apelación contra la resolución que consideraron les causa agravio." (fojas 148 vuelta a 150). Luego, por auto de veintiuno de octubre de dos mil dieciséis causó ejecutoria la sentencia de mérito, y se le requirió su cumplimiento a la autoridad responsable (fojas 240 a 244). Mediante oficio 6448 de nueve de noviembre de dos mil dieciséis (foja 260), la autoridad responsable Tercera Sala en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla dijo haber dado cumplimiento a la sentencia amparadora y remitió copia certificada de la resolución de nueve de noviembre del citado año, pronunciada en el toca de apelación 906/2015, en la que se advierte que: Dejó insubsistente la resolución reclamada de catorce de marzo de dos mil dieciséis; y, Dió contestación a los argumentos de los aquí quejosos vertidos en los agravios al interponer el recurso de apelación contra el auto de formal prisión o preventiva decretado en contra de José Rentería García y José Celedonio Rodríguez Pineda, como probables responsables del delito de Despojo previsto y sancionado por el artículo 408, fracción I en relación con los diversos 11, 13 y 21, fracción I del Código Penal para el Estado de Puebla, cometido en agravio de Anastacia Pineda Ramírez, como se advierte de lo siguiente: "(.) Asimismo, en cumplimiento a lo ordenado por la Autoridad Federal, del escrito de agravios exhibido por los inconformes se desprende que éstos en el inciso g) expresan el siguiente agravio: "En forma alguna de las pruebas de la causa y de los hechos atribuidos a los quejosos, se advierte la existencia de ánimo de apropiación respecto al inmueble (indeterminado) reclamado, lo que es de importancia para tener por acreditado el cuerpo del delito de despojo, pues es de explorado derecho que la posesión inmediata de inmuebles, la propiedad de los mismos y los derechos reales que el legislador protege a través del tipo penal del despojo previsto en el artículo 408 fracción I, del Código Penal para el Estado de Puebla, conllevan implícita la figura genérica de posesión y en el tipo penal de despojo que prevén esos dispositivos el legislador pretende sancionar la sustracción del patrimonio, por medios no legítimos, del corpus y del animus que integran la posesión, y no sólo de uno de esos elementos, pues ambos, en conjunto, integran la referida figura genérica; siendo por ello que para la integración del tipo penal de despojo, es necesario, en todo caso que esté presente una conducta dolosa de usurpar un derecho ajeno sobre un inmueble a través de la ocupación o uso el mismo o de un derecho real, a fin de integrar las partes objetiva y subjetiva del tipo, esta última expresada en el querer y entender de la conducta ilícita, en este caso la sustitución del poseedor en su derechos (sic); por lo que es insuficiente que el sujeto activo se introduzca en un bien inmueble ajeno y, en su caso, haga uso de él, pues resulta indispensable el despliegue de esa conducta dolosa de usurpar un derecho ajeno, por el elemento que lleva inherente un aprovechamiento patrimonial legítimo y determina que el sujeto pasivo se vea impedido para seguir ejerciendo sobre el inmueble de que se trate los derechos inherentes a la propiedad o posesión; por lo que la mencionada conducta dolosa determina un elemento del tipo necesario para que se integre el delito de despojo, y de no encontrase presente, se tipificará un supuesto penal diverso, en el que se tutele la inviolabilidad del domicilio y no la posesión, por requerirse solamente la intromisión a un bien inmueble, público o privado, sin justificación legal alguna." Manifestaciones de los procesados que resultan infundadas, como en seguida se expresa. Cierto es como lo afirman los apelantes, que para la acreditación del cuerpo del delito de DESPOJO, se requiere demostrar además del elemento objetivo de éste; el subjetivo, el cual se refiere al ánimo de apropiación del inmueble, puesto que en este ilícito el juzgador sanciona la sustracción del patrimonio por medios no legítimos, del corpus y del animus que integran la posesión y no sólo uno de esos elementos, pues ambos en conjunto forman la figura genérica de este delito; no obstante, contrario a lo argumentado por los apelantes, los medios de prueba que obran en la causa penal de origen si resultan eficaces para demostrar que JOSÉ RENTERÍA GARCÍA y JOSÉ CELEDONIO RODRÍGUEZ PINEDA usurparon un derecho ajeno. Siendo así, puesto que de la denuncia emitida por la agraviada ANASTACIA PINEDA RAMÍREZ, se advierte que en la fecha en que se llevó a cabo el evento ilícito, los inconformes no sólo ingresaron