José Pedro Rosario Ramirez
Expediente 625/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 30 de junio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 625/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 30/06/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- José Pedro Rosario Ramirez
Actuaciones
- Principal
JUICIO DE AMPARO 625/2022-V. En la misma data, el secretario da cuenta a la jueza con la certificación precedente y el estado procesal del juicio. Conste. Puebla, Puebla, treinta de junio de dos mil veintidós. Causa estado. Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal del juicio, se observa que la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra el proveído de quince de junio de dos mil veintidós, en el cual fue desechada su demanda de tutela constitucional. Entonces, con fundamento en los artículos 356 fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al numeral 2 de la Ley de Amparo, SE DECLARA QUE EL REFERIDO ACUERDO CAUSÓ ESTADO (QUEDÓ FIRME). Anotaciones internas. Se instruye a la oficial encargada de los libros de gobierno, y al Oficial Judicial A del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) que realicen las anotaciones correspondientes a la declaración de firmeza procesal. Archivo. En términos del artículo 3, fracción VII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales -publicado en el Diario Oficial de la Federación de veinticinco de marzo de dos mil veinte-, se ordena el archivo de este expediente como asunto totalmente concluido. Valoración documental Por lo que en uso de la facultad conferida por los artículos 6, fracción I, 12 y 14 del citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, esta juzgadora, previo análisis de las constancias, estima que el presente asunto carece de relevancia documental porque no se ubica en alguna de las hipótesis previstas por el artículo 15 del referido acuerdo. Además, con fundamento en los artículos 6, fracción I, 12 y 14 de ese Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determina que el sumario constitucional es susceptible de destrucción, lo cual deberá acaecer dentro de los treinta días siguientes al que se cumpla el plazo de conservación de tres años. Ello, porque se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso b), del referido acuerdo, ya que en el proveído inicial se desechó la solicitud de amparo -lo cual implica una resolución que sin decidir el juicio lo dio por concluido-. Resguardo del expediente. Con fundamento en el artículo 9, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales -publicado en el Diario Oficial de la Federación de veinticinco de marzo de dos mil veinte-, se determina que este juicio deberá resguardarse en el archivo físico de este juzgado, durante el lapso de tres años. Una vez termine el referido lapso, deberá procederse a la destrucción. Carátula del expediente. Se instruye al secretario encargado de la tramitación de este expediente para efectos de que realice las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente; ello, conforme al sello autorizado para tal efecto. También, de conformidad con el artículo 25, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, deberá certificar la coincidencia de la versión electrónica con la totalidad de la versión impresa. Revisión del expediente. Se instruye al secretario que haga la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) a efecto de verificar que el expediente físico coincida con el expediente electrónico. Ello en cumplimiento al artículo 3 párrafo octavo, de la Ley de Amparo. Notificación del presente proveído. Se descarta la notificación personal de este acuerdo a la parte quejosa, porque ningún derecho procesal tiene por ejercer en la declaración de causa estado. Aunado a que si deseara conocer el estado del presente asunto, puede solicitarlo. De ahí que este proveído se le habrá de notificar por medio de lista, sobre todo porque se trata de un asunto concluido. Notifíquese y cúmplase
- Principal
JUICIO DE AMPARO 625/2022-V. Puebla, Puebla, quince de junio de dos mil veintidós. Radicación del expediente. Se recibe la demanda de protección de derechos fundamentales, presentada por el quejoso ++++por derecho propio, contra actos de la Jueza de Control del Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro, con sede en la Ciudad de Puebla, y otra autoridad responsable. En consecuencia, se ordena formar el expediente de tutela constitucional, registrarlo en el libro de gobierno con el número correspondiente, y efectuar las anotaciones en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Exhortación para el seguimiento del juicio en línea. Debido al fenómeno de salud pública que existe en la República Mexicana, ante la presencia del virus SARS- CoV-2, y las acciones extraordinarias tendentes a afrontarlo, se exhorta al quejoso a que continúe la tramitación del presente asunto en el esquema de "juicio en línea", esto es, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, mediante