Jose Pedro Lopez Carcaño

Expediente 732/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 4 actuaciones registradas, la última del 29 de septiembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
732/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
29/09/2022

Partes del expediente

  • Jose Pedro Lopez Carcaño

Actuaciones

  1. Principal

    Puebla, Puebla, veintinueve de septiembre de dos mil veintidós. Se recibe testimonio de queja. Se agrega al expediente el oficio y anexo de cuenta, signado por la Secretaria del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito. Mediante ese oficio, remite copia certificada de la ejecutoria emitida el ocho de septiembre del año en curso, en el recurso de queja Q-128/2022, interpuesto por *, autorizado en términos amplios del quejoso *, en contra del proveído de once de julio de dos mil veintidós, en cuyo punto resolutivo establece: ".ÚNICO. Se declara infundado el recurso de queja interpuesto por *, en contra del auto de once de julio de dos mil veintidós, dictado por el secretario encargado del despacho por vacaciones de la titular del Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, dentro del juicio de amparo indirecto 732/2022.". Además, devuelve la copia certificada del presente juicio que se remitió para la sustanciación del recurso. En consecuencia, glósese a este juicio el testimonio adjunto al oficio de cuenta. Asimismo, se ordena acusar recibo a la superioridad (vía interconexión) respecto de los anexos recibidos. Anotaciones internas. Se instruye a la oficial encargada de los libros de gobierno, y a la Oficial Judicial encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), que realicen las anotaciones correspondientes a la declaración de ejecutoria. Valoración documental. En términos del artículo 3, fracción VII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales -publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte-, el presente expediente constituye un asunto concluido. Por lo que en uso de la facultad conferida por los artículos 6, fracción I, 12 y 14 del citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, previo análisis de las constancias, se estima que el presente asunto carece de relevancia documental porque no se ubica en alguna de las hipótesis previstas por el artículo 15 del referido acuerdo. Además, con fundamento en los artículos 6, fracción I, 12 y 14 de ese Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determina que el sumario constitucional es susceptible de destrucción, lo cual deberá acaecer dentro de los treinta días siguientes al que se cumpla el plazo de conservación de tres años. Ello, porque se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso b), del referido acuerdo, ya que en el proveído inicial se desechó la solicitud de amparo -lo cual implica una resolución que sin decidir el juicio lo dio por concluido-. Resguardo del expediente (Archivo físico). Con fundamento en el artículo 9, del referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determina que este juicio deberá resguardarse en el archivo físico de este juzgado durante el lapso de tres años. Una vez termine el referido lapso, deberá procederse a la destrucción. Lo anterior implica que en este acuerdo, se ordena el archivo del presente juicio como asunto concluido. Inexistencia de documentos originales. La revisión efectuada a las actuaciones de este juicio, permitió visualizar que no se tienen documentos originales (anexos) para devolver al quejoso. Inexistencia de anexos. En este juicio no se recibieron constancias originales de procesos, expedientes, averiguaciones, carpetas, entre otras, que deban devolverse a alguna responsable o autoridad diversa, motivo por el cual es improcedente emitir pronunciamiento al respecto. Carátula del expediente. Se instruye al secretario encargado de la tramitación de este expediente para efectos de que realice las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente; ello, conforme al sello autorizado para tal efecto. Revisión del expediente. Se instruye al secretario que haga la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) a efecto de verificar que el expediente físico coincida con el expediente electrónico. Ello en cumplimiento al artículo 3 párrafo octavo, de la Ley de Amparo. Notificación del presente proveído. Se descarta la notificación personal de este acuerdo al quejoso, porque ningún derecho procesal tiene por ejercer dado que ha quedado firme el proveído de desechamiento. Aunado a que si deseara conocer el estado del presente juicio, se considera que tiene las condiciones para ingresar a la página de internet donde se publicará este acuerdo. De ahí que este proveído se le habrá de notificar por medio de lista, sobre todo porque se trata de un asunto concluido. Sin cuadernos incidentales. No existe incidente de suspensión derivado de este juicio, porque la demanda de amparo fue desechada en el proveído inicial, motivo por el cual es improcedente emitir pronunciamiento al respecto.