al inmueble, sino que éstos ejecutaron conductas que revelan el ánimo de apropiarse del inmueble, tales como surcarlo, para lo cual estuvieron trabajando al interior con un tractor, que quitaron unos postes de madera, así como un alambre de púas que la agraviada había puesto para delimitar el inmueble; aunado a estos actos, los propios procesados así se lo hicieron saber a la agraviada, al manifestarle a JOSÉ RENTERÍA GARCÍA, que ".que el predio era suyo y que nadie se lo iba a quitar que le valía madres que me lo hubieran entregado de nuevo." circunstancias de hecho que de cualquier manera fueron referidas por los testigos de cargo RICARDO TAMAYO VENEGAS y PEDRO PINEDA RAMÍREZ al emitir sus testimonios ante el Agente del Ministerio Público Investigador; lo cual revela como ya se dijo, el elemento subjetivo del delito consistente en el ánimo de apropiarse del inmueble, puesto que los procesados al ocupar ilícitamente el bien materia del delito, mediante el empleo de la furtividad han usurpado en derecho ajeno, consistente en la posesión que había sido restituida un día anterior a la agraviada ANASTACIA PINEDA RAMÍREZ, por parte de la autoridad Civil. De manera que si como ya se analizó, hasta esta etapa del procedimiento se demostró que en la fecha del hecho la pasivo estaba en posesión del inmueble -la cual ejerce por virtud de la restitución que el Ciudadano juez de lo Civil del Distrito Judicial de Chignahuapan, Puebla en ejecución a la resolución emitida dentro del Juicio Civil Reivindicatorio número 349/2010 debe estimarse que los procesados procedieron ilícitamente pues no obstante conocer tal circunstancia, dolosamente la desconocieron, realizando actos de ocupación sobre el inmueble, con independencia de que consideren también que les corresponde derecho de propietario, en tanto que los tribunales de materia diversa a la penal son los competentes para decidir a quién corresponde la propiedad del inmueble y, en consecuencia el derecho a poseer; de ahí que aun ante la potencial existencia del derecho de propiedad a favor de JOSÉ RENTERÍA GARCÍA sobre el inmueble objeto del delito, este se actualiza ante la demostración del hecho posesorio de la parte que se dice agraviada ANASTACIA PINEDA RAMÍREZ, porque la conducta de los agraviados atentó contra la posesión que la ofendida ejerce legítimamente, lo que implica hacerse justicia por propia mano, lo cual está prohibido por el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que si el inculpado se estima con derechos sobre el inmueble, los tiene expeditos en la vía civil para exigirlos antes de obrar por cuenta propia, ocupando un inmueble en posesión de tercera persona, quien también cuenta con título que la ostenta como propietaria. Y, por lo que respecta al agravio que pretenden hacer valer los recurrentes, cuando sostienen la exigencia de los particulares de solicitar la nulidad de la prueba ilícita debe decirse que además de infundadas resultan inoperantes sus consideraciones, ya que no exponen las razones por las que pueden colegir que el auto que aquí se revisa se sustenta en pruebas de naturaleza ilícita y por lo tanto deba revocarse la determinación del A quo, de ahí lo infundado de sus alegaciones. Las consideraciones antes expuestas resultan bastas y suficientes para confirmar el auto impugnado. Finalmente analizadas que fueron las constancias integradoras del sumario, en términos del artículo 300 del Código Adjetivo de la Materia, se advierte que no hay agravios que suplir a favor del procesado, toda vez que tanto la existencia del cuerpo del delito de DESPOJO, como la probable responsabilidad penal de JOSÉ RENTERÍA GARCÍA y JOSÉ CELEDONIO RODRÍGUEZ PINEDA en su comisión, se probaron en la forma, fundamentos y motivaciones que el A quo plasmó en la resolución generadora de esta alzada, mismos razonamientos lógico jurídicos que la Sala da por reproducidos como si a la letra se insertasen y los hace suyos para los efectos legales conducentes." (fojas 285 a 287). Las constancias a las que se ha hecho referencia son documentos públicos que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, tienen pleno valor probatorio. Luego, si la Sala responsable dio contestación a los argumentos vertidos por los quejosos en los agravios al interponer el recurso de apelación contra el mencionado auto de formal prisión en los términos señalados en la sentencia que se cumplimenta, los extremos a que se contrae la ejecutoria de mérito se llevaron a cabo, por lo que con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, SE TIENE POR CUMPLIDA LA SENTENCIA DE AMPARO. .

