José Raúl García Lugo
Expediente 2840/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México. 11 actuaciones registradas, la última del 26 de noviembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 2840/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 26/11/2021
Partes del expediente
- José Raúl García Lugo
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
Ciudad de México, veintiséis de noviembre de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el oficio signado en representación de las autoridades responsables Subdirector de Administración y Gerente de Control Regional Noreste, ambos del Centro Nacional de Control de Energía, a través del cual realiza diversas manifestaciones en relación al cumplimiento del fallo protector y al efecto exhibe diversas constancias con las que afirma dar cumplimiento a la sentencia de amparo. Atento a lo anterior, con fundamento en el artículo 196, primer y segundo párrafos, de la Ley de Amparo, con copia del oficio de cuenta y de los documentos que anexa, se ordena dar vista a la parte quejosa por el plazo de tres días para que manifieste lo que a su derecho convenga. Lo anterior, en el entendido de que, una vez transcurrido el término otorgado, con desahogo de la vista o sin él, este órgano judicial dictará resolución en la que se pronuncie sobre el cumplimiento de la sentencia de amparo. Notifíquese, en términos de lo dispuesto por Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; y vía electrónica a la parte quejosa.
- Principal
Ciudad de México, doce de noviembre de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el oficio de cuenta procedente del Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México, por el que en cumplimiento a la resolución dictada en sesión ordinaria virtual de trece de octubre de dos mil veintiuno, dictada en el amparo en revisión 669/2020 de su índice, remite el juicio de amparo 2840/2019 en un tomo. Acúsese recibo. Asimismo, glósense al expediente principal únicamente las constancias que en original obran en el cuaderno de antecedentes formado con motivo del recurso de revisión que nos ocupa. Ahora bien, visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que en proveído de veintisiete de octubre del año en curso, el tribunal oficiante remitió testimonio de la resolución antes mencionada vía interconexión, en el que determinó lo siguiente: "(.) PRIMERO. Se desecha el recurso de revisión interpuesto por el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, de conformidad con la consideración tercera del presente fallo. SEGUNDO. En la materia de la revisión, se confirma la sentencia recurrida. TERCERO. La Justicia de la Unión Ampara y Protege a *****, contra el acto de aplicación del artículo 6, fracción III, párrafo segundo, de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, por los motivos y para los efectos precisados en la sentencia que se revisa y esta ejecutoria. (.)" REQUERIMIENTO DE CUMPLIMIENTO En ese sentido, del análisis de las constancias de autos se advierte que en la sentencia de amparo este juzgado concedió el amparo a ***** para el efecto de que el Subdirector de Administración y el Gerente de Control Regional Noreste, ambos del Centro Nacional de Control de Energía, en el ámbito de su respectiva competencia, realicen lo siguiente: Deberán dejar insubsistente la aplicación del artículo 6, fracción III, párrafo segundo, de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, por lo que, en su caso, deberá devolverle las cantidades retenidas y enteradas al fisco federal en cumplimiento al precepto declarado inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la acción de inconstitucionalidad 105/2018 y su acumulada 108/2018; reintegrándole como parte de sus prestaciones, percepciones extraordinarias u otros conceptos, el pago de las contribuciones causadas en razón de las remuneraciones a su cargo, sin los descuentos fundados en la norma referida, de acuerdo con lo establecido en el artículo 16 del Manual de Percepciones para el Personal Operativo de Confianza del Centro Nacional de Control de Energía, en relación con su Anexo 2 -vigente al momento de la presentación de la demanda y por el tiempo que duró su vigencia, esto es, hasta junio de dos mil diecinueve en que se publicó el nuevo Manual de Percepciones para el