  2. Principal

    Puebla, Puebla, ocho de agosto de dos mil veintidós. Se agrega al expediente el oficio de cuenta, con firma electrónica -evidencia criptográfica- de la actuaria del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito. En éste, comunica el acuerdo de cuatro de agosto de dos mil veintidós, donde el magistrado presidente del citado tribunal admitió a trámite el recurso de queja interpuesto por el quejoso *, contra el proveído de once de julio de dos mil veintidós, en el que fue desechada su solicitud de tutela constitucional. Dicho recurso fue radicado con el número de queja Q-128/2022 de su índice. De lo que este órgano jurisdiccional toma conocimiento, para los efectos legales correspondientes. Notifíquese.

  3. Principal

    Puebla, Puebla, veintiséis de julio de dos mil veintidós. Recurso de queja. Se agrega al expediente el ocurso con firma electrónica (evidencia criptográfica) de *, autorizado en términos amplios del quejoso *, mediante el cual interpone recurso de queja y expresa agravios contra el proveído de once de julio de dos mil veintidós, en el que fue desechada su solicitud de tutela constitucional. Además, señala las constancias que deberán remitirse al tribunal de alzada para la sustanciación de dicho recurso. Por lo anterior, es innecesario proceder en términos del artículo 101 de la ley de la materia (dar vista a las partes con el recurso) pues el recurrente resulta la única parte en el presente juicio, dado el desechamiento de la demanda1. En consecuencia, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99 y 100 de la Ley de Amparo, se tiene interpuesto dicho recurso. Remisión del recurso. Conforme a lo determinado en párrafos anteriores, se ordena el envío del escrito donde obran los agravios (recibido en línea) así como copia certificada de la totalidad del presente expediente, al Encargado de la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Penal del Sexto Circuito, a fin de que lo turne al órgano encargado de substanciar el citado recurso de queja. Informe de la queja. En este proveído se rinde el informe sobre el recurso de queja en los términos siguientes: ES CIERTO EL ACTO MATERIA DE LA QUEJA, porque en proveído de once de julio de dos mil veintidós se determinó desechar de plano la demanda de amparo, por las razones desarrolladas en ese acuerdo. Para justificar lo anterior, se instruye adjuntar copias de todo lo actuado en este juicio -como lo solicitó el autorizado del quejoso-, y del escrito en el que obran los agravios, al oficio que se dirija al tribunal de alzada. Sin suspensión del procedimiento. Se descarta suspender el procedimiento en este asunto, porque la demanda de amparo fue desechada en el proveído inicial. Indicación a la actuaria. Se ordena al actuario encargado del presente asunto, que el oficio de remisión, copia del recurso de queja en el que obran los agravios y las copias de este juicio, las entregue de manera física en la citada oficina de correspondencia. Ello, con las medidas de protección por la situación actual de contingencia sanitaria, derivada de la enfermedad COVID-19. Notificación por lista. Por último, se deja establecido que es inviable ordenar una notificación personal para el quejoso, con el contenido de este acuerdo, porque ya se dio trámite a su recurso y todavía falta la decisión que emita el tribunal colegiado. De ahí que este acuerdo sólo se notificará por medio de lista. Notifíquese.

