José Raúl Ortiz Bernal

Expediente 832/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México. 2 actuaciones registradas, la última del 27 de septiembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
832/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
27/09/2023

Partes del expediente

  • José Raúl Ortiz Bernal

Actuaciones

  1. Principal

    Ciudad de México, veintisiete de septiembre de dos mil veintitrés. Téngase por recibido el oficio del Juzgado Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México, al que adjunta el acuerdo de veinticinco de septiembre de dos mil veintitrés, en el que acusa recibo de los autos del juicio de amparo al rubro citado y se avoca a la competencia planteada. De lo que se toma conocimiento para los efectos legales conducentes. Archivo del asunto Háganse las anotaciones en el libro electrónico y dado que este cuaderno de antecedentes se encuentra integrado, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado en sentido contrario, archívese como asunto concluído, previa verificación de la correcta integración electrónica con la totalidad de las constancias que integran el expediente judicial, consideradas como tales las promociones y actuaciones judiciales. Destino del cuaderno de antecedentes Asimismo, conforme al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se determina que este expediente es susceptible de destrucción, en razón que se ubica en la hipótesis establecida en el artículo 19, fracción I, inciso b), del mencionado acuerdo general, dado que se trata de un cuaderno de antecedentes formado con motivo de que este juzgado Federal y con apoyo en lo señalado en el capítulo 8, en particular en el apartado 8.1.2, numeral 10, del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal de agosto de dos mil veinte, al tratarse de un cuaderno de antecedentes formado con motivo que este juzgado Federal declinó la competencia y carece de relevancia documental para su conservación, ya que no se ubica en alguna de las hipótesis previstas en el capítulo quinto del acuerdo general invocado, en consecuencia, procédase a su cumplimiento, una vez que haya trascurrido el plazo de tres años a que se refiere el citado artículo 19, fracción I, inciso b). Finalmente, en atención a lo ordenado en el artículo 34 del capítulo décimo segundo del citado acuerdo, háganse las anotaciones en la carátula del expediente. Notifíquese.