Personal Operativo de Confianza del Centro Nacional de Control de Energía-. Asimismo, deberán dejar insubsistentes todos y cada uno de los efectos y consecuencias derivados de la aplicación de la porción normativa declarada inválida por la Suprema Corte en la acción de inconstitucionalidad referida. En ese orden de ideas, con fundamento en el artículo 192, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se requiere a dichas autoridades para que dentro del plazo de TRES DÍAS cumplan la ejecutoria de amparo. Lo anterior, bajo el apercibimiento que de no desahogar este requerimiento o manifestar su imposibilidad para hacerlo: 1) Se les impondrá una multa de cien a mil unidades de medida y actualización, de conformidad con el artículo 258 de la Ley de Amparo; 2) Se emitirá el pronunciamiento en el que se determinará por qué a juicio de este juzgador la ejecutoria de amparo no se encuentra cumplida, en acatamiento a lo establecido en el párrafo primero del artículo 193 de la Ley de Amparo; y, 3) Se remitirá el expediente al tribunal colegiado de circuito y, en su caso, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para seguir el trámite de inejecución, el cual puede culminar con la separación inmediata de su puesto y su consignación ante el juez de distrito competente por el delito de incumplimiento de sentencias de amparo, con fundamento en los artículos 192, párrafos segundo y tercero, 193, párrafos primero, quinto y sexto, así como último párrafo del numeral 196 de la Ley de Amparo. Con independencia de lo anterior, se hace del conocimiento a las responsables que aun cuando dejen de ostentar el cargo que desempeñan seguirán siendo responsables del desacato al fallo constitucional durante el tiempo que duró su encargo y, por tal razón, podrán ser consignadas en términos de la fracción XVI del precepto 107 constitucional y 198 de la mencionada ley. Resulta aplicable al criterio adoptado la tesis aislada P. VIII/2014 (10a.), con número de registro 2005880, de rubro: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. EL HECHO DE QUE LO HAYA LLEVADO A CABO EL NUEVO TITULAR DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE, NO EXIME DE RESPONSABILIDADES AL ANTERIOR QUE INEXCUSABLEMENTE DESACATÓ EL FALLO. El artículo 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prevé consecuencias de naturaleza excepcional para el servidor público que incumpla una ejecutoria emitida en un juicio de amparo, consistentes en la separación de su cargo así como su consignación ante el Juez de Distrito para que sea juzgado por la desobediencia cometida conforme a lo previsto en la ley penal aplicable en materia federal. Ahora bien, el hecho de que el nuevo titular de la autoridad responsable acredite haber dado cumplimiento al fallo protector, no implica que se condone la contumacia del anterior titular que inexcusablemente entorpeció o retardó el acatamiento de la sentencia de amparo -esto es, aquel cuya conducta revele la intención de eludir dicho cumplimiento-, ni que se le exima de responsabilidades ante el correcto actuar de quien lo relevó en el cargo, pues el efecto de ese cumplimiento se limita únicamente a que no se aplique a éste lo señalado en el citado precepto constitucional. Esto es así, ya que la finalidad de las sanciones aludidas en el referido precepto no es sólo punitiva, sino además, ejemplar y preventiva, por lo que no es dable que queden impunes las conductas de los anteriores servidores públicos tendientes a evadir el debido acatamiento a tales sentencias. Admitir lo contrario, implicaría burlar el riguroso sistema que la Constitución General y la Ley de Amparo establecen para salvaguardar la eficacia de las sentencias de amparo, lo que explica que cuando el titular de una autoridad, cualquiera que sea, haya desacatado una sentencia de amparo, proceda consignarla ante el Juez respectivo para que sea sancionada, independientemente de que ya no ocupe el cargo y de que quien lo suceda cumpla el fallo protector." REQUERIMIENTO AL SUPERIOR JERÁRQUICO Con fundamento en el artículo 192, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se requiere al Director de Administración y Finanzas del Centro Nacional de Control de Energía, en su calidad de superior jerárquico de la autoridad responsable Subdirector de Administración del Centro