  4. Principal

    Puebla, Puebla, once de julio de dos mil veintidós. Radicación del expediente. Se recibe la demanda de protección de derechos fundamentales signada por *, por derecho propio, contra actos del Juez de Control del Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Oriente, con sede en Teziutlán, Puebla. En consecuencia, se ordena formar el expediente de tutela constitucional, registrarlo en el libro de gobierno con el número correspondiente, y efectuar las anotaciones en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Exhortación para el seguimiento del juicio en línea. Debido al fenómeno de salud pública que existe en la República Mexicana, ante la presencia del virus SARS-CoV-2, y las acciones extraordinarias tendentes a afrontarlo, se exhorta a la quejosa a que continúe la tramitación del presente asunto en el esquema de "juicio en línea", esto es, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, mediante el uso de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o la Firma Electrónica del Servicio de Administración Tributaria (E.Firma). Sobre todo porque la tramitación del juicio bajo dicha modalidad, le permitirá la consulta del expediente electrónico, la presentación de escritos y la recepción de notificaciones por la misma vía (electrónica). Es necesario destacar, que de conformidad con el artículo 39 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, el acceso otorgado a las partes o sus representantes y autorizados en los juicios para consultar los expedientes electrónicos, no implica el permiso para notificar resoluciones judiciales de manera electrónica. De ahí que para tramitar el presente juicio bajo el esquema de "juicio en línea", no basta que se solicite la consulta del expediente electrónico, pues para ello, es indispensable que en términos de lo dispuesto por el artículo 55 del referido acuerdo general, se solicite expresamente la autorización para recibir notificaciones electrónicas a través del "nombre de usuario" creado para acceder al portal. Desechamiento. El artículo 113 de la Ley de Amparo1 establece que el juez de distrito examinará la demanda, y si encontrare alguna causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Lo anterior, porque el derecho de justicia pronta y expedita consagrado en el precepto 17 de la constitución federal, permite considerar que es inviable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, pues debe evitarse crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal, en particular para asuntos que desde un inicio se advierte que terminarán con una resolución de sobreseimiento. Por causa manifiesta, se entiende lo que es claro y patente; mientras que indudable es aquello de lo cual se tiene la certeza y plena seguridad, en particular de que la causa de improcedencia se actualiza en el caso concreto. De modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, de ninguna forma se arribaría a una convicción diversa, independientemente de los elementos que allegaran las partes. Sirve de apoyo a lo expresado, la tesis jurisprudencial de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO".2 En el caso, se examinó de manera integral la demanda y se detectó que * señaló como actos reclamados, los siguientes: "...a) La admisión a trámite de la Suspensión Condicional a Proceso como solución alterna del procedimiento, en audiencia de fecha veinte de junio de dos mil' veintidós, dentro del procedimiento penal de la carpeta administrativa *, por parte del Juez responsable, respecto a la solicitud hecha por la defensora particular de los imputados *, a las 17:29:18 horas del día señalado; así como la solicitada por el defensor público del imputado *, a las 17:29:26 del mismo día señalado; esto, al finalizar el dictado del auto de vinculación a proceso como continuación de la audiencia inicial. Y sin que se haya hecho en audiencia específica para ello, y mediante la que se cumplieran con las formalidades del procedimiento y con las disposiciones del artículo 191, 192, 193 y 196 del Código Nacional de Procedimientos Penales. b) El acuerdo por el que, la autoridad ordenadora - Juez de Control- en audiencia de fecha veinte de junio de dos mil veintidós, aprueba como solución alterna dentro del procedimiento penal de la carpeta administrativa *, la Suspensión Condicional del Proceso a los imputados * , violentado los derechos constitucionales del suscrito como víctima respecto a la reparación del daño y como parte en el procedimiento penal, al no realizar una tutela judicial efectiva sobre mi persona; en relación con lo estipulado en el artículo 191, 194, 195 fracción XIV; y en relación directa con los derechos de la víctima garantizados por el artículo 17, párrafo quinto y 20, apartado A, fracción I y apartado C, fracciones II y V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ." (sic). La lectura de lo anterior permite destacar dos actos específicos de autoridad de los cuales se duele el quejoso: a) La admisión a trámite de la suspensión condicional del proceso (como solución alterna del procedimiento penal) respecto de la causa*; y, b) La determinación mediante la que se aprobó, como solución alterna del procedimiento penal*, la suspensión condicional del proceso respecto de los imputados *. Precisado lo anterior, respecto del acto indicado en el inciso a) se estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, relacionada con la V del diverso 107 -contrario sensu-, ambos de la Ley de Amparo, que a la letra dicen: "Artículo 61. El juicio de Amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.". De los anteriores preceptos se obtiene, para efectos del juicio de amparo indirecto, que un acto de imposible reparación será el que afecte de modo directo e