  2. Principal

    Ciudad de México, veinte de septiembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio remitido por la apoderada para la defensa jurídica y representación de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, por el que en atención al requerimiento formulado en autos comunica las gestiones que realizó para dar cumplimiento a la sentencia de amparo, lo que acredita con copia certificada del diverso SSC/OM/DGF/DT/4649/2023 de catorce de septiembre de dos mil veintitrés, con el que remitió a la directora general de Asuntos Jurídicos de la mencionada secretaría, la cuenta por liquidar certificada ******** en favor de la quejosa, de lo que se toma conocimiento. En razón de lo anterior, con fundamento en el artículo 192, párrafo segundo y 197, de la Ley de Amparo, requiérase a la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, para que en el plazo de tres días contado a partir de la notificación de este acuerdo, informe que está disponible para su cobro el contra recibo o cheque expedido en favor de la quejosa y obtener la devolución de la cantidad determinada en el incidente innominado, para lograr el cumplimiento de la sentencia ejecutoria dictada en autos. Lo anterior, bajo el apercibimiento que de no desahogar este requerimiento o manifestar su imposibilidad para hacerlo: 1) Se le impondrá una multa de cien a mil unidades de medida y actualización, de conformidad con el artículo 258 de la Ley de Amparo. 2) Se emitirá el pronunciamiento en el que se determinará por qué a criterio de esta juzgadora la ejecutoria de amparo no se encuentra cumplida, en acatamiento a lo establecido en el párrafo primero del artículo 193 de la Ley de Amparo. 3) Se remitirá el expediente al tribunal colegiado de circuito y en su caso, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para seguir el trámite de inejecución, el cual puede culminar con la separación inmediata de su puesto y su consignación ante el juez de Distrito competente por el delito de incumplimiento de sentencias de amparo, con fundamento en los artículos 192, párrafos segundo y tercero, 193, párrafos primero, quinto y sexto, así como último párrafo del numeral 196 de la Ley de Amparo. Con independencia de lo anterior, se hace del conocimiento de la autoridad vinculada que aun cuando deje de ostentar el cargo que desempeña, seguirá siendo responsable del desacato a la sentencia constitucional durante el tiempo que duró su encargo y, por tal razón, podrá ser consignada en términos de la fracción XVI del precepto 107 constitucional y 198 de la mencionada ley. En el entendido de que: 1. La autoridad vinculada al cumplimiento debe cumplir la totalidad de lo requerido en la ejecutoria de amparo en el plazo fijado, pues en términos del artículo 195 de la Ley de Amparo el cumplimiento extemporáneo injustificado no la exime de responsabilidad. Es aplicable la jurisprudencia del Pleno de nuestro más Alto Tribunal: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. PROCEDIMIENTO A SEGUIR EN LOS CASOS EN QUE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES Y/O VINCULADAS AL CUMPLIMIENTO LO REALICEN DE MANERA EXTEMPORÁNEA (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). En caso de que el órgano de amparo que conozca del procedimiento para el cumplimiento de una sentencia concesoria estime que las autoridades responsables y/o vinculadas a su cumplimiento han incurrido en una actitud evasiva o el uso de procedimientos ilegales que propicien el retardo en su acatamiento y, en consecuencia, remita los autos al órgano correspondiente, Tribunal Colegiado de Circuito o Suprema Corte de Justicia de la Nación, según sea el caso, debe estimarse que estos órganos están en aptitud de determinar si las autoridades actuaron o no de manera evasiva o a través del uso de procedimientos ilegales que hubieren generado el retardo en el cumplimiento de la sentencia de amparo, o que el cumplimiento se llevó a cabo fuera de los plazos establecidos para tal efecto en la Ley de Amparo, incluso, podrán verificar la legalidad de las multas que se hubieren impuesto, tomando en cuenta si la autoridad responsable y/o vinculada han cumplido con los plazos previstos en la Ley de Amparo o bien adviertan la existencia de una causa justificada para no cumplir en esos términos. Ahora bien, si una vez concluido el plazo otorgado para el cumplimiento de la sentencia de amparo y antes de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelva sobre la aplicación de las sanciones previstas en el artículo 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se presenta el cumplimiento de la sentencia de amparo, dando lugar a que el órgano que concedió el amparo determine que éste se ha acatado, ello no dará lugar a que por ese hecho el asunto quede sin materia, pues de lo contrario se haría nugatorio lo dispuesto en el artículo 195 de la Ley de Amparo, en cuanto a que el incumplimiento extemporáneo no exime de responsabilidad cuando sea injustificado. De este modo, deberá ser valorado por el órgano que corresponda Juez de Distrito, Tribunal Colegiado de Circuito o incluso por la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuando los autos estén radicados en ésta, si en el caso existe justificación para el cumplimiento extemporáneo, pues de considerar lo contrario, deben aplicarse las sanciones previstas en el artículo 107, fracción XVI constitucional. Cabe agregar que en el caso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación la determinación sobre la justificación del cumplimiento extemporáneo corresponde, en principio, al Ministro Ponente, el cual con base en la resolución que hubiere causado estado en el sentido de que el fallo constitucional ha quedado cumplido, sin excesos ni defectos, podrá valorar en el dictamen en el que se proponga declarar sin materia el incidente respectivo las causas de justificación de la extemporaneidad. Lo anterior, sin menoscabo de que cuando se estime necesario revocar las multas impuestas en el respectivo procedimiento de ejecución o se considere dudosa la justificación del cumplimiento extemporáneo, la competencia para resolver lo conducente corresponda a las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación." 