Nacional de Control de Energía; así como al Subdirector de Operación del Centro Nacional de Control de Energía, en su calidad de superior jerárquico de la autoridad responsable Gerente de Control Regional Noreste del Centro Nacional de Control de Energía para que dentro del mismo plazo de tres días les ordenen a sus respectivos subordinados cumplir la ejecutoria de amparo. Lo anterior, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden en dicho plazo, se le impondrá una multa de cien a mil unidades de medida de actualización, de conformidad con el artículo 258 de la Ley de Amparo, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable. En el entendido de que: La autoridad responsable y su superior jerárquico deben cumplir la totalidad de lo requerido en la ejecutoria de amparo en el plazo fijado, pues en términos del artículo 195 de la Ley de Amparo y la jurisprudencia P./J. 60/2014 (10a.) el cumplimiento extemporáneo injustificado no las exime de responsabilidad. Se considerará incumplimiento: a) el retraso por medio de evasivas, lo cual se actualizará cuando las autoridades lleven a cabo actos intrascendentes respecto del cumplimiento del fallo; b) los procedimientos ilegales de las autoridades responsables o de cualquiera otra que intervenga en el trámite relativo, entendidos por éstos cuando se lleven a cabo, -so pretexto de generar una condición de determinación de los deberes impuestos en la sentencia de amparo-, procedimientos innecesarios para el cumplimiento de la sentencia constitucional en la medida en que no son condiciones exigibles por el fallo. Lo anterior, tiene fundamento el artículo 193, párrafo segundo, de la Ley de Amparo y la jurisprudencia P./J. 58/2014 (10a.). No basta que el superior jerárquico emita un oficio en el que indique que giró una orden a la autoridad directamente obligada al cumplimiento del fallo protector, para que se consideren colmadas sus obligaciones en la etapa de ejecución de una sentencia protectora de derechos humanos, sino que debe demostrar haber hecho uso de todos los medios a su alcance, incluso de las prevenciones y sanciones, que conforme a las disposiciones aplicables pueda formular e imponer, a fin de constreñirla al debido cumplimiento de las ejecutorias de amparo, pues de lo contrario se hace acreedor a las sanciones previstas en la propia ley, esto es, la imposición de una multa y, en su caso, a la separación del cargo y su consignación ante un Juez de Distrito. Sirve de apoyo a la anterior consideración la jurisprudencia P./J. 60/2014 (10a.), con número de registro 2007912, de rubro: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. PROCEDIMIENTO A SEGUIR EN LOS CASOS EN QUE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES Y/O VINCULADAS AL CUMPLIMIENTO LO REALICEN DE MANERA EXTEMPORÁNEA (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). En caso de que el órgano de amparo que conozca del procedimiento para el cumplimiento de una sentencia concesoria estime que las autoridades responsables y/o vinculadas a su cumplimiento han incurrido en una actitud evasiva o el uso de procedimientos ilegales que propicien el retardo en su acatamiento y, en consecuencia, remita los autos al órgano correspondiente, Tribunal Colegiado de Circuito o Suprema Corte de Justicia de la Nación, según sea el caso, debe estimarse que estos órganos están en aptitud de determinar si las autoridades actuaron o no de manera evasiva o a través del uso de procedimientos ilegales que hubieren generado el retardo en el cumplimiento de la sentencia de amparo, o que el cumplimiento se llevó a cabo fuera de los plazos establecidos para tal efecto en la Ley de Amparo, incluso, podrán verificar la legalidad de las multas que se hubieren impuesto, tomando en cuenta si la autoridad responsable y/o vinculada han cumplido con los plazos previstos en la Ley de Amparo o bien adviertan la existencia de una causa justificada para no cumplir en esos términos. Ahora bien, si una vez concluido el plazo otorgado para el cumplimiento de la sentencia de amparo y antes de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelva sobre la aplicación de las sanciones previstas en el artículo 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se presenta el cumplimiento de la sentencia de amparo, dando lugar a que el órgano que