el uso de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o la Firma Electrónica del Servicio de Administración Tributaria (E.Firma). Sobre todo porque la tramitación del juicio bajo dicha modalidad, le permitirá la consulta del expediente electrónico, la presentación de escritos y la recepción de notificaciones por la misma vía (electrónica). Es necesario destacar, que de conformidad con el artículo 39 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, el acceso otorgado a las partes o sus representantes y autorizados en los juicios para consultar los expedientes electrónicos, no implica el permiso para notificar resoluciones judiciales de manera electrónica. De ahí que para tramitar el presente juicio bajo el esquema de "juicio en línea", no basta que se solicite la consulta del expediente electrónico, pues para ello, es indispensable que en términos de lo dispuesto por el artículo 55 del referido acuerdo general, se solicite expresamente la autorización para recibir notificaciones electrónicas a través del "nombre de usuario" creado para acceder al portal. Desechamiento. El artículo 113 de la Ley de Amparo2 , establece que el juez de distrito examinará la demanda, y si encontrare alguna causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Lo anterior, porque el derecho de justicia pronta y expedita consagrado en el precepto 17 de la constitución federal, permite considerar que es inviable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, pues debe evitarse crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal, en particular para asuntos que desde un inicio se advierte que terminarán con una resolución de sobreseimiento. Por causa manifiesta, se entiende lo que es claro y patente; mientras que indudable es aquello de lo cual se tiene la certeza y plena seguridad, en particular de que la causa de improcedencia se actualiza en el caso concreto. De modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, de ninguna forma se arribaría a una convicción diversa, independientemente de los elementos que allegaran las partes. Sirve de apoyo a lo expresado, la tesis jurisprudencial de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO".3 En el presente caso, se observa que la demanda presentada por el quejoso debe subsumirse en la hipótesis normativa prevista en el artículo 113 de la Ley de Amparo, esto es, el desechamiento de plano por una causa de improcedencia. De entrada, se precisa que de la lectura integral de la demanda se advierten los reclamados atribuidos a las siguientes autoridades: Autoridad ordenadora: Jueza de Control del Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro, con sede en la Ciudad de Puebla; y Autoridad ejecutora: Director del Centro de Reinserción Social de Puebla. Actos reclamados: La resolución dictada en la audiencia de veinte de febrero de dos mil veintiuno, en la cual se le impuso prisión preventiva justificada al quejoso; y su ejecución, en la causa penal +++++. Sin embargo, la mencionada resolución fue notificada al quejoso, el veinte de febrero de dos mil veintiuno, como se advierte de los antecedentes de la demanda de amparo, que señaló bajo protesta de decir verdad. Ello permite visualizar que es improcedente la acción de derechos fundamentales,4 contra la resolución dictada en la audiencia de veinte de febrero de dos mil veintiuno, en la cual se le impuso prisión preventiva justificada al quejoso; y su ejecución, en la causa penal +++++, porque la demanda de este juicio fue presentada fuera del plazo relativo al escenario de oportunidad, motivo por el cual debe imponerse la causal de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo (en lo sucesivo la legislación). Para demostrarlo, se hace notar que la invocada fracción determina la improcedencia del juicio de tutela constitucional, respecto de los actos consentidos en forma tácita que se definen de la forma siguiente: aquellos contra los cuales se omite solicitar la protección federal, dentro de los plazos legales establecidos. Esos plazos están previstos en el numeral 17 de la legislación, porque la primera parte de este dispone un plazo de quince días para presentar la demanda, el cual se debe computar bajo los supuestos previstos en el diverso 18, a saber: 1. Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos la notificación de la resolución o acuerdo reclamado; 2. A partir del día siguiente al de conocimiento de los actos o de su ejecución; o 3. Al día siguiente de aquél cuando el quejoso se hubiese ostentado sabedor. Tales hipótesis pueden soslayarse conforme a las fracciones previstas en el artículo 17 de la legislación: a). Cuando se reclame una norma autoaplicativa o el procedimiento de extradición -para lo cual existe un plazo de treinta días-; b). Cuando se reclame la sentencia condenatoria en un proceso penal y exista pena de prisión -donde habrá un plazo de ocho años-; c). Cuando los actos impacten núcleos de población ejidal o comunal -lo cual queda sujeto a un plazo de siete años-; y d). Cuando se impugnen actos donde haya peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la constitución federal5 o la incorporación forzosa al ejército o armada nacionales -para estos la demanda de amparo se presentará en cualquier tiempo-. De lo anterior se obtiene que el juicio de protección de derechos, será improcedente cuando se presente la demanda luego de terminado el plazo de quince días, previsto en la primera parte del numeral 17 de la legislación, salvo que se actualice una excepción de las fracciones comentadas. Improcedencia que comulga con los nuevos lineamientos del bloque de constitucionalidad, porque estos permiten validar los requisitos de procedencia al grado de imponer la obligación de respetar el plazo de quince días, en cualquier asunto donde se reclamen actos distintos a los que tengan prevista una excepción.6 Establecidas las premisas anteriores, debe indicarse que la demanda con la cual se origina el presente juicio de amparo, contiene una manifestación del quejoso en los antecedentes, sobre la fecha cuando le fue notificada la de resolución dictada en la audiencia de veinte de febrero de dos mil veintiuno, en la cual se le impuso prisión preventiva justificada al quejoso; y su ejecución, en la causa penal ++++: el veinte de febrero de dos mil veintiuno, fecha en la cual se celebró la citada audiencia. Entonces, la fecha que debe utilizarse conforme a la primera hipótesis del artículo 18 de la legislación, es la que corresponde a la notificación de veinte de febrero de dos mil veintiuno. Máxime que esa notificación tiene plena vigencia en el terreno procesal, dado que no manifestó en su demanda que existiera alguna resolución que hubiera declarado su nulidad. Así que para realizar el cómputo del plazo de quince días previsto en el artículo 17 de la legislación, se considera la fecha cuando fue notificado el quejoso de la mencionada resolución. Ello, de la forma siguiente: la de resolución dictada en la audiencia de veinte de febrero de dos mil veintiuno, en la cual se le impuso prisión preventiva justificada al quejoso; y su ejecución, en la causa penal ++++, fue notificada al quejoso el veinte de febrero de dos mil veintiuno; y surtió efectos el veintidós del citado mes y año (día hábil siguiente). De modo que el plazo de quince días que tenía el quejoso para ejercer la acción de tutela constitucional, respecto de la de resolución dictada en la audiencia de veinte de febrero de dos mil veintiuno, en la cual se le impuso prisión preventiva justificada al quejoso; y su ejecución, en la causa penal +++++, inició el veintitrés de febrero de dos mil veintiuno (día siguiente hábil de cuando surtió efectos la notificación), y terminó el quince de marzo de dos mil veintiuno. A pesar de lo anterior, el quejoso presentó su demanda de amparo hasta el trece de junio de dos mil veintidós, como se observa en el sello de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla. Situación que implica una presentación extemporánea de la demanda, porque se hizo después de terminado el plazo de quince días establecido en el artículo 17 de la legislación, respecto de los actos combatidos en el presente juicio: la de resolución dictada en la audiencia de veinte de febrero de dos mil veintiuno, en la cual se le impuso prisión preventiva justificada al quejoso; y su ejecución, en la causa penal ++++++. Luego, se actualiza en el caso la improcedencia derivada de la causal de extemporaneidad, motivo por el cual deben estimarse consentidos los actos de marras, porque la demanda de amparo fue presentada después de terminado el plazo de quince días.7 Por tanto, se concluye que los actos reclamados por el quejoso en la demanda de este juicio, deben subsumirse en la causal de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61 de la legislación, porque el juicio de control extraordinario se promovió después de terminado el plazo establecido en el diverso 17, aun cuando aquél no se ubica en los supuestos de excepción relatados. Causal que de ninguna forma contraviene los derechos contemplados en el artículo 25.1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, dado que al respecto existe la tesis8 del tenor siguiente: "IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. LAS CAUSAS PREVISTAS EN LOS ARTÍCULOS 73 Y 74 DE LA LEY DE LA MATERIA, RESPECTIVAMENTE, NO SON INCOMPATIBLES CON EL ARTÍCULO 25.1 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS". Sólo resta decir que las violaciones directas a los derechos fundamentales, alegadas en la demanda de amparo, son insuficientes para considerar una excepción a la regla de extemporaneidad. En tales condiciones, se desecha de plano la demanda de amparo presentada por el quejoso José Pedro Rosario Ramírez, porque los actos delimitados en esta pretende combatirlos después de haber terminado el plazo de quince días, previsto en el artículo 17 de la legislación. Desechamiento