José Raúl Hernández Miramontes

Expediente 1772/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México. 2 actuaciones registradas, la última del 4 de diciembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1772/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
04/12/2023

Partes del expediente

  • José Raúl Hernández Miramontes

Actuaciones

  1. Principal

    Ciudad de México, cuatro de diciembre de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal del que se advierte que en auto de uno de diciembre de este año se ordenó agregar el escrito del quejoso mediante el cual desahogó la vista otorgada en acuerdo de veintitrés de noviembre de dos mil veintitrés y manifestó que la sentencia no ha sido cumplida por las razones que expuso. En ese sentido, tomando en consideración lo manifestado por el quejoso, en sus escritos de desahogo de vista ingresados con números de registro 18561 y 21085, así como los oficios DAJ/PC/00997/2023 y DAJ/PC/01108/2023 de las autoridades responsables por los que atento a lo ordenado en autos, informaron haber dado cumplimiento a la sentencia de amparo, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, este juzgado de Distrito procede a pronunciarse en relación a si la ejecutoria de amparo se encuentra cumplida o no, así como si se incurrió en exceso o defecto. Cabe precisar que en la sentencia se concedió el amparo y protección de la justicia Federal al quejoso para los siguientes efectos: [.] "NOVENO. Efectos del amparo. Con fundamento en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, se concede el amparo para el efecto de que el Titular de la Unidad General Administrativa, antes denominado Oficial Mayor y la Directora General de Recursos Humanos, ambos adscritos al Tribunal Superior Agrario, por sí y por conducto de las autoridades administrativas que en el ámbito de su respectiva competencia corresponda, realicen lo siguiente: Desincorporaran de la esfera jurídica de la parte quejosa el Acuerdo mediante el cual se expide el Manual de Percepciones de los Servidores Públicos de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de diciembre de dos mil dieciocho, en la parte relativa a la afectación a la compensación garantizada y la eliminación de los seguros de separación individualizada y el de gastos médicos mayores. De igual forma, deberán dejar de aplicar al quejoso en el presente y en lo futuro la porción correspondiente a los Acuerdos mencionados. Dejaran insubsistente el acto de aplicación del Acuerdo mediante el cual se expide el Manual de Percepciones de los Servidores Públicos de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de diciembre de dos mil dieciocho, así como todos los efectos y consecuencias derivados de esa aplicación, por lo que deberán devolver las cantidades que indebidamente se dejaron de pagar a la parte quejosa al haberse fundado en el Acuerdo citado. [.] La concesión de amparo no implica ni constituye derecho alguno a favor de la parte quejosa para que se le hagan pagos de conceptos o prestaciones que no venía percibiendo antes de la presentación de la demanda, ni comprende actos diversos a los expresamente señalados en esta sentencia". [.] Asimismo, cabe precisar que los puntos resolutivos de la ejecutoria del Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región con residencia en la Ciudad de México en el amparo en revisión 1696/2020 resolvió lo siguiente: [.] "Por lo expuesto y fundado, se resuelve. PRIMERO. Se desechan los recursos de revisión interpuestos por el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, de conformidad con el considerando tercero de esta ejecutoria. SEGUNDO. En la materia de la revisión, se modifica la sentencia recurrida. TERCERO. Se sobresee en el juicio de amparo respecto del acto reclamado al Pleno del Tribunal Superior Agrario, en términos del séptimo considerando de esta ejecutoria. CUARTO. La Justicia de la Unión Ampara y Protege a ********************, por los motivos y para los efectos precisados en la sentencia revisada. Notifíquese;" [.] Los efectos trascritos se traducen en lo siguiente: Desincorporar de la esfera jurídica del quejoso el Acuerdo mediante el cual se expide el Manual de Percepciones de los Servidores Públicos de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de diciembre de dos mil dieciocho, en la parte relativa a la afectación de cada una de las siguientes prestaciones: Compensación garantizada, devolución de diferencias, tomando en cuenta incrementos salariales y posibles afectaciones a otras prestaciones, Seguro de separación individualizada, restituir las aportaciones a la compañía aseguradora, desde enero de dos mil diecinueve a la fecha, con sus respectivos intereses. Seguro de gastos médicos mayores, la restitución a éste de las aportaciones que debieron pagarse a la aseguradora desde enero de dos mil diecinueve a la fecha. Así, en cumplimiento a la ejecutoria la directora de Asuntos Jurídicos del Tribunal Superior Agrario en representación de la titular de la Unidad General Administrativa (antes Oficialía Mayor) y del director de Recursos Humanos, ambos de ese tribunal, emitió oficio DAJ/PC/00997/2023, que en la parte que interesa, informó respecto al cumplimiento en los siguientes términos: [.] Sobre el particular, adjunto al presente copia certificada de los documentos remitidos por la Dirección de Recursos Humanos a través del oficio número UGA/DRH/2099/2023, consistentes en: 1. Duplicado del depósito de pago realizado el día 17 de octubre de 2023 a *********, por la cantidad de $***********. Importe que corresponde al pago de la diferencia del tabulador 2019-2019 compensación garantizada, por el periodo comprendido del 1 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2019. 2. Carátula bancaria, de la que se advierte que la cuenta en la que se realizó el deposito corresponde a la cuenta bancaria cuyo titular es *************. 