  3. Principal

    Vista la certificación de esta fecha y el estado procesal que guarda el presente asunto, se advierte que mediante proveído de diez de noviembre de dos mil dieciséis, se dio vista a la parte quejosa para que manifestara lo que a su derecho e interés conviniera respecto del cumplimiento que la responsable ha dado al fallo protector, sin que así lo hiciera, en consecuencia, se procede a analizar si la ejecutoria constitucional fue acatada por la autoridad responsable encargada del cumplimiento del fallo protector de garantías con los elementos que obran en autos. En principio, es necesario indicar que en la sentencia engrosada el trece de septiembre de dos mil dieciséis (fojas 143 a 155), se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado por los quejosos José Rentería García y José Celedonio Rodríguez Pineda, para los efectos siguientes: "NOVENO. Efectos de la concesión del amparo. En términos de los artículos 73 y 77 de la Ley de Amparo y en virtud de las razones expuestas en el considerando que antecede, lo procedente es conceder el amparo para el efecto de que se: 1. Deje insubsistente la resolución reclamada de catorce de marzo de dos mil dieciséis (fojas 34 a 48 del tomo de prueba), y con libertad de jurisdicción, dicte otra debidamente fundada y motivada, la cual podrá ser en el mismo sentido de la aquí reclamada o en sentido diverso, pero si decidiera lo primero, deberá purgar los vicios que la afectan y que fueron destacados en esta sentencia, esto es, deberá dar respuesta integra sobre los agravios formulados por los inculpados al interponer el recurso de apelación, precisados en esta sentencia. Se afirma lo anterior, en virtud de que es obligación de la responsable subsanar las deficiencias de carácter formal advertidas en esta sentencia, y no del juzgador de amparo, porque a éste no le está permitido sustituirse a la autoridad responsable, ni aun aduciendo cuestiones de economía procesal, dado que con su actuar estaría completando o integrando la resolución combatida, obligando con ello a la parte quejosa a defenderse, además de lo determinado por la autoridad responsable, de lo señalado por el juzgador constitucional; circunstancia que resulta contraria a la lógica jurídica y técnica del juicio de amparo, ya que éste no es una segunda o ulterior instancia en la cual se reasuma jurisdicción, sino un medio extraordinario de defensa constitucional, por lo cual los Jueces de Distrito se deben limitar a establecer si el acto reclamado viola o no derechos fundamentales. Se hace extensiva la concesión del amparo por lo que respecta al acto de ejecución, al no reclamarse por vicios propios, sino como consecuencia directa de la resolución controvertida, de acuerdo con la jurisprudencia 88, sustentada por la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Quinta Época, tomo VI, Materia Común, registro 917622, página 70, que dice: "AUTORIDADES EJECUTORAS, ACTOS DE, NO RECLAMADOS POR VICIOS PROPIOS. Si la sentencia de amparo considera violatoria de garantías la resolución que ejecutan, igual declaración debe hacerse respecto de los actos de ejecución, si no se reclaman, especialmente, vicios de ésta". Quinta Época: Amparo civil en revisión 1429/26.-Martínez Cuende Luis.-30 de abril de 1927.-Mayoría de nueve votos.-Disidente: Gustavo A. Vicencio.-La publicación no menciona el nombre del ponente. Amparo civil directo 2491/26.-Castilla viuda de Jiménez Carolina.-5 de octubre de 1927.-Unanimidad de diez votos.-La publicación no menciona el nombre del ponente. Amparo administrativo en revisión 2677/25.-Azcárraga Pedro I.-15 de diciembre de 1927.-Mayoría de diez votos.-Disidente: Arturo Cisneros Canto.-La publicación no menciona el nombre del ponente. Amparo civil en revisión 3126/27.-Banco Occidental de México, S.A.-11 de mayo de 1928.-Mayoría de ocho votos.-Disidente: S. M. Olea.-La publicación no menciona el nombre del ponente. Amparo civil en revisión 888/29.-Cuautli Miguel y coagraviado.-29 de octubre de 1929.-Unanimidad de cuatro votos.