que se apoya en la fracción XIV del artículo 61, en relación con los numerales 112 y 113, todos de la Ley de Amparo. Anotaciones internas. Se instruye a la oficial encargada de los libros de gobierno, y al Oficial Judicial "A" del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), que realicen las anotaciones correspondientes al desechamiento previo. Consulta física del expediente. Se hace saber al quejoso, de conformidad con el artículo 3 del Acuerdo General 21/2020 reformado en cuanto a su vigencia por su similar 9/2022 del Consejo de la Judicatura Federal, que el acceso a las instalaciones de este juzgado para la consulta de expedientes de manera física será mediante previa cita, que podrá registrar en la agenda del portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en el micrositio "Servicios Jurisdiccionales" y el sistema "Agenda OJ", donde aparecerán las fechas y horarios disponibles para este órgano jurisdiccional. De manera excepcional, esta autoridad generará la cita correspondiente cuando se requiera la presencia física de alguna de las partes o de persona diversa, para el desahogo de un requerimiento o para participar en una diligencia o audiencia, así como para el cumplimiento de requerimientos sujetos a un plazo -en cuyo caso la cita será programada para el día en que venza dicho plazo-. Sin embargo, en el caso de las diligencias y audiencias, las partes podrán solicitar que su comparecencia se lleve a cabo por videoconferencia. Presentación de promociones físicas. Se comunica al quejoso que la recepción de todas las promociones que desee presentar de manera física, serán recibidas a través de la Oficialía de Partes Común de los Juzgados Cuarto y Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, la cual se encuentra ubicada en el arco de seguridad del inmueble donde dichos órganos jurisdiccionales tienen su sede (avenida 23 poniente, número 2509, colonia Volcanes, Puebla, Puebla). Lo anterior, deberá ser observado en caso de que se pretenda presentar una promoción de forma física. Toma de fotografías. Se autoriza desde este momento la toma de fotografías, pues la normatividad vigente permite a las partes consultar las actuaciones judiciales y fotografiarlas. Todo lo cual se realizará previa identificación y acta que se deje para constancia, pero bajo los lineamientos para el ingreso a los órganos jurisdiccionales, que implican obtener una cita en los términos delimitados por el Consejo de la Judicatura Federal. Datos personales. Con fundamento los artículos 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se informa al quejoso el derecho que tiene para oponerse a la publicación de sus datos personales. Pero de cualquier forma se habrán de salvaguardar sus datos personales y la información reservada, como lo exigen los lineamientos actuales en materia de acceso a la información. Domicilio procesal y autorizados. Se tiene como domicilio del quejoso para recibir notificaciones, el señalado en su demanda de amparo (ubicado en la ciudad de Puebla). Sin que se tenga para esos efectos los correos electrónicos señalados en la demanda, pues la Ley de Amparo, no contempla esos medios para realizar notificaciones. Por otro lado, quedan autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, los profesionistas señalados en la demanda, porque aquél decidió otorgarle facultades amplias y fueron encontradas las cédulas, en el sistema electrónico de profesionistas del Poder Judicial de la Federación. Comunicación con el quejoso. Con independencia de lo acordado en el apartado precedente y a fin de establecer contacto en los casos en que se estime pertinente, en atención a lo dispuesto por el artículo 22, facción II, del Acuerdo General 21/2020 reformado en cuanto a su vigencia por su similar 9/2022 del Consejo de la Judicatura Federal, se informa al quejoso que puede ofrecer por escrito números de teléfono, como medios para ser contactado. Se hace la precisión que esos medios electrónicos de comunicación, sólo serán para establecer contacto cuando las circunstancias así lo requieran. Pero las notificaciones que en derecho le correspondan al quejoso, siempre serán realizadas conforme lo establece la Ley de Amparo. Así, desde este momento se toma nota de los correos electrónicos señalados en su escrito de cuenta. Habilitación de días y horas inhábiles. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la constitución y con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se faculta al actuario judicial correspondiente, a fin de que pueda practicar todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, aun en días y horas inhábiles, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias. Pero al realizar cualquier notificación físicamente, deberá observar de manera estricta el "Lineamiento de Higiene derivado de la Atención a emergencia Sanitaria por Coronavirus (COVID 19) para Notificadores y Defensores Públicos del CJF", y utilizar el kit de seguridad que se le ha proporcionado para salvaguardar su integridad física, en la situación actual de contingencia sanitaria. Digitalización del expediente. De conformidad con el artículo 3º de la Ley de Amparo, así como los acuerdos generales 21/2007 y 12/2020, del Consejo de la Judicatura Federal, que regulan la Firma Electrónica para el Seguimiento de Expedientes (FESE) y la integración del expediente electrónico, así como en el acuerdo de la Comisión de Administración del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el procedimiento de asignación, certificación y uso de la Firma Electrónica para el Seguimiento de Expedientes (FESE), y en el acuerdo de la Comisión de Administración del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el procedimiento de asignación, certificación y uso de la Firma Electrónica para el Seguimiento de Expedientes (FESE), procédase en su momento a la digitalización del presente asunto9 a efecto de tener una copia digital para conservar y difundir su contenido. Registro de partes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Se instruye al Oficial Judicial "A" del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) que revise las anotaciones correspondientes a las partes en el presente juicio, lo que implica corroborar que los datos capturados en el sistema estén correctos y completos. Lo anterior, en aras de la impartición de justicia en términos del artículo 17 constitucional (pronta, oportuna y expedita). Integración de la demanda original al expediente. Por último, debido a las circunstancias de logística adoptadas ante la presencia de la enfermedad COVID-19, se instruye al secretario encargado de la tramitación de este expediente, que una vez recibida la demanda de amparo -de manera física-, sin ulterior acuerdo glose a los autos el documento original respectivo. Notifíquese; de forma personal al quejoso en su domicilio procesal.
- Principal
SE DEJO AVISO DE NOTIFICACION A LA PARTE QUEJOSA, POR LO TANTO SE LE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA JUICIO DE AMPARO 625/2022-V. Puebla, Puebla, quince de junio de dos mil veintidós. Radicación del expediente. Se recibe la demanda de protección de derechos fundamentales, presentada por el quejoso ++++por derecho propio, contra actos de la Jueza de Control del Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro, con sede en la Ciudad de Puebla, y otra autoridad responsable. En consecuencia, se ordena formar el expediente de tutela constitucional, registrarlo en el libro de gobierno con el número correspondiente, y efectuar las anotaciones en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Exhortación para el seguimiento del juicio en línea. Debido al fenómeno de salud pública que existe en la República Mexicana, ante la presencia del virus SARS- CoV-2, y las acciones extraordinarias tendentes a afrontarlo, se exhorta al quejoso a que continúe la tramitación del presente asunto en el esquema de "juicio en línea", esto es, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, mediante el uso de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o la Firma Electrónica del Servicio de Administración Tributaria (E.Firma). Sobre todo porque la tramitación del juicio bajo dicha modalidad, le permitirá la consulta del expediente electrónico, la presentación de escritos y la recepción de notificaciones por la misma vía (electrónica). Es necesario destacar, que de conformidad con el artículo 39 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, el acceso otorgado a las partes o sus representantes y autorizados en los juicios para consultar los expedientes electrónicos, no implica el permiso para notificar resoluciones judiciales de manera electrónica. De ahí que para tramitar el presente juicio bajo el esquema de "juicio en línea", no basta que se solicite la consulta del expediente electrónico, pues para ello, es indispensable que en términos de lo dispuesto por el artículo 55 del referido acuerdo general, se solicite expresamente la autorización para recibir notificaciones electrónicas a través del "nombre de usuario" creado para acceder al portal. Desechamiento. El artículo 113 de la Ley de Amparo2 , establece que el juez de distrito examinará la demanda, y si encontrare alguna causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Lo anterior, porque el derecho de justicia pronta y expedita consagrado en el precepto 17 de la constitución federal, permite considerar que es inviable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, pues debe evitarse crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal, en particular para asuntos que desde un inicio se advierte que terminarán con una resolución de sobreseimiento. Por causa manifiesta, se entiende lo que es claro y patente; mientras que indudable es aquello de lo cual se tiene la certeza y plena seguridad, en particular de que la causa de improcedencia se actualiza en el caso concreto. De modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, de ninguna forma se arribaría a una convicción diversa, independientemente de los elementos que allegaran las partes. Sirve de apoyo a lo expresado, la tesis jurisprudencial de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO".3 En el presente caso, se observa que la demanda presentada por el quejoso debe subsumirse en la hipótesis normativa prevista en el artículo 113 de la Ley de Amparo, esto es, el desechamiento de plano por una causa de improcedencia. De entrada, se precisa que de la lectura integral de la demanda se advierten los reclamados atribuidos a las siguientes autoridades: Autoridad ordenadora: Jueza de Control del Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro, con sede en la Ciudad de Puebla; y Autoridad ejecutora: Director del Centro de Reinserción Social de Puebla. Actos reclamados: La resolución dictada en la audiencia de veinte de febrero de dos mil veintiuno, en la cual se le impuso prisión preventiva justificada al quejoso; y su ejecución, en la causa penal +++++. Sin embargo, la mencionada resolución fue notificada al quejoso, el veinte de febrero de dos mil veintiuno, como se advierte de los antecedentes de la demanda de amparo, que señaló bajo protesta de decir verdad. Ello permite visualizar que es improcedente la acción de derechos fundamentales,4 contra la resolución dictada en la audiencia de veinte de febrero de dos mil veintiuno, en la cual se le impuso prisión preventiva justificada al quejoso; y su ejecución, en la causa penal +++++, porque la demanda de este juicio fue presentada fuera del plazo relativo al escenario de oportunidad, motivo por el cual debe imponerse la causal de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo (en lo sucesivo la legislación). Para demostrarlo, se hace notar que la invocada fracción determina la improcedencia del juicio de tutela constitucional, respecto de los actos consentidos en forma tácita que se definen de la forma siguiente: aquellos contra los cuales se omite solicitar la protección federal, dentro de los plazos legales establecidos. Esos plazos están previstos en el numeral 17 de la legislación, porque la primera parte de este dispone un plazo de quince días para presentar la demanda, el cual se debe computar bajo los supuestos previstos en el diverso 18, a saber: 1. Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos la notificación de la resolución o acuerdo reclamado; 2. A partir del día siguiente al de conocimiento de los actos o de su ejecución; o 3. Al día siguiente de aquél cuando el quejoso se hubiese ostentado sabedor. Tales hipótesis pueden soslayarse conforme a las fracciones previstas en el artículo 17 de la legislación: a). Cuando se reclame una norma autoaplicativa o el procedimiento de extradición -para lo cual existe un plazo de treinta días-; b). Cuando se reclame la sentencia condenatoria en un proceso penal y exista pena de prisión -donde habrá un plazo de ocho años-; c). Cuando los actos impacten núcleos de población ejidal o comunal -lo cual queda sujeto a un plazo de siete años-; y d). Cuando se impugnen actos donde haya peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la constitución federal5 o la incorporación forzosa al ejército o armada nacionales -para estos la demanda de amparo se presentará en cualquier tiempo-. De lo anterior se obtiene que el juicio de protección de derechos, será improcedente cuando se presente la demanda luego de terminado el plazo de quince días, previsto en la primera parte del numeral 17 de la legislación, salvo que se actualice una excepción de las fracciones comentadas. Improcedencia que comulga con los nuevos lineamientos del bloque de constitucionalidad, porque estos permiten validar los requisitos de procedencia al grado de imponer la obligación de respetar el plazo de quince días, en cualquier asunto donde se reclamen actos distintos a los que tengan prevista una excepción.6 Establecidas las premisas anteriores, debe indicarse que la demanda con la cual se origina el presente juicio de amparo, contiene una manifestación del quejoso en los antecedentes, sobre la fecha cuando le fue notificada la de resolución dictada en la audiencia de veinte de febrero de dos mil veintiuno, en la cual se le impuso prisión preventiva justificada al quejoso; y su ejecución, en la causa penal ++++: el veinte de febrero de dos mil veintiuno, fecha en la cual se celebró la citada audiencia. Entonces, la fecha que debe utilizarse conforme a la primera hipótesis del artículo 18 de la legislación, es la que corresponde a la notificación de veinte de febrero de dos mil veintiuno. Máxime que esa notificación tiene plena vigencia en el terreno procesal, dado que no manifestó en su demanda que existiera alguna resolución que hubiera declarado su nulidad. Así que para realizar el cómputo del plazo de quince días previsto en el artículo 17 de la legislación, se considera la fecha cuando fue notificado el quejoso de la mencionada