3. Plantilla de liquidación del juicio de amparo 1078/2019, del 28 de mayo de 2020, a favor del trabajador en activo Magistrado ***********, por el periodo del 1º de enero al 31 de diciembre de 2023. Documentales con las que se acredita que las autoridades señaladas como responsables del Tribunal Superior Agrario han dado cumplimiento total a la sentencia dictada en el presente juicio. Lo subrayado es de este juzgado. [.] De lo anterior se advierte que la autoridad responsable manifestó haber dado cumplimiento a la sentencia de amparo. Así también, la encargada de la Dirección de Asuntos Jurídicos del Tribunal Superior Agrario en representación de la titular de la Unidad General Administrativa (antes Oficialía Mayor) y del director de Recursos Humanos, ambos de ese tribunal, emitió oficio DAJ/PC/01108/2023, que en la parte que interés informó respecto al cumplimiento en los siguientes términos: [.] Al respecto, a través del oficio número UGA/DRH/2361/2023, la Dirección de recursos informó que, para atender dar cumplimiento a la sentencia es necesario considerar: I. Los Tribunales Agrarios son los órganos federales dotados de plena jurisdicción y autonomía para dictar sus fallos, a los que corresponde, en los términos de la fracción XIX del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la administración de justicia agraria en todo el territorio nacional. II. Corresponde a la Unidad General Administrativa -entre otras-, la atribución de planear, programar, organizar, dirigir, controlar y evaluar los sistemas de administración de los recursos presupuestales, materiales y financieros y los servicios generales, para el eficaz y eficiente funcionamiento de los tribunales agrarios, proponiendo las medidas convenientes para obtener su óptimo aprovechamiento de conformidad con el artículo 54, fracción I del Nuevo Reglamento Interior de los Tribunales Agrarios (sic) III. De lo anterior se desprende que hasta el año dos mil dieciocho a los Tribunales Agrarios, les aplicaba la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento, y el <<Acuerdo mediante el cual se expide el Manual de Percepciones de los Servidores Públicos de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal>> publicado el catorce de febrero de ese año, en el que, mediante anexo correspondiente, año con año se actualiza el tabulador de sueldos y prestaciones. Del Acuerdo citado, se desprende que el artículo 30, fracción IV y V (sic) contemplaba el seguro de gastos médicos mayores y el seguro de separación individualizado respectivamente que se otorgaban con el fin de coadyuvar a la estabilidad económica, seguridad y bienestar de los servidores públicos. Y en el anexo respectivo se localizaba el tabulador para el cálculo del pago de la compensación garantizada. IV. Ahora bien, el cinco de noviembre de dos mil dieciocho, se publica en el Diario Oficial de la Federación el DECRETO por el que se expide la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, Reglamentaria de los articulos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y se adiciona el Código Penal Federal (en adelante la Ley abrogada), con el objeto de regular las remuneraciones que perciben los servidores públicos de los poderes de la Unión y todos los demás entes públicos federales incluidos aquellos dotados de autonomía constitucional. V. En consecuencia, el treinta y uno de diciembre de dos mil dieciocho se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo mediante el cual se expide de Manual de Percepciones de los Servidores Públicos de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal (en adelante el Manual abrogado) de aplicación obligatoria para los Tribunales Agrarios y del que derivo la eliminación de los seguros de gastos médicos mayores y de separación Individualizado, acorde al numeral Segundo, de los Transitorios, que abrogo el Acuerdo mediante el cual se expide el Manual de Percepciones de los Servidores Públicos de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de febrero de 2018. VI. Por lo anterior, y en observancia a la normativa para el año dos mil diecinueve, este Órgano Jurisdiccional a través de la Dirección de Recursos Humanos, procedió a la aplicación de la Ley y Manual (hoy abrogadas), y la correspondiente actualización del tabulador de sueldos y salarios brutos del presidente de la república y de los servidores públicos de mando y de enlace de las dependencias y sus equivalentes en las entidades. En tal virtud, se hace de su conocimiento que, este Órgano Jurisdiccional a fin de dar cabal cumplimiento a lo ordenado en la ejecutoria de amparo, procedió a realizar las acciones siguientes: a) En acatamiento a la sentencia de referencia, la Unidad General Administrativa a través de la Dirección de Recursos Humanos, ordenó a la Subdirección de Presupuesto desincorporó de la esfera jurídica del quejoso el Acuerdo mediante el cual se expidió el Manual de Percepciones de los Servidores Públicos de la Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal (actualmente abrogado), así como todos los efectos y consecuencias derivadas de esa aplicación, únicamente por el tiempo que tuvo vigencia la norma y que le causo perjuicio al quejoso. Lo subrayado es de este juzgado. Asimismo, se instruyó nuevamente a la Subdirección de Presupuestos, para que de manera fundada y motiva señalara el procedimiento que utilizó en las cuantificaciones correspondientes a fin de poder acreditar que se devolvieron las cantidades que indebidamente -a razón de la sentencia que se cumplimenta- se dejaron de pagar a la parte quejosa y de manera fundada y motivada informara el monto y parámetros que consideró para que se restituyeran las cantidades en la parte relativa a: la afectación a la compensación garantizada, la eliminación de los seguros de separación individualizada y el de gastos médicos mayores. b) En respuesta a lo anterior, la citada área administrativa informó que para cuantificar la cantidad relativa a la compensación garantizada, se tomó como parámetro salarial las prestaciones de las que gozaba el quejoso con motivo del ejercicio de sus