inmediato los derechos fundamentales, consagrados en la constitución federal y los tratados internacionales. Es más, las referidas disposiciones recogen las bases previstas para el juicio de amparo contenidas en el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece como regla general que tratándose de amparo indirecto, este sólo procede contra actos dentro del juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, entendidos como aquéllos que afectan directamente alguno de los derechos sustantivos fundamentales de la persona3. Entonces, los actos intraprocesales que no reúnan esas características, deben estimarse insuficientes para visualizar una afectación a los gobernados, porque sus efectos pueden o no manifestarse en el contenido de la sentencia que ponga fin al procedimiento, en cuyo caso podrá el afectado interponer los medios de defensa conducentes. Así, puede decirse que los actos procesales no tienen el carácter de irreparables, mientras la afectación no incida directamente en derechos sustantivos y en su caso, exista la posibilidad legal que el gobernado obtenga una sentencia favorable a sus pretensiones, ya que en este caso los efectos intraprocesales producidos por aquellas actuaciones desaparecen, esto es, dichos actos únicamente producen efectos de carácter formal o intraprocesal e inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento con vistas a obtener un fallo favorable. En efecto, el artículo 107 fracción V, de la Ley de Amparo, define con precisión lo que se debe entender por actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, al señalar expresamente que son aquéllos que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Por lo que ahora, en la legislación citada, el legislador no dejó a la interpretación del Poder Judicial de la Federación el espectro para estimar cuándo se produce una afectación de imposible reparación, como sucedió antaño, sino que en la actualidad, fue taxativo al señalar qué debe entenderse por una afectación jurídica y que es precisamente lo destacado con antelación. Esas premisas conducen a visualizar que la decisión reclamada por el quejoso, no encuadra en los actos de imposible reparación. A fin de demostrarlo, basta indicar que la admisión del planteamiento de la defensa de los imputados sólo abre la puerta a que, en la misma audiencia, las partes generen un debate sobre la procedencia o no de la suspensión condicional del proceso como salida alterna al conflicto penal al que se refiere la causa *. Ello impide considerar que el primer acto reclamado en la demanda de amparo tenga las características de acto de imposible reparación, pues las circunstancias relatadas en los antecedentes de la demanda, reflejan que el juez señalado como responsable, sin emitir una decisión de fondo -en ese momento-, únicamente dio oportunidad a la defensa de los imputados de plantear su pretensión e incluso a la fiscalía y al quejoso a controvertir la misma. Por lo que al no haber decidido -en ese momento- si se decretaría o no esa salida alterna al procedimiento, no pueden visualizarse atributos de imposible reparación en el acto reclamado, porque el juez responsable nunca afectó derechos sustantivos del quejoso, por ejemplo, tomar una decisión sin otorgarle la oportunidad de debatir. Luego, no existen los atributos necesarios para estimar una afectación directa a algún derecho fundamental del quejoso -como agraviado-, que se encuentre tutelado en la constitución federal o en los tratados internacionales ratificados por el Estado Mexicano. En dado caso, la afectación a sus derechos alegada se materializó hasta que el juez de control decretó la procedencia de esa suspensión condicional (también reclamada en la demanda). Entonces, debe estimarse que el acuerdo combatido en la demanda, sólo pudo generar violaciones de naturaleza adjetiva en el trámite de la causa penal y por ende no constituye un acto de ejecución irreparable, porque únicamente da paso a un debate para determinar si es procedente decretar la suspensión condicional del procedimiento, motivo por el cual jamás generó afectaciones directas a algún derecho fundamental tutelado por la constitución federal, como el acceso a la justicia o el pago de la reparación del daño. Así, debe concluirse que el quejoso pretende reclamar un proveído que generó afectaciones de naturaleza adjetiva en el procedimiento jurisdiccional, y por ende, no puede visualizarse que encuadre en los actos de ejecución irreparable. Es pertinente agregar que la existencia de la posterior resolución que estimó procedente esa suspensión refuerza la falta de un acto de imposible reparación en la demanda de amparo (respecto del primer acto reclamado). Máxime que esa decisión ya está incorporada a la causa penal y contiene la decisión judicial que en realidad podría generar al quejoso una afectación de imposible reparación, razón por la cual tendría que impugnarlo con el recurso ordinario pertinente; y si la resolución fuera adversa, estará en condiciones de promover otro juicio de amparo con el planteamiento de que se ha materializado un acto de imposible reparación. Por otra parte, respecto al acto reclamado descrito en el inciso b), éste permite visualizar una causa de improcedencia con las características de indudable y manifiesta, en particular la prevista en el artículo 61 fracción XVIII, de la Ley de Amparo. Lo anterior es así, ya que el quejoso no observó el principio de definitividad que rige al juicio de amparo. Para analizar la actualización de dicha causa, es conveniente citar el contenido textual de dicho dispositivo: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento; d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo.". La fracción XVIII del mencionado