2. Se considerará incumplimiento: a) el retraso por medio de evasivas, lo cual se actualizará cuando la autoridad lleve a cabo actos intrascendentes respecto del cumplimiento del fallo, b) los procedimientos ilegales de la autoridad responsable o de cualquiera otra que intervenga en el trámite relativo, entendidos por éstos cuando se lleven a cabo, -so pretexto de generar una condición de determinación de los deberes impuestos en la sentencia de amparo-, procedimientos innecesarios para el cumplimiento de la sentencia constitucional en la medida en que no son condiciones exigibles por el fallo, lo anterior, tiene fundamento en el artículo 193, párrafo segundo, de la Ley de Amparo y la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. SUPUESTOS EN LOS CUALES SE ACTUALIZA UN RETRASO CON MOTIVO DE LAS EVASIVAS O PROCEDIMIENTOS ILEGALES DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE Y/O VINCULADA AL CUMPLIMIENTO, QUE JUSTIFICA IMPONER A ÉSTAS UNA MULTA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 193 DE LA LEY DE AMPARO (LEGISLACIÓN VIGENTE APARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). En términos del citado precepto legal, se considerará incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de la autoridad responsable, o de cualquiera otra que intervenga en el trámite relativo. En atención a lo anterior, en los casos en que las autoridades pretendan acreditar el cumplimiento de la sentencia de amparo -pero no cuando han sido omisas al respecto-, el Juez de Distrito o el Tribunal Colegiado de Circuito, según sea el caso, deberá considerar si la actuación de la autoridad responsable o vinculada al cumplimiento implica un actuar evasivo respecto del incumplimiento de la sentencia de amparo o si se han efectuado procedimientos ilegales que retarden su cumplimiento, cuyo objetivo consista en no cumplir con el mandato federal, pues sólo en esos supuestos deberá imponerse la multa correspondiente y continuar con el procedimiento de inejecución, mediante el envío de los autos al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según corresponda, para que en el momento procesal oportuno, en caso de que proceda, se determine la destitución del cargo y, posteriormente, la consignación de las autoridades contumaces. Así, el incumplimiento por medio de evasivas se actualizará cuando las autoridades responsables o vinculadas lleven a cabo actos intrascendentes respecto del cumplimiento del fallo, lo que, en todo momento, deberá analizarse en función tanto de los efectos plasmados en la sentencia de amparo, como, y especialmente, del requerimiento de su cumplimiento, pues en la medida en que éstos se encuentren claramente determinados, podrán imponerse las sanciones aplicables por el incumplimiento del fallo protector. Debe entenderse que se retrasa el cumplimiento de la sentencia de amparo por medio de procedimientos ilegales, cuando se lleven a cabo, so pretexto de generar una condición de determinación de los deberes impuestos en la sentencia de amparo, procedimientos innecesarios para el cumplimiento de la sentencia constitucional en la medida en que no son condiciones exigibles por el fallo. En términos de lo anterior, debe considerarse que si una autoridad responsable o vinculada, según sea el caso, propone el cumplimiento de la sentencia de amparo y ello no satisface al órgano jurisdiccional -pero éste no advierte una actitud evasiva o la práctica de procedimientos ilegales que generen retraso en el cumplimiento de la sentencia-, se deberá requerir de nueva cuenta el cumplimiento de la sentencia de amparo especificando qué debe realizar la autoridad responsable y/o vinculada al cumplimiento y las razones por las que el acto con el que la autoridad pretendía cumplir no satisfacen esta condición, sin que ello dé lugar a la imposición de una multa o al envío de los autos al órgano jurisdiccional competente (Tribunal Colegiado de Circuito o Suprema Corte de Justicia de la Nación, según corresponda) para continuar el trámite respectivo, pues esto último sólo ocurrirá cuando se advierta que se actualiza alguna o ambas de las condiciones apuntadas -actos evasivos o la práctica de procedimientos ilegales- que retardan el cumplimiento de la sentencia de amparo, tal y como se establece en el artículo 196 de la ley de la materia. De igual manera, cuando las autoridades judiciales de amparo adviertan que existe exceso o defecto en el cumplimiento de la sentencia de amparo y que por ello no puede tenerse como cumplida tal y como lo ordena el artículo 196 de la Ley de Amparo, ello tampoco da lugar a que se continúe con el trámite de inejecución que eventualmente puede concluir con la aplicación de las sanciones (pecuniaria, separación del cargo y consignación ante un Juez penal), sino que se deberá requerir a la autoridad para que subsane dicha deficiencia (exceso y defecto) y exprese con claridad la razón por la que se considera que existe un cumplimiento excesivo o defectuoso." Notifíquese.

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