funciones, que se establecieron para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho, como referencia tabular para la aplicación al caso concreto en et ejercicio fiscal de dos mil diecinueve. Como resultado se llegó nuevamente a que, la cantidad de ******************** corresponde al pago de la diferencia del tabulador 2019/2019, únicamente en lo que corresponde a la compensación garantizada, por el periodo comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil diecinueve. Anexo 1 c) Por otra parte, en lo tocante a la eliminación del seguro de gastos médicos mayores y el seguro de separación individualizada, (que cubría a los servidores públicos de mando y de enlace), se informa que de conformidad con la publicación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2019, publicado el veintiocho de diciembre de dos mil dieciocho en el Diario Oficial de la Federación, mediante el cual, entre otros se establecieron diversas medidas de austeridad, en la que destaca -en lo que aquí interesa- la no asignación de recursos públicos para la contratación de las pólizas colectivas de los seguros mencionados. Lo subrayado es de este juzgado. Esto es, el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2019, no contempló la asignación de recursos públicos para que este Órgano Jurisdiccional mantuviera vigente la póliza del seguro de gastos médicos mayores, por lo que existe imposibilidad física y material para poder contratar una póliza de seguro de gastos médicos a favor del quejoso, esto es así porque, si bien la partida existe, la misma se encuentra inactiva, derivado de la eliminación del seguro referido mismo que estaba considerando en el rubro de prestaciones por disposición del Ejecutivo Federal, motivo por el cual no está considerando dentro del presupuesto de Egresos de la Federación. Lo subrayado es de este juzgado. Robustece lo anterior, que este Órgano Jurisdiccional no realizó ningún tipo de descuento al quejoso por concepto de pago para la póliza del seguro de gastos médicos, Asimismo, estos Tribunales carecen de facultades y atribuciones para contratar pólizas de gastos médicos mayores a favor de un servidor público de mando o de enlace. Lo subrayado es de este juzgado. En lo relativo a devolver la cantidad que indebidamente se dejó de pagar a la parte quejosa -en términos de la sentencia que se cumplimenta- es preciso señalar que dicha prestación se otorgaba por disposición del Ejecutivo Federal, de conformidad con el artículo 30, fracción V del ACUERDO mediante el cual se expide el Manual de Percepciones de los Servidores Públicos de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal, publicado el catorce de febrero de dos mil dieciocho. Razón por la cual, para el Ejercicio Fiscal de 2019, no se generó ningún descuento que haya que restituir al quejoso. Sin embargo, para el ejercicio fiscal de 2019, de conformidad con el presupuesto de egresos correspondiente, no estableció erogaciones destinadas para este seguro, por lo que este Tribunal se encuentra imposibilitado para realizar la aportación que pudo haber correspondido. Aclarando que esta póliza, no generó ningún descuento al quejoso por el que haya que realizar devolución alguna. Lo subrayado es de este juzgado. d) No sobra señalar, que el Decreto por el que se abroga la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, Reglamentaria de los articulos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 5 de noviembre de 2018, y se expide la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el diecinueve de mayo de dos mil veintiuno, no contempla la erogación de recursos públicos para los eliminados seguros, ni tampoco la asignación de recursos públicos para la contratación de nuevas pólizas de manera colectiva y/o individual relativas a los seguros mencionados. Lo subrayado es de este juzgado. En atención a lo anteriormente señalado, solicita tenga cumplido el requerimiento que se mandó dar, al haber desincorporado de la esfera jurídica de la parte quejosa el <<Acuerdo mediante el cual se expidió el Manual de Percepciones de los Servidores Públicos de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de diciembre de dos mil dieciocho. Asimismo, se tenga por cumplida, la parte relativa a la devolución correspondiente a la compensación garantizada, al haberse realizado la transferencia con las cantidades reintegran la parte proporcional a dicha prestación del ejercicio fiscal 2019. En estricto cumplimiento a la resolución que se cumplimenta se deja de aplicar en lo presente y en lo futuro la porción correspondiente a los Acuerdos que actualmente se encuentran abrogados, así como los efectos y consecuencias que derivaron del mismo. Lo subrayado es de este juzgado. Finalmente, infórmese al Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en esta Ciudad de México la imposibilidad física y material que tiene este Órgano Jurisdiccional para contratar y/o mantener vigentes las pólizas relativas a los seguros de gastos médicos mayores (del que se desprende no se generó ningún cargo vía nómina que tuviera que tenga que reintegrarse) y de separación individualizada.". Lo subrayado es de este juzgado. [.] De lo que se advierte que dicha autoridad manifestó la imposibilidad física y material para dar cumplimiento a la ejecutoria. Contrario a lo anterior, el quejoso en su escrito registrado con número 18561, realizó manifestaciones y sus cálculos en los siguientes términos: [.] "En primer término, considero que no se puede tener por cumplida la ejecutoria que nos ocupa, toda vez que con las acciones realizadas por la autoridad responsable, el Tribunal Superior Agrario, a través de las áreas administrativas involucradas, deja de observar los lineamientos precisados en el fallo en comento. [.] Del análisis del primer punto se deriva que las autoridades responsables del Tribunal Superior Agrario, citadas previamente, en cumplimiento del fallo protector, deben declarar la no aplicación del Manual de Remuneraciones reclamado, por sí, o a