resolución. Ello, de la forma siguiente: la de resolución dictada en la audiencia de veinte de febrero de dos mil veintiuno, en la cual se le impuso prisión preventiva justificada al quejoso; y su ejecución, en la causa penal ++++, fue notificada al quejoso el veinte de febrero de dos mil veintiuno; y surtió efectos el veintidós del citado mes y año (día hábil siguiente). De modo que el plazo de quince días que tenía el quejoso para ejercer la acción de tutela constitucional, respecto de la de resolución dictada en la audiencia de veinte de febrero de dos mil veintiuno, en la cual se le impuso prisión preventiva justificada al quejoso; y su ejecución, en la causa penal +++++, inició el veintitrés de febrero de dos mil veintiuno (día siguiente hábil de cuando surtió efectos la notificación), y terminó el quince de marzo de dos mil veintiuno. A pesar de lo anterior, el quejoso presentó su demanda de amparo hasta el trece de junio de dos mil veintidós, como se observa en el sello de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla. Situación que implica una presentación extemporánea de la demanda, porque se hizo después de terminado el plazo de quince días establecido en el artículo 17 de la legislación, respecto de los actos combatidos en el presente juicio: la de resolución dictada en la audiencia de veinte de febrero de dos mil veintiuno, en la cual se le impuso prisión preventiva justificada al quejoso; y su ejecución, en la causa penal ++++++. Luego, se actualiza en el caso la improcedencia derivada de la causal de extemporaneidad, motivo por el cual deben estimarse consentidos los actos de marras, porque la demanda de amparo fue presentada después de terminado el plazo de quince días.7 Por tanto, se concluye que los actos reclamados por el quejoso en la demanda de este juicio, deben subsumirse en la causal de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61 de la legislación, porque el juicio de control extraordinario se promovió después de terminado el plazo establecido en el diverso 17, aun cuando aquél no se ubica en los supuestos de excepción relatados. Causal que de ninguna forma contraviene los derechos contemplados en el artículo 25.1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, dado que al respecto existe la tesis8 del tenor siguiente: "IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. LAS CAUSAS PREVISTAS EN LOS ARTÍCULOS 73 Y 74 DE LA LEY DE LA MATERIA, RESPECTIVAMENTE, NO SON INCOMPATIBLES CON EL ARTÍCULO 25.1 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS". Sólo resta decir que las violaciones directas a los derechos fundamentales, alegadas en la demanda de amparo, son insuficientes para considerar una excepción a la regla de extemporaneidad. En tales condiciones, se desecha de plano la demanda de amparo presentada por el quejoso José Pedro Rosario Ramírez, porque los actos delimitados en esta pretende combatirlos después de haber terminado el plazo de quince días, previsto en el artículo 17 de la legislación. Desechamiento que se apoya en la fracción XIV del artículo 61, en relación con los numerales 112 y 113, todos de la Ley de Amparo. Anotaciones internas. Se instruye a la oficial encargada de los libros de gobierno, y al Oficial Judicial "A" del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), que realicen las anotaciones correspondientes al desechamiento previo. Consulta física del expediente. Se hace saber al quejoso, de conformidad con el artículo 3 del Acuerdo General 21/2020 reformado en cuanto a su vigencia por su similar 9/2022 del Consejo de la Judicatura Federal, que el acceso a las instalaciones de este juzgado para la consulta de expedientes de manera física será mediante previa cita, que podrá registrar en la agenda del portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en el micrositio "Servicios Jurisdiccionales" y el sistema "Agenda OJ", donde aparecerán las fechas y horarios disponibles para este órgano jurisdiccional. De manera excepcional, esta autoridad generará la cita correspondiente cuando se requiera la presencia física de alguna de las partes o de persona diversa, para el desahogo de un requerimiento o para participar en una diligencia o audiencia, así como para el cumplimiento de requerimientos sujetos a un plazo -en cuyo caso la cita será programada para el día en que venza dicho plazo-. Sin embargo, en el caso de las diligencias y audiencias, las partes podrán solicitar que su comparecencia se lleve a cabo por videoconferencia. Presentación de promociones físicas. Se comunica al quejoso que la recepción de todas las promociones que desee presentar de manera física, serán recibidas a través de la Oficialía de Partes Común de los Juzgados Cuarto y Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, la cual se encuentra ubicada en el arco de seguridad del inmueble donde dichos órganos jurisdiccionales tienen su sede (avenida 23 poniente, número 2509, colonia Volcanes, Puebla, Puebla). Lo