concedió el amparo determine que éste se ha acatado, ello no dará lugar a que por ese hecho el asunto quede sin materia, pues de lo contrario se haría nugatorio lo dispuesto en el artículo 195 de la Ley de Amparo, en cuanto a que el incumplimiento extemporáneo no exime de responsabilidad cuando sea injustificado. De este modo, deberá ser valorado por el órgano que corresponda Juez de Distrito, Tribunal Colegiado de Circuito o incluso por la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuando los autos estén radicados en ésta, si en el caso existe justificación para el cumplimiento extemporáneo, pues de considerar lo contrario, deben aplicarse las sanciones previstas en el artículo 107, fracción XVI constitucional. Cabe agregar que en el caso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación la determinación sobre la justificación del cumplimiento extemporáneo corresponde, en principio, al Ministro Ponente, el cual con base en la resolución que hubiere causado estado en el sentido de que el fallo constitucional ha quedado cumplido, sin excesos ni defectos, podrá valorar en el dictamen en el que se proponga declarar sin materia el incidente respectivo las causas de justificación de la extemporaneidad. Lo anterior, sin menoscabo de que cuando se estime necesario revocar las multas impuestas en el respectivo procedimiento de ejecución o se considere dudosa la justificación del cumplimiento extemporáneo, la competencia para resolver lo conducente corresponda a las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación." Así como la jurisprudencia P./J. 58/2014 (10a.), con número de registro 2007914, es de rubro: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. SUPUESTOS EN LOS CUALES SE ACTUALIZA UN RETRASO CON MOTIVO DE LAS EVASIVAS O PROCEDIMIENTOS ILEGALES DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE Y/O VINCULADA AL CUMPLIMIENTO, QUE JUSTIFICA IMPONER A ÉSTAS UNA MULTA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 193 DE LA LEY DE AMPARO (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). En términos del citado precepto legal, se considerará incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de la autoridad responsable, o de cualquiera otra que intervenga en el trámite relativo. En atención a lo anterior, en los casos en que las autoridades pretendan acreditar el cumplimiento de la sentencia de amparo -pero no cuando han sido omisas al respecto-, el Juez de Distrito o el Tribunal Colegiado de Circuito, según sea el caso, deberá considerar si la actuación de la autoridad responsable o vinculada al cumplimiento implica un actuar evasivo respecto del incumplimiento de la sentencia de amparo o si se han efectuado procedimientos ilegales que retarden su cumplimiento, cuyo objetivo consista en no cumplir con el mandato federal, pues sólo en esos supuestos deberá imponerse la multa correspondiente y continuar con el procedimiento de inejecución, mediante el envío de los autos al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según corresponda, para que en el momento procesal oportuno, en caso de que proceda, se determine la destitución del cargo y, posteriormente, la consignación de las autoridades contumaces. Así, el incumplimiento por medio de evasivas se actualizará cuando las autoridades responsables o vinculadas lleven a cabo actos intrascendentes respecto del cumplimiento del fallo, lo que, en todo momento, deberá analizarse en función tanto de los efectos plasmados en la sentencia de amparo, como, y especialmente, del requerimiento de su cumplimiento, pues en la medida en que éstos se encuentren claramente determinados, podrán imponerse las sanciones aplicables por el incumplimiento del fallo protector. Debe entenderse que se retrasa el cumplimiento de la sentencia de amparo por medio de procedimientos ilegales, cuando se lleven a cabo, so pretexto de generar una condición de determinación de los deberes impuestos en la sentencia de amparo, procedimientos innecesarios para el cumplimiento de la sentencia constitucional en la medida en que no son condiciones exigibles por el fallo. En términos de lo anterior, debe considerarse que si una autoridad responsable o vinculada, según sea el caso, propone el cumplimiento de la sentencia de amparo y ello no satisface al órgano jurisdiccional -pero éste