través de las autoridades administrativas a quienes corresponda. Respecto del segundo punto, y como resultado de la no aplicación del citado manual, y de sus efectos y consecuencias se deben devolver al suscrito las cantidades que se dejaron de pagar, como son la diferencia en el concepto de compensación garantizada, las aportaciones del patrón en el Seguro de Separación Individualizado, y restablecer el Seguro de Gastos Médicos Mayores, incluyendo las porciones correspondientes desde enero de 2019 a la fecha. En atención a lo anterior, se estima que no se ha dado cumplimiento a la ejecutoria, pues con respecto al pago que señalan haber realizado a favor del suscrito por la cantidad de $**********, que se dice corresponde a la diferencia del tabulador 2019-2019 compensación garantizada, por el periodo comprendido del 1º de enero al 31 de diciembre de 2019, que pretenden justificar con la Plantilla de Liquidación presentada ante ese Juzgado de Distrito, existen inconsistencias en cuanto a la determinación del monto a devolver por la disminución del salario del suscrito aplicado directamente sobre la compensación garantizada, como se explica a continuación: 1. Devolución de las cantidades retenidas por concepto de la diferencia en la compensación garantizada Al 31 de diciembre de 2018 el pago del monto por compensación garantizada ascendía a la cantidad de $************* quincenales, que representa una suma mensual que se percibía por dicho concepto de $**********, como se acreditó con la exhibición del talón de pago de la segunda quincena de diciembre de 2018. En los pagos de nómina correspondientes al mes de enero de 2019, la cantidad quincenal fue de $ ********, por lo que la suma mensual que se pagó por el mismo concepto fue de $*********, como se acreditó con la exhibición del talón de pago de la primera quincena de 2019, lo que arroja una diferencia neta de $*********** mensuales. Ahora bien, en la Plantilla de Liquidación referida se establece como monto mensual cubierto por ese concepto la cantidad de $*********, de lo que deriva una diferencia de $************. Para determinar esta diferencia, la autoridad responsable toma como base el pago efectuado en la segunda quincena de diciembre de 2019, en el cual aparece que la cantidad quincenal por compensación garantizada fue de $************, que arroja una cantidad mensual de $**************, sin precisar, pero se puede suponer por el suscrito, que se basa en el incremento general al salario registrado en el año de 2019, cubierto retroactivamente, por lo que aparentemente la diferencia a devolver es menor que la determinada inicialmente de $**********. Sin embargo, revisando el comportamiento de los tabuladores de sueldo aplicados en los diferentes ejercicios anuales, se percibe que el citado incremento general al salario, en este caso reflejado en el concepto de compensación garantizada para el ejercicio de 2019, que fue del 3.24%, se calcula respecto del monto de $********** quincenales, o $********** mensuales, cuando debió calcularse respecto de la cantidad que se venía percibiendo en el ejercicio fiscal de 2018, es decir sobre la cantidad de $*********, y hubiera resultado en un pago quincenal de $************** mensuales. Derivado de esa inconsistencia resulta que la Autoridad Responsable determinó en la Plantilla de Liquidación que se analiza, que la diferencia mensual a devolver sea de $***********, lo que arroja la cantidad de $************ al año, menos las retenciones (imagino impuestos) por $*************, arroja una suma a pagar por $************** (que corresponde al cheque depositado en la cuenta de nómina del suscrito). Por el contrario, el suscrito estima que tomando como base el incremento al salario registrado en el ejercicio 2019, en el concepto de compensación garantizada, la cantidad que debería cubrirse por la devolución de las cantidades retenidas, sería de $ *********** quincenales, es decir, $*************mensuales, por lo cual el monto bruto a devolver sería de $************, tan sólo por el ejercicio de enero a diciembre de 2019, al que habría que deducir las retenciones (por concepto de impuesto) que correspondan. Sin embargo, y toda vez que la Autoridad Responsable ha continuado pagando al suscrito su salario disminuido, al no haber actualizado los montos que dejó de cubrir a partir de enero de 2019, habría que actualizar la Plantilla de Liquidación, por los ejercicios fiscales de 2020, 2021, 2022 y los 10 meses que hasta el día de hoy corresponden al ejercicio de 2023, respecto de lo cual, aplicando los criterios descritos en el análisis anterior, resultaría un diferencial para el ejercicio enero-diciembre de 2020, (en el que no hubo incremento al salario) la cantidad a devolver de $************ (menos impuestos); por el ejercicio de enero-diciembre de 2021, (en el cual el incremento general al salario fue de 3.29%) $***********; por el ejercicio de enero-diciembre de 2022 (en que el incremento salarial fue del 4.46%) de $***************, y por el ejercicio enero-octubre de 2023 (donde el incremento ha sido de 5.66%) a suma sería de $82,286.18. Es decir, que de acuerdo con el razonamiento que pongo a su consideración, el monto de la devolución por concepto de cantidad retenida de la diferencia en la compensación garantizada de enero de 2019 a octubre de 2023 asciende a $466,305.29 (menos los impuestos correspondientes que tendrá que determinar la autoridad). Lo subrayado es de este juzgado. Adicionalmente, tendría que incluirse en la Plantilla de Liquidación, la parte proporcional que la falta de pago de las cantidades determinadas en el concepto de compensación garantizada (también denominado bono de actuación) que afectó proporcionalmente el aguinaldo de los ejercicios de 2019, que se calcula en $***********; la del ejercicio 2020, por la misma cantidad de $************; para el ejercicio 2021, por $********, para el ejercicio 2022, por $***********, y por el periodo de enero-octubre de 2023 que se estima sería de $**********; lo que suma la cantidad de $*************(menos el impuesto correspondiente). Por todo lo expuesto, se considera que respecto del punto relativo al pago de diferencias retenidas del pago por compensación garantizada, la Plantilla de Liquidación no cumple con los términos de la Ejecutoria de Amparo en cumplimiento, pues no comprende el cálculo de las porciones a futuro derivados de la disminución real del salario del suscrito. Como se advierte en el Anexo 1. 