-La publicación no menciona el nombre del ponente. Apéndice 1917-1995, Tomo VI, Primera Parte, página 66, Tercera Sala, tesis 102"." (foja 153). Por otra parte, los vicios que afectan y que fueron destacados en dicha sentencia, se advierten de la siguiente transcripción. "(.) De esta forma, de la confrontación que se realiza del escrito de cuatro de mayo de dos mil quince (fojas 6 a 24 del tomo uno de pruebas), con la resolución controvertida, se advierte que la sala responsable no dio cabal respuesta a todos los motivos de inconformidad expuestos por el apelante. Así es, el recurrente en el inciso g), de dicho escrito específicamente en la foja quince del citado tomo de pruebas señaló: Que de las pruebas que obraban en la causa penal, en forma alguna se advertía la existencia de ánimo de apropiación respecto al inmueble (indeterminado), lo que era importante la responsable precisara para acreditar el cuerpo del delito de despojo, pues era de explorado derecho que la posesión inmediata de inmuebles, la propiedad de los mismos y los derechos reales que el legislador protegía a través del tipo penal de despojo previsto en el artículo 408, fracción I, del Código Penal para el Estado, conllevaban implícita la figura genérica de la posesión, pues el legislador pretendía sancionar la sustracción del patrimonio, por medios no legítimos, del corpus y del animus que integran la posesión, y no solo de uno de los elementos, ya que ambos (en conjunto) integraban la referida figura. Dijo, la parte recurrente, que para la integración del tipo penal de despojo, era necesario que estuviera la figura dolosa de usurpar un derecho ajeno sobre un inmueble a través de la ocupación de uso del mismo o de un derecho real, a fin de que integrar las partes objetiva y subjetiva del tipo, esta última expresada en querer y entender de la conducta ilícita, en el caso, la sustitución del poseedor en sus derechos, por lo que era insuficiente que el sujeto activo se introdujera en un bien ajeno, y en su caso hiciera uso de él, ya que resultaba indispensable que el despliegue de esa conducta dolosa de usurpar un derecho ajeno, por ser el elemento que llevaba inherente un aprovechamiento patrimonial ilegítimo, determinaba que el sujeto pasivo se viera impedido para seguir ejerciendo sobre el inmueble los derechos inherentes a la propiedad o posesión, por tanto dijo, la parte apelante que la conducta dolosa determinada un elemento del tipo necesario para que se integrara el delito de despojo, y de no encontrarse presente, se tipificaría un supuesto penal diverso, en el que se tutelara la inviolabilidad del domicilio de la posesión. Así dijo la parte apelante que los elementos de prueba que analizó la responsable resultaban ineficaces para acreditar la materialidad del cuerpo del delito de despojo por el que se dictó en su contra el auto de formal prisión apelado. Sin embargo, la autoridad responsable no dio respuesta a tal argumento, pues de la lectura de la resolución controvertida no se advierte que haya dado respuesta a tal inconformidad, por lo que deberá contestarlo de manera fundada y motivada. Debiéndose significar a la responsable que, siendo la posesión, como figura genérica, lo que esencialmente se protege en el tipo penal de despojo, es claro que en éste el legislador pretendió sancionar la sustracción del patrimonio, por medios no legítimos, del corpus y del animus que la integran, y no sólo a uno de esos elementos, pues los mismos, en conjunto, integran la referida posesión; siendo por ello que la sola intromisión u ocupación a un inmueble no es suficiente para tipificar la conducta como despojo, pues esta intromisión, sin ánimo de apropiación, se encuentra referida únicamente al corpus y no al animus y, en ausencia de este último, no podemos estar en presencia de la posesión que tutela el mencionado tipo penal. Por tanto, para la integración del tipo penal de despojo, es necesario en todo caso, que esté presente una conducta dolosa de usurpar un derecho ajeno sobre un inmueble, a través de la