anterior, deberá ser observado en caso de que se pretenda presentar una promoción de forma física. Toma de fotografías. Se autoriza desde este momento la toma de fotografías, pues la normatividad vigente permite a las partes consultar las actuaciones judiciales y fotografiarlas. Todo lo cual se realizará previa identificación y acta que se deje para constancia, pero bajo los lineamientos para el ingreso a los órganos jurisdiccionales, que implican obtener una cita en los términos delimitados por el Consejo de la Judicatura Federal. Datos personales. Con fundamento los artículos 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se informa al quejoso el derecho que tiene para oponerse a la publicación de sus datos personales. Pero de cualquier forma se habrán de salvaguardar sus datos personales y la información reservada, como lo exigen los lineamientos actuales en materia de acceso a la información. Domicilio procesal y autorizados. Se tiene como domicilio del quejoso para recibir notificaciones, el señalado en su demanda de amparo (ubicado en la ciudad de Puebla). Sin que se tenga para esos efectos los correos electrónicos señalados en la demanda, pues la Ley de Amparo, no contempla esos medios para realizar notificaciones. Por otro lado, quedan autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, los profesionistas señalados en la demanda, porque aquél decidió otorgarle facultades amplias y fueron encontradas las cédulas, en el sistema electrónico de profesionistas del Poder Judicial de la Federación. Comunicación con el quejoso. Con independencia de lo acordado en el apartado precedente y a fin de establecer contacto en los casos en que se estime pertinente, en atención a lo dispuesto por el artículo 22, facción II, del Acuerdo General 21/2020 reformado en cuanto a su vigencia por su similar 9/2022 del Consejo de la Judicatura Federal, se informa al quejoso que puede ofrecer por escrito números de teléfono, como medios para ser contactado. Se hace la precisión que esos medios electrónicos de comunicación, sólo serán para establecer contacto cuando las circunstancias así lo requieran. Pero las notificaciones que en derecho le correspondan al quejoso, siempre serán realizadas conforme lo establece la Ley de Amparo. Así, desde este momento se toma nota de los correos electrónicos señalados en su escrito de cuenta. Habilitación de días y horas inhábiles. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la constitución y con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se faculta al actuario judicial correspondiente, a fin de que pueda practicar todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, aun en días y horas inhábiles, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias. Pero al realizar cualquier notificación físicamente, deberá observar de manera estricta el "Lineamiento de Higiene derivado de la Atención a emergencia Sanitaria por Coronavirus (COVID 19) para Notificadores y Defensores Públicos del CJF", y utilizar el kit de seguridad que se le ha proporcionado para salvaguardar su integridad física, en la situación actual de contingencia sanitaria. Digitalización del expediente. De conformidad con el artículo 3º de la Ley de Amparo, así como los acuerdos generales 21/2007 y 12/2020, del Consejo de la Judicatura Federal, que regulan la Firma Electrónica para el Seguimiento de Expedientes (FESE) y la integración del expediente electrónico, así como en el acuerdo de la Comisión de Administración del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el procedimiento de asignación, certificación y uso de la Firma Electrónica para el Seguimiento de Expedientes (FESE), y en el acuerdo de la Comisión de Administración del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el procedimiento de asignación, certificación y uso de la Firma Electrónica para el Seguimiento de Expedientes (FESE), procédase en su momento a la digitalización del presente asunto9 a efecto de tener una copia digital para conservar y difundir su contenido. Registro de partes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Se instruye al Oficial Judicial "A" del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) que revise las anotaciones correspondientes a las partes en el presente juicio, lo que implica corroborar que los datos capturados en el sistema estén correctos y completos. Lo anterior, en aras de la impartición de justicia en términos del artículo 17 constitucional (pronta, oportuna y expedita). Integración de la demanda original al expediente. Por último, debido a las circunstancias de logística adoptadas ante la presencia de la enfermedad COVID-19, se instruye al secretario encargado de la tramitación de este expediente, que una vez recibida la demanda de amparo -de manera física-, sin ulterior acuerdo glose a los autos el documento original respectivo. Notifíquese; de forma personal al quejoso en su domicilio procesal.
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