2. Seguro de Separación Individualizada (Parte proporcional del patrón, más intereses que se hubieren generado) En relación con el restablecimiento del Seguro de Separación Individualizada, suspendido a partir del primero de enero de dos mil diecinueve, la Autoridad Responsable omite acreditar la reactivación de esta prestación, así como presentar una Plantilla de Liquidación que contemple las aportaciones a la cuenta del suscrito de la parte proporcional correspondiente al Patrón (Tribunal Superior Agrario) desde la fecha en que se suspendió su aplicación al día de hoy, así como los intereses legítimos generados por los montos correspondientes, que garanticen al suscrito -persona de la tercera edad, con más de 40 años en el servicio público federal, de los cuales 31 corresponden a los Tribunales Agrarios- mantener una calidad de vida decorosa al momento del retiro que me corresponde como Magistrado Numerario fundador de esta institución impartidora de justicia. Al respecto en la Plantilla que se elabore, se tendrán que señalar los montos mensuales de la aportación patronal (equivalente al 5% del ingreso total por concepto de salarios, es decir, sueldos compactados, más compensación garantizada, y otros que se tomaban en consideración, incluyendo los incrementos salariales generales aplicados), y los intereses que hubiera generado la suma aportada (aproximadamente un 7.1% anual) lo cual se calcula en alrededor de $************, entre capital más intereses. Este ejercicio no contempla los impuestos que por dichas aportaciones correspondía cubrir al Tribunal Superior Agrario por este concepto. Corno se advierte de los cuadros que integran el Anexo 2. No omito manifestar que la Cuenta en Met Life relativa al Seguro de Separación Individualizado, a nombre del suscrito, que se mantiene activa en el esquema original, es la No. ************, en la que desde enero de 2018 el Tribunal Superior Agrario dejó de aportar la parte proporcional que le correspondía, por lo que la Autoridad Responsable no tiene impedimento para realizar lo ordenado en la Ejecutoria que nos ocupa. 3. Seguro de Gastos Médicos Mayores La autoridad responsable también omite informar a ese Juzgado de Distrito respecto del cumplimiento relacionado con la reactivación del Seguro de Gastos Médicos Mayores a nombre del suscrito, suspendido a partir del primero de enero de 2019.". Asimismo, el quejoso en su escrito registrado con número ************, realizó manifestaciones en los términos siguientes: [.] "En relación con el primer punto, la autoridad responsable informa que "la Unidad General Administrativa a través de la Dirección de Recursos Humanos ordenó a la Subdirección de Presupuesto desincorporar de la esfera jurídica del quejoso el Acuerdo mediante el cual se expide el Manual de Percepciones de los Servidores Públicos de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal (actualmente abrogado), así como todos los efectos y consecuencias derivadas de esa aplicación, únicamente por el tiempo que tuvo vigencia la norma y que le causó perjuicio al quejoso". [.] Con referencia al segundo punto, indica la Autoridad Responsable que se instruyó a la Subdirección de Presupuesto para que señalara el procedimiento utilizado para la cuantificación de las cantidades que se dejaron de pagar al quejoso e informara del monto y parámetros para restituir las cantidades relativas a la afectación a la compensación garantizada, la eliminación de los seguros de separación individualizada y el de gastos médicos mayores. Que dicha área (la Subdirección de Presupuesto, dependiente de la Dirección de Recursos Humanos) determinó que las diferencias a devolver por el concepto de separación individualizada arrojan la cantidad de $ ***********, que se dice corresponde a la diferencia del tabulador 2019-2019 compensación garantizada, por el periodo comprendido del 1º de enero al 31 de diciembre de 2019, que pretendieron justificar con la Plantilla de Liquidación presentada ante ese Juzgado de Distrito. Al objetar los alcances de la citada Plantilla de Liquidación, me remito a las observaciones y argumentos expuesto en mi anterior escrito fechado el nueve de noviembre, contenidos en el rubro: 1. Devolución de las cantidades retenidas por concepto de la diferencia en la compensación garantizada. Asimismo, la autoridad responsable pretende justificar las razones por las cuales señala que está en imposibilidad de cumplir la ejecutoria en lo que atañe a los seguros de separación individualizada y el de gastos médicos mayores, argumentando que en el Presupuesto de Egresos de la Federación no se contemplaron recursos asignados para dichos seguros, pero afirma que "si bien la partida existe, la misma se encuentra inactiva"; más adelante señala que "no realizó ningún tipo de descuento al quejoso por concepto de pago para póliza del seguro de gastos médicos". Y luego indica que "dicha prestación se otorgaba por disposición del Ejecutivo Federal", desconociendo los efectos de la Ejecutoria que se comenta. Sin embargo, la responsable no hace alusión al seguro de separación individualizada, constriñéndose a decir que la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos expedida el diecinueve de mayo de dos mil veintiuno "no contempla la erogación de recursos públicos para la contratación de nuevas pólizas de manera colectiva y/o individual relativas a los seguros mencionados". (El subrayado es del suscrito, para recordar que no se trata de seguro nuevos, sino de prestaciones preexistentes, y que incluso