ocupación, permanencia, remoción o alteración de los límites del mismo, o uso del mismo, a fin de integrar las partes objetiva y subjetiva del tipo, esta última expresada en el querer y entender de la conducta ilícita, en este caso, la sustitución del poseedor en sus derechos. Consecuentemente, no basta con que los sujetos activos se introduzca en un bien inmueble ajeno, lo ocupen o permanezcan en él, o alguna de sus restantes hipótesis, para que pueda tipificarse esa conducta como despojo, sino que para ello es necesario que despliegue una conducta dolosa de usurpar un derecho ajeno sobre un inmueble, a través de la ocupación, permanencia, remoción o alteración de sus límites o uso del mismo, con el ánimo de sustituir al poseedor legítimo en el ejercicio de sus derechos, pues es este elemento el que lleva inherente un aprovechamiento patrimonial ilegítimo y determina que el sujeto pasivo se vea impedido para seguir ejerciendo sobre el inmueble de que se trate los derechos inherentes a la propiedad o posesión. En este orden de ideas, la conducta dolosa de usurpar un derecho ajeno, con el consecuente despliegue de actos que demuestren su intención de sustituir al poseedor precisamente en esa calidad, determina un elemento de tipo necesario para que se integre la figura de despojo, pues de no encontrarse presente, la misma tipificaría un supuesto penal diverso, en el que solamente se requiera la intromisión u obstrucción a un bien inmueble, público o privado, sin justificación legal alguna, por tutelar como derecho protegido la inviolabilidad del domicilio, y no la posesión (esto lo hicieron valer los apelantes en su escrito de agravios, lo cual dicho sea de paso, no fue contestado por la responsable lo que hace incurrir su actuar en la falta de motivación). Las consideraciones anteriores tienen origen en la jurisprudencia identificada con el número 1a./J. 116/2004, de la Primera Sala del Máximo Tribunal del País, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXI, Abril de 2005, registro 178752, página 211, de texto siguiente: "DESPOJO, DELITO DE. CONDUCTA DOLOSA DE USURPAR UN DERECHO AJENO COMO ELEMENTO DEL TIPO PENAL (ARTÍCULOS 384, FRACCIÓN I, DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE OAXACA; 395, FRACCIÓN I, DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL Y 408, FRACCIÓN I, DEL CÓDIGO DE DEFENSA SOCIAL PARA EL ESTADO DE PUEBLA). La posesión inmediata de inmuebles, la propiedad de los mismos y los derechos reales que el legislador protege a través del tipo penal de despojo previsto en los artículos 384, fracción I, del Código Penal para el Estado de Oaxaca; 395, fracción I, del Código Penal para el Distrito Federal y 408, fracción I, del Código de Defensa Social para el Estado de Puebla, conllevan implícita la figura genérica de la posesión y en el tipo penal de despojo que prevén esos dispositivos el legislador pretende sancionar la sustracción del patrimonio, por medios no legítimos, del corpus y del animus que integran la posesión, y no sólo de uno de esos elementos, pues ambos, en conjunto, integran la referida figura genérica; siendo por ello que para la integración del tipo penal de despojo, es necesario en todo caso, que esté presente una conducta dolosa de usurpar un derecho ajeno sobre un inmueble a través de la ocupación o uso del mismo o de un derecho real, a fin de integrar las partes objetiva y subjetiva del tipo, esta última expresada en el querer y entender de la conducta ilícita, en este caso, la sustitución del poseedor en sus derechos; por lo que es insuficiente que el sujeto activo se introduzca en un bien inmueble ajeno y, en su caso, haga uso de él, pues resulta indispensable el despliegue de esa conducta dolosa de usurpar un derecho ajeno, por ser el elemento que lleva inherente un aprovechamiento patrimonial ilegítimo y determina que el sujeto pasivo se vea impedido para seguir ejerciendo sobre el inmueble de que se trate los derechos inherentes a la propiedad o posesión; por lo que la mencionada conducta dolosa determina un elemento del tipo necesario para que se integre el delito de despojo, y de no encontrarse presente, se tipificará un supuesto penal diverso, en el que se tutele la inviolabilidad del domicilio y no la posesión, por requerirse solamente la intromisión a un bien inmueble, público o privado, sin justificación legal alguna. CONTRADICCIÓN DE TESIS 15/2004-PS. Entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Tercer Circuito, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito y el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito. 29 de septiembre de 2004. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretaria: Irma Leticia Flores Díaz. Tesis de jurisprudencia 116/2004. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de fecha diez de noviembre de dos mil cuatro. Nota: Por ejecutoria de fecha 25 de marzo de 2009, la Primera Sala declaró improcedente la contradicción de tesis 128/2008-PS en que participó el presente criterio. Ejecutorias CONTRADICCIÓN DE TESIS 15/2004-PS." De esta forma, era importante que la sala diera respuesta a las referidas inconformidades, ya que los argumentos de los inculpados los hicieron tendentes a demostrar que no cometieron el delito de despojo que se les imputa, por tanto, correspondía a la sala responsable dar contestación a sus argumentos, con independencia de su sentido, pues lo que realmente importa es ver colmado el derecho de acceso a la justicia que tienen los inculpados, que se traduce en que la autoridad dé respuesta a los argumentos vertidos en los agravios que para tal efecto vertieron al interponer el recurso de apelación contra la resolución que consideraron les causa agravio." (fojas 148 vuelta a 150). Luego, por auto de veintiuno de octubre de dos mil dieciséis causó ejecutoria la sentencia de mérito, y se le requirió su cumplimiento a la autoridad responsable (fojas 240 a 244). Mediante oficio 6448 de nueve de noviembre de dos mil dieciséis (foja 260), la autoridad responsable Tercera Sala en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla dijo haber dado cumplimiento a la sentencia amparadora y remitió copia certificada de la resolución de nueve de noviembre del citado año, pronunciada en el toca de apelación 906/2015, en la que se advierte que: Dejó insubsistente la resolución reclamada de catorce de marzo de dos mil dieciséis; y, Dió contestación a los argumentos de los aquí quejosos vertidos en los agravios al interponer el recurso de apelación contra el auto de formal prisión o preventiva decretado en contra de José Rentería García y José Celedonio Rodríguez Pineda, como probables responsables del delito de Despojo previsto y sancionado por el artículo 408, fracción I en relación con los diversos 11, 13 y 21, fracción I del Código Penal para el Estado de Puebla, cometido en agravio de Anastacia Pineda Ramírez, como se advierte de lo siguiente: "(.) Asimismo, en cumplimiento a lo ordenado por la Autoridad Federal, del escrito de agravios exhibido por los inconformes se desprende que éstos en el inciso g) expresan el siguiente agravio: "En forma alguna de las pruebas de la causa y de los hechos atribuidos a los quejosos, se advierte la existencia de ánimo de apropiación respecto al inmueble (indeterminado) reclamado, lo que es de importancia para tener por acreditado el cuerpo del delito de despojo, pues es de explorado derecho que la posesión inmediata de inmuebles, la propiedad de los mismos y los derechos reales que el legislador protege a través del tipo penal del despojo previsto en el artículo 408 fracción I, del Código Penal para el Estado de Puebla, conllevan implícita la figura genérica de posesión y en el tipo penal de despojo que prevén esos dispositivos el legislador pretende sancionar la sustracción del patrimonio, por medios no legítimos, del corpus y del animus que integran la posesión, y no sólo de uno de esos elementos, pues ambos, en conjunto, integran la referida figura genérica; siendo por ello que para la integración del tipo penal de despojo, es necesario, en todo caso que esté presente una