no advierte una actitud evasiva o la práctica de procedimientos ilegales que generen retraso en el cumplimiento de la sentencia-, se deberá requerir de nueva cuenta el cumplimiento de la sentencia de amparo especificando qué debe realizar la autoridad responsable y/o vinculada al cumplimiento y las razones por las que el acto con el que la autoridad pretendía cumplir no satisfacen esta condición, sin que ello dé lugar a la imposición de una multa o al envío de los autos al órgano jurisdiccional competente (Tribunal Colegiado de Circuito o Suprema Corte de Justicia de la Nación, según corresponda) para continuar el trámite respectivo, pues esto último sólo ocurrirá cuando se advierta que se actualiza alguna o ambas de las condiciones apuntadas -actos evasivos o la práctica de procedimientos ilegales- que retardan el cumplimiento de la sentencia de amparo, tal y como se establece en el artículo 196 de la ley de la materia. De igual manera, cuando las autoridades judiciales de amparo adviertan que existe exceso o defecto en el cumplimiento de la sentencia de amparo y que por ello no puede tenerse como cumplida tal y como lo ordena el artículo 196 de la Ley de Amparo, ello tampoco da lugar a que se continúe con el trámite de inejecución que eventualmente puede concluir con la aplicación de las sanciones (pecuniaria, separación del cargo y consignación ante un Juez penal), sino que se deberá requerir a la autoridad para que subsane dicha deficiencia (exceso y defecto) y exprese con claridad la razón por la que se considera que existe un cumplimiento excesivo o defectuoso." Y el criterio jurisprudencial I.9o.A. J/3 (10a.), con número de registro 2005830, de rubro y texto: "CUMPLIMIENTO DE EJECUTORIAS DE AMPARO. CONFORME AL ARTÍCULO 192 DE LA LEY DE LA MATERIA, NO BASTA QUE EL SUPERIOR JERÁRQUICO EMITA UN OFICIO EN EL QUE INDIQUE QUE GIRÓ UNA ORDEN A LA AUTORIDAD DIRECTAMENTE OBLIGADA, SINO QUE DEBE DEMOSTRAR HABER HECHO USO DE TODOS LOS MEDIOS A SU ALCANCE, INCLUSO PREVENCIONES Y SANCIONES, PUES DE LO CONTRARIO SE HACE ACREEDOR A LA IMPOSICIÓN DE UNA MULTA Y, EN SU CASO, A LA SEPARACIÓN DEL CARGO Y SU CONSIGNACIÓN ANTE UN JUEZ DE DISTRITO. Dentro de la Ley de Amparo, en particular en su artículo 192, se establecieron mecanismos necesarios para que las ejecutorias en la materia sean puntualmente cumplidas, entre ellos, que el órgano judicial al ordenar la notificación y requerimiento a la autoridad responsable también lo hará respecto del superior jerárquico de aquélla, para que le instruya cumplir con la sentencia, bajo el apercibimiento de que, de no hacerlo, se le impondrá a su titular una multa en los términos señalados en la propia ley, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades que su subordinada. En este sentido, acorde con los criterios que sobre el tema ha emitido la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no basta que el superior jerárquico emita un oficio en el que indique que giró una orden a la autoridad directamente obligada al cumplimiento del fallo protector, para que se consideren colmadas sus obligaciones en la etapa de ejecución de una sentencia protectora de derechos humanos, sino que debe demostrar haber hecho uso de todos los medios a su alcance, incluso de las prevenciones y sanciones, que conforme a las disposiciones aplicables pueda formular e imponer, a fin de constreñirla al debido cumplimiento de las ejecutorias de amparo, pues de lo contrario se hace acreedor a las sanciones previstas en la propia ley, esto es, la imposición de una multa y, en su caso, a la separación del cargo y su consignación ante un Juez de Distrito." Por otra parte, agréguese a los autos el oficio de cuenta signado electrónicamente en representación del Presidente de la República; atento a su contenido, con fundamento en el numeral 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, remítase copia simple de la resolución que refiere. De conformidad con lo establecido en el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, se le tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala y con fundamento en el numeral 9 del mismo ordenamiento, como delegados a las personas que menciona. Notifíquese; en términos de lo dispuesto en el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; y, vía electrónica a la parte quejosa.