la Póliza del Seguro de Separación Individualizada del suscrito continúa vigente, sin que se hubiera realizado ninguna aportación del patrón después de diciembre de dos mil dieciocho) En este rubro me remito a las observaciones formuladas en el escrito de desahogo de la vista otorgada con anterioridad, comprendidas en los puntos 2. Seguro de Separación Individualizada (Parte proporcional del patrón, más intereses que se hubieren generado) y 3. Seguro de Gastos Médicos Mayores.". [.] Expuesto el contenido de los oficios de cumplimiento y de los escritos de inconformidad del quejoso, al realizar una confrontación entre ambos, se advierte que si bien la autoridad responsable manifestó haber desincorporado de la esfera jurídica del quejoso el Acuerdo mediante el cual se expidió el Manual de Percepciones de los Servidores Públicos de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de diciembre de dos mil dieciocho e informa que dejó de aplicar en lo presente y en lo futuro la porción correspondiente a ese acuerdo, así como los efectos y consecuencias que derivaron del mismo, lo cierto es que, con ello, no cumplió en su totalidad con la sentencia. Se llega a esa conclusión, pues del contenido del oficio DAJ/PC/01108/2023, las responsables encargadas de pagar la compensación garantizada, realizaron el cálculo y devolución por ******************** sin exponer detalladamente los incrementos salariales desde enero de dos mil diecinueve hasta que dejó de tener vigencia el Manual de Percepciones de los Servidores Públicos de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de diciembre de dos mil dieciocho. No pasa desapercibido para esta juzgadora, que respecto a la eliminación de los seguros de separación individualizada y de gastos médicos mayores, las responsables argumentaron diversos planteamientos que fueron desestimados en la ejecutoria del Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región con residencia en la Ciudad de México en el amparo en revisión 1696/2020, al considerar lo siguiente: [.] "Así es, dado que el acto de aplicación consistió en la disminución de la prestación denominada compensación garantizada y en la eliminación del seguro de separación individualizado y seguro de gastos médicos mayores, la cesación de los efectos del referido manual no significa que, automáticamente, le sean devueltas las cantidades que dejó de percibir o, en su caso, las que se hubieran tenido que erogar para mantener el seguro de gastos médicos mayores. Lo subrayado es de este juzgado. [.] Sobre este tema, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que si bien es cierto que el presupuesto de egresos se rige por el principio de anualidad, también lo es que el artículo 126 de la Norma Fundamental prevé la posibilidad de que pueda modificarse, pues dispone que no podrá hacerse pago alguno que no esté comprendido en el presupuesto o determinado por ley posterior, de donde se desprende que en el texto de esa norma constitucional subyace el principio de modificación presupuestaria; por tanto, concluyó el Pleno de ese Alto Tribunal, éste no es inflexible, sino que puede variarse, entre otros supuestos, para adecuarlo a necesidades sobrevenidas a las que debe hacerse frente. De manera que sí es posible realizar ajustes presupuestarios para cumplir con obligaciones pecuniarias del Estado, como aconteces cuando debe acatarse una sentencia de amparo, cuya ejecución es impostergable, sin que en esta hipótesis pudiera considerarse que se vulnere la prohibición prevista en el artículo 126 de la Constitución Federal debido a que el cumplimiento de los fallos de amparo no puede quedar condicionado a la determinación de si se aprueba o no una partida presupuestal para hacer frente a la obligación impuesta, sino que se actualizaría un caso de excepción en el que no sería punible la conducta de la autoridad. Lo subrayado es de este juzgado. [.] No asiste razón a las autoridades disidentes debido a que si en la sentencia recurrida se ordenó la devolución de las cantidades que indebidamente se dejaron de pagar a la parte quejosa con motivo de la aplicación del manual reclamado, ello implica que, como autoridades encargadas de aplicar el presupuesto asignado a los tribunales agrarios, deben realizar las gestiones correspondientes ante las autoridades respectivas para efectuar el pago ordenado por el juez de distrito. Lo subrayado es de este juzgado. Ahora, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 197 de la Ley de Amparo, el cumplimiento de las ejecutorias de amparo obliga no sólo a las autoridades que fueron señaladas como responsables, sino que debe ser acatada por todas aquellas que tengan o deban tener intervención, las cuales están sujetas a las mismas responsabilidades establecidas en dicha ley para las que si se les llamó a juicio como responsables. Lo subrayado es de este juzgado. Establecido lo anterior, de los oficios remitidos por las autoridades no se advierte que hayan dado cumplimiento a cada uno de los puntos señalados, salvo haber ordenado la desincorporación y manifestar que dejarán de aplicar al quejoso en el presente y en lo futuro la porción normativa reclamada. Dicha omisión, trae como consecuencia que a consideración de esta juzgadora, no se encuentre cumplida la sentencia dictada en autos. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 192, párrafo segundo, 193 y 194 de la Ley de Amparo requiérase a la (1) titular de la Unidad General Administrativa (antes Oficialía Mayor) y al (2) director de Recursos Humanos, ambos, del Tribunal Superior Agrario (en su carácter de autoridades responsables) así como al (3) presidente del Tribunal Superior Agrario (en su carácter de superior jerárquico de ambas autoridades), para que en el plazo de diez días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este acuerdo, realicen lo siguiente: Respecto de la compensación garantizada, en atención a los escritos formulados por el quejoso, expliquen de manera detallada como se obtuvo el resultado en favor del quejoso por la cantidad de ********************. Respecto del seguro de separación individualizada, realizar las aportaciones omitidas a la compañía aseguradora desde enero de dos mil diecinueve con los aumentos a las cantidades por ese concepto en ese año. Respecto del seguro de gastos médicos mayores, realizar el pago al quejoso de las aportaciones que debieron pagarse a la empresa aseguradora desde enero de dos mil diecinueve. En el entendido que tales emolumentos se deberán cuantificar hasta que dejó de tener vigencia el Manual de Percepciones de los Servidores Públicos de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de diciembre de dos mil dieciocho Apercibimientos por incumplir la sentencia de amparo En caso de no cumplir con la sentencia de amparo, se realizará lo siguiente: a) Se les impondrá una multa de cien a mil veces el valor de la unidad de medida de actualización, de conformidad con lo previsto en los artículos 192, párrafo segundo y tercero, y 193, en relación con los diversos 238 y 258 de la Ley de Amparo. b) Se emitirá el pronunciamiento en el que se determinará por qué a criterio de esta juzgadora no se encuentra cumplida, en acatamiento a lo establecido en el párrafo primero del artículo 193 de la Ley de Amparo. c) Se remitirán los autos al tribunal colegiado en turno, para seguir con el trámite de inejecución a que se refiere la fracción XVI, del artículo 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo que en su caso, podría culminar en la separación inmediata del cargo por contumacia y su consignación penal ante el juez de Distrito por el delito de incumplimiento de sentencias de amparo. Con independencia de lo expuesto, se hace del conocimiento que aun cuando dejen sus puestos seguirán siendo responsables del desacato al fallo constitucional durante el tiempo que duraron sus encargos y por tal razón, podrán ser consignadas en términos de lo previsto en el artículo 198 de la Ley de Amparo. En el entendido que: 1. Las autoridades responsables deberán cumplir la totalidad de lo requerido en la sentencia en el plazo fijado, pues en términos de lo dispuesto en el artículo 195 de la Ley de Amparo el cumplimiento extemporáneo injustificado no las exime de responsabilidad. Es aplicable la jurisprudencia P./J. 60/2014 (10a.) del Pleno de nuestro más Alto Tribunal del rubro y texto siguientes: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. PROCEDIMIENTO A SEGUIR EN LOS CASOS EN QUE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES Y/O VINCULADAS AL CUMPLIMIENTO LO REALICEN DE MANERA EXTEMPORÁNEA (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). En caso de que el órgano de amparo que conozca del procedimiento para el cumplimiento de una sentencia concesoria estime que las autoridades responsables y/o vinculadas a su cumplimiento han incurrido en una actitud evasiva o el uso de procedimientos ilegales que propicien el retardo en su acatamiento y, en consecuencia, remita los autos al órgano correspondiente, Tribunal Colegiado de Circuito o Suprema Corte de Justicia de la Nación, según sea el caso, debe estimarse que estos órganos están en aptitud de determinar si las autoridades actuaron o no de manera evasiva o a través del uso de procedimientos ilegales que hubieren generado el retardo en el cumplimiento de la sentencia de amparo, o que el cumplimiento se llevó a cabo fuera de los plazos establecidos para tal efecto en la Ley de Amparo, incluso, podrán verificar la legalidad de las multas que se hubieren impuesto, tomando en cuenta si la autoridad responsable y/o vinculada han cumplido con los plazos previstos en la Ley de Amparo o bien adviertan la existencia de una causa justificada para no cumplir en esos términos. Ahora bien, si una vez concluido el plazo otorgado para el cumplimiento de la sentencia de amparo y antes de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelva sobre la aplicación de las sanciones previstas en el artículo 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se presenta el cumplimiento de la sentencia de amparo, dando lugar a que el órgano que concedió el amparo determine que éste se ha acatado, ello no dará lugar a que por ese hecho el asunto quede sin materia, pues de lo contrario se haría nugatorio lo dispuesto en el artículo 195 de la Ley de Amparo, en cuanto a que el incumplimiento extemporáneo no exime de responsabilidad cuando sea injustificado. De este modo, deberá ser valorado por el órgano que corresponda Juez de Distrito, Tribunal Colegiado de Circuito o incluso por la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuando los autos estén radicados en ésta, si en el caso existe justificación para el cumplimiento extemporáneo, pues de considerar lo contrario, deben aplicarse las sanciones previstas en el artículo 107, fracción XVI constitucional. Cabe agregar que en el caso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación la determinación sobre la justificación del cumplimiento extemporáneo corresponde, en principio, al Ministro Ponente, el cual con base en la resolución que hubiere causado estado en el sentido de que el fallo constitucional ha quedado cumplido, sin excesos ni defectos, podrá valorar en el dictamen en el que se proponga declarar sin materia el incidente respectivo las causas de justificación de la extemporaneidad. Lo anterior, sin menoscabo de que cuando se estime necesario revocar las multas impuestas en el respectivo procedimiento de ejecución o se considere dudosa la justificación del cumplimiento extemporáneo, la competencia para resolver lo conducente corresponda a las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación." 