conducta dolosa de usurpar un derecho ajeno sobre un inmueble a través de la ocupación o uso el mismo o de un derecho real, a fin de integrar las partes objetiva y subjetiva del tipo, esta última expresada en el querer y entender de la conducta ilícita, en este caso la sustitución del poseedor en su derechos (sic); por lo que es insuficiente que el sujeto activo se introduzca en un bien inmueble ajeno y, en su caso, haga uso de él, pues resulta indispensable el despliegue de esa conducta dolosa de usurpar un derecho ajeno, por el elemento que lleva inherente un aprovechamiento patrimonial legítimo y determina que el sujeto pasivo se vea impedido para seguir ejerciendo sobre el inmueble de que se trate los derechos inherentes a la propiedad o posesión; por lo que la mencionada conducta dolosa determina un elemento del tipo necesario para que se integre el delito de despojo, y de no encontrase presente, se tipificará un supuesto penal diverso, en el que se tutele la inviolabilidad del domicilio y no la posesión, por requerirse solamente la intromisión a un bien inmueble, público o privado, sin justificación legal alguna." Manifestaciones de los procesados que resultan infundadas, como en seguida se expresa. Cierto es como lo afirman los apelantes, que para la acreditación del cuerpo del delito de DESPOJO, se requiere demostrar además del elemento objetivo de éste; el subjetivo, el cual se refiere al ánimo de apropiación del inmueble, puesto que en este ilícito el juzgador sanciona la sustracción del patrimonio por medios no legítimos, del corpus y del animus que integran la posesión y no sólo uno de esos elementos, pues ambos en conjunto forman la figura genérica de este delito; no obstante, contrario a lo argumentado por los apelantes, los medios de prueba que obran en la causa penal de origen si resultan eficaces para demostrar que JOSÉ RENTERÍA GARCÍA y JOSÉ CELEDONIO RODRÍGUEZ PINEDA usurparon un derecho ajeno. Siendo así, puesto que de la denuncia emitida por la agraviada ANASTACIA PINEDA RAMÍREZ, se advierte que en la fecha en que se llevó a cabo el evento ilícito, los inconformes no sólo ingresaron al inmueble, sino que éstos ejecutaron conductas que revelan el ánimo de apropiarse del inmueble, tales como surcarlo, para lo cual estuvieron trabajando al interior con un tractor, que quitaron unos postes de madera, así como un alambre de púas que la agraviada había puesto para delimitar el inmueble; aunado a estos actos, los propios procesados así se lo hicieron saber a la agraviada, al manifestarle a JOSÉ RENTERÍA GARCÍA, que ".que el predio era suyo y que nadie se lo iba a quitar que le valía madres que me lo hubieran entregado de nuevo." circunstancias de hecho que de cualquier manera fueron referidas por los testigos de cargo RICARDO TAMAYO VENEGAS y PEDRO PINEDA RAMÍREZ al emitir sus testimonios ante el Agente del Ministerio Público Investigador; lo cual revela como ya se dijo, el elemento subjetivo del delito consistente en el ánimo de apropiarse del inmueble, puesto que los procesados al ocupar ilícitamente el bien materia del delito, mediante el empleo de la furtividad han usurpado en derecho ajeno, consistente en la posesión que había sido restituida un día anterior a la agraviada ANASTACIA PINEDA RAMÍREZ, por parte de la autoridad Civil. De manera que si como ya se analizó, hasta esta etapa del procedimiento se demostró que en la fecha del hecho la pasivo estaba en posesión del inmueble -la cual ejerce por virtud de la restitución que el Ciudadano juez de lo Civil del Distrito Judicial de Chignahuapan, Puebla en ejecución a la resolución emitida dentro del Juicio Civil Reivindicatorio número 349/2010 debe estimarse que los procesados procedieron ilícitamente pues no obstante conocer tal circunstancia, dolosamente la desconocieron, realizando actos de ocupación sobre el inmueble, con independencia de que consideren también que les corresponde derecho de propietario, en tanto que los tribunales de materia diversa a la penal son los competentes para decidir a quién