- Principal
Ciudad de México, veintisiete de octubre de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el oficio recibido vía interconexión procedente del Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México, mediante el cual remite testimonio de la ejecutoria dictada en sesión ordinaria virtual de trece de octubre del año en curso, en el amparo en revisión 669/2020 de su índice. Acúsese el recibo correspondiente. Hágase del conocimiento de las partes que el referido órgano colegiado determinó lo siguiente: "(.) PRIMERO. Se desecha el recurso de revisión interpuesto por el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, de conformidad con la consideración tercera del presente fallo. SEGUNDO. En la materia de la revisión, se confirma la sentencia recurrida. TERCERO. La Justicia de la Unión Ampara y Protege a **********, contra el acto de aplicación del artículo 6, fracción III, párrafo segundo, de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, por los motivos y para los efectos precisados en la sentencia que se revisa y esta ejecutoria. (.)" De lo anterior se toma conocimiento, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. Finalmente, no pasa inadvertido que el citado Tribunal de Alzada ordenó la devolución de los autos del cuaderno principal en que se actúa; sin embargo, el oficio que se provee se remitió vía interconexión, por lo que este órgano jurisdiccional queda a la espera del referido cuaderno y unas vez que se cuente con el mismo, se acordara lo conducente. Notifíquese, en términos de lo dispuesto por Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.
- Principal
Ciudad de México, dieciséis de junio de dos mil veintiuno. Vistas las certificaciones de cuenta, se advierte que por Circular SECNO/29/2020, emitida en sesión de cuatro de diciembre de dos mil veinte, se suspendieron los plazos y términos procesales en el presente asunto en razón del fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19 y, que en atención a la diversa Circular SECNO/10/2021, emitida en sesión de trece de febrero de dos mil veintiuno, y de conformidad con los Acuerdos Generales 21/2020 y 1/2021 relativos a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se permite reanudar la secuela procedimental a partir del estado procesal en que se encuentre cada asunto; por tanto, se reanuda el procedimiento y se levanta la suspensión de los plazos y términos decretada del cinco de diciembre de dos mil veinte al diecisiete de febrero de dos mil veintiuno, entre los cuales se encuentra el presente asunto. Agréguese a los autos el oficio signado por la delegada en representación de las autoridades responsables dependientes del Centro Nacional de Control de Energía (CENACE), presentado vía juicio en línea, por medio del cual realiza diversas manifestaciones e invoca causales de improcedencia y sobreseimiento. No obstante a lo anterior, visto el estado procesal que guardan las presentes actuaciones, se advierte que los autos originales del juicio de amparo en que se actúa, se encuentran en grado de revisión en el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México, quien por razón de tuno correspondió conocer del recurso de revisión interpuesto en contra de la sentencia dictada el treinta de diciembre de dos mil diecinueve, admitiéndolo a trámite y registrándolo bajo el número de amparo en revisión 669/2020. Por tanto, remítase el original del oficio de cuenta al mencionado Tribunal Colegiado, para los efectos legales conducentes, previa copia que de dicho oficio se deje en autos para debida constancia. SUGERENCIA PARA TRANSITAR A JUICIO EN LÍNEA Por otra parte, se exhorta a la quejosa, para que, de ser posible transite de la tramitación del expediente físico hacia la actuación electrónica de modo que el presente juicio de amparo pueda continuar tramitándose digitalmente como "juicio en línea" a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en el cual se pueda acceder al expediente electrónico, recibir notificaciones por la misma vía, así como presentar promociones y/o recursos, siempre y cuando se tramite y/o se cuente con la firma electrónica vigente (FIREL) y se solicite autorización expresa en esos términos a este Juzgado Federal por medio de escrito electrónico y además se indique el nombre del usuario ligado a la firma electrónica. Adicionalmente se informa a las partes, que a fin de privilegiar las herramientas tecnológicas, facilitar la tramitación el línea de los juicios de amparo y evitar asistir físicamente a las instalaciones del Poder Judicial de la Federación (Juzgados de Distrito), el Consejo de la Judicatura de la Federación puso a disposición del público en general la aplicación móvil (APP) para tramitar en línea la Firma Electrónica Certificada (FIREL, que se puede descargar buscando la palabra "FIREL" o "Firma Electrónica", y acceder, desde cualquier dispositivo móvil con sistema operativo "Android", o bien iniciar el proceso desde el Portal "www,firel.pjf.gob.mx" para el cual se necesita como identificación oficial la credencial para votar del Instituto Nacional Electoral (INE). Notifíquese, en términos de lo dispuesto por Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.
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