2. Se considerará incumplimiento: a) el retraso por medio de evasivas, lo cual se actualizará cuando las autoridades lleven a cabo actos intrascendentes respecto del cumplimiento del fallo y b) los procedimientos ilegales de las autoridades responsables o de cualquiera otra que intervenga en el trámite relativo, entendidos por éstos cuando se lleven a cabo, -so pretexto de generar una condición de determinación de los deberes impuestos en la sentencia de amparo-, procedimientos innecesarios para el cumplimiento de la sentencia constitucional en la medida en que no son condiciones exigibles por el fallo. Lo anterior, tiene fundamento en lo previsto en el artículo 193, párrafo segundo, de la Ley de Amparo y la jurisprudencia P./J. 58/2014 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. SUPUESTOS EN LOS CUALES SE ACTUALIZA UN RETRASO CON MOTIVO DE LAS EVASIVAS O PROCEDIMIENTOS ILEGALES DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE Y/O VINCULADA AL CUMPLIMIENTO, QUE JUSTIFICA IMPONER A ÉSTAS UNA MULTA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 193 DE LA LEY DE AMPARO (LEGISLACIÓN VIGENTE APARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). En términos del citado precepto legal, se considerará incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de la autoridad responsable, o de cualquiera otra que intervenga en el trámite relativo. En atención a lo anterior, en los casos en que las autoridades pretendan acreditar el cumplimiento de la sentencia de amparo -pero no cuando han sido omisas al respecto-, el Juez de Distrito o el Tribunal Colegiado de Circuito, según sea el caso, deberá considerar si la actuación de la autoridad responsable o vinculada al cumplimiento implica un actuar evasivo respecto del incumplimiento de la sentencia de amparo o si se han efectuado procedimientos ilegales que retarden su cumplimiento, cuyo objetivo consista en no cumplir con el mandato federal, pues sólo en esos supuestos deberá imponerse la multa correspondiente y continuar con el procedimiento de inejecución, mediante el envío de los autos al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según corresponda, para que en el momento procesal oportuno, en caso de que proceda, se determine la destitución del cargo y, posteriormente, la consignación de las autoridades contumaces. Así, el incumplimiento por medio de evasivas se actualizará cuando las autoridades responsables o vinculadas lleven a cabo actos intrascendentes respecto del cumplimiento del fallo, lo que, en todo momento, deberá analizarse en función tanto de los efectos plasmados en la sentencia de amparo, como, y especialmente, del requerimiento de su cumplimiento, pues en la medida en que éstos se encuentren claramente determinados, podrán imponerse las sanciones aplicables por el incumplimiento del fallo protector. Debe entenderse que se retrasa el cumplimiento de la sentencia de amparo por medio de procedimientos ilegales, cuando se lleven a cabo, so pretexto de generar una condición de determinación de los deberes impuestos en la sentencia de amparo, procedimientos innecesarios para el cumplimiento de la sentencia constitucional en la medida en que no son condiciones exigibles por el fallo. En términos de lo anterior, debe considerarse que si una autoridad responsable o vinculada, según sea el caso, propone el cumplimiento de la sentencia de amparo y ello no satisface al órgano jurisdiccional -pero éste no advierte una actitud evasiva o la práctica de procedimientos ilegales que generen retraso en el cumplimiento de la sentencia-, se deberá requerir de nueva cuenta el cumplimiento de la sentencia de amparo especificando qué debe realizar la autoridad responsable y/o vinculada al cumplimiento y las razones por las que el acto con el que la autoridad pretendía cumplir no satisfacen esta condición, sin que ello dé lugar a la imposición de una multa o al envío de los autos al órgano jurisdiccional competente (Tribunal Colegiado de Circuito o Suprema Corte de Justicia de la Nación, según corresponda) para continuar el trámite respectivo, pues esto último sólo ocurrirá cuando se advierta que se actualiza alguna o ambas de las condiciones apuntadas -actos evasivos o la práctica de procedimientos ilegales- que retardan el cumplimiento de la sentencia de amparo, tal y como se establece en el artículo 196 de la ley de la materia. De igual manera, cuando las autoridades judiciales de amparo adviertan que existe exceso o defecto en el cumplimiento de la sentencia de amparo y que por ello no puede tenerse como cumplida tal y como lo ordena el artículo 196 de la Ley de Amparo, ello tampoco da lugar a que se continúe con el trámite de inejecución que eventualmente puede concluir con la aplicación de las sanciones (pecuniaria, separación del cargo y consignación ante un Juez penal), sino que se deberá requerir a la autoridad para que subsane dicha deficiencia (exceso y defecto) y exprese con claridad la razón por la que se considera que existe un cumplimiento excesivo o defectuoso." 3. No basta que el superior jerárquico emita un oficio en el que indique que giró una orden a la autoridad directamente obligada al cumplimiento del fallo protector, para que se consideren colmadas sus obligaciones en la etapa de ejecución de una sentencia protectora de derechos humanos, sino que debe demostrar haber hecho uso de todos los medios a su alcance, incluso de las prevenciones y sanciones, que conforme a las disposiciones aplicables pueda formular e imponer, a fin de constreñirla al debido cumplimiento de las ejecutorias de amparo, pues de lo contrario se le impondrán las sanciones previstas en la propia ley, esto es, una multa y, en su caso, la separación del cargo y su consignación ante un juez de Distrito. Notifíquese.

  2. Principal

    Ciudad de México, seis de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el acta de comparecencia de cuenta, por la que *************, perito oficial en valuación, ratifica en todas y cada una de sus partes el dictamen pericial en materia de valuación, recibido en la oficialía de partes del juzgado de origen el diecinueve de julio de dos mil veintiuno (a foja 681), respecto de la prueba pericial en dicha especialidad que se desahoga en el juicio de amparo citado al rubro. Notifíquese.

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