corresponde la propiedad del inmueble y, en consecuencia el derecho a poseer; de ahí que aun ante la potencial existencia del derecho de propiedad a favor de JOSÉ RENTERÍA GARCÍA sobre el inmueble objeto del delito, este se actualiza ante la demostración del hecho posesorio de la parte que se dice agraviada ANASTACIA PINEDA RAMÍREZ, porque la conducta de los agraviados atentó contra la posesión que la ofendida ejerce legítimamente, lo que implica hacerse justicia por propia mano, lo cual está prohibido por el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que si el inculpado se estima con derechos sobre el inmueble, los tiene expeditos en la vía civil para exigirlos antes de obrar por cuenta propia, ocupando un inmueble en posesión de tercera persona, quien también cuenta con título que la ostenta como propietaria. Y, por lo que respecta al agravio que pretenden hacer valer los recurrentes, cuando sostienen la exigencia de los particulares de solicitar la nulidad de la prueba ilícita debe decirse que además de infundadas resultan inoperantes sus consideraciones, ya que no exponen las razones por las que pueden colegir que el auto que aquí se revisa se sustenta en pruebas de naturaleza ilícita y por lo tanto deba revocarse la determinación del A quo, de ahí lo infundado de sus alegaciones. Las consideraciones antes expuestas resultan bastas y suficientes para confirmar el auto impugnado. Finalmente analizadas que fueron las constancias integradoras del sumario, en términos del artículo 300 del Código Adjetivo de la Materia, se advierte que no hay agravios que suplir a favor del procesado, toda vez que tanto la existencia del cuerpo del delito de DESPOJO, como la probable responsabilidad penal de JOSÉ RENTERÍA GARCÍA y JOSÉ CELEDONIO RODRÍGUEZ PINEDA en su comisión, se probaron en la forma, fundamentos y motivaciones que el A quo plasmó en la resolución generadora de esta alzada, mismos razonamientos lógico jurídicos que la Sala da por reproducidos como si a la letra se insertasen y los hace suyos para los efectos legales conducentes." (fojas 285 a 287). Las constancias a las que se ha hecho referencia son documentos públicos que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, tienen pleno valor probatorio. Luego, si la Sala responsable dio contestación a los argumentos vertidos por los quejosos en los agravios al interponer el recurso de apelación contra el mencionado auto de formal prisión en los términos señalados en la sentencia que se cumplimenta, los extremos a que se contrae la ejecutoria de mérito se llevaron a cabo, por lo que con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, SE TIENE POR CUMPLIDA LA SENTENCIA DE AMPARO. .

  4. Principal

    SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL PROVEÍDO DE 10 DE noviembre DE 2016, QUE EN LO CONDUCENTE SEÑALA: "San Andrés Cholula, Puebla, diez de noviembre de dos mil dieciséis. Agréguese a los autos el oficio y anexo de los Magistrados de la Tercera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, en atención a su contenido, téngasele a la referida autoridad manifestando haber dado cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente asunto. En consecuencia, con el contenido del oficio y anexo de cuenta, dese vista a la parte quejosa por el término de tres días, contado a partir del día siguiente en que surta sus efectos la notificación del presente proveído, para que manifieste lo que a su derecho e interés convenga. Apercibida que de no realizar manifestación alguna sobre el particular, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, este juzgado Federal resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria de amparo con los elementos que obran en autos y con los diversos aportados por la autoridad de referencia. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 54/2014 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos rubro y texto en seguida se anuncian: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo."

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