artículo contiene la causa de improcedencia que descansa ante la falta del quejoso de agotar el principio de definitividad que rige al juicio de amparo, el cual consiste en que previo a la promoción de amparo, es necesario agotar el recurso o medio de defensa ordinario que por el cual el acto combatido de origen pueda ser modificado, revocado o nulificado. Al respecto, tiene aplicación la jurisprudencia del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, visible en la página 1100, Tomo VII, Octubre de 1998, Novena Época, de rubro: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL" En ese tenor, de los antecedentes expuestos por el quejoso en la demanda -bajo protesta de decir verdad- se advierte que no combatió el acto reclamado a través del medio ordinario de defensa previsto en el artículo 467, fracción VIII, del Código Nacional de Procedimientos Penales, que establece: "Artículo 467. Resoluciones del Juez de control apelables Serán apelables las siguientes resoluciones emitidas por el Juez de control: [.] VIII. Las que concedan, nieguen o revoquen la suspensión condicional del proceso.". Esto es, el legislador dispuso la procedencia del recurso de apelación contra las resoluciones del Juez de Control, con el propósito de que un tribunal de alzada analice el fallo y con base en ello, resuelva confirmarlo, modificarlo o revocarlo. De lo anterior se advierte que el legislador, previó el derecho de las partes de dolerse, ante un organismo superior, de las actuaciones del juzgador de primera instancia. En efecto, constituye un derecho fundamental de las partes en el proceso promover el recurso de apelación contra dicha resolución, pero dicha prerrogativa no es opcional. Lo anterior, porque no debe perderse de vista que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional que procede contra actos definitivos, por lo que, al no encontrarse en dicho supuesto, es imperativo para el gobernado acudir a las instancias establecidas por la ley adjetiva que pueden producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, antes de solicitar la protección de la justicia de amparo, salvo los casos de excepción considerados legalmente; ello, en tanto, de pronunciarse sobre la materia de la demanda que propone el quejoso, este Juzgado Federal de amparo sustituiría procesalmente a las autoridades a quienes el Código Nacional de Procedimientos Penales encomienda el pronunciamiento relativo al conflicto de que se trata. De ahí que, en contra del acto reclamado, precisado en el inciso b), es improcedente el juicio de amparo, pues el quejoso debió interponer el recurso de apelación establecido por el Código Nacional de Procedimientos Penales. Sin embargo, omitió interponerlo, pues decidió promover el juicio de amparo indirecto aun cuando tuvo la posibilidad de que un tribunal de alzada efectuara un análisis de la resolución reclamada. Por consiguiente, debe operar la improcedencia en este juicio. Además, la omisión de impugnar esa resolución no encuentra alguna circunstancia extraordinaria para justificarla y conducir a la procedencia del sumario constitucional. Todo lo cual robustece la aplicación de la causa de improcedencia relativa al principio de definitividad, respecto de ese acto reclamado, pues el quejoso debió agotar el recurso ordinario antes de acudir a este juicio constitucional, porque los lineamientos actuales del bloque de constitucionalidad, permiten imponer los requisitos de procedencia al extremo de sostener la obligación de que las personas agoten los medios de defensa existentes, en los procedimientos de instancia donde intervengan como partes. Ello de conformidad con la tesis jurisprudencial 1a./J. 10/2014 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 3, Febrero de 2014, Tomo I, página 487, titulada: "PRINCIPIO PRO PERSONA Y RECURSO EFECTIVO. EL GOBERNADO NO ESTÁ EXIMIDO DE RESPETAR LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA PREVISTOS EN LAS LEYES PARA INTERPONER UN MEDIO DE DEFENSA". Aunado a todo lo anterior, es importante remarcar al quejoso que en caso de estar inconforme con el fallo que en su caso llegara a emitir el tribunal de alzada revisor, en contra de esa nueva determinación procede el juicio de amparo. Por todo lo expuesto, de conformidad con el artículo 113, relacionado con las fracciones XVIII y XXIII, del diverso 61, y 107, fracción V, todos de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de protección de derechos que presentó *, porque se encontraron dos causas de improcedencia manifiestas e indudables. Anotaciones internas. Se instruye a la oficial encargada de los libros de gobierno, y a la Oficial Judicial A, que realicen las anotaciones correspondientes al desechamiento previo. Domicilio para recibir notificaciones y autorizados. Dada la solicitud expresa del quejoso, con fundamento en el artículo 26, fracción IV de la Ley de Amparo, se tiene como vía para recibir notificaciones el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, a través del usuario "*". En relación al inmueble señalado como domicilio para oír y recibir notificaciones, se hace saber al quejoso que, a fin de dotarlo de certeza jurídica en la sustanciación de este asunto, resulta improcedente tener dos vías para recibir notificaciones, por lo que éstas únicamente se realizaran por la vía electrónica. Por otra parte, quedan autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, *, porque así lo solicitó el quejoso y se encontró registro de sus cédulas profesionales en el sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación. Consulta del expediente electrónico. El quejoso solicitó se le permita la consulta del expediente electrónico y para tal efecto proporcionó el nombre de usuario "*". Por tanto, con fundamento en el artículo 3, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 35 y 57 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal4, se autoriza la consulta del expediente electrónico a los referidos usuarios. Asimismo, se instruye al secretario encargado del trámite del presente asunto, a fin de que habilite en dicho sistema la consulta electrónica del presente expediente (así como la recepción de notificaciones). Medios de comunicación extraprocesal con las partes. A fin de establecer contacto en los casos en que se estime pertinente, en atención a lo dispuesto por el artículo 22, facción II, del Acuerdo General 21/2020 (reformado por el diverso 9/2022), se requiere a las partes para que en el plazo de tres días proporcionen un correo electrónico y número de teléfono por medio del cual puedan ser contactadas. Se hace la precisión que los referidos medios electrónicos de comunicación sólo serán para establecer contacto cuando las circunstancias así lo requieran; sin embargo, las notificaciones que en derecho le correspondan, siempre serán realizadas conforme lo establece la Ley de Amparo. Consulta física del expediente. Se hace saber a los intervinientes en este sumario constitucional que, de conformidad con el artículo 3 del Acuerdo General 21/2020 (reformado por el diverso 20/2021), el acceso a las instalaciones de este juzgado para la consulta de expedientes de manera física será mediante previa cita, misma que deberán agendar en el portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en el micrositio "Servicios Jurisdiccionales" y el sistema "Agenda OJ", donde aparecerán las fechas y horarios disponibles para este órgano jurisdiccional. De manera excepcional, esta autoridad generará la cita correspondiente cuando se requiera la presencia física de alguna de las partes o, de persona diversa, para el desahogo de un requerimiento o para participar en una diligencia o audiencia, así como para el cumplimiento de requerimientos sujetos a un plazo -en cuyo caso la cita se programará para el día en que venza dicho plazo-. Lo anterior, sin perjuicio de que las partes, en el caso de las diligencias y audiencias, podrán solicitar que su comparecencia se lleve a cabo por videoconferencia. Presentación de promociones físicas. Se comunica al quejoso que la recepción de todas las promociones que desee presentar de manera física, serán recibidas a través de la Oficialía de Partes Común de los Juzgados Cuarto y Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, la cual se encuentra ubicada en el arco de seguridad del inmueble donde dichos órganos jurisdiccionales tienen su sede (avenida 23 poniente, número 2509, colonia Volcanes, Puebla, Puebla). Lo anterior, deberá ser observado en caso de que se pretenda presentar una promoción de forma física o exhibir documentos. Toma de fotografías. Se autoriza desde este momento la toma de fotografías, pues la normatividad vigente permite a las partes consultar las actuaciones judiciales y fotografiarlas. Todo lo cual se realizará previa identificación y acta que se deje para constancia, una vez que se reanuden las funciones ordinarias de este órgano jurisdiccional. Sin embargo, de conformidad con el artículo 3 del Acuerdo General 21/2020 (y diverso 9/2022 que lo reformó), el acceso a las instalaciones de este juzgado para la consulta de expedientes de manera física será mediante previa cita, misma que deberán agendar en el portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en el micrositio "Servicios Jurisdiccionales" y el sistema "Agenda OJ", donde aparecerán las fechas y horarios disponibles para este órgano jurisdiccional.. Acceso a la información y protección de datos. Con fundamento los artículos 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se informa al promovente el derecho que le asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales. Pero de cualquier forma se habrán de salvaguardar sus datos personales y la información reservada, como lo exigen los lineamientos actuales en materia de acceso a la información. Habilitación de días y horas inhábiles. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la constitución y con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se faculta al actuario judicial correspondiente, a fin de que pueda practicar todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, aun en días y horas inhábiles, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias. Digitalización del expediente. De conformidad con el artículo 3º de la Ley de Amparo, así como los acuerdos generales 21/2007 y 12/2020, del Consejo de la Judicatura Federal, que regulan la Firma Electrónica para el Seguimiento de Expedientes (FESE) y la integración del expediente electrónico, así como en el acuerdo de la Comisión de Administración del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el procedimiento de asignación, certificación y uso de la Firma Electrónica para el Seguimiento de Expedientes (FESE), y en el acuerdo de la Comisión de Administración del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el procedimiento de asignación, certificación y uso de la Firma Electrónica para el Seguimiento de Expedientes (FESE), procédase en su momento a la digitalización del presente asunto5 a efecto de tener una copia digital para conservar y difundir su contenido. Integración de la demanda. Por último, debido a las circunstancias de logística adoptadas ante la presencia de la enfermedad COVID19, se instruye al secretario encargado de la tramitación de este expediente, que una vez recibida la demanda de amparo -de manera física-, sin ulterior acuerdo glose a los autos el documento original respectivo. Notifíquese;

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